La violencia sexual y de género ha aumentado en la capital de Haití desde 2021 y se está utilizando sistemáticamente para aterrorizar a la población, con un impacto desproporcionado en las mujeres y las niñas, según un informe que publicamos hoy. Esta crisis se produce en un contexto de deterioro drástico de las infraestructuras, los servicios públicos y las condiciones de vida, en medio de una violencia y una inseguridad generalizadas.
El informe de MSF: ‘Violencia sexual y de género en Puerto Príncipe, Haití’, se basa en 10 años de datos médicos y testimonios recopilados en nuestra clínica Pran Men’m en la capital del país. Desde que abrimos la clínica en 2015, nuestros equipos han prestado atención médica y psicosocial integral a casi 17.000 personas, el 98 % mujeres y niñas.
“El número de supervivientes de violencia sexual y de género que reciben atención en la clínica casi se ha triplicado, pasando de una media de 95 ingresos al mes en 2021 a más de 250 en 2025”, explica Diana Manilla Arroyo, nuestra coordinadora general en Haití. “El incremento muestra cómo la explosión de violencia en Haití en los últimos años ha tenido un impacto directo en los cuerpos de las mujeres y las niñas en Puerto Príncipe”.
El informe revela que las mujeres y las niñas de todas las edades están siendo objetivo y que un número cada vez mayor de supervivientes se ven obligadas a abandonar sus hogares, lo que las expone a más violencia. Casi 1 de cada 5 supervivientes atendidas en Pran Men’m han sufrido múltiples incidentes de violencia sexual y de género.
También se ha producido un aumento alarmante de la brutalidad de la violencia. Entre las personas supervivientes que han recibido atención en Pran Men’m desde 2022, el 57% denunció haber sido agredidas por miembros de grupos armados, a menudo en el contexto de agresiones grupales cometidas por múltiples agresores. Más de 100 pacientes denunciaron haber sido agredidas por 10 o más agresores a la vez.
La Policía Nacional, en coordinación con el Ministerio Público, activó la búsqueda y captura de Akelsy Valerio de Jesús, de 22 años, quien está siendo acusada de asesinar a su hermana de 13 años, Anelsy Ceballos de Jesús, durante un conflicto familiar ocurrido en el sector Duarte Arriba, de San Francisco de Macorís.
El hecho se produjo la noche del miércoles en el sector Taína, en circunstancias que aún se encuentran bajo investigación. Según las primeras versiones, la disputa entre ambas hermanas culminó con varios disparos presuntamente realizados por Akelsy Valerio, quien, tras cometer el crimen, emprendió la huida y ahora se encuentra prófuga.
En el mismo incidente, también resultó herido el novio de la víctima, Enmanuel Núñez Batista, de 20 años, quien fue alcanzado por disparos durante la discusión. El joven permanece hospitalizado recibiendo atención médica, aunque su condición no ha sido detallada por las autoridades.
El Ministerio Público y la Policía Nacional hacen un llamado a la presunta agresora para que se entregue de manera voluntaria y responda por sus actos.
De acuerdo con el médico legista, la causa de la muerte de Anelsy Ceballos de Jesús fue shock hemorrágico provocado por una herida de proyectil de arma de fuego. En la escena, los agentes de la Policía Nacional hallaron varios casquillos de calibre 9mm y tres armas blancas, lo que indica que la disputa entre las hermanas pudo haber involucrado un enfrentamiento más violento.
La cámara de vigilancia de un colmado cercano registró parte de los hechos, y este material está siendo analizado por los investigadores como parte del proceso.
La madre de las jóvenes, al presentarse en el lugar del suceso, afirmó que ninguna de sus hijas residía con ella, y admitió que también tenía diferencias personales con la presunta agresora. Además, hizo un llamado público a Akelsy Valerio para que se entregue a las autoridades y asuma la responsabilidad por su accionar.
Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer los detalles del caso y dar con el paradero de la sospechosa.
La Policía Nacional, a través de la Dirección Central de Inteligencia (DINTEL), en coordinación con el Ministerio Público, apresó a un hombre que realizó amenazas graves contra el sistema de transporte Metro de Santo Domingo, mediante una publicación difundida en una red social de mensajería instantánea.
El detenido fue identificado como Rafael Santana Mirely, de 39 años, residente en el municipio Los Alcarrizos, provincia Santo Domingo.
El arresto se produjo tras un operativo focalizado realizado en los sectores Libertador de Herrera y Las Mercedes de Los Alcarrizos, luego de que los organismos de inteligencia recibieran información sobre una publicación en la que el hoy detenido amenazaba con cometer actos violentos contra instalaciones del Metro, señalando supuestos motivos de carácter personal y realizando manifestaciones que generaron alarma pública.
Como parte del proceso investigativo, fue entrevistada una familiar del detenido, quien colaboró con las autoridades, todo ello en presencia del Ministerio Público.
Posteriormente, Santana Mirely fue conducido a la sede central de DINTEL, donde permanece bajo custodia para fines de investigación, mientras se profundizan las indagatorias correspondientes y se procede conforme a lo establecido por la ley.
La Policía Nacional seguirá trabajando para garantizar la seguridad ciudadana, el orden público y la protección de las infraestructuras críticas del Estado, al tiempo que advierte que toda amenaza que ponga en riesgo la vida y la tranquilidad de la población será debidamente investigada y sancionada.
A partir de la firma del presidente Luis Abinader en el reglamento de aplicación entra en vigencia la nueva ley 47-25, de Contrataciones Públicas, más de 180 días después de su promulgación a finales del mes de julio del 2025.
En un acto reliazado en el Palacio Nacional, el director de General de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, explicó que con la entrada en vigencia de la ley, los funcionarios y legisladores no podrán tener ningún tipo de participación en las empresas que negocien con alguna institución pública.
"Esta normativa devuelve el régimen de consecuencias a la ley que fue suprimido en el 2006. La normativa fortalece el régimen de incompatibilidad, quienes no pueden contratar con el Estado; funcionarios, entiéndase ministros, directores, senadores y diputados, alcaldes, regidores, entre otros, no pueden contratar con el Estado independientemente de la participación accionaria que tengan en la empresa", manifestó Pimentel al ser abordado por periodistas.
Agregó que en la legislación anterior, los funcionarios, legisladores y ediles podrían tener una participación accionaria de un 10% o menos en la empresa que desee ser contratada por el Estado. Pimentel indicó que las diferentes violaciones tendrán sanciones administrativas y penales, incluyendo la privación de libertad, entre dos y 10 años.
Normas claras
Abinader manifestó que el objetivo principal de la puesta en funcionamiento de la ley es que el Estado Dominicano comience a funcionar con "normas claras y permanentes”.
“Este Gobierno ha apostado a algo fundamental: que las instituciones sean más fuertes que las personas; que las reglas sean más duraderas que los cargos; que el interés general esté siempre por encima de cualquier conveniencia particular. Ese es el país que creemos. Ese es el país que estamos construyendo”, indicó el presidente.
Al pronunciar las palabras centrales, el mandatario aseguró que el nuevo sistema refuerza la planificación, mejora la competencia, fortalece los controles y promueve una cultura de prevención, en consonancia con el compromiso asumido al inicio de su gestión de fortalecer las instituciones, proteger los recursos públicos y cerrar los espacios donde históricamente se ha producido el abuso, la improvisación y la falta de controles.
“Esta reforma no busca obstaculizar la gestión pública. Busca fortalecerla. No busca paralizar al Estado. Busca hacerlo más eficiente, más previsible y más confiable”, subrayó Abinader, tras afirmar que la nueva ley consolida un modelo de gestión donde las decisiones dejan rastro, tienen responsables y pueden ser verificadas en cualquier momento.
En su discurso, el jefe del Estado destacó que esta reforma alinea a la República Dominicana con estándares internacionales de buena gobernanza, competitividad y confianza institucional, asegurando que las reglas permanezcan más allá de cualquier Gobierno.
Decreto
El reglamento está contenido en el decreto 52-26.
El mandatario también aprovechó para reconocer el trabajo realizado por la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo y los equipos técnicos que hicieron posible el nuevo marco normativo, el cual contribuirá al fortalecimiento institucional del país.
Los hospitales Vinicio Calventi y Francisco Moscoso Puello detallaron este miércoles, por separado, las intervenciones que se realizanen sus instalaciones y las que están en proceso de iniciar con el propósito de seguir mejorando y garantizando la calidad y seguridad de la atención que brindan a los pacientes.
En respuesta a publicaciones realizadas por Listín Diario sobre quejas de pacientes por las condiciones de higiene y deterioro que exhiben algunas áreas de servicios, la dirección del Hospital Doctor Vinicio Calventi señaló que el centro de salud se encuentra inmerso en un amplio proceso de remozamiento, modernización y fortalecimiento de sus servicios, al tiempo quegarantiza un trato humano, digno y oportuno a los pacientes y usuarios que acuden diariamente a sus instalaciones.
Mientras, la dirección del Hospital Francisco Moscoso Puello informó que el centro de salud mantiene actualmente procesos de licitación para el remozamiento de diversas áreas que requieren de mejoras estructurales.
hospital calventi: trato humano
La dirección del Hospital Doctor Vinicio Calventi garantiza un trato humano, digno y oportuno a los pacientes y usuarios que acuden diariamente a sus instalaciones y reiteró que el centro de salud se encuentra inmerso en un amplio proceso de remozamiento, modernización y fortalecimiento de sus servicios.
El doctor José Alfaro, director del hospital Vinicio Calventi.Externa
El doctor José Alfaro, director del hospital,aclaró que las denuncias sobre supuestas deficiencias en materia de higiene y trato inhumano no se corresponden con la realidad actual del centro, asegurando que el personal de limpieza labora de manera continua para mantener las áreas asistenciales y administrativas en condiciones adecuadas, pese a los inconvenientes propios de una obra en ejecución.
Las reacciones salieron a relucir tras la publicación de un reportaje del LISTÍN DIARIO titulado “La humanización: un reto en el hospital Calventi”, en el que cuatro madres denunciaban deshumanización de los servicios médicos y poca higiene en las instalaciones del hospital.
En cuanto a las condiciones estructurales, el galeno explicó que el sistema sanitario y el drenaje pluvial fueron completamente intervenidos, incluyendo el acondicionamiento total de los baños y la sustitución de las lonas asfálticas, logrando eliminar las filtraciones que afectaban varias áreas del hospital.
Asimismo, informó que fueron puestos en funcionamiento tres ascensores modernos y dos plantas eléctricas de emergencia, con el objetivo de garantizar la continuidad de los servicios, especialmente en áreas críticas como quirófanos, partos y cuidados intensivos, evitando interrupciones por fallas eléctricas.
El director también destacó la apertura de una moderna Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), así como la remodelación de la sala de Rayos X, Emergencias, Recepción, Administración y otras áreas, las cuales han sido intervenidas de manera integral, elevando la calidad de los servicios ofrecidos a la población de Los Alcarrizos y zonas aledañas.
Finalmente, Alfaro agradeció la comprensión de los pacientes, familiares y del personal médico ante los inconvenientes temporales derivados del proceso de transformación del hospital, resaltando que estas mejoras forman parte del compromiso del Gobierno dominicano, encabezado por el presidente Luis Abinader, y del Servicio Nacional de Salud (SNS), para garantizar una atención hospitalaria más digna, segura y eficiente.
moscoso puello: mejorará áreas
Asimismo, La dirección del Hospital Francisco Moscoso Puello informó que el centro de salud mantiene actualmente procesos de licitación para el remozamiento de diversas áreas que requieren de mejoras estructurales.
El centro médico explicó que “debido a su condición de hospital de referencia nacional y al alto volumen de pacientes que recibe, se trabaja de manera ininterrumpida en el mantenimiento y fortalecimiento de sus instalaciones, a fin de garantizar servicios de salud de calidad”.
Condiciones de una de las paredes del hospital Francisco Moscoso Puello.Externa
El trabajo periodístico relata lo presenciado por periodistas del LISTÍN DIARIO al recorrer las instalaciones de este hospital:se evidenció fallos estructurales y problemas de higiene.
Paredes manchadas, puertas de cristales rotas y oxidadas; áreas malolientes, cúmulo de basura, baños con moho y mugre, inodoros y lavamanos rotos, pasillos sucios, ascensores sin funcionamiento, plafones quitados, a medio quitar y oxidados fue la realidad que se percibió.
El Ministerio Público informó este miércoles que presentó una acusación penal en contra de miembros de una familia de la provincia La Altagracia acusados de formar una red criminal para el secuestro, soborno, tortura, extorsión de sus víctimas y lavar activos.
Los imputados son Ambiorix Vásquez Severino, Etefany Esmerlin Ramírez Pérez, Manuel Acosta (Angonga), Jhan Carlos Rivera Martínez, Tairi Vásquez Severino y Ruth Delanea Severino Santana.
La red fue enfrentada por la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Fiscalía de La Altagracia, con el apoyo técnico de las Unidad Antisecuestro de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público.
Una persona secuestrada
Los imputados, simulando ser agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), secuestraron a una persona de 47 años de edad en la comunidad La Otra Banda, de Higüey, provincia La Altagracia.
Portando indumentarias y armas largas, los malhechores raptaron a la víctima, a quien se llevaron presuntamente arrestado y lo trasladaron a un lugar escondido, en la carretera de Miches, donde lo retuvieron cuatro días, torturándolo y solicitando a sus familiares 20 millones de pesos a cambio de su rescate.
A través de una nota de prensa, el órgano acusador señaló que las investigaciones realizadas determinaron que los imputados, con lo obtenido del secuestro, adquirieron vehículos de alta gama, prendas de alto valor económico y manejaban altas sumas de dinero, con el cual la imputada Ruth Delanea Severino Santana, madre de los cabecillas de la red, intentó sobornar a miembros de la Policía Nacional.
Asimismo, indicaron que Severino Santana fue arrestada en flagrante delito por miembros de la Unidad Antisecuestro de la Policía Nacional, cuando entregaba en una estación de combustible de San Pedro de Macorís, la suma de 400,000 pesos con el propósito de no dejar rastros del sometimiento de su familia.
La acusación penal cumple con los requisitos para obtener una sentencia condenatoria en este caso, explicaron la procuradora de corte Ramona Nova, titular de la Procuraduría Antilavado, y Claudia Garrido, fiscal de La Altagracia.
Indicaron que la acusación se basa en pruebas creíbles, obtenidas conforme a la normativa procesal penal dominicana, fundamentadas en cadena de custodia, registros documentales, testimonios corroborados y peritajes que acreditan la autoría y la participación de los imputados.
"La investigación fue realizada con rigor técnico y respeto a las garantías procesales, lo que otorga plena validez probatoria a los elementos presentados ante el tribunal", indicó Ramona Nova, quien resaltó el compromiso institucional del Ministerio Público de enfrentar el crimen organizado.
Los fiscales de investigación Claudio Cordero y Surielly Guerrero resaltaron las pruebas, la concordancia de los testimonios y la existencia de indicios suficientes sobre la participación conjunta de los implicados.
El Ministerio Público está a la espera de la fijación de la audiencia preliminar por parte del Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de La Altagracia.
La administración del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, aprobó el proyecto de interconexión eléctrica mediante un cable submarino entre la República Dominicana y Puerto Rico, con el objetivo de contribuir a la estabilidad del sistema eléctrico de la isla vecina, afectado por los desastres naturales como los huracanes Irma y María en 2017.
El anuncio fue realizado por el presidente Luis Abinader durante un almuerzo con representantes de los medios de comunicación, celebrado en el Salón Verde del Palacio Nacional.
El mandatario calificó la aprobación como un paso decisivo para la materialización de un proyecto que permitirá la interconexión de los sistemas eléctricos de ambas naciones.
Abinader destacó que esta iniciativa fortalecerá la capacidad de intercambio energético, aumentará la resiliencia ante contingencias y facilitará una mayor integración de energías renovables en la región del Caribe.
Asimismo, señaló que este avance es resultado de una diplomacia activa y de una visión estratégica orientada a garantizar seguridad energética, sostenibilidad y competitividad para el país.
Inicio del proyecto
El pasado 4 de septiembre del 2024, durante una intervención en Nueva York, el presidente Abinader había adelantado que el objetivo del Gobierno es crear un excedente de generación eléctrica para el año 2027, suficiente para suplir energía a Puerto Rico a través de un cable submarino.
En esa ocasión, estimó que la República Dominicana deberá invertir alrededor de 5,400 millones de dólares en los próximos años para fortalecer el sistema eléctrico nacional en los segmentos de generación, transmisión y distribución.
"Nuestro objetivo es lograr una reserva fría para el año 2027, creando un excedente que nos permita tender un cable submarino para vender electricidad a Puerto Rico", afirmó el mandatario.
Proyecto Hostos
La iniciativa, denominada Proyecto Hostos, en honor al intelectual Eugenio María de Hostos, contempla la instalación de un cable submarino de alta tensión entre ambos territorios, separados por aproximadamente 160 kilómetros.
De acuerdo con la empresa Caribbean Transmission Development Company, el proyecto permitirá añadir hasta 500 megavatios (MW) al sistema eléctrico de Puerto Rico, lo que representaría cerca de una sexta parte de la demanda eléctrica de la isla en horas pico.
La compañía informó que la inversión estimada asciende a US$1,200 millones para la instalación del cable submarino y cerca de US$1,000 millones adicionales para la generación de electricidad.
Rafael Vélez, presidente y CEO de Caribbean Transmission, junto a Tirso Selman, director del Proyecto Hostos, indicaron que los trabajos podrían iniciar en 2027.
Aseguraron que el proyecto no afectará el suministro energético de la República Dominicana, ya que contará con infraestructura propia de generación y garantizaron que la instalación se realizará bajo estrictos criterios ambientales para proteger los ecosistemas marinos.
El Ministerio de Educación de la República Dominicana (Minerd) informó que desde este miércoles comenzó el desembolso del Bono a Milpor la Educación, correspondiente al año escolar 2025-2026, beneficio que llegará a aproximadamente un millón 350 mil estudiantes del sistema educativo público preuniversitario.
El incentivo consiste en un pago único de mil pesos por cada estudiante inscrito y activo en los centros educativos públicos, destinado a apoyar los gastos del segundo período del año escolar.
¿Cómo recibir el bono?
Los beneficiarios recibirán un mensaje de texto en su teléfono móvil con un código de Remesas Banreservas, que permitirá retirar el dinero en cualquier oficina comercial de esa entidad bancaria.
En caso de no recibir el mensaje de manera automática, los padres, madres o tutores pueden:
Ingresar su número de cédula, número de celular y el ID del estudiante bajo su cuidado.
Para conocer el ID del estudiante, los padres pueden comunicarse con el centro educativo donde estén inscritos sus hijos.
Portal web de Bono a Mil. (FUENTE EXTERNA)
Consulta y registro
El portal también permite realizar consultas sobre el bono y completar el proceso deregistro, beneficiando a estudiantes de Inicial, Primaria y Secundaria de todos los centros educativos públicos del país.
Esta iniciativa, puesta en marcha en 2023, forma parte de los esfuerzos del Gobierno dominicano para mitigar los gastos educativos y apoyar la economía de las familias que más lo necesitan.
El presidente Luis Abinader advirtió este lunes que estaría dispuesto a acudir a los tribunales si Vinci Airports, empresa matriz de Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (Aerodom), no comienza la construcción de la nueva terminal del Aeropuerto Internacional Las Américas (AILA).
Durante un encuentro con líderes de opinión, el mandatario manifestó que si la compañía no procede como lo acordado, estarían dispuesto a ir a los tribunales.
El primer picazo para la nueva terminal del AILA fue dado por Abinader y ejecutivos de Vince Airports en agosto del 2025, pero el proyecto no presenta avances.
En el encuentro, Abinader indicó que otorgó la renovación del contrato de operación de los aeropuertos dominicanos a la empresa francesa con el propósito de que tuviera el tiempo y las condiciones para hacer las mejoras, pero sus ejecutivos no han cumplido con el plazo a pesar de las conversaciones.
En diciembre pasado, el ministro de Turismo, David Collado, también instó a Aerodom a comenzar la obra y ponerse al día tal y como lo han hecho otras terminales aéreas de país.
Respuesta de Aerodom
Luis José López, vocero de Aerodom, señaló que la nueva terminal avanza conforme al cronograma y en cumplimiento del contrato de concesión.
"Este proyecto de gran envergadura, conforme a las prácticas internacionales estándar, contempla fases preparatorias y técnicas esenciales. Si bien estas etapas no siempre son visibles en el sitio, son fundamentales para garantizar una construcción eficiente y sin interrupciones", indicó.
Reiteró el diálogo con las autoridades y dijo que la empresa entregará la obra en el plazo establecido. No se han recibido quejas recientes relacionadas con los parqueos y sobre la multa de los cinco millones, indicó que el tema se encuentra en conversación con la Comisión Aeroportuaria.
Sobre el Monorriel de Santo Domingo
Durante el encuentro con los comunicadores, el mandatario habló sobre el estudio técnico realizado al Monorriel de Santo Domingo, el cual tendrá un costo de 800 a 900 millones de dólares.
Abinader reconoció que la obra no estará lista en su gestión, pero que será un legado suyo en favor del país.
El Ministerio de Medio Ambiente informó que la mina de agregados donde se registró el derrumbe que cobró una vida hace varios días, en el municipio de Nigua, San Cristóbal, había sido cerrada de manera definitiva y sancionada en septiembre del año pasado por incumplimiento de su permiso ambiental.
La información fue ofrecida en el marco de una intervención realizada ayer martes por el Ministerio, junto a la Procuraduría Especializada para la Protección del Medio Ambiente y los Recursos Naturales y el Servicio Nacional de Protección Ambiental (SENPA), en la mina de agregados Aremax, la cual operaba de manera ilegal.
Durante el operativo, el viceministro en funciones de Suelos y Aguas, Davis Aracena, explicó que la empresa había sido cerrada y sancionada por exceder el área autorizada para la explotación y por incumplir los criterios técnicos establecidos en su permiso ambiental.
"Además del cierre definitivo, los propietarios de la empresa fueron sancionados administrativamente, luego de comprobarse que violaron los límites del polígono autorizado y que no realizaban una explotación sostenible de los agregados, tal como lo establecía la autorización ambiental concedida", precisó el viceministro Aracena.
El funcionario también indicó que, al tratarse de una empresa reincidente en la violación de la Ley de Medio Ambiente, corresponde ahora a la Procuraduría Especializada para la Protección del Medio Ambiente y los Recursos Naturales proceder con el sometimiento judicial, mientras que el Senpa deberá mantener la vigilancia permanente en la zona para impedir que la mina vuelva a operar de forma ilegal.
Asimismo, los propietarios de la grancera estarán obligados a remediar el daño ambiental ocasionado en el área intervenida.
Recordó que la normativa vigente establece que toda autorización para la explotación de minas no metálicas obliga al concesionario a realizar una extracción responsable y, una vez concluida esta, ejecutar un proceso de remediación ambiental que incluye la restitución de la capa vegetal y la reforestación total del área impactada.
Intervención realizada por el Ministerio de Medio Ambiente, junto a la Procuraduría Especializada para la Protección del Medio Ambiente y los Recursos Naturales y el Servicio Nacional de Protección Ambiental (SENPA) (FUENTE EXTERNA)
Evidencias para sometimientos
El magistrado Francisco Contreras, fiscal actuante en representación de la Procuraduría, informó que acudieron al lugar para levantar evidencias que permitan someter a la justicia a los propietarios de la empresa, y señaló que la situación se ha agravado por la muerte de un empleado mientras realizaba labores de extracción, pese a que la mina se encontraba clausurada.
En el operativo también estuvieron presentes el director del Senpa, general de brigada Ángel Alfredo Camacho Ubiera, y el ambientalista Luis Carvajal, quien manifestó que la comisión ambiental que representa respalda firmemente este tipo de acciones en defensa de los recursos naturales y en la persecución de los delitos ambientales.
"Es evidente que esta empresa operaba al margen de los criterios técnicos establecidos por la ley ambiental para la explotación de minas no metálicas, con el agravante de hacerlo sin permiso", sostuvo el ambientalista.
"Nuestro rol en este caso es presentar un informe técnico a la Mesa Interinstitucional que sirva de base para las decisiones que se adoptarán; aunque desde ya apoyamos cualquier medida que sancione a los responsables de este delito ambiental", enfatizó Carvajal.
La Mesa Interinstitucional fue creada con el objetivo de respaldar iniciativas en defensa del medio ambiente y los recursos naturales, así como de acompañar a las autoridades en la persecución de los delitos ambientales.
La muerte de Eloy Peña
Eloy Peña, quien se desempeñaba como operador de una retroexcavadora en la mina, falleció el pasado 22 de enero tras un derrumbe ocurrido en la zona. Tras su muerte, volvieron a surgir las denuncias sobre la falta de controles y permisos en operaciones mineras del área.
Ángel Brea, exdirector provincial del Ministerio de Medio Ambiente, explicó a DL que en la mina conocida como "antigua mina Milito", se han repetido incidentes similares en distintas explotaciones del área.
