Tras la decisión de la Corte de Apelación del Distrito Nacional de ratificar la sentencia dictada en contra de los 10 implicados en el caso Senasa, el director de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, volvió a señalar que la versión dos de este caso pronto será conocida.

“Estamos avanzando. Ustedes saben que es una investigación abierta y hay que cuidar los detalles para no afectar esa investigación, pero les aseguro que muy pronto nos estaremos viendo de nuevo hablando de la versión 2.0 de Operación Cobra”, dijo el magistrado.

Asimismo, volvió a prometer que toda persona que haya participado en ese entramado que desfalcó al Estado con alrededor de 15 mil millones de pesos “se presentará ante los tribunales, se los aseguro”.

Wilson Camacho calificó la decisión del tribunal, al mantener las medidas de coerción contra los actuales imputados,  como un éxito, al tiempo de indicar que es “un estímulo para el Ministerio Público seguir trabajando para que todo el que haya participado en este proceso venga a los tribunales a responder por sus hechos”.

Al fallar el fondo de la apelación, la corte desestimó los recursos de Santiago Hazim, Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Franciscó Iván Minaya Pérez, Rafael Luis Martínez Hazim, Ramón Alan Speaklear Mateo y Ada Ledesma Ubiera. Por vía de consecuencia, confirmó en todas sus partes la resolución impugnada, que impuso la medida de coerción consistente en prisión preventiva por un espacio de 18 meses.

La prisión la cumplen en las cárceles de Las Parras y Najayo Mujeres.

El pleno del tribunal, integrado por los magistrados Isis Muñoz (presidenta), Teófilo Andújar y Luis Omar Jiménez, también decidió mantener en arresto domiciliario, presentación de garantías económicas e impedimento de salida del país para Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención y Heidi Mariela Pineda Perdomo.

Dubái, Emiratos Árabes Unidos. — En el marco del cierre del World Governments Summit (WGS) en Dubái, se anunció hoy la firma de una Carta de Intención que formaliza la voluntad de realizar, a finales de 2026, un Diálogo Regional del World Governments Summit para América Latina en la República Dominicana, consolidando al país como puerta de entrada estratégica entre Medio Oriente y la región latinoamericana.

Este nuevo encuentro regional marca el regreso del World Governments Summit con una agenda ampliada y mayor alcance, orientada a profundizar la integración entre América Latina y Medio Oriente, promover la inversión proveniente de los Emiratos Árabes Unidos y fortalecer el diálogo entre autoridades de alto nivel de gobierno, el sector privado y tomadores de decisiones internacionales.

El anuncio fue realizado en Dubái mediante la firma de la Carta de Intención por H.E. Mohammad Abdullah Al Gergawi, Ministro de Cabinet Affairs y Chairman of the World Governments Summit Organization, y firmado por el Ministro Víctor -Ito- Bisonó, en presencia Su Alteza Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vicepresidente y Primer Ministro de los Emiratos Árabes Unidos y Gobernante del Emirato de Dubái y su excelencia el presidente de la República Dominicana Luis Abinader Corona como testigos expresando la intención conjunta de celebrar en el país un Diálogo Regional Anual para América Latina – World Governments Summit 2026.

Liderazgo presidencial y posicionamiento estratégico

Esta iniciativa se enmarca en la visión del Luis Abinader, orientada a posicionar a la República Dominicana como un hub regional de diálogo, inversión y cooperación internacional, aprovechando su estabilidad institucional, su apertura económica y su ubicación estratégica en el hemisferio.

Un proceso iniciado en 2025 y fortalecido institucionalmente

La República Dominicana marcó un precedente histórico en 2025, al acoger el primer diálogo regional del World Governments Summit realizado fuera de los Emiratos Árabes Unidos, convirtiéndose en el primer país anfitrión en América Latina de una iniciativa de esta naturaleza.

En ese contexto, el World Governments Summit firmó en 2025 un Memorando de Entendimiento con el Centro de Análisis para Políticas Públicas (CAPP), estableciendo un marco de cooperación institucional para el desarrollo de iniciativas de diálogo, análisis de políticas públicas y vinculación internacional. Bajo este Memorando de Entendimiento, el Diálogo Regional del World Governments Summit en República Dominicana se estaría realizando en coordinación con el CAPP, fortaleciendo el componente técnico, académico y de políticas públicas del encuentro.

El anuncio realizado hoy confirma no solo la continuidad de esa visión iniciada en 2025, sino su profundización, con un evento de mayor escala, una agenda estratégica reforzada y una clara vocación de impacto regional.

El Summit América Latina – World Governments Summit 2026 buscará consolidar al país como un puente natural entre Medio Oriente y América Latina, reuniendo a líderes gubernamentales, empresarios, inversionistas, organismos internacionales y expertos globales, con el objetivo de:
• fomentar la cooperación estratégica entre ambas regiones,
• impulsar flujos de inversión desde los Emiratos Árabes Unidos hacia América Latina,
• intercambiar mejores prácticas de políticas públicas,
• y debatir los grandes desafíos y oportunidades del desarrollo, la gobernanza y la economía global.

Con este anuncio, la República Dominicana reafirma su papel como plataforma de diálogo global y articulador regional, fortaleciendo su proyección internacional y su liderazgo en la construcción de puentes entre regiones clave del mundo.

El creciente uso de patinetas y motocicletas eléctricas por parte de niños y adolescentes ha comenzado a generar una profunda preocupación en amplios sectores de la ciudadanía, ante el aumento de accidentes de tránsito y el riesgo latente de muertes que esta práctica ilegal y descontrolada conlleva, especialmente en áreas densamente pobladas del país.

En barrios populares de Santo Domingo Este y Santiago de los Caballeros, estas patinetas eléctricas pululan a cualquier hora del día.

Estos vehículos son conducidos, en su mayoría, por menores de edad que no cuentan con licencia de conducir, ni usan cascos protectores ni ningún otro equipo de seguridad, mientras los vehículos carecen de placas.

El resultado es un cóctel peligroso que se mueve sin control entre vehículos y transeúntes.

La situación se torna aún más riesgosa por una característica propia de estos aparatos: su casi total ausencia de ruido.

Conductores de vehículos y peatones no logran percibir su presencia a tiempo, a diferencia de las motocicletas convencionales, lo que ha provocado múltiples colisiones y atropellos.

En el caso específico de Santo Domingo Este, ya se han registrado numerosos accidentes protagonizados por niños y adolescentes al mando de estas motocicletas eléctricas. Otro elemento que agrava el problema es el negocio informal surgido alrededor de estos vehículos.

Existen personas que han conformado flotillas de motocicletas eléctricas que son alquiladas a menores, muchas veces sin el conocimiento o el consentimiento de los padres.

No hay supervisión

En otros casos, la práctica ocurre a espaldas de padres irresponsables que no ejercen la debida supervisión sobre sus hijos, exponiéndolos a peligros evidentes en calles y avenidas congestionadas.

El fenómeno no se limita al Gran Santo Domingo. En Santiago de los Caballeros, la circulación irregular de estas motocicletas también se observa tanto en barrios como en avenidas principales, complicando aún más el ya caótico tránsito urbano y elevando el nivel de riesgo para todos los actores de la vía pública.

Frente a este panorama, crece el consenso de que las autoridades competentes deben intervenir con urgencia para ponerle coto a esta situación.

Autoridades y las medidas

La ciudadanía entiende que organismos oficiales como la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) y la Policía Nacional están llamados a diseñar y aplicar medidas concretas que frenen esta práctica ilegal y peligrosa.

Además, regular el uso de patinetas eléctricas, impedir que menores de edad las conduzcan sin autorización, sancionar el alquiler irregular y reforzar la educación vial se presentan como pasos impostergables.

De no actuarse a tiempo, advierten residentes y conductores, el auge de estos vehículos podría traducirse en una tragedia cotidiana que el país aún está a tiempo de evitar situaciones lamentables que puedan generar el uso desproporcionados de estas motos.

También los motoristas

Otras situaciones que preocupan en el país son las muertes por accidentes de tránsito en los que se ven involucradas motocicletas, muchos de cuyos conductores no utilizan casco protector, manejan en exceso de velocidad, uso de alcohol y violación de las señales de tránsito, lo cual reprsenta un problema crítico de seguridad vial.

La Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional se retiró la noche de este miércoles a deliberar para emitir su fallo sobre los recursos de apelación interpuestos por Santiago Hazim, exdirector del Servicio Nacional de Salud (Senasa), y otros seis imputados en el caso de presunta corrupción en el seguro estatal.

El tribunal, presidido por la magistrada Isis Muñoz e integrado por los jueces Teófilo Andújar y Luis Omar Jiménez, decidirá si varía o ratifica las medidas de coerción que les fueron impuestas a los acusados.

• Durante la tarde se desarrolló la fase de contestaciones y réplicas entre el Ministerio Público y los abogados de los imputados.

Los acusados concluyeron la presentación de sus argumentos solicitando la variación de las medidas de coerción que les fueron impuestas en diciembre pasado por el juez Rigoberto Sena, del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, consistentes en 18 meses de prisión preventiva.

Hazim no hizo uso de la palabra

Santiago Hazim, principal imputado del caso, decidió no hacer uso de la palabra al momento de presentar sus argumentos para solicitar la revocación de la medida.

Además de Hazim, están acusados Martínez Hazim, Speakler Mateo, Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez y Ada Ledesma Ubiera, esta última recluida en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Mujeres.

En tanto que a Cinty Acosta Sención, Heidi Mariela Pineda Perdomo y al empresario Eduardo Read Estrella se les impuso arresto domiciliario, impedimento de salida del país y una garantía económica de un millón de pesos.

Aunque los beneficiados con el arresto domiciliario no apelaron la decisión, esta fue recurrida por Miguel Surun Hernández, en representación de la Convergencia Nacional contra el Robo de la Seguridad Social y la Fundación Primero Justicia.

La Quinta Sala del Tribunal Superior Administrativo (TSA) emitió la sentencia de amparo núm. 0030-1643-2025-SSEN-00786, mediante la cual ordena la modificación de los límites del Parque Nacional Jaragua con fines de explotación turística, a partir de una acción interpuesta por una empresa privada.

La decisión judicial responde a la acción interpuesta que busca aplicar la Ley núm. 266-04 en terrenos que, aun declarados Polo Turístico, se encuentran dentro de un Parque Nacional, la máxima categoría de protección ambiental.

Mediante una nota de prensa, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales rechazó de manera categórica la sentencia y anunció que está procediendo por las vías legales correspondientes para lograr su anulación, al considerar que la misma vulnera el marco jurídico nacional.

La institución explicó que la sentencia desconoce el ordenamiento jurídico nacional, al utilizar un amparo de cumplimiento para alterar los límites de un área protegida, lo cual no es procedente.

 Violaciones

En ese sentido, el ministerio señaló que la decisión vulnera disposiciones de la Constitución, la Ley General de Medio Ambiente (64-00) y la Ley Sectorial de Áreas Protegidas (202-04).

También advirtieron de que este precedente representa un riesgo la integridad del Sistema Nacional de Áreas Protegidas.

Por estas razones, el ministerio reiteró que continuará defendiendo, por todas las vías legales correspondientes, la preservación del Parque Nacional Jaragua y el interés público ambiental.