A pesar de que el Código Procesal Penal regula la prisión preventiva como una medida excepcional, más de la mitad de la población carcelaria en República Dominicana no han sido condenados.

El país es el segundo con el mayor porcentaje de personas en prisión preventiva y tasa de ocupación prisional en América Latina y El Caribe, solo por debajo de Haití, cuyo sistema penitenciario se encuentra en deterioro por el control de las pandillas y el hacinamiento extremo.

El Informe sobre Democracia y Desarrollo “Democracias Bajo Presión” del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), señala que más de un 60% de los presos en la nación son preventivos, lo que refleja una debilidad estructural del sistema de justicia penal en la capacidad de investigación y procesamiento.

En el territorio nacional existen aproximadamente 25,000 personas recluidas de su libertad, de las que cerca 16,000 son presos preventivos, según datos de la Dirección de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC).

De acuerdo al informe, la elevada proporción de personas privadas de su libertad sin sentencia firme en América Latina y el Caribe refleja una debilidad estructural del sistema de justicia penal en la capacidad de investigación y procesamiento, al señalar que cuando las investigaciones criminales son lentas o de baja calidad y los tribunales enfrentan sobrecarga de casos, la prisión preventiva tiende a utilizarse como sustituto de investigaciones eficaces y procesos judiciales oportunos.

Señala que esta dinámica se ve reforzada por la presión política y social por “mostrar resultados” en materia de seguridad, lo que incentiva respuestas punitivas inmediatas aun cuando los procesos judiciales no estén plenamente desarrollados.

“El resultado es una acumulación de personas detenidas sin condena que traslada las fallas del debido proceso al sistema penitenciario, lo que contribuye al hacinamiento y debilita la capacidad del Estado para mantener un control efectivo sobre las cárceles”, agrega el informe Democracias Bajo Presión.

El PNUD relata que desde comienzos del siglo XXI, la región ha experimentado uno de los aumentos más rápidos de la población penitenciaria a nivel mundial, pues el número de personas privadas de su libertad pasó de aproximadamente 700,000 a inicios de la década del 2000 a cerca de 1.8 millones en 2024, lo que representa un incremento cercano al 150%.

“Este crecimiento contrasta con la relativa estabilidad o el aumento moderado observado en otras regiones y refleja, entre otros factores, la expansión de políticas penales más punitivas y el uso extensivo de la prisión preventiva”, apunta.

Asimismo, establece que la población privada de libertad en América Latina y el Caribe presenta un amplio sesgo socioeconómico, donde estudios revelan que las personas bajo prisión tienen una educación inferior a los de la población en general.

“Esta desigualdad se acentúa en la fase de la prisión preventiva, donde el acceso limitado a una defensa legal y las dificultades para acreditar condiciones de arraigo –como domicilio estable, empleo formal o fianzas– incrementan la probabilidad de permanecer detenido durante el proceso judicial”, destaca el estudio.

Ante esto, advierte que cuando las cárceles presentan sobrepoblación crónica, déficits de control interno o se convierten en centros de coordinación de actividades ilícitas, la capacidad del Estado para ejecutar sanciones se ve comprometida.

Otras causas

El reporte también señala que los policías en América Latina y el Caribe enfrentan con frecuencia cierta fragmentación institucional, bajos niveles de profesionalización, limitaciones en sus capacidades investigativas y vulnerabilidad a la cooptación local.

Por lo que establece que cuando hay una reducida probabilidad de sanción, que se refleja en bajas tasas de homicidios esclarecidos, el poder intimidatorio de los actores criminales se amplifica y la autoridad estatal pierde credibilidad

La medida de coerción efectiva, según señala el informe, no se mide únicamente por operativos o despliegues, sino por la capacidad de investigar, procesar y sancionar de manera consistente. “En este sentido, la impunidad constituye un indicador central de debilitamiento coercitivo: sin consecuencias previsibles frente al delito, el monopolio legítimo de la violencia se vuelve nominal más que efectivo”.

Un niño de siete años murió la madrugada de este sábado durante un incendio registrado en un apartamento de alquiler temporal, tipo Airbnb, ubicado en el sector conocido como barrio de la Policía, en este municipio cabecera de la provincia Barahona.

El siniestro se produjo alrededor de las 4:30 de la madrugada, mientras varias personas, entre ellas ciudadanos dominicanos y extranjeros que se encontraban hospedados en el lugar permanecían en las instalaciones.

Informaciones preliminares indican que las familias habían llegado a Barahona para vacacionar y conocer los atractivos de esta provincia del Suroeste dominicano. De acuerdo con versiones obtenidas en el lugar, momentos antes del incendio se desarrollaba una actividad social en el apartamento.

Una fuente del Cuerpo de Bomberos de Barahona confirmó que una sola persona perdió la vida en el hecho, desmintiendo versiones iniciales que daban cuenta de tres fallecidos.

El menor quedó atrapado durante el incendio y falleció a consecuencia de las llamas, pese a los esfuerzos desplegados por los organismos de emergencia para controlar el fuego y rescatar a los ocupantes del inmueble.

Uno de los bomberos que participó en las labores de extinción explicó que entre los huéspedes había personas de distintas nacionalidades que habían rentado el apartamento para disfrutar de varios días de descanso en Barahona.

La información sobre la tragedia fue confirmada también por el director regional de la Defensa Civil, Carlos Confidente, quien indicó que las autoridades competentes trabajan en la recopilación de evidencias para establecer las circunstancias en que ocurrió el incendio.

Las causas que originaron el siniestro permanecen bajo investigación por parte del Cuerpo de Bomberos de Barahona, organismo que deberá rendir un informe técnico una vez concluyan las pesquisas.

El hecho ha causado consternación entre residentes del sector y en la comunidad barahonera, que lamenta la muerte del menor en medio de una tragedia ocurrida durante una visita de recreación a la provincia.

En esta provincia esta modalidad de alquiler temporal viene tomando auge, por lo que son cada vez más de estos espacios que abren al público, sobre todo, ante la dinamización del turismo en esta demarcación territorial.

El ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, informó que, en la búsqueda de reducir el gasto, el Gobierno dominicano depura los programas de protección social para mejorar la focalización de los subsidios.

Expresó que en este año, y en esa área, el Estado busca ahorrar 10,000 millones de pesos eliminando de los programas sociales a aquellas personas que “no deberían recibirlo, que ya tal vez han cumplido los requisitos, ya no están bajo la línea de pobreza, entonces vamos a entrar gradualmente a quien sí lo necesita”.

“Lo que estamos mejorando, y ahí lo que estamos es comprometidos, es a mejorar la focalización de los subsidios sociales y estamos planificando un ahorro este año de 10 mil millones de pesos que es reasignación; vamos a sacar de los programas de protección social, los estamos depurando”, dijo al ser entrevistado en Noticias SIN, con la periodista Alicia Ortega.

El Gobierno mantiene subsidios de alimentación, hogar y educación a través de los programas Aliméntate, Bono Gas, Bono Luz, Aprende y Avanza y Subsidio IES, entre otros.

El pasajueves, el ministro de Hacienda y Economía anunció una serie de medidas para mitigar la crisis económica internacional. Dentro de estas se encuentran un aumento al impuesto sobre cheques y transferencias electrónicas, así como a los cigarrillos electrónicos, vape, casinos y juego de azar, entre otros.

A pesar de que se informó que este proyecto sería llevado al Congreso Nacional entre el lunes y el martes, el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, informó este viernes que el mismo fue enviado a una comisión bicameral. 

El ministro de Trabajo, Eddy Olivares, reafirmó el compromiso del país con el diálogo social, el trabajo decente, la justicia laboral y el fortalecimiento de los derechos de los trabajadores.

Olivares señaló que la nación ha logrado importantes avances en materia laboral, entre ellos aumentos salariales consensuados mediante el diálogo tripartito, un crecimiento sostenido del empleo formal, una tasa de desempleo inferior al 5 % y un incremento significativo en la firma de pactos colectivos que fortalecen la negociación entre empleadores y trabajadores.

Al dirigirse a representantes de gobiernos, empleadores y trabajadores de todo el mundo, destacó que la agenda del encuentro aborda desafíos fundamentales relacionados con el futuro del empleo, la protección de los derechos laborales y la construcción de economías más inclusivas y sostenibles.

El ministro señaló que estos objetivos están alineados con la visión del presidente Luis Abinader, quien ha impulsado políticas públicas centradas en las personas, promoviendo la institucionalidad, la concertación y el respeto de los derechos fundamentales en el ámbito laboral.

País respeta derechos laborales

Durante su intervención, resaltó que la República Dominicana figura en la categoría 2 del Índice Global de Derechos de la Confederación Sindical Internacional, posicionándose entre los tres países mejor valorados de América Latina y el Caribe en materia de respeto y garantía de los derechos laborales.

Olivares también destacó el reciente lanzamiento del Modelo de Identificación de Lugares con Riesgo de Trabajo Infantil (Mitri), una herramienta desarrollada con el auspicio de la OIT para fortalecer las acciones preventivas y los procesos de inspección dirigidos a erradicar el trabajo infantil en el país.

Finalmente, reiteró el respaldo del país al tripartismo como principio fundamental de la OIT y expresó su confianza en que la Conferencia Internacional del Trabajo contribuirá a consolidar el diálogo social como una herramienta clave para construir prosperidad, estabilidad y bienestar para los pueblos.

El ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, presentará este jueves un paquete de medidas orientadas a impulsar el crecimiento económico y mitigar los efectos de la crisis internacional sobre la economía dominicana.

Las acciones serán dadas a conocer durante un encuentro con la prensa, pautado para las 11:00 de la mañana, en la sede de la institución, según indica una convocatoria enviada a los medios de comunicación.

De acuerdo con la invitación, Díaz ofrecerá detalles sobre las iniciativas propuestas por el Gobierno para responder al contexto económico actual, marcado por una creciente incertidumbre internacional.

El anuncio se produce en un momento en que la economía mundial enfrenta presiones derivadas del conflicto geopolítico en Medio Oriente, debido a la volatilidad de los precios de los energéticos y las tensiones comerciales entre grandes economías, factores que han incrementado la cautela en los mercados y afectado las perspectivas de crecimiento global.

Impacto de la crisis internacional en la economía dominicana

El Banco Central de la República Dominicana reportó este martes que la economía nacional registró una inflación interanual de un 5.35 % en mayo pasado, manteniéndose por segundo mes consecutivo por encima del rango meta de 4.0 % ± 1.0 %, establecido por las autoridades monetarias.

• El país también enfrenta el desafío de contener los efectos de las fluctuaciones en los precios internacionales del petróleo y otras materias primas, elementos que inciden en los costos de producción, transporte y consumo.