Agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) confiscaron un cargamento de 375 paquetes de cocaína en Baní, provincia Peravia, y quedan arrestados dos dominicanos.

Tras este decomiso, las autoridades suman un total de 10.3 toneladas de droga sacadas de circulación en lo que va de este 2026.

Así lo ha manifestado el vocero del organismo, Carlos Devers, en rueda de prensa este lunes en la sede de la DNCD, tras indicar que el operativo se realizó por aire, mar y tierra.

"En la continuación de la efectividad operativa en el combate al narcotráfico y al crimen organizado transnacional, agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas, efectivos de la Armada de la República Dominicana, la Fuerza Aérea, Agencias de Inteligencia del Estado y la Cooperación Internacional incautaron otro cargamento de 375 paquetes de presunta cocaína", dijo.

Puntualizó que el hallazgo fue luego de que unidades operativas y de reacción avistaran una embarcación "sospechosa" que se dirigía hacia las costas de la República Dominicana con un presunto cargamento de sustancias narcóticas.

Durante la rueda de prensa, afirmó que los tripulantes arrestados fueron entregados al Ministerio Público de Bani, para seguir ampliando la investigación correspondiente frustrada de la operación de narcotráfico internacional.

También se les ocupó un celular, documentos personales, agua, comestibles y otras evidencias de interés para el proceso investigativo.

"Con este nuevo golpe, las autoridades demuestran su destreza y continuidad en la efectividad de las operaciones conjuntas y combinadas en contra de las estructuras de narcotráfico y el crimen organizado que intentan utilizar nuestras costas para sus actividades ilícitas", sostuvo el vocero.

Reafirmó que el cargamento confiscado en esta nueva operación será enviado bajo cadena de custodia al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para continuar con las investigaciones.

La cooperación en el operativo

El vocero de la DNCD afirmó que el éxito de este operativo en las costas de Peravia y otras ejecuciones se debe a la colaboración de distintas instituciones.

"La DNCD, con el apoyo del Gobierno, la Armada de la República Dominicana, la Fuerza Aérea, el Ejército, la Procuraduría, Agencias de Inteligencia del Estado y la Cooperación Internacional, ha continuado ampliando su capacidad cooperativa, confiscando durante este 2026 más de 10.3 toneladas de drogas, cifras que marcan el liderazgo de la República Dominicana en la lucha contra el narcotráfico en la región", declaró.

El Ministerio Público solicitó prisión preventiva, como medida de coerción, contra siete motoristas implicados en el crimen de Deivy Carlos Abreu Quezada, a quien atacaron luego de perseguirlo hasta el parqueo del Palacio de Justicia de Santiago, en donde la víctima intentó resguardarse.

La medida fue presentada en contra de los imputados Adony Antonio Ureña Ventura, Andrés Monclú González, Carlos Andrés Roa Morán, Miguel García Balbuena, Joanfry Joel Núñez, Juan Carlos Soto Ortiz y Kevin Francisco Metz Cruz, quienes se asociaron para perseguir, interceptar y matar a la víctima Deivy Carlos Abreu Quezada, un conductor de camión de recogida de desechos que murió mientras recibía atenciones médicas en el Hospital del Seguro Social Presidente Estrella Ureña.

La procuradora general Yeni Berenice Reynoso instruyó a los fiscales presentar cargos preliminares por asesinato en contra de los perpetradores del crimen de Abreu Quezada.

“Evidentemente que debe ser la prisión preventiva, porque la acción, la conducta típica y el desenlace mortal que tuvo esa actitud de esos ciudadanos, enmarca en una persecución, en prepararse para ir a hacer daño y matar y eso es asesinato”, puntualizó la fiscal titular de Santiago, Quirsa Abreu Peña, al ser abordada por periodistas sobre la solicitud presentada ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente.

Luego de identificar, arrestar e individualizar a los perpetradores del crimen, la Fiscalía de Santiago, a través de su Departamento de Violencias Físicas (Homicidios), continuó con el levantamiento de pruebas materiales, documentales y testimoniales con las cuales demostrará ante el juzgador que los imputados se comportaron como una turba criminal para acorralar y darle muerte a la víctima.

Las fiscales asignadas a la investigación de los hechos, Joanna García Rivas y Luisa García, han reunido elementos de pruebas contundentes para probar la comisión del crimen y las circunstancias que lo rodearon.

En la instancia, las investigadoras establecen que mientras la víctima, Abreu Quezada, conducía el camión recolector de desperdicios del ayuntamiento de Santiago, por la Circunvalación Sur, sector ensanche Bermúdez, fue interceptado por uno de los motoconchistas, que se encuentra en calidad de prófugo y junto a otros motoristas presionaban a la víctima para que detuviera la marcha, por un supuesto roce vehicular, pero el hoy occiso, al observar la violencia que mostraban en su comportamiento, no se detuvo.

Establece la investigación preliminar que el referido motorista se desmontó de la moto y la colocó frente al camión, para forzarlo a detenerse, pero la víctima no accedió y continuó la marcha arrastrando la motocicleta. Por varios kilómetros sigue bajo la persecución de los imputados, que logran interceptarlo en el Palacio de Justicia, a donde el hombre penetró a bordo del camión, buscando resguardarse de la turba asesina que lo perseguía, establece el Ministerio Público en la instancia.

La Fiscalía de Santiago precisa en la medida de coerción que no posee ningún tipo de evidencias que refieran que algún motorista estuviera lesionado.

Como calificación jurídica provisional, la Fiscalía de Santiago presentó contra los siete imputados cargos por violación a los artículos 265, 266, 296, 297 y 302 del Código Penal Dominicano, por la comisión del hecho delictivo, para el cual se asociaron como una turba criminal, dejando evidenciada su intención cuando vociferaban “mátalo, mátalo”, como refieren las pruebas videográficas.

Entre otras pruebas, el Ministerio Público tiene en su poder el arma blanca tipo cuchillo de caza, color negro, con la cual uno de los imputados le infligió una mortal herida en el miembro inferior derecho.

Bajo un estricto dispositivo de seguridad fueron trasladados este lunes los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, propietarios de la discoteca Jet Set, al salón de audiencias donde se conoce el juicio preliminar en su contra.

El incremento en el número de efectivos se debe a incidentes ocurridos en la sesión anterior, cuando víctimas y querellantes increparon violentamente a los imputados, tildándolos de "asesinos" mientras eran retirados del tribunal.

A diferencia de comparecencias previas, el operativo de traslado presentó cambios significativos.

Agentes de Protección Judicial y miembros de la Policía Nacional custodiaban exclusivamente la puerta trasera del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, evitando así el contacto directo con la prensa y los manifestantes.

En esta ocasión los hermanos Espaillat ingresaron al edificio a las 9:58 la mañana, no entre 7:00 y 8:00 de la mañana como es costumbre.

El despliegue incluyó un cerco humano que acompañó a los empresarios a sala del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, donde el juez Raymundo Mejía conoce el proceso.

Los agentes dijeron que a la seguridad fue aumentada para garantizar la integridad física de los procesados y mantener el orden público dentro de la sede judicial

Actualmente, los alrededores del tribunal permanecen bajo vigilancia para prevenir nuevos altercados con los familiares de las víctimas y asegurar el desarrollo normal de la audiencia.

 La sociedad dominicana se encuentra consternada tras el trágico fallecimiento de Deivy Carlos Abreu Quezada, chofer de la Compañía de Limpieza Urbana (Comlursa), quien perdió la vida el pasado sábado luego de ser perseguido y apuñalado por una turba de motoconchistas tras un incidente de tránsito en la avenida Circunvalación de esta ciudad.

El suceso, captado en videos que se han vuelto virales, muestra los últimos momentos de Abreu Quezada, quien clamaba por auxilio frente al Palacio de Justicia mientras se desangraba.

"¡No me dejen desangrar, Dios mío!", fueron algunas de las desgarradoras palabras de la víctima, quien intentó refugiarse en el recinto judicial tras ser herido en el muslo derecho.

Según los informes preliminares, el incidente se originó por un "roce" entre el camión compactador de basura que conducía Abreu y una motocicleta.

Lo que debió ser un trámite de tránsito escaló a una persecución mortal cuando al menos ocho motoristas interceptaron el vehículo pesado.

Kiara Michel Abreu, hija del fallecido, denunció además una grave negligencia en la asistencia a su padre. "Quien estaba grabando prefirió hacer eso en vez de llamar a una ambulancia.

Él pedía auxilio y no se lo dieron a tiempo", manifestó con indignación mientras exigía justicia.

La Policía Nacional confirmó el arresto de ocho personas vinculadas al ataque, incluyendo al presunto autor material de la estocada.

Para la procuradora general, Yeni Berenice Reinoso, este caso debe servir como un punto de inflexión para que todos los sectores representativos de la sociedad actúen frente a la cultura de la violencia.

"La violencia jamás será la vía adecuada para dirimir conflictos", afirmó, enfatizando la urgencia de una reflexión colectiva para frenar el uso de la fuerza física como método de resolución de disputas cotidianas.

Destacó que el Ministerio Público mantiene abierta la investigación para identificar y someter a todos los integrantes del grupo que participó en la persecución y posterior ejecución de Abreu en el recinto judicial.

Por su parte, la Federación Nacional de Motoconchistas (Fenamoto) se desvinculó del hecho a través de su presidente, Oscar Almánzar.

"Es un acto de vandalismo y bandidaje que condenamos. Esos motoristas persiguieron a un hombre de trabajo hasta terminar con su vida; pedimos que les caiga todo el peso de la ley", expresó Almánzar, aclarando que la mayoría de los involucrados no pertenecen a paradas organizadas.

La empresa Comlursa S.R.L. emitió un comunicado lamentando la pérdida de su colaborador, a quien describieron como un hombre cumplidor de sus deberes.

El Ministerio Público ya prepara el expediente para solicitar medidas de coerción contra los implicados, mientras la comunidad de Santiago demanda mayor control sobre la violencia que impera en las vías públicas.

La Cámara de Diputados destina cada mes más de 33 millones de pesos al pago de la nómina del personal de apoyo de los legisladores —cuatro empleados por cada diputado— y a los contratados al servicio de los bloques partidarios. Por ejemplo, solo el oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM) dispone de 41 trabajadores, trece de los cuales son secretarias.

Según la última nómina de "libre nombramiento y remoción", correspondiente a marzo del 2026, cada diputado cuenta con cuatro empleados para servicios de asistencia legislativa y transporte.

A esta estructura individual se suma el personal asignado a los bloques partidarios, que también disponen de empleados financiados con fondos públicos para labores administrativas y de coordinación política dentro del Congreso.

En conjunto, la suma de estos cargos configura una nómina de apoyo legislativo que en marzo sumaba 893 contratados, que representan un gasto mensual de 33,192,210.25 pesos.

En específico, cada diputado cuenta con un asistente legislativo, que gana mensualmente 35,200 pesos; un chofer, que devenga un sueldo de 49,500 pesos; un mensajero interno, al que se le paga 27,500 pesos y una secretaria, con un salario de 33,000 pesos.

El único legislador que no tiene los habituales cuatro empleados es el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, que solo cuenta con dos secretarias que, en total, ganan 66,000 pesos mensuales.

A diferencia del Senado, donde la cantidad de empleados por legislador varía considerablemente, en la Cámara Baja el esquema es más uniforme en cuanto al número de colaboradores asignados a cada uno.

La nómina de empleados de los diputados se suma a otra lista de beneficios con que cuentan y que abarca pagos por viáticos, dietas, gastos de representación, exoneración de vehículos y un sueldo registrado de 320,000 pesos mensuales.

Hay desigualdades en los bloques

Aunque la cantidad del personal de los diputados se distribuye de manera uniforme, el gran peso del gasto en la nómina de la Cámara recae en las estructuras de los bloques partidarios.

Los registros de la nómina de marzo de 2026 indican que el bloque del Partido Revolucionario Moderno (PRM), que actualmente cuenta con la mayoría congresual en el Poder Legislativo, tiene 41 empleados.

Solo para el bloque del PRM, la Cámara de Diputados destina 1,643,424.25 mensualmente. En ese grupo de empleados se registran 13 secretarias y otros cargos repartidos entre camareros, técnicos legislativos y administrativos, recepcionistas, choferes y asistentes.

El segundo bloque con más recursos asignados para su personal es el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) que, según la nómina más reciente,  requiere 1,440,700 pesos para el pago de 24 empleados.

Aunque el PLD es el segundo bloque con mayor gasto en personal, no es la segunda fuerza en la Cámara Baja. Con solo 13 diputados, destina más recursos a su nómina que la Fuerza del Pueblo (FP), que con 27 legisladores cuenta con menos empleados y menor gasto mensual.

La segunda mayoría, que es la Fuerza del Pueblo, tiene 12 empleados y paga 737,500 pesos mensuales. En total las nóminas de las estructuras del PRM, el PLD y la FP, le cuestan al Estado 3,821,624.25 pesos mensuales.

Los demás bloques partidarios, aunque también tienen su nómina de empleados, solo cuentan con entre 16 a cuatro trabajadores.