El Ministerio Público varió su solicitud de coerción contra el abogado Ángel Lockward, de prisión preventiva a arresto domiciliario y garantía económica porque el acusado supuestamente decidió colaborar con la investigación en la Operación Calamar, a la cual se le vincula.
La información fue ofrecida por varios abogados, incluso los que representan a los querellantes, luego de que salieran a un receso que se dispuso de las 2:15 hasta las 4:00 de la tarde.
Lockwrad "está poniéndose a disposición del Ministerio Público para dar información de cómo era que se hacía todo el esquema del documento que se utilizaba, cuál era su posición, qué era lo que él tenía que hacer, quiénes eran que recibían el dinero, para qué se recibía el dinero", dijo la abogada Yahaira Solano, del equipo de una de la parte civil que lo acusa.
Solano, junto a Onasis Rodríguez Piantini y José Javier Bidó, representa a la familia Mota que alega son víctimas de Lockward y demás implicados en Operación Calamar.
Sin embargo, Norberto Rondón, abogado de Ángel Lockward, rechazó ofrecer información sobre el acuerdo al que habría arribado su cliente y dijo que la dará cuando la jueza Kenya Romero decida sobre la solicitud del Ministerio Público contra todos los acusados.
A Lockward se le señala como uno de los 20 imputados en estafar al Estado en la compra y venta de terrenos, declarados de utilidad pública, y detectada durante los libramientos de pagos en los últimos meses del pasado gobierno.
El abogado tambien fue acusado de corrupción, a través de la entrega de cupones para el Gas Licuado de Petróleo cuando se desempeñó como secretario de Industria y Comercio durante el gobierno de Hipólito Mejía.
La alegada red de Operación Calamar es encabezada por los exministros de Hacienda, Donald Guerrero; Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, y de Obras Públicas, Gonzalo Castillo.
En la República Dominicana los hombres ahorran más que las mujeres, de acuerdo con el informe "Tendencias del ahorro en República Dominicana: Perspectiva desde las captaciones del sistema financiero".
El documento, publicado por la Superintendencia de Bancos, explica que, desde el punto de vista de las captaciones por género, se puede observar que los balances en cada tipo de instrumento tienden a ser mayores en las cuentas cuyos titulares son identificados como hombres.
Agrega que tanto para los hombres como las mujeres el instrumento de captación que presenta el mayor balance son las cuentas de ahorro con saldos de 394,000 y 330,000 millones de pesos, respectivamente.
Para ambos géneros, detalla el informe, la tendencia del ahorro es positiva con algunas fluctuaciones puntuales.
El ahorro en la pandemia
Desde el punto de vista de la brecha de género en las captaciones, el documento oficial explica que la misma se mantienen sin variaciones importantes entre sí, incluso la pandemia del COVID-19 no afectó de manera desproporcional los balances de ahorro en el sistema financiero a ningún género en particular. Ambas crecieron alrededor del 35.0 % con respecto al mismo periodo del año anterior.
Al evaluar el comportamiento en el balance medio en algunos de los instrumentos de captaciones (cuentas de ahorro y depósitos a plazos) diferenciados por género, ambos mantienen una tendencia creciente, pero a su vez se ha ido aumentando la brecha.
En conjunto, indica el informe, el balance medio a diciembre de 2022 totaliza 132,676 pesos para el caso de los hombres y 99,988 pesos para titulares de cuentas que son mujeres.
El balance promedio en cuentas de ahorro y depósitos a plazo según género, se encontraba en el año 2016, en el caso de las mujeres, en torno a 50,000 pesos y los hombres cercanos a los 55,000 pesos.
Desde el 2017 no se indexan anualmente los salarios de los trabajadores en el país. Hacerlo, es decir, recalcular la retención del impuesto sobre la renta (ISR) de personas físicas basada en la inflación, no es factible para las finanzas públicas ya que bajarían las recaudaciones por este tributo y tendría un efecto regresivo, pues se exoneraría de dicho impuesto a una proporción del 20 % más rico de la economía.
Así lo concluye un análisis hecho por analistas de la Dirección de Estudios Económicos y Seguimiento Financiero de la Dirección General de Presupuesto (Digepres), compartido. El estudio se hizo en noviembre de 2022, cuando aún no se había aprobado el incremento escalonado de 19 % al salario mínimo del sector privado no sectorizado que entra el vigencia el próximo 1 de abril.
En el análisis se indica que, “si se busca favorecer a la población de menos ingresos y poder alcanzar una recaudación más alta, lo correcto es no indexar si la tasa de los salarios se mantiene baja o estática”.
La indexación salarial es el ajuste que se les hace a las tarifas del salario para compensar las pérdidas del valor del dinero que se ha tenido en un periodo determinado por la inflación. Está establecida en el Código Tributario Dominicano, pero este ajuste no se hace en los últimos años debido a que en la Ley de Presupuesto General del Estado está vigente un capítulo que establece la no indexación.
El impuesto sobre la renta es el que “grava toda renta, ingreso, utilidad o beneficio, obtenido por personas físicas, sociedades y sucesiones indivisas, en un período fiscal determinado”. Para retenerlo hay cuatro escalas o tramos salariales: los exentos, que son los que tienen rentas de hasta 416,220 pesos al año; y a los que se les retiene 15 %, 20 % o 25 %, dependiendo de los montos de sus rentas, que son más elevadas.
Actualmente, el ISR a personas físicas se retiene al excedente de los salarios de 34,685 mensuales en adelante. Sin embargo, de acuerdo a cálculos de los analistas de la Digepres, debería ser a partir de los 43,407.3 pesos, si los salarios se indexan por la inflación.
“Cuando tú aumentas el salario exento tú disminuyes al que más tiene de pagar impuesto, es decir, tú favoreces al que está pagando impuesto por tener más ingreso”, dice el director general de Presupuesto, José Rijo Presbot.
Indica que se ha llegado al punto de no indexación “porque en el año 2015 no se cumplió con la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo porque el presidente Danilo Medina prefirió buscar la reelección en lugar de hacer el pacto fiscal que ordenaba la Estrategia Nacional, que era el 1 de enero del 2015”.
“Si eso hubiese sucedido en el 2015, no estuviéramos hablando de esto ahora”, asegura.
"Un gran porcentaje de los contribuyentes que se encuentran en el tramo del 15 %, pasarían a estar exentos de ISR, a pesar de ya ser parte del 20 % más rico"AnalistasDirección General de Presupuesto“
Menos ricos
Al 2021, el 76.9 % de los asalariadosno pagaba impuesto sobre la renta al encontrarse en el tramo exento de ese tributo, según se calcula en el análisis de la Digepres, en el que se observa que, si existiera menos evasión por la informalidad u otros motivos, el porcentaje podría variar.
Si se indexa el salario tomando en cuenta la inflación -que cerró el 2022 en 7.83 % interanual-, en el análisis se visualiza cuál sería la renta mínima exenta con la indexación y el crecimiento promedio del quintil quinto de ingresos por hogar. “Podríamos afirmar que un gran porcentaje de los contribuyentes que se encuentran en el tramo del 15 %, pasarían a estar exentos de ISR, a pesar de ya ser parte del 20 % más rico”, se estima.
Agrega que, a una tasa de crecimiento igual a la que se produjo en los últimos años donde se indexaron los tramos del ISR a la inflación, las recaudaciones desde ese período serían notablemente menores a las que se perciben hoy en día.
Bajarían los ingresos
Del grupo que sí paga el ISR, las retenciones por ese concepto se incrementan cada año.
Solo en el 2021, las retenciones del ISR reales fueron 52,616.62 millones de pesos, pero si se indexara con base en la inflación, se recaudarían 5,184.31 millones de pesos menos, para totalizar 47,432.31 millones de pesos, analiza la Digepres. Esa última cifra baja a 46,875.42 millones de pesos si la estimación la calcula la Dirección General de Impuestos Internos.
“A partir del análisis empleado se puede observar que las recaudaciones se ven afectadas negativamente en caso de que exista una indexación de los tramos del ISR a la inflación acumulada”, indican los analistas de Presupuesto.
Agregan que “el crecimiento del nivel de salarios a nivel general no se equipara al crecimiento de la inflación, por lo que las recaudaciones se verían afectadas y los contribuyentes comenzarían a quedar fuera del tramo que sí contribuye al ISR, cuando en los últimos años se ha visualizado un ligero incremento del resto de tramos que sí contribuyen al ISR. De indexarse, se perderían ingresos”.
Consideran que la indexación tiene un efecto regresivo ya que se estaría exonerando del ISR al 20 % más rico de la economía dominicana según el ingreso de referencia utilizado en el estudio. “Es decir, se reducen los ingresos sociales del 79.9 % de menos ingresos mientras que el 20 % más rico se vería beneficiado”.
¿Cómo indexan otros países?
En el análisis de la Digepres se detalla que diversos países de la zona del euro utilizan la indexación del salario mínimo.
Se menciona que en Bélgica el sueldo mínimo está vinculado al índice de precios al consumidor y cambia siguiendo sus fluctuaciones. Además, que en Luxemburgo los salarios son ajustados cada vez que la tasa de inflación supera el 2.5 % y en los Países Bajos se emplea un mecanismo que consiste en el aumento promedio del conjunto de salarios acordados a través de una negociación colectiva.
En América Latina, señala que, en Costa Rica, a partir del 2017, la indexación salarial se aplica a través del índice de precios al consumidor y una proporción del crecimiento del PIB real per cápita. En Brasil, se explica que se han implementado mecanismos de indexación salarial en dos ocasiones a finales de los años 70 y a partir de 2008. Y en México, en la década de los 80, una difícil situación económica provocó que se adoptara antes de 1987 la indexación de diversos precios y salarios a la inflación observada.
El portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Vedant Patel, confirmó este jueves que dos estadounidenses han sido secuestrados en Haití y que el personal diplomático está en contacto "regular" con las autoridades del país caribeño.
"Estamos en contacto regular con las autoridades haitianas y continuaremos trabajando con ellas y con nuestros socios interinstitucionales del gobierno de Estados Unidos", ha señalado Patel en rueda de prensa, sin ofrecer más detalles por razones de seguridad.
Se trata del matrimonio formado por Abigail y Jean-Dickens Toussaint, ambos de 33 años de edad, que habrían sido secuestrados el 18 de marzo en los alrededores de la capital, Puerto Príncipe, escenario desde hace meses de una gravísima crisis de seguridad por las actividades de bandas criminales.
La pareja fue a Haití para visitar a su familia y asistir a un festival, pero fueron secuestrados en su viaje en autobús desde la capital, según una mujer llamada Christie, que afirma ser la sobrina de las víctimas.
En un principio, los secuestradores pidieron 6,000 dólares (5,500 euros) por su liberación, una cantidad que la familia consiguió abonar antes de que los criminales cambiaran de idea y exigieran un rescate mucho mayor, de 200,000 dólares (185,000 euros), que los familiares consideraron inasumible.
El portavoz del Departamento de Estado declaró anteriormente que estaba al tanto de "las informaciones sobre dos estadounidenses desaparecidos" en Haití, aunque no confirmó el secuestro y solo afirmó que, ante cualquier posible desaparición, Washington "trabaja en estrecha colaboración con las autoridades locales".
CNN informó la semana pasada que Abigail y Jean-Dickens Toussaint, residentes en Florida, habían sido secuestrados en Haití y que se encontraban cautivos bajo demandas de rescate.
Voz de América citó a Nikese Toussaint, hermano de Jean-Dickens, quien dijo que las pandillas secuestraron a su hermano; a su esposa, Abigail Michael Toussaint, y a una tercera persona que viajaba con ellos en un autobús público mientras se dirigían a una ciudad donde, según algunos haitianos, se organiza el mejor festival Rara, un evento tradicional de Semana Santa en el país.
El expresidente Donald Trump dijo este jueves, nada más conocerse su imputación en un juzgado de Nueva York, que se trata de una muestra más de la "caza de brujas" a la que es sometido y que "se va a volver masivamente contra (el presidente) Joe Biden".
"Nunca antes en la historia de nuestra nación se ha hecho esto", dice Trump en un comunicado publicado en su red social, Truth Social, en el que acusa al Partido Demócrata de Biden de "utilizar la Justicia como arma para castigar a un oponente político".
Pasa entonces a enumerar los casos donde la "izquierda radical demócrata" intenta "destruir el movimiento Make America Great Again" (MAGA, el ala derechista del Partido Republicano), y ahí cita a Rusia, Ucrania, ", la redada ilegal e inconstitucional en Mar-a-Lago (donde vive Trump) y ahora esto".
Trump, a quien esta histórica imputación le llega en plena campaña para ser elegido como candidato republicano para las presidenciales de 2024, utiliza ya su primera línea para arremeter contra los demócratas por lo que considera "persecución política e interferencia electoral".
Y lanza el dardo directamente al fiscal de Manhattan, Alvin Bragg, cuya oficina impulsó la investigación sobre los pagos para silenciar a la actriz porno Stormy Daniels durante la campaña presidencial de 2016, por la que el gran jurado votó imputarlo hoy.
Acusa a Bragg, que ha recibido cientos de amenazas en los últimos días, de haber sido "elegido a mano y financiado" por el magnate demócrata George Soros, y de hacer "el trabajo sucio para Joe Biden" en lugar de luchar contra el crimen en la ciudad de Nueva York.
La declaración evoca los mensajes que propiciaron el asalto al Capitolio en 2021, con una llamada final a sus seguidores y al Partido Republicano a "vencer" a Bragg y a Biden, y a "sacar de sus oficinas a hasta el último de estos demócratas corruptos para hacer a América grande de nuevo".
Minutos después, agregó un segundo mensaje con el mismo tono, todo en mayúsculas, comparando su imputación con un "ataque" contra el país y sus "elecciones libres y justas", y sentenciando que EE.UU, "es ahora una nación tercermundista, una nación en grave declive".
Un abogado de Donald Trump dijo el jueves que le dijeron que el expresidente fue acusado en Nueva York por cargos relacionados con pagos realizados durante la campaña presidencial de 2016 para silenciar las denuncias de un encuentro sexual extramatrimonial.
Se convierte en el primer caso penal contra un expresidente de Estados Unidos y una sacudida al intento de Trump de retomar la Casa Blanca en 2024.
Joe Tacopina, un abogado de Trump, dijo a The Associated Press que le habían dicho que un gran jurado que se había estado reuniendo durante meses votó para acusar a Trump. Los cargos específicos no se hicieron públicos de inmediato.
Se esperaba que Trump, quien ha negado haber actuado mal y ha atacado la investigación, se entregue a las autoridades la próxima semana, según una persona familiarizada con el asunto que no estaba autorizada para discutir un asunto que permaneció bajo secreto.
La acusación del gran jurado de Trump, de 76 años, es un avance extraordinario después de años de investigaciones sobre sus tratos comerciales, políticos y personales. Es probable que impulse a los críticos que dicen que Trump mintió y engañó para llegar a la cima y envalentonar a los partidarios que sienten que el republicano está siendo atacado injustamente por un fiscal demócrata.
Más de 15 estudiantes del liceo Alberto Feliz Bello, ubicado en el municipio Polo, provincia Barahona, tuvieron que ser llevados de urgencia al hospital municipal tras resultar intoxicados con el desayuno escolar que proveen los suplidores contratados por el instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie).
Los estudiantes como de costumbre habrían consumido la leche que proporciona el plantel como parte del desayuno escolar a las 9:00 de la mañana y a tan solo minutos después se reportaron los primeros afectos creando un efecto domino.
Los más de 15 estudiantes afectados son atendidos en el hospital municipal, donde fueron canalizados con soluciones (suero) para lograr estabilizarlos.
Se desconoce si alguno de los estudiantes intoxicados presenta alguna complicación que amerite referir al Hospital Regional Universitario Jaime Mota, para recibir atención facultativa especializada.
El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) notificó que fueron sofocados al menos 12 incendios forestales, que se registraron en distintos puntos del país, de acuerdo con su quinto boletín situacional de este jueves.
Los 12 incendios fueron apagados en las demarcaciones Azua-Peralta, Barahona-Santa Elena, Independencia-Maniel, Bahoruco- Pino Fresco, Dajabón- Cerro Verde, Santiago-Jicome, Espaillat-Vertedero, Sánchez Ramírez-Doña María, El Seibo- Cañaverales, San Pedro de Macorís- Batey Eureka, San Cristóbal- El Pilon y Monte Cristi- Cerro Verde.
Mientras tanto, permanecen unos 11 incendios activos.
Azua-Guayabal, Azua-Carrizal, Barahona- Barinquito, Barahona- La Guazara, Pedernales- Vuelta del Guano, San Juan-Loma Blanca, Elías Piña- Guanito, Duarte- Loma del Jaya, Samaná Conson, Monseñor Nouel- Leonora, Monte Plata-Majagual y La Vega- Jimayaco, son las zonas que en estos momentos están siendo afectadas por las llamas.
Los incendios forestales de alta prioridad son el registrado en Loma Blanca de San Juan, Los Haitises en Samaná y el de Guanito en Elías Piña.
Unos seis incendios han sido controlados por Helicópteros de la Fuerza Aérea (FARD), Bomberos forestales del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Mimarena), así como también por bomberos de provincias cercanas y la Unidad Humanitaria de Rescate del Ejército.
El diputado Sergio Moya (Gory), quien es mencionado como uno de los socios en negocios vinculados al caso Calamar, dijo que si le demuestran que ha recibido dinero de manera irregular se retirará de la vida pública y renunciará a su cargo de diputado.
En la sesión de este jueves en la Cámara de Diputados, el legislador indicó que se han "difundido infamias de manera desconsiderada".
Moya dijo que tiene 32 años teniendo bancas deportivas y siete de ellos en la vida política.
"Les puedo asegurar, que no existe ni existirá, un solo dueño de banca que pueda demostrar o probar, que me haya reunido, hablado o solicitado la entrega de dinero, o que yo haya sido parte de ninguna mafia, razón por la cual no ha habido ni habrá imputación legal sobre mi persona", dijo ante las acusaciones sobre la vinculación con cobros irregulares a bancas de lotería del país.
Pese a que el Sistema de Información Legislativo le registra 114 faltas, en al menos 260 reuniones, él indicó que puede demostrar que ha asistido a un 83 por ciento en este periodo y 90 por ciento en el pasado periodo.
"Finalmente, informo para tranquilidad de mis colegas, que si me prueban que yo he recibido de manera irregular un solo peso en perjuicio del Estado Dominicano, entonces yo me retiro de la vida pública y renunció a mi condición de diputado", dijo.
Señaló que estas acusaciones forman parte de una campaña masiva de algún sector para hacerle daño política.
Moya es diputado por la circunscripción 3 del Distrito Nacional. Es dirigente del gobernante Partido Revolucionario Moderno.
En el caso Calamar es señalado por al menos cuatro delatores, que le indican haber sido uno de los jefes de los cobros ilegales a bancas de apuestas en el país. Uno de los que lo identificó fue Ramón Emilio Jiménez "Mimilo", uno de los principales delatores. Dijo que el diputado estuvo 8 meses al frente de los negocios irregulares de extorsión a bancas de lotería.
Sin parientes ni dolientes. A dos días de la muerte a tiros de José Miguel Álvarez Ramírez, alias Bebé, nadie se ha presentado en el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) a reclamar su cadáver.
José Miguel está vinculado al asesinato de la pareja de la comunidad de La Guáyiga, en el municipio Pedro Brand, y fue ultimado por agentes de la Policía Nacional la noche de este martes en el sector La Ureña, Santo Domingo Este.
Según comentó una fuente, autoridades del Inacif, ubicado en el cementerio Cristo Redentor, están a la espera de algún pariente del fallecido y, hasta el momento, nadie lo ha procurado.
Tanto José Miguel como su hermano Eddy Manuel Álvarez Ramírez, alias Moreno (prófugo), vivían cerca del pozo donde fueron lanzados los cadáveres de las víctimas, en el sector La Esperanza, del municipio Los Alcarrizos.
Los disparos mortales en contra de "Bebé" se registraron cuando agentes del orden patrullaban en el sector La Ureña, Santo Domingo Este, casi llegando a la avenida Ecológica, y se detuvieron al lado de una yipeta Honda CRV que estaba estacionada.
Según la uniformada, los tres ocupantes del vehículo la emprendieron a tiros contra los agentes, quienes respondieron a la agresión, resultando herido de múltiples disparos, únicamente, José Miguel Álvarez Ramírez, mientras que las otras dos personas huyeron del lugar a bordo de la yipeta.
Álvarez Ramírez murió mientras recibía atenciones médicas en el Hospital Darío Contreras de Santo Domingo Este. Su cadáver presenta múltiples disparos en distintas partes del cuerpo.
En el expediente instrumentado por el Ministerio Público, José Miguel Álvarez Ramírez figura como una de las personas que montó el cadáver de Luis Miguel Jáquez Rodríguez en un vehículo para luego dirigirse a la casa de la pareja a buscar a Elizabeth Almarante Pacheco y asesinarla como previamente se había hecho con su esposo.
Por el caso hay dos personas bajo prisión en la cárcel Najayo Hombre. Dylan Alberto Ortiz, señalado como el cabecilla, y José Alfredo Ventura Tupete, vinculado por supuesta complicidad, deberán cumplir un año de prisión preventiva. El caso fue declarado complejo.
Mientras que los que siguen prófugos fueron identificados por la institución del orden como Leonardo Alejandro Méndez Mojica, mejor conocido como Nardo el Sicario, Eddy Manuel Álvarez Ramírez, alias Moreno. Otros dos también figuran y solo se les conoce como Guillermo el primo y Jeffry.
