Durante este fin de semana, dos hombres terminaron con las vidas de sus parejas y luego se suicidaron durante hechos separados ocurridos en la provincia San Cristóbal y el municipio Santo Domingo Este, provincia Santo Domingo.
El primer caso se trató del Juan Carlos de la Cruz, quien cercenó la cabeza de su pareja, llamada Magaly Pérez, de 34 años, en Cambita, Garabitos, provincia San Cristóbal.
Cuatro niños quedaron en orfandad a sus cuatro hijos.
El padre de la mujer asesinada expresó que en varias oportunidades él acompañó a su hija a poner la querella por las amenazas de muerte que le hacia el agresor, pero que las autoridades no le prestaban atención.
El segundo caso se registró en el sector de Los Frailes, en Santo Domingo Este, donde un cabo de la Policía Nacional ultimó a su pareja y posteriormente se suicidó.
La víctima es Luz Clarita Soriano Berroa, de 21 años, mientras que su verdugo fue Braulio Morillo Vargas, de 25.
Un audio se filtró en el que, supuestamente, el joven le dice al padre que se iba a quitar la vida con una sustancia venenosa.
Exfiscal pide protección para las mujeres
Sobre los hechos, el exfiscal del Distrito Nacional, José Manuel Hernández Peguero, pidió que el Ministerio Público y la Policía Nacional optimicen las órdenes de protección judicial a fin de que se garanticen las vidas de las víctimas que denuncia a sus agresores.
En un comunicado, Hernández Peguero indicó que: “Creo que el juez que impone la medida de coerción puede designar al comandante del destacamento policial más cercano a la víctima que vigile el cumplimiento por el agresor de las prohibiciones de molestar, acercarse o amenazar a la víctima”.
Manifestó que la Policía deberá regirse por un protocolo que defina las diligencias que ejecutará a partir de la presentación periódica del imputado bajo medida de coerción, debiendo informar sus resultados al juez y al fiscal del caso, con la facultad de poder arrestarlo en caso de que dicho agresor la incumpla o no se presentare.
También consideró que el fiscal del caso debe requerir la asistencia de psicólogos que logren con la víctima establecer los maltratos antes sufridos y las amenazas, con el médico forense la magnitud de las lesiones y someter al agresor -antes de la audiencia- a las correspondientes evaluaciones conductuales para ser más precisos en determinar el riesgo de la víctima si se dispusiere su libertad.
