La noche del jueves 24 de abril, un hombre identificado como Marino Yan, alias "Motoconchista", de nacionalidad haitiana, escapó del Centro de Corrección y Rehabilitación CCR-15 Cucama, en La Romana.

Yan había confesado en septiembre de 2024 el asesinato de Bárbara Esther Mercedes Febles, alias "Yovanni", de 53 años. El cuerpo de la mujer fue encontrado el 4 de septiembre en un cañaveral del batey Copey, en la provincia El Seibo, con signos de violación y asfixia. Por este crimen, cumplía prisión preventiva en espera de su juicio de fondo, programado para el próximo lunes 28 de abril.

La denuncia sobre su fuga la realizaron familiares de la víctima. Los mismos manifestaron su profunda preocupación, ya que, a más de 48 horas del escape, las autoridades pertinentes aún no se han pronunciado formalmente sobre el hecho.

Este medio contactó a directivos del CCR-15, quienes confirmaron la fuga del interno Marino Yan durante la noche señalada.

La Policía Nacional informó este viernes que persigue a varios integrantes de una banda implicada en el robo de una caja fuerte que contenía más de 1,550,000 pesos y 124,750 dólares en efectivo, además de pertenencias de alto valor, durante un asalto a una empresa ubicada en el ensanche Naco, Distrito Nacional.

Según una nota de prensa, entre los implicados figuran César Alejandro Cabrera (a) César; Miguel Alejandro de la Rosa (a) Papo, Frandy Junior Tolentino (a) Chico, Frankely Tolentino (a) el Suave, y Rodrigo Santana (a) Monky o el Mono.

La Policía difundió las imágenes de los cinco sospechosos bajo el rótulo "Se busca", con el objetivo de facilitar su localización y captura.

El hecho ocurrió el pasado 31 de marzo, cuando el propietario del negocio fue alertado por una empleada al detectar que la puerta trasera de cristal había sido violentada. Al llegar al lugar, confirmó que desconocidos sustrajeron una caja fuerte con dinero en efectivo, un reloj de oro valorado en 10,000 dólares, documentos personales y legales, varias matrículas de vehículos, una pistola calibre 9mm Parabellum y un pasaporte.

La Policía dijo que desde entonces, personal del Departamento de Investigación de Crímenes y Delitos contra la Propiedad (Robo), realiza las indagatorias correspondientes para identificar a los responsables.

De acuerdo con el informe preliminar, los sospechosos utilizaron varias motocicletas y una yipeta Honda CRV, rentada, para trasladar los bienes robados.

Pide que se entreguen

La Policía hizo un llamado a los supuestos miembros de la banda a que se entreguen por la vía que consideren conveniente, a fin de responder ante la justicia por el hecho que se les imputa.

La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo incautó un edificio de tres niveles valorado en más de 25 millones de pesos, propiedad del regidor de San Pedro de Macorís Walky Cuevas Charles, vinculado a una red internacional de narcotráfico y lavado de activos.

El inmueble, ubicado en el sector México, de la provincia del este, consta de seis apartamentos, con una superficie de 296.6 metros cuadrados y un área de construcción de 660 metros cuadrados. Según una tasación técnica citada por la Procuraduría, su valor estimado asciende a 25,185,000.00 de pesos.

En una comunicación de prensa, el Ministerio Público sostiene que esta propiedad fue adquirida con fondos provenientes del narcotráfico, "como parte de un esquema de lavado de activos establecido por la red criminal". Las autoridades valoraron la cooperación de la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos (DEA).

En la ocupación del inmueble colaboraron la Dirección de Custodia y Administración de Bienes Incautados y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD).

Cuevas Charles, regidor electo por el Bloque Institucional Socialdemócrata (BIS), es vinculado con la organización criminal liderada por Yunior Santos Restrepo, actualmente en prisión preventiva.

La investigación revela que la supuesta red introdujo al sistema económico nacional más de 300 millones de pesos, utilizando empresas fachadas, para adquirir bienes muebles e inmuebles de alto valor y dar apariencia de legalidad a las ganancias ilícitas.

Cuevas Charles habría facilitado la compra de vehículos y propiedades con dinero del narcotráfico, registrándolos a nombre de terceros vinculados a la organización.

Droga vinculada

Durante allanamientos realizados contra la red en septiembre de 2023, las autoridades incautaron 93 paquetes de cocaína, armas de alto calibre, dinero en efectivo y vehículos de lujo, así como otros bienes relacionados con la estructura criminal.

La procuradora de corte Ramona Nova, titular de la Procuraduría Antilavado, manifestó que el órgano "reafirma el compromiso de la gestión de la procuradora Yeni Berenice Reynoso en la lucha contra el crimen organizado y el lavado de activos".

Destacó que continúan con las investigaciones para identificar y procesar a todos los implicados en esta red delictiva. Además, aseveró, que la investigación que realizan es coordinada por los representantes del Ministerio Público José Manuel Calzado y Manuel Santiago Castro Lora, quienes, dijo, trabajan a los fines de presentar las pruebas en contra del acusado.

En septiembre pasado, un juez de la Oficina de Atención Permanente de San Francisco de Macorís dictó medidas de coerción al regidor Walky Cuevas Charles de presentación periódica e impedimento de salida.

La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, afirmó que el Gobierno busca garantizar el bienestar, la seguridad y la soberanía del país, ante los cuestionamientos de organizaciones internacionales sobre las nuevas medidas adoptadas contra la migración haitiana.

“Todas las políticas que nosotros apliquemos van en esa dirección y son correctas”, aseguró Peña.

Mientras la vicepresidenta se disponía a retirarse, se produjo un incidente en el que una periodista fue agredida por miembros de su equipo de seguridad, lo que generó un enfrentamiento entre la prensa y los agentes encargados de su custodia.

Posteriormente, la vicemandataria ofreció disculpas a los periodistas, asegurando que desde el Gobierno siempre se ha procurado brindar un trato respetuoso a los miembros de la prensa.

“Yo les pido disculpas, ya que esta no es nuestra línea de conducta, y menos con ustedes, que están haciendo su trabajo”, expresó Peña.

En los primeros cuatro días de aplicación del nuevo protocolo de control migratorio en 33 hospitales públicos del país, la Dirección General de Migración (DGM) reportó la detención de 4,890 ciudadanos haitianos, de los cuales 4,780 estaban indocumentados, lo que representa el 97.7% de los casos. Todos ellos fueron repatriados tras recibir atención médica cuando fue necesario.

Estas acciones se enmarcan dentro del plan de fortalecimiento migratorio anunciado por el gobierno dominicano con el fin de “salvaguardar la paz, la estabilidad y la convivencia pacífica” en el territorio nacional. La política ha sido ejecutada en coordinación con diversas instituciones de seguridad, como el Ejército de República Dominicana (ERD), la Policía Nacional, el CESFRONT, la Armada, la Fuerza Aérea y otras entidades estatales.

Tan solo ayer, durante operativos realizados en distintos puntos del país, incluyendo centros hospitalarios y zonas vulnerables, se detuvieron a 1,373 haitianos en condición migratoria irregular. En paralelo, se repatriaron a 892 extranjeros ilegales a través de los pasos fronterizos de Dajabón, Elías Piña, Jimaní y Pedernales.

En el Gran Santo Domingo fueron detenidas 278 personas, 144 de ellas durante operativos específicos en hospitales. También se realizaron acciones en Santiago (125), Mao/Santiago Rodríguez (82), La Vega (58), Zona Este (342), Barahona (16), Puerto Plata (21), Montecristi (29) y Azua (19).

A esto se suman las detenciones llevadas a cabo por el CESFRONT (67 personas), el ERD (530 personas) y la Policía Nacional (9 personas), quienes operan en conjunto con la DGM.

Durante el inicio del protocolo en centros hospitalarios, también fueron detenidas 48 mujeres embarazadas y 39 parturientas, acompañadas de 48 menores. Todas fueron trasladadas al Centro de Retención de Inmigrantes Indocumentados en Haina, donde se les tomaron los datos biométricos y huellas dactilares. Según la DGM, el trato fue “digno y humanitario”, incluyendo la entrega de alimentos y asistencia médica previa a su repatriación.

Como parte del reforzamiento migratorio, la DGM también intervino la comunidad de Mata Mosquito, en Friusa, Bávaro, donde ejecutó un operativo de verificación en terrenos ocupados ilegalmente por ciudadanos en condición irregular. Más de 500 personas indocumentadas, todas de nacionalidad haitiana, fueron detenidas y trasladadas al centro de Haina para su debido proceso migratorio.

Coordinación y legalidad

Todas las operaciones se ejecutaron bajo los parámetros establecidos por la Ley General de Migración 285-04, y según la DGM, se respetaron las normativas nacionales e internacionales, con especial atención a los derechos de grupos vulnerables como mujeres embarazadas, menores y adultos mayores.

El director general de Migración, vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester, supervisó personalmente el desarrollo del protocolo en el centro de retención de Haina, reiterando que el proceso “busca garantizar el respeto a la dignidad humana, dentro del marco legal”.

Vestidos de blanco y uniforme, se reunieron en la Catedral Primada de América jueces, fiscales, funcionarios del sistema penitenciario, miembros del Instituto Superior Especializado de Formación Penitenciaria y Correccional, así como representantes de la sociedad civil, en conmemoración del cuarto aniversario de la promulgación de la Ley 113-21, la cual rige el Sistema Penitenciario y Correccional de la República Dominicana desde 2021.

La ceremonia religiosa fue un momento de reflexión sobre los avances y retos pendientes en la transformación del sistema penitenciario nacional, con el objetivo de humanizar y modernizar el trato a las personas privadas de libertad, como lo contempla la citada legislación.

Promulgada el 24 de abril del 2021, la Ley 113-21 derogó la Ley No. 224-84 y estableció un marco legal centrado en el respeto a la dignidad humana, la rehabilitación y la reinserción social de los privados de libertad. La norma también introdujo mejoras en la administración del sistema, la profesionalización del personal penitenciario y la implementación de protocolos que buscan fortalecer la atención en salud, educación y condiciones de vida en los centros.

Según datos ofrecidos por el director general de Prisiones, coronel Roberto Hernández Basilio, actualmente hay 24,640 personas privadas de libertad, de las cuales 672 son mujeres. Además, el sistema de adolescentes en conflicto con la ley alberga 312 menores. Estas cifras representan una disminución con respecto al año 2020, cuando se registraban cerca de 27,000 personas en prisión.

"República Dominicana es el único país de Latinoamérica donde ha disminuido la población penitenciaria en el período postpandemia", destacó el coronel.

Uno de los logros resaltados por Hernández Basilio es la creación de pabellones especializados para atención en salud mental, ubicados en recintos como La Victoria, Najayo Mujeres, Najayo Hombres, San Pedro de Macorís y El Pinito en La Vega. Estos espacios atienden a cerca de 370 internos diagnosticados con condiciones psiquiátricas.

Asimismo, el director señaló que la Ley 113-21 ha fortalecido el uso de medidas alternativas a la prisión, a través de la dirección de Medio Libre, permitiendo que más personas puedan cumplir condenas bajo régimen supervisado fuera de los recintos, fomentando su reinserción social.

Por otro lado, el director reconoció que el personal que trabaja en las cárceles enfrenta desafíos importantes, incluyendo casos de maltrato, falta de reconocimiento y condiciones laborales difíciles.

Afirmó que desde la dirección se ha priorizado la capacitación y profesionalización del personal, con una formación de un año a cargo del Instituto Penitenciario, y llamó a dignificar el trabajo de quienes están en contacto diario con personas en situación de vulnerabilidad.

Entre los desafíos mencionados por el coronel Hernández Basilio se encuentran la implementación del reglamento de la Ley 113-21, la creación del estatuto de carrera del servidor penitenciario, así como la apertura de nuevos centros correccionales, entre ellos La Parra, Higüey, Barahona, Pedro Corto (San Juan), entre otros.

Durante la homilía, se hizo un llamado a la responsabilidad colectiva para continuar construyendo un sistema judicial más justo, humano y restaurativo. El párroco citó palabras inspiradas en la enseñanza cristiana:"Tuve hambre y me diste de comer; estuve en la cárcel y me visitaste"—, recordando que la función del sistema penitenciario va más allá del castigo: Se trata de una oportunidad para la transformación humana y la reintegración social", expresó el sacerdote.

La misa concluyó con un mensaje de esperanza y fe en la capacidad de redención del ser humano. La celebración de este aniversario se convirtió no solo en un acto de gratitud por lo logrado, sino también en un compromiso renovado con los principios que inspiran la Ley 113-21.

El presidente Luis Abinader partió la mañana de este viernes, junto a la primera dama, Raquel Arbaje, hacia el Vaticano para asistir a la misa funeral de su santidad el papa Francisco.

El mandatario salió a las 10:00 de la mañana desde la Base Aérea de San Isidro, donde fue despedido por una delegación de altos mandos militares, encabezada por el ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre.

El presidente Abinader y la primera dama llegarán a Roma a altas horas de la noche, de cara a la ceremonia del sábado en la que estarán presentes varios líderes mundiales.

La delegación

También viajan, como parte de la delegación oficial, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, y la asistente del presidente, Mercedes Pichardo.

El mandatario dominicano participará, junto a sus acompañantes, en la misa fúnebre del sumo pontífice, que tendrá lugar en la Plaza de San Pedro este sábado 26 de abril, a las 10:00 de la mañana (horario de Italia). A ellos se sumará el embajador designado ante la Santa Sede, Víctor Suárez.

• La delegación dominicana regresará al país el domingo 27 de abril.

El abogado Francisco Franco Soto, juramentado ya como miembro de la Cámara de Cuentas, fue escogido por los congresistas para optar por el puesto en medio de una litis judicial en la que se procuraba anular el contrato con el cual acordó defender al expresidente de ese organismo, Hugo Francisco Álvarez Pérez (2017-2021), y dos integrantes más de ese organismo acusados de "maquillar auditorías".

Los servicios legales para defender a Álvarez Pérez y a los exmiembros Félix Álvarez Rivera y Carlos Noé Tejada Díaz —investigados en el caso Operación Caracol— fueron contratados con el abogado Franco Soto y otros juristas por un monto superior a los 6 millones de pesos, pagados por la referida institución del Estado.

La Cámara de Cuentas que encabezó Janel Ramírez Sánchez, que sustituyó la de Álvarez Pérez, solicitó hace cuatro años al Tribunal Superior Administrativo (TSA) declarar lesivo al interés público la resolución número DEC-X-2021-001 de ese organismo que contrató la firma de "abogados Inteligencia Legal, S.R.L., representada por la licenciada Jennifer Rodríguez Gómez, y el licenciado Francisco Franco Soto".

Los miembros de la Cámara de Cuentas, que finalizaron su gestión el pasado miércoles, entendían que sus antecesores debían pagar con recursos propios su defensa a las acusaciones de corrupción y no con dinero del Estado.

El 31 de enero del 2023, la Quinta Sala del Tribunal Superior Administrativo dictó una sentencia, en la cual acogió la solicitud de la Cámara de Cuentas y declaró la nulidad de dicha resolución, con la que se contrató a los togados, porque esta se dictó "transgrediendo la normativa".

Sin embargo, la sentencia fue recurrida en casación y la Suprema Corte de Justicia (SCJ) envió el expediente a la Cuarta Sala del Tribunal Superior Administrativo (TSA) por considerar que el fallo que favorecía al organismo fiscalizador tenía "vicio formal referido a la motivación" de su dictamen.

Este último tribunal, la Cuarta Sala del TSA, emitió su sentencia el 26 de diciembre del 2024, pocos días después de que la Cámara de Diputados concluyera las entrevistas a los postulantes a formar parte del órgano de control externo de los recursos públicos.

Esta decisión de este último tribunal fue recurrida nuevamente en marzo pasado, esta vez por la Cámara de Cuentas, ante la SCJ, la que todavía no ha fijado fecha de audiencia.

El recurso pendiente de conocimiento busca invalidar la sentencia de la Cuarta Sala del TSA que mantuvo vigente el contrato de "la entidad Inteligencia Legal, SRL y el señor Francisco Franco Soto, por cumplir con los requisitos legales previstos".

Los jueces de la Cuarta Sala del TSA argumentaron que con la Resolución ADM-2021-X-008, dictada el 1 de noviembre de 2021, la Cámara de Cuentas declaró lesivo el convenio "sin justificar ni motivar cuáles fueron las causas que la conllevaron a revocarlo de forma unilateral".

Los jueces Román A. Berroga Hiciano, presidente; Claudia M. Peña Peña y Cecilia Badía Rosario alegaron, además, que la "Administración no puede perjudicar al administrado a favor de quien se emitió el acto ni a terceros que pudieran resultar afectados".

Alegó también que "violó el derecho de defensa y el principio de seguridad jurídica que favorecen a las partes recurridas, al avocarse a iniciar un proceso de declaración de lesividad sin manifestar cuál fue la contrariedad al derecho y la lesión ocasionada al interés público general que implicara su invalidez".

Defensor de Jean Alain y acusado del caso Coral

Franco Soto formaba parte de la defensa del exprocurador de Jean Alain Rodríguez en el caso de Operación Medusa, que este encabeza, hasta septiembre del 2022, cuando el proceso se encontraba en la etapa preliminar.

En Operación Medusa, según el Ministerio Público, se habría estafado al Estado con más de 6,000 millones de pesos.

Asimismo, Franco Soto fue representante legal del exsubjefe de seguridad del expresidente Danilo Medina, Julio Camilo de los Santos Viola, uno de los principales acusados del caso de corrupción Operación Coral, que involucra a militares y policías y cuya estafa al Estado, según el órgano acusador es de más de 4,000 millones de pesos.