Agentes de la Policía capturaron en Santiago a Aneudy Rafael Céspedes Ovalles (“Aneo”), de 28 años, quien era activamente buscado mediante múltiples órdenes de arresto y señalado como presunto autor de sustracción de vehículos mediante abuso de confianza y estafa.

De acuerdo con el informe policial, Céspedes Ovalles posee al menos 15 órdenes de arresto, además de varias denuncias adicionales por hechos similares.

Las investigaciones establecen que el detenido operaba bajo la fachada de una supuesta agencia de vehículos ubicada en la avenida presidente Vásquez, en el municipio de Tamboril, desde donde realizaba ventas irregulares de automóviles. Dicho establecimiento permaneció cerrado durante el proceso investigativo, lo que evidenció presunto abandono tras los hechos imputados.

Aneudy Rafael Céspedes Ovalles, alias “Aneo”, figura con las órdenes de arresto Nos. AJ0065053, AJ0065717, AJ0064543-001, AJ00664444, AJ0066950, AJ0063799, AJ0065491, AJ0071213, AJ0065049, AJ0069767, AJ0069646, AJ0065049, AJ0080999 y AJ0070740-2025, todas vinculadas a estafas de vehículos, además de otras que se encuentran en proceso de ejecución.

Luego de su detención, el imputado fue puesto a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes. Las autoridades continúan investigando otros posibles casos relacionados.

Durante la operación, también fueron recuperados 13 vehículos sustraídos, los cuales ya fueron entregados a sus legítimos propietarios.

A noviembre de 2025, el costo de los artículos básicos que componen la canasta familiar dominicana cerró en RD$48,138.35, cifra que pone un alto en el consumo de las familias de bajo ingreso que son las que más recursos dedican a la compra de alimentos.

Esta situación además, plantea un motivo para la directriz de las políticas públicas del Gobierno que, en el próximo año tendrá que involucrarse en la discusión de una reforma fiscal que no penalice más a la clase vulnerable, como también a la de medios ingresos para no presionarla a la baja.

El aumento ha sido significativo si se toma en cuenta que en el 2018 el costo de la canasta básica cerró en RD$33,758.49 y en el 2024 en RD$44,752.87, a la vez que el mercado laboral está conformado por una gran masa que no llega a ser alcanzado por encima de la exención fiscal establecida en RD$34, 685 mensuales para las personas físicas.

En 2020 el costo de la canasta básica cerró en RD$36,936.17. En adelante el alza ha sido sostenida, llegando a aumentar en casi RD$10,000 al cierre del 2024.

Para estos aumentos, no obstante, hay que analizar los distintos factores que afectan los sistemas de producción y que van desde factores externos como las guerras, pandemias, cambio climático, fenómenos naturales, la tasa del dólar y, los internos, que generalmente se ven en los costos de la producción y son transferidos al mercado.

El aumento también es importante, tomando en cuenta que en enero de este mismo año el costo de la canasta básica estaba en RD$42,420 por mes.

Solo este año la tasa del dólar ha subido de un poco más de RD$58 a más de RD$64.00 este mes. En el país, solo en la parte agropecuaria persiste la importación de cerca del 90% de los insumos de producción, como es el caso del maíz, fertilizantes, semillas. También, las importaciones de bienes intermedios y terminados es importante y eso también incide en los precios de los bienes y se observan en mayor detalle cuando suben los derivados del petróleo o los fletes marítimos.

Además, en el país casi un 80% de los trabajadores formales que cotizan a la Tesorería de la Seguridad Social (TSS) ganan menos de RD$30,000 mensuales. Ante los cuestionamientos de cómo vive una familia con esos niveles de ingresos en muchos casos hay que tomar en consideración el alto nivel de informalidad de la economía, donde muchos trabajadores cuenta propistas realizan actividades de comercio fuera del sistema tributario y de la seguridad social y, además, reciben remesas en monedas fuertes, tanto de Estados Unidos, como de Europa.

No obstante, estos indicadores se evidencian en las condiciones de pobreza, ya que aun cuando los organismos internacionales señalan que la pobreza de ingresos ha bajado, esa baja no ha sido la esperada en el compromiso asumido por lo países en los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible) de las Naciones Unidas.

La pobreza multidimensional, que contempla los servicios que recibe la gente, como es agua potable en casa, energía y otros, tampoco se proyecta que llegue a la meta de las ODS.

Esto es sin contar, el factor de desigualdad mundial y también se ve en la región Latinoamericana como la segunda región más desigual del mundo, según la Cepal (Comisión Económica para América Latina y el Caribe). En su informe Panorama Social 2025, Cepal expone que la región ALC se caracteriza por una extrema concentración de ingresos, ya que el 10% más rico de la población obtiene el 34.2% del ingreso, mientras que el 10% más pobre solo el 1.7%, lo que indica que persiste una gran brecha.

IPC

Según las cifras oficiales el Índice de Precios al Consumidor (IPC) varió poco en noviembre (0.71%). No obstante, reconoce que el grupo de alimentos y bebidas no alcohólicas explicó la variación de 71.53%, comportamiento que afecta en gran medida a los sectores de menores ingresos como el quintil 1 (grupo de familias más vulnerables), ya que son los que dedican mayor gasto a alimentos.

Los plátanos y otros productos agrícolas, entre ellos ajíes, papas, tomates y cebollas, afectados por las intensas lluvias de octubre y la tormenta Melissa se ubican entre los que más impactaron el IPC, junto al grupo transporte, bienes y servicios y restaurantes y hoteles y salud. En términos interanual en RD sitúa la inflación medida a noviembre en 4.81%.

A nivel internacional, en noviembre los bienes alimenticios (lácteos, vegetales, carnes, azúcar, y aceites vegetales) bajaron de precios, según la FAO (Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura), con la excepción de los cereales (trigo, sorgo, y cebada).

A nivel regional, el Consejo Monetario Centroamericano manifiesta que el IPC en Nicaragua a 2.66% y en RD 4.23% a octubre. En Honduras a 4.85%.

La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) afirmó que tiene un compromiso inquebrantable con la protección de la niñez y la adolescencia, y su firme postura contra la venta de sustancias narcóticas en las proximidades de los centros educativos del país.

La institución destacó que valora y se suma a la iniciativa del Listín Diario, cuyo objetivo es proteger y asistir a la población más vulnerable.

En lo referente a las denuncias de venta de drogas en los entornos escolares, la DNCD informó que está aplicando un protocolo de actuación estricto y confidencial.

Sostiene que una vez que se reciben informes sobre posibles individuos ofertando drogas cerca de las escuelas, la institución procede a actuar de inmediato.

Dijo que el protocolo procura ser lo más confidencial posible para no afectar la tranquilidad de los centros educativos.

Señala que previa autorización del Ministerio Público, se realizan los levantamientos de inteligencia necesarios para verificar las denuncias y proceder conforme a la Ley 50-88 sobre drogas y sustancias controladas.

La DNCD aseguró que está dando respuestas a todas las denuncias que llegan por distintas vías. "Es nuestra misión hacer cumplir la ley, siempre respetando el debido proceso y resguardando los lugares públicos", aduce.

El organismo antinarcótico reafirma su compromiso de enfrentar el tráfico de estupefacientes en todo el territorio nacional, priorizando la seguridad y el bienestar de las nuevas generaciones.

Santiago Hazim y los demás implicados en el desfalco al Seguro Nacional de Salud (SENASA), cuyo monto supera los 15 mil millones de pesos, podrían enfrentar penas que van desde 10 hasta 20 años de prisión, además de multas de entre 200 y 400 salarios mínimos y el decomiso total de bienes ilícitos.

Estas sanciones corresponden a violaciones a los artículos 3.1, 3.2 y 3.3 de la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos, uno de los diez tipos penales incluidos en la acusación presentada en la denominada Operación Cobra.

El artículo 3 de la Ley 155-17 establece que las personas responsables de lavado de activos serán sancionadas con una pena de diez a veinte años de prisión mayor, acompañada de multas de doscientos a cuatrocientos salarios mínimos.

También contempla el decomiso de todos los bienes ilícitos, así como la inhabilitación permanente para ocupar funciones en entidades financieras, organismos del mercado de valores o instituciones públicas.

Además de Hazim, los implicados en el caso SENASA son Gustavo Enrique Messina, Germán Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya, Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención, Ramón Alan Speakler Mateo, Ada Ledesma Ubiera, Rafael Martínez Hazim y Heiry Mariela Pinela.

La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) les atribuye delitos que incluyen prevaricación, desfalco, asociación de malhechores, estafa contra el Estado, soborno, falsificación de documentos, uso de documentos falsos y delitos de alta tecnología.

Las penas por estos delitos de apoyo son más moderadas y oscilan entre tres meses y dos años de prisión; sin embargo, el lavado de activos es el que concentra la mayor gravedad.

CARGOS ESPECÍFICOS CONTRA SANTIAGO HAZIM

En cuanto a Santiago Hazim, el expediente detalla que sus acciones violan el Artículo 146 de la Constitución, que proscribe la corrupción. También se le acusa de asociación de malhechores, de coalición de funcionarios y prevaricación, hechos tipificados en los artículos 123, 124, 166 y 167 del Código Penal.

El Ministerio Público sostiene que incurrió en estafa contra el Estado, desfalco, uso de documentos falsos y soborno, este último sustentado en la Ley 448-06 y en los artículos 177 y 178 del Código Penal. Asimismo, se le imputan violaciones a la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, así como lavado de activos conforme a los artículos 2.11, 2.15, 3.1, 3.2, 3.3, 9.1, 9.2 y 9.4 de la Ley 155-17.

Los imputados permanecen bajo investigación, mientras las autoridades avanzan en el proceso judicial para definir las medidas de coerción y las responsabilidades penales correspondientes.