Santo Domingo.– La Embajada de Estados Unidos en República Dominicana informó que el Buró Federal de Investigaciones aumentó de US$10,000 a US$30,000 la recompensa por información que conduzca al arresto y condena de Rodolfo Mantilla, buscado por múltiples cargos federales relacionados con narcotráfico.

De acuerdo con las autoridades estadounidenses, Mantilla es acusado de importar grandes cantidades de cocaína hacia Estados Unidos, especialmente al sur del estado de Florida, donde la droga era presuntamente distribuida a terceros a cambio de pagos en efectivo.

El caso es investigado por la oficina del FBI en Miami, que señala que el fugitivo podría tener vínculos o movilizarse entre el sur de Florida, República Dominicana y las Bahamas, lo que ha activado la cooperación internacional para su localización.

Entre los cargos que enfrenta figuran conspiración para poseer sustancias controladas con intención de distribuirlas, posesión de drogas con fines de distribución y distribución de sustancias controladas.

El FBI exhortó a cualquier persona que tenga información sobre el paradero de Mantilla a comunicarse a través de la línea 1-800-CALL-FBI, ingresar al portal oficial tips.fbi.gov o contactar a la embajada o consulado estadounidense más cercano.

El juez Raymundo Mejía, presidente del Primer Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, condenó este viernes la agresión contra José Luis Custodio Almonte, ocurrida el pasado lunes 27 de abril en los pasillos del Palacio de Justicia del Distrito Nacional, padre de una de las víctimas mortales, realizada por el comunicador Jhossan Capell.

“No se puede permitir que se agreda a ninguna de las partes. Es muy lamentable y condenamos cualquier tipo de agresión”, declaró Mejía este viernes al inicio de la audiencia preliminar del proceso.

Durante la audiencia preliminar del lunes 6 de abril, el Ministerio Público presentó 84 pruebas testimoniales, 35 periciales, 40 documentales, cinco materiales y 179 actuaciones procesales.

La acusación formal sostiene que los imputados, los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, incurrieron en homicidio involuntario y en golpes y heridas involuntarias, hechos en los que murieron 236 personas.

Varios querellantes y víctimas solicitan que se modifique la calificación jurídica a homicidio.

SANTO DOMINGO.- Fue condenado a 20 años de prisión un hombre procesado por el Ministerio Público por violar sexualmente, durante cuatro años, a una niña, en un hecho registrado en el municipio de Los Alcarrizos, de la provincia Santo Domingo.

Santo Carlos Martínez Martínez fue hallado culpable del hecho por el Cuarto Tribunal Colegiado, tribunal que acogió los elementos de prueba presentados por el Ministerio Público, los cuales incluyen el testimonio de la víctima, además de evaluaciones físicas y psicológicas.

La acusación fundamentada en la investigación de la fiscal Olivia Sosa detalla que el procesado aprovechaba que la víctima se encontrara durmiendo para cometer el hecho delictivo.

Las fiscales litigantes Francheska Alcántara y Brenda Reyes representaron al Ministerio Público en el juicio y solicitaron condenar al procesado por violar varios artículos del Código Penal Dominicano, así como varios artículos de la Ley No. 136-03, que crea el Código para el Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes.

El tribunal, presidido por el juez Julio de los Santos Morla, e integrado por Leonarda Quezada y Clara Rivera, enviaron al ahora condenado a cumplir la sentencia en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Najayo Hombres, de la provincia San Cristóbal.

Durante la evaluación obligatoria de la medida de coerción en el caso SeNaSa, las defensas de los imputados coincidieron en solicitar al tribunal la variación de la prisión preventiva, alegando que sus representados no representan peligro de fuga y han mostrado disposición de colaborar con el proceso.

Los abogados de Gustavo Henríquez y Germán Rafael sostuvieron que ambos han cumplido con todos los requerimientos judiciales y han permanecido en sus residencias, por lo que consideran innecesaria la privación de libertad. En tanto, la defensa de Francisco Minaya indicó que su cliente siempre ha estado disponible para comparecer y planteó como alternativa el arresto domiciliario, acompañado de localizador electrónico e impedimento de salida.

De su lado, la defensa de Rafael Luis Martínez Hazim calificó como desproporcionada la prisión preventiva. En la misma línea, los abogados de Ramón Alan Mateo y Juan Andrés negaron la existencia de sobornos y solicitaron medidas como presentación periódica, garantía económica e impedimento de salida, apelando a que el tribunal imponga disposiciones menos restrictivas.

Mientras, el Ministerio Público solicitó al tribunal mantener las medidas de coerción impuestas a los imputados en el caso Senasa, al considerar que la gravedad de los hechos y el daño causado al sistema de salud justifican la prisión preventiva.

Durante su exposición, el órgano acusador señaló que el caso se divide en dos grupos, destacando la inexistencia de presupuestos que respalden los servicios facturados, lo que calificó como parte de un esquema fraudulento. Afirmó además que las acciones imputadas afectaron recursos destinados a más de siete millones de dominicanos, constituyendo un perjuicio grave que debe ser resarcido.

El Ministerio Público rechazó los argumentos de las defensas, asegurando que no se ha presentado evidencia válida que sustente sus alegatos y que, por el contrario, se intentó confundir al tribunal. Asimismo, advirtió sobre el riesgo de fuga y de obstaculización del proceso, señalando que los implicados cuentan con estructuras que podrían facilitar su evasión.

En ese sentido, pidió rechazar todos los incidentes planteados por la defensa y mantener las medidas de coerción tal como fueron impuestas, al tiempo que reiteró que las consecuencias de estos actos impactan directamente a la población más vulnerable, al tratarse de recursos destinados a la salud pública.

Santiago.- El presidente de la Confederación Nacional de los Trabajadores del Transporte (CNTT), Juan Marte, afirmó la mañana de este jueves que el mercado laboral dominicano atraviesa un proceso acelerado de informalización y de sustitución de mano de obra local, sin controles estatales efectivos.

Marte sostuvo que, aunque las cifras oficiales reflejan un crecimiento del empleo cercano al 5 % en los últimos dos años, este aumento no representa estabilidad ni calidad laboral, sino una expansión “desbordada” del sector informal.

El dirigente colocó el foco en el motoconcho, al que definió como el principal generador de empleo del país, con unos 3.2 millones de motocicletas dedicadas al servicio de un parque de 3.8 millones. Sin embargo, denunció que este segmento está siendo ocupado de forma creciente por trabajadores extranjeros, lo que según dijo desplaza a dominicanos de una de sus principales fuentes de ingresos.

“Se está sustituyendo silenciosamente la mano de obra nacional en sectores donde históricamente el dominicano ha sobrevivido”, advirtió.

La misma tendencia, agregó, se observa en el transporte de pasajeros, que genera alrededor de 200 mil empleos entre taxis y rutas urbanas, suburbanas e interurbanas, pero donde según su denuncia también se registra un creciente participación de extranjeros.

Marte fue más contundente al referirse a la salida de dominicanos de sectores productivos tradicionales. Señaló que en la agricultura, la construcción y la gastronomía “la presencia dominicana se ha vuelto mínima”, lo que calificó como un síntoma de deterioro estructural del mercado laboral.

El dirigente sindical sostuvo que esta exclusión está empujando a sectores vulnerables hacia la informalidad extrema y actividades de alto riesgo social, incluyendo bancas de apuestas, colmadones, prostitución y microtráfico. “No es casualidad, es el resultado de la falta de políticas públicas de empleo”, afirmó.

En el marco del Día Internacional del Trabajo, también denunció presiones sobre el sector agrícola por proyectos mineros en zonas como el Cibao y San Juan, alertando que podrían comprometer la producción y el sustento de miles de familias.

Asimismo, acusó procesos de privatización en el transporte que estarían desplazando a choferes y operadores tradicionales, reduciendo —dijo los espacios de trabajo de los transportistas dominicanos.

Asimismo, Marte criticó lo que calificó como una desconexión entre el Gobierno y la realidad social, señalando que la comunicación oficial no refleja las condiciones de la población. En ese sentido, llamó al presidente de la República a retomar el contacto directo con la ciudadanía y enfrentar lo que describió como una “crisis laboral silenciosa que ya está en marcha”.