A pesar de que el Código Procesal Penal regula la prisión preventiva como una medida excepcional, más de la mitad de la población carcelaria en República Dominicana no han sido condenados.
El país es el segundo con el mayor porcentaje de personas en prisión preventiva y tasa de ocupación prisional en América Latina y El Caribe, solo por debajo de Haití, cuyo sistema penitenciario se encuentra en deterioro por el control de las pandillas y el hacinamiento extremo.
El Informe sobre Democracia y Desarrollo “Democracias Bajo Presión” del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), señala que más de un 60% de los presos en la nación son preventivos, lo que refleja una debilidad estructural del sistema de justicia penal en la capacidad de investigación y procesamiento.
En el territorio nacional existen aproximadamente 25,000 personas recluidas de su libertad, de las que cerca 16,000 son presos preventivos, según datos de la Dirección de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC).
De acuerdo al informe, la elevada proporción de personas privadas de su libertad sin sentencia firme en América Latina y el Caribe refleja una debilidad estructural del sistema de justicia penal en la capacidad de investigación y procesamiento, al señalar que cuando las investigaciones criminales son lentas o de baja calidad y los tribunales enfrentan sobrecarga de casos, la prisión preventiva tiende a utilizarse como sustituto de investigaciones eficaces y procesos judiciales oportunos.
Señala que esta dinámica se ve reforzada por la presión política y social por “mostrar resultados” en materia de seguridad, lo que incentiva respuestas punitivas inmediatas aun cuando los procesos judiciales no estén plenamente desarrollados.
“El resultado es una acumulación de personas detenidas sin condena que traslada las fallas del debido proceso al sistema penitenciario, lo que contribuye al hacinamiento y debilita la capacidad del Estado para mantener un control efectivo sobre las cárceles”, agrega el informe Democracias Bajo Presión.
El PNUD relata que desde comienzos del siglo XXI, la región ha experimentado uno de los aumentos más rápidos de la población penitenciaria a nivel mundial, pues el número de personas privadas de su libertad pasó de aproximadamente 700,000 a inicios de la década del 2000 a cerca de 1.8 millones en 2024, lo que representa un incremento cercano al 150%.
“Este crecimiento contrasta con la relativa estabilidad o el aumento moderado observado en otras regiones y refleja, entre otros factores, la expansión de políticas penales más punitivas y el uso extensivo de la prisión preventiva”, apunta.
Asimismo, establece que la población privada de libertad en América Latina y el Caribe presenta un amplio sesgo socioeconómico, donde estudios revelan que las personas bajo prisión tienen una educación inferior a los de la población en general.
“Esta desigualdad se acentúa en la fase de la prisión preventiva, donde el acceso limitado a una defensa legal y las dificultades para acreditar condiciones de arraigo –como domicilio estable, empleo formal o fianzas– incrementan la probabilidad de permanecer detenido durante el proceso judicial”, destaca el estudio.
Ante esto, advierte que cuando las cárceles presentan sobrepoblación crónica, déficits de control interno o se convierten en centros de coordinación de actividades ilícitas, la capacidad del Estado para ejecutar sanciones se ve comprometida.
Otras causas
El reporte también señala que los policías en América Latina y el Caribe enfrentan con frecuencia cierta fragmentación institucional, bajos niveles de profesionalización, limitaciones en sus capacidades investigativas y vulnerabilidad a la cooptación local.
Por lo que establece que cuando hay una reducida probabilidad de sanción, que se refleja en bajas tasas de homicidios esclarecidos, el poder intimidatorio de los actores criminales se amplifica y la autoridad estatal pierde credibilidad
La medida de coerción efectiva, según señala el informe, no se mide únicamente por operativos o despliegues, sino por la capacidad de investigar, procesar y sancionar de manera consistente. “En este sentido, la impunidad constituye un indicador central de debilitamiento coercitivo: sin consecuencias previsibles frente al delito, el monopolio legítimo de la violencia se vuelve nominal más que efectivo”.