Durante la evaluación obligatoria de la medida de coerción en el caso SeNaSa, las defensas de los imputados coincidieron en solicitar al tribunal la variación de la prisión preventiva, alegando que sus representados no representan peligro de fuga y han mostrado disposición de colaborar con el proceso.
Los abogados de Gustavo Henríquez y Germán Rafael sostuvieron que ambos han cumplido con todos los requerimientos judiciales y han permanecido en sus residencias, por lo que consideran innecesaria la privación de libertad. En tanto, la defensa de Francisco Minaya indicó que su cliente siempre ha estado disponible para comparecer y planteó como alternativa el arresto domiciliario, acompañado de localizador electrónico e impedimento de salida.
De su lado, la defensa de Rafael Luis Martínez Hazim calificó como desproporcionada la prisión preventiva. En la misma línea, los abogados de Ramón Alan Mateo y Juan Andrés negaron la existencia de sobornos y solicitaron medidas como presentación periódica, garantía económica e impedimento de salida, apelando a que el tribunal imponga disposiciones menos restrictivas.
Mientras, el Ministerio Público solicitó al tribunal mantener las medidas de coerción impuestas a los imputados en el caso Senasa, al considerar que la gravedad de los hechos y el daño causado al sistema de salud justifican la prisión preventiva.
Durante su exposición, el órgano acusador señaló que el caso se divide en dos grupos, destacando la inexistencia de presupuestos que respalden los servicios facturados, lo que calificó como parte de un esquema fraudulento. Afirmó además que las acciones imputadas afectaron recursos destinados a más de siete millones de dominicanos, constituyendo un perjuicio grave que debe ser resarcido.
El Ministerio Público rechazó los argumentos de las defensas, asegurando que no se ha presentado evidencia válida que sustente sus alegatos y que, por el contrario, se intentó confundir al tribunal. Asimismo, advirtió sobre el riesgo de fuga y de obstaculización del proceso, señalando que los implicados cuentan con estructuras que podrían facilitar su evasión.
En ese sentido, pidió rechazar todos los incidentes planteados por la defensa y mantener las medidas de coerción tal como fueron impuestas, al tiempo que reiteró que las consecuencias de estos actos impactan directamente a la población más vulnerable, al tratarse de recursos destinados a la salud pública.