Falleció el expresidente del Senado de la República y dirigente político Ramón Alburquerque, tras perder la batalla contra un cáncer de hígado. La información fue confirmada por su familia a través de un mensaje publicado en redes sociales.

Su hija, Mónica Alburquerque Mora, comunicó este viernes el deceso con un emotivo mensaje en el que destacó la trayectoria personal y pública de su padre.

"Hoy, con el corazón en las manos, despedimos a nuestro amado padre, el Ing. Ramón AlburquerqueRamírez, honrados de ser sus hijos. Papi, fuiste un hombre de principios firmes, ideas visionarias, espíritu inquebrantable y un amor inmenso por tu familia y tu patria. Tu hermoso legado seguirá con nosotros como brújula interna para guiarnos siempre. Descansa en paz", escribió.

Ramón Alburquerque fue una figura clave de la vida política dominicana, con una extensa trayectoria tanto en el ámbito legislativo como partidario. Se desempeñó como presidente del Senado y ocupó otras posiciones relevantes en la administración pública y en el liderazgo político nacional.

Su fallecimiento enluta al liderazgo político del país y a sectores que reconocen su aporte al debate democrático y a la institucionalidad dominicana. Hasta el momento, la familia no ha ofrecido detalles sobre las honras fúnebres.

Ramón Alburquerque Ramírez, nació el 5 de junio de 1949 en Monte Plata.

Inició estudios en ingeniería química en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), de allí, gracias a la influencia de Juan Bosch, cercano a su familia, y con una beca del sindicato de choferes y una empresa importadora de vehículos, asistió a la Universidad de Kansas, Estados Unidos, donde cursó la ingeniería química con una mención en computadoras.

El costo para obtener la Certificación de No Antecedentes Penales, también conocida como certificado de buena conducta, registró un incremento de 200 pesos, conforme a la actualización de tarifas publicada en el portal web de la Procuraduría General de la República (PGR).

A partir de ahora, los ciudadanos deberán pagar 800 pesos para obtener este documento.

El certificado de buena conducta es un documento oficial cuya finalidad es demostrar que la persona solicitante no posee antecedentes judiciales. Suele ser requerido para fines laborales, académicos, migratorios y otros trámites administrativos.

De acuerdo con la Procuraduría General de la República, la certificación puede solicitarse de manera presencial en cualquiera de los Centros de Atención al Ciudadano (CAC) o a través de los servicios en línea disponibles en su portal oficial www.pgr.gob.do.

¿Qué se necesita para obtener la certificación?

En su portal web, la PGR señala que, para realizar la solicitud, los requisitos incluyen una copia del documento de identificación y el comprobante del pago de la tasa de servicio de servicio denominada Certificación de Buena Conducta por un valor de 800 pesos, el cual puede efectuarse en el Banco de Reservas o mediante la opción Servicios/Pagos en línea del portal web de la institución.

En caso de que el ciudadano haya realizado cambios en su nombre o apellido, deberá presentar una copia del documento de identificación donde conste dicho cambio o, en su defecto, una certificación emitida por una institución oficial, como la Junta Central Electoral, en el caso de ciudadanos dominicanos, en la que se haga constar la modificación.

La PGR también señala que no se emite certificación de buena conducta a menores de edad y que los ciudadanos extranjeros que no posean cédula dominicana deben realizar la solicitud de forma presencial en los Centros de Atención al Ciudadano.

Asimismo, si el sistema presenta errores en los datos del solicitante o refleja un antecedente penal desconocido, el ciudadano debe acudir al CAC más cercano o utilizar los canales de soporte en línea para recibir asistencia.

La Procuraduría también establece las siguientes disposiciones:

1. No se emite Certificación de Buena Conducta a ciudadanos menores de edad.
2. Los ciudadanos extranjeros que no posean cédula dominicana deben solicitar la certificación de manera presencial en los Centros de Atención al Ciudadano (CAC).
3. Si el sistema presenta algún error en los datos del solicitante, este debe dirigirse de inmediato al CAC más cercano o comunicarse a través del soporte en línea.
4. En caso de que el ciudadano figure con un antecedente penal del que no tenga conocimiento, debe visitar la sección Servicios al Ciudadano – Retiro de Ficha y consultar los requisitos correspondientes.

El Ministerio de Trabajo anunció este jueves que pagará durante tres meses los salarios de jóvenes y adultos que participen en entrenamientos laborales dentro de empresas, con la posibilidad de ser incorporados de manera formal al concluir la capacitación.

La iniciativa forma parte del programa RD-Trabaja, el cual busca fortalecer la inserción laboral en el sector formal y reducir la informalidad en el país.

El anuncio fue realizado por el titular de la cartera, Eddy Olivares Ortega, durante un acto en el Hotel Intercontinental, en la avenida Winston Churchill, Distrito Nacional.

El funcionario destacó que uno de los objetivos centrales de RD-Trabaja es garantizar que los beneficiarios accedan desde el primer día al sistema de seguridad social, incluyendo salud, pensiones y protección frente a riesgos laborales, beneficios que solo el empleo formal puede ofrecer.

"El empleo formal es la base de una sociedad más justa, productiva y estable", afirmó Olivares Ortega.

Subrayó que el programa no solo brinda entrenamiento, sino que fortalece los perfiles de los participantes a través de capacitaciones, prácticas profesionales y experiencias reales en el lugar de trabajo.

A quien va dirigido

RD-Trabaja está dirigido a jóvenes entre 18 y 35 años y adultos mayores de 35, mientras que en el caso de personas con discapacidad el programa se extenderá hasta seis meses, con los salarios igualmente cubiertos por el Ministerio de Trabajo.

En tanto que Nathalie Alvarado, representante del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que respalda la iniciativa, destacó que la propuesta busca articular de manera más efectiva al Estado, las empresas y los trabajadores, conectando la formación con las necesidades reales del mercado laboral.

 "Esta red de trabajo no es solo una política de empleo; representa un nuevo modelo de gestión laboral que alinea formación, intermediación y demanda productiva para generar oportunidades formales y productivas", explicó Alvarado.

Durante mucho tiempo, las viviendas con pisos de tierra han sido un reflejo de los niveles de vulnerabilidad bajo los cuales han vivido muchas familias en condición de extrema pobreza.

El polvo y la insalubridad atentan contra la salud de los residentes de estas edificaciones, que suelen construirse con materiales inadecuados que también ofrecen una muy baja resistencia frente a fenómenos naturales y climáticos extremos.

Esta es una de las razones por las cuales el Gobierno dominicano incluyó la eliminación de los pisos de tierra dentro de las 50 acciones clave que trazó en su primer Consejo de Ministros, realizado el pasado 11 de enero, junto con otras medidas, como erradicar el uso de las cocinas de leña y carbón. Pero, ¿cuántas viviendas tiene el país bajo esta condición?

De las 3,694,060 viviendas ocupadas en la República Dominicana a nivel nacional, el 1.9 % de ellas (69,620) tenía pisos de tierra –25,366 en zonas urbanas y 44,254 en zonas rurales– de acuerdo al Censo Nacional de Población y Vivienda 2022, en el que se recogen los datos oficiales más recientes al respecto.

A pesar del acelerado nivel de urbanismo de Santo Domingo, el censo actual registró 11,409 viviendas, lo que lo convierte en la provincia en la que más abundan edificaciones con esta característica, seguido de San Juan (6,010) y Azua (4,277).

Por el contrario, las demarcaciones donde cada vez hay menos hogares con estos pisos son Hermanas Mirabal (304), Santiago Rodríguez (402) y Samaná (649).

Las cifras muestran que, en dos décadas, más de la mitad de las casas a nivel nacional han erradicado los pisos de tierra, si se le compara con las 150,123 viviendas particulares ocupadas registradas en el censo del año 2002.

Iniciativas

Existen iniciativas, tanto desde el sector público como desde el sector privado, que aspiran a erradicar los pisos de tierra en el país.

Desde el 2020, el Gobierno ha estado realizando, a través del Ministerio de la Vivienda y Edificaciones el programa "Cambio de piso de tierra por piso de cemento" con el objetivo de mejorar la vida de las familias que viven en la extrema pobreza, un programa que ha podido lograr el cambio de 13,905 viviendas a nivel nacional desde el 2021 hasta el 2024.

La fundación Hábitat por la Humanidad anunció que contribuyó a que 530 viviendas cambiaran sus pisos de tierra por pisos de cemento pulido en el segundo semestre del año pasado, con la meta de erradicar hasta 1,888 pisos de tierra este año.

El cantante de música típica Juan de los Santos, artísticamente conocido como Krisspy se encuentra hospitalizado debido a complicaciones asociadas al virus de la influenza, según informó su equipo de trabajo mediante una publicación en su cuenta oficial de Instagram.

Debido a su condición de salud, fueron pospuestas todas las actividades y presentaciones que el intérprete tenía programadas para este fin de semana.

El artista recibe atención médica y cumple con el reposo indicado por los especialistas.

Anuncio de hospitalización

En el mensaje difundido en la red social, la oficina del artista agradeció la comprensión del público, promotores y colaboradores, y ofreció disculpas por cualquier inconveniente que esta situación pudiera causar.

Asimismo, se indicó que las nuevas fechas de las presentaciones serán anunciadas oportunamente, una vez el artista se encuentre totalmente recuperado.

Agradecimientos y apoyo

• El equipo de Krisspy también agradeció las muestras de apoyo y los mensajes de solidaridad recibidos.

La fiscal titular de la provincia Duarte, Smaily Yamel Rodríguez, informó este viernes que en las próximas horas será sometida a la acción de la justicia Ankelsy Valerio de Jesús, de 22 años, señalada como la responsable de la muerte de su hermana menor, Aneisy Ceballos de Jesús, de 14 años.

Rodríguez explicó que por el caso se estará requiriendo prisión preventiva como medida de coerción, al tratarse de un hecho que puso en grave peligro un bien jurídico fundamental como es la vida, y que podría conllevar una condena de hasta 20 años de prisión por homicidio en perjuicio de una menor de edad.

Además, indicó que el ministerio mantiene varias líneas de investigación abiertas y tiene a otras personas detenidas para esclarecer completamente las circunstancias en que ocurrió el suceso.

La fiscal también explicó que ha tenido contacto con familiares de las personas involucradas y que continúan realizando las diligencias correspondientes con todos los miembros del entorno familiar relacionados al incidente, ocurrido la noche del miércoles 28 de enero, en el sector Taína del municipio San Francisco de Macorís, provincia Duarte.

En cuanto a la imputada, indicó que aún no ha sido interrogada formalmente, ya que el proceso se encuentra en la etapa de arresto y levantamiento de información.

Cuando Brenda Salas se graduó en el 2011 como profesional en Desarrollo de Software en el Instituto Tecnológico de Las Américas (ITLA), de inmediato consiguió empleo en una empresa industrial dominicana que, según narró, quedó "cautivada" con sus conocimientos en tecnología.

Salas estudió en el ITLA gracias a una beca del programa de educación continua del centro y su formación le ha permitido adquirir experiencia en el área industrial, en software y en el desarrollo de la ciberseguridad, además de recibir ofertas laborales internacionales que superan los 3,000 dólares en salarios.

El caso de Brenda solo es una muestra de la misma experiencia que pueden narrar miles de jóvenes dominicanos que ven en el ITLA una oportunidad para desarrollarse profesionalmente fuera de las áreas académicas comúnmente ocupadas que ofrecen las universidades dominicanas.

Sin embargo, a pesar del éxito de sus egresados, el ITLA atraviesa un episodio de contrastes. Mientras la institución celebra, a través de su portal, récords históricos de graduandos y una mayor expansión territorial, su reputación institucional es sacudida por escándalos de supuesta corrupción y la reciente destitución de su titular, Rafael Féliz García.

A pesar de las turbulencias administrativas recientes, la entidad se mantiene como uno de los motores de formación técnica en el país. Según datos de la Presidencia de la República y reportes de las graduaciones XVIII y XIX realizadas a finales de 2025, la institución ha alcanzado un acumulado aproximado de 6,519 egresados desde su fundación en el año 2000.

Solo durante el año 2025, el instituto lanzó al mercado laboral a 1,012 nuevos técnicos, que es la cifra más alta en sus 25 años de historia. Este éxito que expone la institución se traduce en que el 87 % de sus egresados logra insertarse en el mercado laboral casi de inmediato, según destaca su portal de transparencia.

Expansión y oferta

La oferta académica de la institución ha crecido para responder a las demandas, no solo de la República Dominicana, sino internacionales.

Actualmente, el instituto imparte 16 carreras técnicas, entre las que destaca la recién creada carrera de Semiconductores, impulsada tras el decreto No. 324-24 que declaró la industria de los microchips como una prioridad nacional.

El plan de estudios de la entidad incluye:

• Desarrollo de Software
• Inteligencia Artificial
• Ciencia de Datos
• Ciberseguridad
• Informática Forense
• Redes de Información
• Multimedia
• Mecatrónica
• Manufactura Automatizada
• Dispositivos Médicos
• Energías Renovables
• Diseño Industrial
• Sonido
• Videojuegos
• Telecomunicaciones

Para llevar esta oferta a las provincias, la institución pasó de operar únicamente en su sede de Boca Chica a establecer 12 centros tecnológicos en Santo Domingo Norte (estación del Metro Mamá Tingó) y Este (Parada de la Cultura).

En el interior, la institución cuenta con extensiones en Santiago, San Francisco de Macorís, Cotuí, Bonao, San Pedro de Macorís, Nagua, Monte Plata, Pedernales y Moca.

Los escándalos

Sin embargo, a pesar de la prometedora oferta académica y de los logros del ITLA, el centro se ha visto recientemente empañado por asuntos que se escapan al ámbito educativo y que han puesto a la política por encima de la formación.

El pasado 23 de enero el presidente Luis Abinader emitió el decreto 39-26, destituyendo al rector Rafael Féliz, aunque sin explicar públicamente hasta la fecha las razones.

La medida se produjo tras denuncias sobre un presunto esquema de cobro de "cuotas políticas". Según los testimonios recogidos por la periodista Nuria Piera, se exigía a empleados de alto nivel el aporte de entre 5 y 10 % de sus salarios para financiar el movimiento político del entonces rector.

Féliz García rechazó las acusaciones mediante una carta pública del lunes, alegando que su patrimonio está justificado por préstamos bancarios y solicitando una auditoría de la Cámara de Cuentas para limpiar su nombre.

Antes de eso, en el 2024, un estudiante grabó un video en el que denunciaba varias falencias en el centro, que incluían aires acondicionados dañados, falta de agua en los bebedores, microondas inhabilitados y algunos otros daños.

El video se difundió justo a la entrada del exrector Féliz a la institución, en el 2024. Meses después, publicó un nuevo video en el que agradeció que todas las situaciones reclamadas fueron atendidas y corregidas por la administración.

Un informe preliminar de una auditoría realizada por la Contraloría General de la República, ejecutada entre el 17 de agosto de 2020 y el 31 de diciembre de 2022, determinó que el instituto se ubica en terrenos que no están registrados a su nombre y solo una pequeña porción de éstos corresponde al Estado dominicano.

El informe detalló que las instalaciones del ITLA están en un área de 70,007.97 metros cuadrados, con un valor de 109,982,884.00 de pesos correspondientes a las parcelas 479-E-1-REF-B-2  y 479-E-1-REF-B-1-RE-28-BIS.

¿Un nuevo método para designar rector?

Respecto al debate sobre la despolitización del ITLA, la exministra de Educación, Josefina Pimentel, defendió la vigencia del sistema de designación por decreto, argumentando que este nombramiento es una potestad exclusiva del Poder Ejecutivo.

Según la exfuncionaria, el proceso no debe necesariamente someterse a un concurso, sino que depende de la "íntima convicción" del presidente, quien tiene la responsabilidad de identificar a una persona "que cumpla a cabalidad" con un perfil que combine formación académica y trayectoria probada en el área técnica.

De su lado, el economista y pasado rector del Intec, Rolando Guzmán, quien también fue miembro de la junta directiva del ITLA, plantea que la discusión de fondo no debe limitarse al dilema de "decreto o no decreto", sino a la creación de mecanismos que garanticen que la selección responda a las necesidades técnicas de la institución.

Además, advierte que la ausencia de una reglamentación formal para la selección del rector abre la puerta para que el "interés político" se imponga sobre el interés académico, lo que consideró como "un riesgo crítico para las entidades".

En su análisis, destaca que no basta con una buena selección inicial, sino que es vital implementar instrumentos de evaluación de gestión y rendición de cuentas para evitar que una administración deficiente destruya el valor institucional acumulado durante años.

El presupuesto

Para el cierre de 2025, el ITLA manejó un presupuesto ejecutado de 1,141.6 millones de pesos, según el reporte de ejecución del centro publicado en su portal.

El presupuesto de la entidad va en aumento cada año por la ampliación de las carreras, el otorgamiento de becas y las extensiones que se han creado en el interior del país. En el 2021 recibió más de 500 millones en su presupuesto, en el 2022 obtuvo 600 millones y en el 2023 se aumentó a 700 millones de pesos.

Para el ciclo 2026, la institución se beneficia de las partidas asignadas al Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt) dentro del Presupuesto General del Estado (Ley 99-25), orientadas principalmente a la finalización de los nuevos recintos regionales.

De acuerdo con el presupuesto estatal, el Mescyt cuenta con una partida presupuestaria de 23,276 millones de pesos.

Después de años de litigio, Nelson Odalis Soriano logró que el Tribunal Constitucional (TC) ordenara detener la paralización irregular de sus productos financieros, luego de que su cuenta bancaria fuera bloqueada en 2019 sin una orden judicial que lo respaldara.

Soriano denunció que, pese a acudir a la Superintendencia de Bancos y al Tribunal Superior Administrativo (TSA), no obtuvo respuesta efectiva frente a la medida adoptada por la entidad financiera.

El TC finalmente le dio la razón en su sentencia número TC/0952/25 al establecer que el bloqueo carecía de sustento legal.

La sentencia también evidenció las arbitrariedades que, según el alto tribunal, enfrentan los usuarios del sistema bancario como consecuencia de la aplicación indiscriminada de medidas vinculadas a la prevención del lavado de activos.

El ciudadano fue involucrado junto a otras personas en una investigación que llevaba a cabo el Ministerio Público por presunto narcotráfico, lavado de activos y porte ilegal de armas de fuego.

En virtud de ese proceso, el Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de San Cristóbal autorizó a la fiscalía a obtener su información financiera y la entrega de los documentos relacionados, sin que esto implicara, como advirtió el pleno constitucional, la inmovilización o bloqueo de sus activos.

El TSA rechazó

El Banco de Reservas procedió a paralizar sus cuentas hasta tanto él presentara documentos que justificaran el origen de los fondos. Inconforme con esta decisión, Soriano interpuso una acción de amparo que el TSA rechazó por no verificar la vulneración de los derechos invocados.

La alta corte revocó esta sentencia en octubre del 2025 por considerar que era contraria al derecho, procedió a conocer el recurso de amparo y ordenó levantar el bloqueo.

El colegiado concluyó que la actuación de Banreservas y de la Superintendencia de Bancos habían sido "manifiestamente arbitrarias".

"Inicialmente se certificó que el procedimiento seguido contra el accionante correspondía a una inmovilización de fondos y, posteriormente, se alegó que se trataba de una solicitud de información… Tal proceder constituye una violación de su derecho fundamental de propiedad", argumentó el TC.

Diario Libre consultó a la Asociación de Bancos de la República Dominicana sobre la recurrencia de esta práctica, pero hasta el cierre de esta edición no se obtuvo su respuesta.

Ankelsy Valerio de Jesús, de 22 años, señalada como la autora de la muerte a tiros de su hermana de 13 años, Anelsy Ceballos de Jesús, se entregó este jueves a la Dirección Regional de la Policía Nacional en La Vega.

En sus declaraciones, la joven aseguró sentirse arrepentida y sostuvo que no disparó directamente contra su hermana, sino contra su cuñado, a quien acusó de maltratar a la menor.

"Yo pensé que iba a salvar a mi hermana de un monstruo, y el monstruo terminé siendo yo. Pero yo nunca le tiré a ella, nunca, a él sí", afirmó.

Maltratos

Según relató, ella y su cuñado habían tenido discusiones previas debido al maltrato que el hombre ejercía sobre su hermana, situación que se habría prolongado desde antes del hecho. La joven narró que su hermana intentó intervenir en el momento del incidente, poniéndose como "escudo" sin que ella tuviera intención de hacerle daño.

Asimismo, relató que vecinos le habían comentado que su hermana era maltratada.