Santo Domingo. – El presidente Luis Abinader, junto al ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Víctor -Ito- Bisonó, encabezó un encuentro con representantes del sector zonas francas, que a octubre de este 2025, registró su máximo histórico de 200,134 empleos directos, consolidándose como uno de los principales motores de crecimiento económico y social del país y uno de los ecosistemas industriales más dinámico y confiable del hemisferio.

En palabras del jefe de Estado, este resultado demuestra el esfuerzo de miles de trabajadores y la confianza del sector empresarial y de la comunidad internacional, que ve al país como un socio confiable, estable y seguro, que invierte y genera estabilidad para miles de familias.

“Desde el primer día de esta gestión abrazamos un compromiso firme: no dejar pasar ninguna oportunidad para mejorar la vida de nuestra gente. Nos encauzamos en recuperar la economía, fortalecer la productividad y en construir un modelo de desarrollo que ponga en alto la dignidad de la población”, afirmó Abinader.

Durante el período abril 2020 – octubre de 2025, el empleo en zonas francas aumentó un 67%, pasando de 119,974 a 200,134 puestos, de los cuales, el 54% es ocupado por mujeres.

El mayor crecimiento se presenta en Santo Domingo y el Distrito Nacional con 17,260 nuevos empleos y la provincia La Altagracia, que pasó de 905 en 2020 a 2,791 en 2025. Mientras, en la región Sur se agregaron 5,374 nuevos puestos.

“Actualmente operan en el país 97 parques y 861 empresas, y en estos cinco años se han aprobado 436 nuevas empresas y 45 parques”, resaltó el ministro Ito Bisonó, quién, además, destacó el trabajo conjunto del sector privado y el gobierno para aumentar los salarios, acumulando un 66% desde 2020, el mayor en la historia del régimen de zonas francas.

En en el acto participaron, la presidenta de ADOZONA, Claudia Pellerano, el director del Consejo Nacional de Zonas Francas, Daniel Liranzo, y representantes de los sectores público y privado, la academia y organismos internacionales.

Reapertura de parques y diversificación de la matriz productiva

Bisonó recordó que en estos cinco años se han impulsado e implementado políticas que crearon empleos en lugares que antes no existían, gracias a la reapertura de parques industriales que permanecieron cerrados por más de 15 años y la construcción de nuevos espacios productivos como el de San Juan de la Maguana, lo que ha permitido diversificar la matriz productiva.

“A noviembre de 2025, el valor de las exportaciones del sector zonas francas asciende a US$7,936.1 millones, siendo lideradas por subsectores como dispositivos médicos, tabaco y sus derivados, así como productos eléctricos y electrónicos”, concluyó Bisonó.

A la fecha, las zonas francas son una muestra de un verdadero cambio, evolucionando de la manufactura tradicional a actividades como dispositivos médicos, eléctricos, electrónicos, logística y servicios. Este último renglón registró 45,460 puestos de trabajo hasta octubre 2025, para un incremento de 6.03% en comparación con el mes de octubre de 2024.

Asimismo, en estos cinco años se han fortalecido las capacidades técnicas del talento humano, “desarrollándose 24,494 acciones formativas en coordinación con INFOTEP y las empresas del sector, lo que permite elevar la productividad y la trayectoria salarial de los colaboradores”, indicó Claudia Pellerano, presidenta de ADOZONA.

Tecnificación del empleo

Entre 2004 y 2024, la participación de operarios se redujo de 86% a 63.4%, lo que equivale a más de 39,000 plazas menos en funciones tradicionales. Los empleos técnicos incrementaron de 9.1% a 25.3% y los puestos administrativos se duplicaron, al pasar de 4.9% a 11.3%.

Compras locales e inversión

Las compras locales de las zonas francas han crecido un 87%, pasando de RD$83 mil millones en 2020 a RD$155,400 millones en 2024. En tanto, la inversión acumulada llegó a US$7,735.7 millones en 2024, para un aumento de 49% respecto a 2020.

El consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta Romero, informó que fue depositado en el Senado de la República el Proyecto de Ley Orgánica que dispone la fusión del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt) con el Ministerio de Educación (Minerd).

Se trata de una iniciativa que impulsa la reorganización del Sistema Educativo Nacional mediante la integración orgánica de ambas instituciones.

El proyecto establece que el Ministerio de Educación asumirá la rectoría del sistema educativo en todos sus niveles, desde la educación inicial hasta la educación superior, respetando la autonomía universitaria.

La propuesta busca modernizar la estructura administrativa del sector, fortalecer la coordinación interinstitucional y optimizar el uso de los recursos públicos.

Propuesta de ley

Entre las principales novedades del proyecto se destacan:

• La supresión del Mescyt, transfiriéndose al Ministerio de Educación todas sus funciones, atribuciones y competencias.
• La creación del Consejo Consultivo de Educación, un órgano de carácter consultivo encargado de acompañar al Minerd en la formulación, evaluación y seguimiento de políticas educativas.
• La actualización de la estructura orgánica del Ministerio de Educación, consolidando viceministerios y funciones orientadas a servicios operativos, gestión territorial, fortalecimiento del sector educativo, educación superior y aseguramiento de la calidad.
• La implementación de un proceso transitorio ordenado, que incluye reubicación de personal, transferencia de activos, adecuación presupuestaria y elaboración del nuevo Reglamento Orgánico Funcional del Minerd.
• La declaración de alta prioridad nacional del proceso de reforma integral del sistema educativo, así como el mandato para presentar en un plazo de 12 meses propuestas de actualización de las leyes de educación preuniversitaria, educación superior y ciencia, tecnología e innovación.

Peralta Romero destacó que esta reforma se enmarca en el Plan General para la Reforma y Modernización de la Administración Pública orientado a garantizar una gestión más eficiente y coherente en todo el sistema.

Con el depósito de esta iniciativa, el Gobierno reafirma su compromiso con una educación más moderna, articulada y orientada a resultados, en beneficio del desarrollo humano, científico y productivo de la República Dominicana.

Santo Domingo.– Cabizbajos y fuertemente escoltados, los diez imputados de la Operación Cobra desfilaron este jueves hacia la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, donde se conoce la medida de coerción por el presunto entramado de corrupción administrativa que habría operado dentro del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa).

La escena, marcada por un robusto cerco de seguridad, reflejó la tensión alrededor de un proceso que ha sacudido a la institución pública.

Detalles de la acusación y los imputados

El Ministerio Público solicitó que se impongan 18 meses de prisión preventiva y que el caso sea declarado complejo, argumentando que la supuesta red de corrupción -denominada Operación Cobra- habría desviado más de 15,000 millones de pesos mediante contratos amañados, manipulación de procesos internos, falsificación de documentos y pago de sobornos para beneficiar a empresas específicas.

Entre los imputados figuran el exdirector ejecutivo de SeNaSa, Santiago Marcelo F. Hazim Albainy, así como Rafael Martínez, Pedro Pablo Arias, Carolina Batista, Efraín Tejada, Luis Alberto Ramírez, Julián Castillo, Manuel Mieses, Roxana Paulino y Ruddy García.

De acuerdo con la acusación, enfrentan cargos por asociación de malhechores, estafa contra el Estado, coalición de funcionarios, administración fraudulenta, concusión, soborno y desfalco.

Acciones de la Procuraduría y estado del proceso

La audiencia de coerción había sido aplazada en días recientes para permitir que las defensas prepararan sus argumentos, mientras que la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) asegura que cuenta con pruebas suficientes para sustentar la imputación.

El proceso ha incluido múltiples allanamientos y la incautación de bienes, y la Procuraduría ha advertido que más personas podrían ser incorporadas al expediente conforme avance la investigación.

La directora general de Persecución, Yeni Berenice Reynoso, reiteró que el caso continúa abierto y que médicos, profesionales de la salud y centros médicos también están bajo investigación.

"Habrá más personas inculcadas. No es que serán investigadas, es que ya llevan tiempo investigándose", afirmó, al tiempo que negó que exista algún acuerdo entre la Fiscalía y los imputados, calificando el expediente como "altamente indignante".

En paralelo, la defensa del exdirector Hazim insiste en que la acusación contiene "más de un 67% de incongruencias", alegando que algunas propiedades atribuidas datan de años anteriores a su gestión pública.

Mientras tanto, el tribunal deberá decidir si conoce hoy la medida o si, debido a la extensa lista de imputados y la complejidad del caso, se aplaza nuevamente la audiencia para una fecha posterior.

Desde antes de ser nombrado como director ejecutivo del Seguro Nacional de Salud (Senasa), Santiago Hazim, ya se encontraba recibiendo beneficios que formarían parte de la estructura fraudulenta, en perjuicio del Estado dominicano, según precisa el Ministerio Público en la solicitud de medida de coerción.

El documento cita como beneficios vehículos alta gama por parte de empresarios que, a lo largo de su gestión, formarían parte de una supuesta estructura fraudulenta que se benefició del presupuesto del Seguro Nacional de Salud (Senasa), aunque no se especifica el nombre del empresario.

“De igual modo, estableció una serie de compromisos económicos para cumplir cuando asumiera el control de esta institución pública”, agrega el MP.

Hazim, quien es señalado como líder del entramado que agrupa a otras nueve personas, inició con todas las maniobras fraudulentas desde el 21 de agosto de 2020, día en que mediante el decreto 377- 20 fue designado como titular de Senasa.

“Desde su llegada, se rodeó de un círculo cercano de amigos y colaboradores con quienes instauró en la institución un entramado criminal estructurado y funcional, a través del cual diseñó un esquema de corrupción institucionalizada”, establece el documento.

Estas acciones se caracterizaron por la recepción de sobornos, falsificación del contenido de los estados financieros, manipulación de cuentas contables, creación de programas fraudulentos, privatización de la atención primaria, coalición de funcionarios, prevaricación, y estafa en perjuicio del Estado.

Del que agrega el Ministerio Público, Hazim estaba “obligado a servir y proteger”.

Este fraude a esta ARS que agrupa el 70% de la población, afectó de manera directa a los afiliados, al comprometer recursos destinados a garantizar la atención médica y la cobertura de salud de la población más vulnerable.

“Las evidencias obtenidas hasta el momento han permitido identificar distintos ejes operativos de corrupción y fraude, materializados por esta estructura criminal integrada por empresarios, profesionales de la salud, personas particulares y funcionarios públicos, dirigidos por el imputado Santiago Marcelo Hazim Albainy”, dice el expediente que sobrepasa las 500 páginas.

Distribución de sobornos

Otras de las violaciones en las que incurrió Hazim, fue en la creación del Comité de Contrataciones Médicas dentro de la estructura de la institución, comité inexistente hasta ese momento y creado de forma arbitraria, sin sustento legal, normativo ni procedimental, alterando el mecanismo previamente vigente para la evaluación y aprobación de prestadores de servicios de salud.

Este comité fue integrado por gerentes del círculo cercano de Hazim, siendo estos, Francisco Iván Minaya, Gerente de Salud; Roberto Canaán, Gerente de Atención al Usuario; Gustavo Guilamo, Coordinador de Gabinete; Germán Robles, Consultor Jurídico y Carmen José Velázquez, Gerente de Afiliación.

“Este comité respondió exclusivamente a la intención de concentrar las decisiones de contratación en un grupo reducido de colaboradores de extrema confianza, todos bajo su línea directa de autoridad”, dice el Ministerio Público.

Conforme a las evidencias recabadas en la investigación, el comité operó como instrumento creado por Santiago Hazim, para favorecer de manera directa, selectiva y discrecional a prestadores de salud vinculados a su círculo político, de amistad y personas y empresas vinculadas a sus intereses personales, políticos y económicos.

“El cual procuraba beneficiar a las personas que le apoyaron en términos políticos, como aquellos que le entregaban sobornos”, dice.

Asimismo, señala que para el control de las aprobaciones y contratos, Santiago Hazim incluyó a sus asistentes más cercanas, quienes aun con su ausencia presentaban listas predeterminadas de prestadoras que debían ser aprobadas por órdenes directas del imputado.

“Utilizando expresiones como "eso es del CEO", "eso es del Olimpo" o "vino respaldado", las cuales funcionaban como órdenes inapelables”, subraya el expediente.

El director general de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, calificó el caso del Seguro Nacional de Salud (Senasa) como uno de los más grandes que ha tenido el Ministerio Público, al tiempo que lo catalogó como “siniestro y cruel”.

“Este es uno de los casos más grandes que hemos tenido en el Ministerio Público, y de hecho es el caso más siniestro y cruel, sobre todo porque afecta algo tan esencial como la salud, pero en este caso la salud de un seguro que tiene incluido a más de a ocho millones de dominicanos”, indicó Camacho.

A través de una publicación en la red social de X indicó que “una estructura que es capaz de arrebatarle la medicina a los enfermos, sobre todo a los más pobres, es siniestra y es cruel”.

Explicó que hasta el momento se habla de un desfalco de 15 mil millones de pesos, pero esta cifra puede cambiar, al igual que la cantidad de personas imputadas, debido a que el caso está todavía en fase de investigación.

Parecido a estas declaraciones fueron las de Mirna Ortiz, titular de Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), quien dijo que este caso era el “más grave que ha presentado el órgano en materia de corrupción”.

Este caso en el que el mayor implicado es el exdirector del Senasa, Santiago Hazim, fue aplazado para el jueves 11 del presente mes a las 2:00 de la tarde.

El Ministerio Público está pidiendo 18 meses de prisión preventiva contra Hazim Albainy; Rafael Luis Martínez Hazim, fundador del centro de telemedicina Mycare; Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez, Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención, Ramón Alan Speakler Mateo, Ada Ledesma Ubiera y Heidi Mariela Pineda Perdomo.

Al grupo se le acusa de coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, cobro de soborno, estafa contra el Estado dominicano, desfalco, falsificación, uso de documentos falsos y lavado de activos.

La magistrada Yeni Berenice Reynoso, procuradora general de la República, reafirmó el compromiso del Ministerio Público (MP) con la persecución del caso del Seguro Nacional de Salud (Senasa), asegurando que la investigación no ha concluido y que se esperan más imputaciones.

Reynoso calificó el caso Senasa como de alta  prioridad para la institución, dada la afectación directa a una entidad que gestiona la salud de más de siete millones de dominicanos.

Más imputados y decomiso de bienes

La magistrada fue enfática al señalar que todo aquel que haya manejado indebidamente fondos del Senasa deberá enfrentar la justicia. "Es evidente que el caso Senasa no ha concluido, es evidente que más personas serán imputadas".

Sostuvo que todo aquel que tocó un peso del Seguro Nacional de Salud… tienen que responder ante la justicia.  Que el objetivo del Ministerio Público va más allá de las sanciones penales, pues buscan garantizar la reparación económica al Estado. Reynoso destacó que el equipo de investigación trabajará "sin descanso" para obtener sanciones penales ejemplarizadoras y lograr que el Estado decomise y sea restituido cada peso del cual se cometió la malversación.

Reflexión necesaria para el sistema de salud

La procuradora aprovechó el contexto del caso, al que también se refirió como "Operación Cobra", para solicitar una reflexión social profunda sobre el sistema de salud dominicano, comparando la necesidad de esta transformación con la que se hizo en el sistema económico tras crisis bancarias pasadas.

"El sistema de salud necesita en la República Dominicana una participación de la sociedad para que haya una transformación y que nunca más vuelva a existir en el sistema de salud un caso como el caso Operación Cobra," concluyó.

La Federación de Estudiantes Dominicanos (FED) del Recinto UASD San Juan volvió a encender las alarmas ante lo que catalogan como “viejas y nuevas irregularidades” que han marcado el semestre 2025-20, actualmente en su fase final.

La presidenta de la FED en el recinto, Erika Paoli Pérez Cuello, advirtió que la comunidad estudiantil enfrenta serias dificultades con el proceso de selección de asignaturas, que —una vez más— se desarrolla en pleno término del semestre. Estudiantes consultados han expresado que entre prácticas, exámenes finales, compromisos laborales y familiares, muchos desconocieron la vigencia del proceso y perdieron la fecha límite.

Señaló que a esto se suma otra inquietud: la continuidad de la selección sin que los alumnos dispongan de las calificaciones del semestre en curso, necesarias para validar prerrequisitos de materias futuras.

Pérez Cuello explicó que incluso quienes lograron acceder al sistema se toparon con una oferta insuficiente de asignaturas, un problema que —asegura— persiste ante la ausencia de concursos de oposición para ampliar la planta docente.

Surge nueva queja: estudiantes denuncian “mora fantasma”

La dirigente estudiantil también denunció una nueva anomalía: decenas de estudiantes aseguran haber sido obligados a pagar una “mora fantasma” para poder seleccionar materias del semestre 2026-10. Sin este pago, el sistema les impide continuar el proceso.

“¿Quién dispuso este abuso? ¿A quién se notificó? ¿Y por qué las autoridades parecen desconocer lo que está pasando?”, cuestionó Pérez Cuello, recordando que la mayoría de los matriculados proviene de sectores de bajos recursos.

La FED afirmó que condena categóricamente estas irregularidades, pero confía en que las autoridades universitarias cuentan con la capacidad para corregirlas y garantizar mejores condiciones para miles de estudiantes que siguen apostando a la UASD con esfuerzo y orgullo.