La Procuraduría General de la República y el Poder Judicial están enfrentados sobre quién de las instituciones es la responsable por el camión que se utiliza como una cárcel para albergar a presos preventivos, cerca del Palacio de Justicia de Santo Domingo Este.
Este domingo, el fiscal de Santo Domingo Este, Milcíades Guzmán, culpó al Poder Judicial por la situación. Argumentó que los presos están en ese situación porque el Poder Judicial demolió, “sin previo aviso”, la cárcel preventiva que operaba en el Palacio de Justicia de esa jurisdicción.
Dijo que solicitó al Poder Judicial, a través de la Procuraduría Regional de Santo Domingo, la autorización para la construcción de una nueva cárcel preventiva para sustituir la anterior que se encontraba en mal estado.
Afirmó que enviaron una propuesta para construir una nueva cárcel, a costo total de la Procuraduría General de la República, y todavía el Poder Judicial no le ha dado respuesta sobre la autorización.
Dijo que a pesar de que los palacios de justicia son propiedad del Estado dominicano conforme los certificados de títulos, el Poder Judicial lleva de manera extraoficial la administración de los mismos, por lo que se ve impedido de iniciar dicha construcción hasta tanto el Poder Judicial autorice la construcción de esa cárcel, la cual podría realizarse en alrededor de una semana, aseguró.
Hace tres días, el Poder Judicial que no es su responsabilidad la administración del sistema penitenciario ni de la presentación de personas privadas de libertad para que puedan ser presentadas por ante un juez.
A través de una nota de prensa, apuntó que no tiene control ni es responsable del camión utilizado por la Procuraduría General de la República como cárcel móvil en torno al Palacio de Justicia de Santo Domingo Este.
La defensora del pueblo, Zoila Martínez Guante, solicitó al procurador general, Jean Alain Rodríguez, solucionar con la mayor urgencia la situación de hacinamiento en la que se encuentran decenas de privados de libertad en un autobús.
Martínez Guante recomendó realizar las pruebas del COVID-19 a esas persona, a fin de salvaguardar el derecho a la salud tanto de los privados de libertad como del personal administrativo.
“El autobús no reúne las condiciones estructurales para la permanencia de un ser humano, constituyendo la situación imperante una violación a la dignidad humana, fundamento de nuestro estado social y democrático de derecho”, señaló la defensora del pueblo.