Por: Licda. Ireni A. Sierra P.
Evaluar el desempeño docente es un acto necesario, legítimo y fundamental para el desarrollo del sistema educativo. Lo que carece de legitimidad es ejecutar un proceso mediante instrumentos estandarizados desde escritorios técnicos que desconocen la compleja realidad de las aulas dominicanas. La Evaluación del Desempeño Docente (EDD) aplicada recientemente no midió competencias pedagógicas; midió la capacidad de resistencia del magisterio ante un proceso metodológicamente deficiente, administrativamente injusto y humanamente irrespetuoso.
La evaluación de la práctica áulica y la planificación curricular quedaron bajo la responsabilidad de técnicos evaluadores que, en muchos casos, mostraron criterios inconsistentes, ya fuera por presiones institucionales o por un evidente desconocimiento del propio instrumento. Es inaceptable que profesionales de trayectoria probada hayan sido calificados de forma arbitraria, sin una verificación real y contextualizada de su desempeño. Eso no es evaluación científica; es subjetividad con sello oficial.
Por otro lado, la fase de pruebas escritas constituyó otro grave desacierto metodológico. La carga excesiva de reactivos y la extensión desproporcionada de los ítems provocaron un desgaste físico, cognitivo y emocional que invalida cualquier métrica psicométrica. Un principio básico de la evaluación educativa es claro: un instrumento que induce al agotamiento extremo no mide conocimientos ni aptitudes, mide tolerancia al estrés. Evaluar bajo estas condiciones genera un sesgo discriminatorio inmediato, especialmente para aquellos docentes con situaciones de salud preexistentes. La resistencia física no puede seguir siendo el criterio para juzgar la idoneidad de un maestro.
Como defensora de la evaluación formativa, suelo aplicar un principio básico en el aula: si un estudiante demuestra excelencia y compromiso durante todo el año, pero por factores externos o emocionales flaquea en una prueba estandarizada terminal, no se le etiqueta como un fracaso; se valora su proceso evolutivo integral. Esa misma justicia pedagógica es la que el Ministerio de Educación (MINERD) le ha negado al magisterio nacional al reducir años de entrega a la fría rigidez de un instrumento mal diseñado.
Los docentes de este país no tememos a la evaluación; exigimos rendición de cuentas basada en la justicia. Es imperativo demandar instrumentos contextualizados, evaluadores con alta cualificación técnica y un proceso que nos dignifique como los profesionales estratégicos que somos. Lamentablemente, el daño moral ya está hecho, y solo queda esperar que las instancias correspondientes escuchen el reclamo de un sector que exige una justicia real, no una simulación administrativa. La vocación no se cuantifica con cuestionarios interminables.
La percepción generalizada en los centros educativos es de un profundo desdén hacia el cuerpo magisterial. Al proyectar una imagen distorsionada del docente, se contamina la percepción social de la educación, un fenómeno altamente nocivo para el relevo generacional y el futuro del país. La dignidad del magisterio dominicano no es negociable.
“Sin educación el pueblo perece”.