Al momento de su muerte, Deivy Carlos Abreu Quezada tenía 9 meses como chofer de la empresa Comlursa S.R.L, la cual tiene un contrato de recolección de desechos sólidos con el Ayuntamiento de Santiago.

Según la solicitud de medida de coerción contra siete de los implicados, este hombre dejó a cinco niños en la orfandad.

De acuerdo al interrogatorio de Sarah Selineth Abreu Quezada, su hermana; se enteró del incidente alrededor de las 10 de la noche del viernes 17 a través de las redes sociales. Un hombre le mostró uno de los videos que circulaban, preguntándole si no era su hermano.

“Yo tengo entendido que él rozó un motor con el camión y por eso le hicieron eso”, le dijo a los fiscales que la entrevistaban, al tiempo que desconocía si su hermano tenía problemas con alguno de ellos o con la justicia.

Datos:

Según el documento, este motor fue utilizado por Jhovanny de Jesús Metz Cruz, conocido como “Маснo”, para perseguirlo hasta que lo capturó, junto a un grupo de motoristas.

Este hombre le propinó una puñalada en la pierna derecha al conductor del camión, lo que provocó la muerte.

Deivy Carlos Abreu Quezada murió en el Hospital Presidente Estrella Ureña entre las 4:30 y las 5:30 de la mañana del sábado 18 de abril.

Su muerte fue producida por un cuchillo tipo caza, color negro, de aproximadamente 12 pulgadas de longitud. Esta arma fue dejada en el Palacio de Justicia de Santiago y levantada por los fiscales.

La persecución en contra de Deivy Carlos Abreu Quezada duró 23 minutos e inició en el Ensanche Bermúdez.

Las autoridades han arrestado a siete personas como parte de los agresores, quienes lanzaban piedras al camión y su conductor, pidiendo que “lo maten”.

Los acusados son: Adony Antonio Ureña Ventura, Andrés Monclu González, Carlos Andrés Roa Moran, Miguel García Balbuena, Joanfry Joel Núñez, Juan Carlos Soto Ortiz y Kevin Francisco Metz Cruz.

En la sociedad contemporánea, asistimos a una metamorfosis peligrosa de la convivencia humana. El reciente homicidio de Deivy Carlos Abreu Quezada en Santiago no es simplemente un hecho de tránsito aislado; es la manifestación clínica de una patología social colectiva. Cuando un conflicto menor se convierte en una ejecución pública, debemos preguntarnos: ¿qué ha pasado con nuestra capacidad de razonar?

El secuestro de la conciencia crítica

Desde la neurobiología, el comportamiento de la turba que le arrebató la vida a Abreu revela un fenómeno de desinhibición neurocognitiva. Ante un estímulo estresante, la amígdala —centro de las respuestas primarias— toma el control, desplazando a la corteza prefrontal, encargada del análisis, la empatía y la inhibición de impulsos.

Sin embargo, el "furor" no exime de responsabilidad. Como sociedad, hemos caído en una transferencia colectiva donde la masa legitima la violencia. Esta "sana conciencia crítica" individual es suplantada por una norma grupal que percibe la agresión no como un delito, sino como un acto de justicia propia.

La alevosía y la premeditación: el crimen que no es fortuito

Legalmente, es imperativo elevar la calificación de este suceso. No nos encontramos ante un homicidio simple producto de un accidente, sino ante un asesinato. La persecución deliberada del conductor, la superioridad numérica de la turba y el uso de arma blanca contra una zona vital demuestran un animus necandi claro.

La premeditación se configura en el momento en que, tras el impacto, los perpetradores eligen perseguir y aniquilar, transformando la inmediatez del tránsito en un plan de muerte. Negar esta calificación sería validar la impunidad y minimizar la gravedad de una agresión donde la víctima fue privada de cualquier oportunidad de defensa.

La era del espectador digital: la banalización del horror

Uno de los aspectos más deshumanizantes de este suceso fue la omisión de auxilio, tanto de agentes estatales como de testigos presenciales. La grabación del video en lugar de la intervención humanitaria es la prueba fehaciente del "Efecto Espectador" potenciado por el like digital.

El teléfono móvil ha actuado como una barrera psicológica que anestesia la empatía. Para el espectador digital, el dolor ajeno se convierte en contenido consumible. Esta búsqueda de validación virtual ha atrofiado el deber de socorro y la moral pública, convirtiendo a los ciudadanos en cronistas pasivos de la tragedia.

Seguridad del Estado y el riesgo de la anomia

Este caso representa un riesgo sistémico para la seguridad del Estado. Un Estado de derecho se sostiene sobre la confianza en sus instituciones. Cuando la autoridad no interviene en un delito evidente, o cuando el ciudadano prefiere ser espectador ante un crimen, el tejido social se desgarra.

La deshumanización de las masas y la búsqueda de notoriedad digital fomentan una anomia social donde la ley del más fuerte desplaza al orden público. Una sociedad que ha normalizado la indiferencia ante la violencia es una sociedad volátil, vulnerable a la manipulación y al colapso de sus estructuras democráticas. La seguridad nacional no solo depende de la fuerza policial, sino de la preservación de la conciencia crítica de sus ciudadanos.

El Ministerio Público tiene hoy el compromiso ineludible de marcar un precedente. La persecución de este asesinato debe ser un acto de pedagogía social. No podemos permitir que la "era del like" nos despoje de nuestra humanidad. La justicia debe actuar como el freno externo que la corteza prefrontal de los individuos falló en accionar, reafirmando que, en nuestro Estado, la vida no es un insumo para el entretenimiento digital, sino el valor supremo que la ley protege con todo su rigor.

Más de diez personas han sido entrevistadas en el marco de las investigaciones por el hallazgo del cadáver de una niña de un año dentro de una mochila, en una cañada del sector Los Girasoles en el Distrito Nacional.

La menor fue identificada como Ruth Angélica Mota Martínez, cuyo caso ha generado consternación en la comunidad.

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El vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, informó que hasta el momento no se han producido detenciones, mientras los equipos trabajan en la consolidación de la línea investigativa que permita establecer responsabilidades.

Detalló que entre las personas entrevistadas figuran los padres de la niña, como parte de las diligencias que se desarrollan en coordinación con el Ministerio Público y la jurisdicción especializada de niños, niñas y adolescentes.

Aún se esta recolectando evidencias

Las autoridades continúan recolectando evidencias y testimonios en el entorno donde ocurrió el hecho, como parte de la fase inicial del proceso investigativo.

Pesqueira reiteró que las indagatorias se realizan conforme a los protocolos establecidos y bajo el debido proceso. "Hay un debido proceso que debemos de cumplir, y tan pronto tengamos mayores detalles, con mucho gusto, los vamos a dar a conocer", expresó.

La Policía aseguró que se mantiene activa en las pesquisas junto al Ministerio Público, con el objetivo de esclarecer el caso y dar una respuesta oportuna ante este hecho que ha impactado a la sociedad.

El ministro de Medio Ambiente, Paíno Henríquez, reveló este miércoles que existe una investigación en curso, debido a que ya han sido identificadas supuestas bandas criminales que estarían patrocinando invasiones en la zona de las Dunas de Baní, próximo al poblado de Las Calderas, en la provincia Peravia.

El funcionario también atribuyó a esas estructuras delictivas la quema intencional de una caseta de vigilancia ocurrida el pasado fin de semana.

Asegura no hay nuevas ocupaciones

Organizaciones sociales y comunitarios solicitaron a las autoridades del Ministerio de Medio Ambiente prestar atención urgente a las ocupaciones por parte de particulares que, según denunciaron, se producen rápidamente en las Dunas.

Ante las denuncias, el ministro explicó que desde octubre de 2024 la institución mantiene un acuerdo de colaboración con la Armada de la República Dominicana para reforzar la vigilancia permanente en el área protegida.

Al ser intervenido en el evento Climate Connect 2026 indicó que ese monitoreo ha permitido reducir "casi a cero" las extracciones ilegales de arena y evitar nuevas ocupaciones o construcciones dentro de la zona núcleo y la zona de amortiguamiento del monumento natural.

El funcionario sostuvo que tras una denuncia pública reciente, técnicos del ministerio y miembros de la Armada realizaron una inspección en el lugar, donde comprobaron que las ocupaciones señaladas se encuentran fuera de los límites protegidos.

No obstante, reconoció que la situación requiere acciones adicionales por tratarse de terrenos estatales o parcelas no saneadas que quedan fuera de la zona de amortiguamiento.

En ese sentido, informó que el ministerio trabaja de manera coordinada con la Procuraduría General de la República y el Ministerio de Interior y Policía para ejecutar un proceso de recuperación de esos espacios.

Antiguas ocupaciones

Sobre antiguas ocupaciones dentro de áreas protegidas, explicó que algunas tienen entre 10 y 20 años de existencia, por lo que requerirán procesos de diálogo y negociación con las familias asentadas.

Finalmente, aseguró que continuará la vigilancia conjunta entre la Armada y Medio Ambiente, mientras otras instituciones del Estado asumirán las medidas correspondientes en las zonas no protegidas.

Dieciséis años después de la captura de José David Figueroa Agosto, narcotraficante puertorriqueño que operó una amplia red criminal en la República Dominicana y cuyo caso estremeció al país por sus vínculos con el lavado de activos, el crimen organizado, la falsificación de documentos y los sobornos, aún permanecen bienes incautados ligados a su estructura pendientes de venta por parte del Estado.

Nuevamente, el nombre del conocido capo vuelve a escena debido al proceso de venta de bienes incautados a su estructura, que ahora el Estado dominicano colocará en subasta a través del Instituto Nacional de Custodia y Administración de Bienes Incautados, Decomisados y en Extinción de Dominio (Incabide).

Ante la interrogante de por qué, luego de tantos años, esos bienes continúan bajo control del Estado, el director ejecutivo de Incabide, Manuel Rafael Oviedo Estrada, explicó las razones.

Indicó que estos activos siguen en proceso de venta debido a que en subastas anteriores no encontraron compradores. Precisó que dichas propiedades fueron ofertadas en 2014 y 2019, pero en ambas ocasiones los procesos quedaron desiertos por falta de postores.

Durante una intervención en el programa El Despertador, Oviedo Estrada señaló que, al no concretarse esas ventas, los bienes permanecieron bajo custodia estatal y posteriormente pasaron a la administración de Incabide, entidad creada bajo el nuevo marco legal aprobado en 2023 para gestionar bienes incautados y decomisados.