Los servidores públicos nombrados por decreto en falta ascienden a 446; hay 40 funcionarios de esta gestión
A poco más de un año para una nueva gestión administrativa, hasta el pasado mes, aproximadamente 3,700 trabajadores públicos no habían presentado su declaración jurada de bienes.
Así lo recogen las estadísticas suministradas por la Oficina de Evaluación y Fiscalización del Patrimonio de los Funcionarios Públicos de la Cámara de Cuentas.
El programa de investigación Reporte Especial, que conduce Julissa Céspedes, aborda el estatus actual de cumplimiento de la declaración de patrimonio, como herramienta matriz para la prevención de la corrupción.
La obligación de los funcionarios a declarar se divide entre los servidores públicos que fueron electos por el voto popular, y los que fueron nombrados mediante decretos presidenciales, estos últimos ascienden a 446 funcionarios y exfuncionarios. La mayoría de los casos de incumplimiento, más de 400, son de exfuncionarios que figuran en cese de funciones, es decir, que ejercían en la gestión pública antes o hasta el 2020.
Por otro lado, hay 30 que fueron juremanentados por primera vez en un cargo público, y a marzo de este año no habían declarado a cuánto asciende su patrimonio, y por último, se identificó a siete servidores que no habían actualizado los datos sobre sus bienes.
Los que no han separado bienes
En la lista figuran funcionarios e instituciones de toda índole, uno de los casos que más llaman la atención es el del presidente del Conadis, Carlos José de Jesús Yunen Bojos, designado mediante decreto en septiembre del 2022, hace siete meses. Es decir, que el presidente, la persona con mayor jerarquía en Conadis, solo por debajo de la presidencia de la República, no ha separado su patrimonio del Estado.
La misma historia se repite con el padre jesuita Jorge William Hernández Díaz, designado en junio del 2021 como presidente del Consejo Directivo del Centro de Atención Integral para la Discapacidad, quien hasta la fecha no había presentado su declaración jurada de bienes.
A esta lista se suma, la presidenta del Consejo de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Monseñor Nouel, la coronela Antonia Hierro de la Cruz, quien fue designada en esa posición en octubre del 2020. A dos años y seis meses no ha presentado su declaración jurada de patrimonio.
La razón para que el Ministerio de Relaciones Exteriores forme parte de la Comisión para el Cumplimiento de Declaraciones Juradas de Patrimonio de los Funcionarios y Servidores Públicos, no es al azar, ya que muchos de sus funcionarios no transparentan sus fondos, tal es el caso del cónsul general de la República Dominicana en Filadelfia, Pensilvania, Estados Unidos, Alexis Antonio Henríquez Núñez, designado en mayo del 2022, con un salario de 2,500 dólares mensuales.
Tampoco ha declarado el cónsul dominicano en Nueva Jersey, Ángel Aníbal Pichardo Acosta, designado también a mediados del año pasado con 2,500 dólares mensuales, y siguió sus mismos pasos el cónsul honorífico en Málaga, España, Juan Manuel Ruiz Galdón.
Exfuncionarios en falta
Del grupo de 446 personas llamadas a declarar, el mayor grosor corresponde a los 409 exfuncionarios que tras el cese de sus funciones en el Estado no inventariaron sus bienes.
La importancia de presentar la declaración jurada de bienes es imperante, por ejemplo, en el Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas solo hay dos exfuncionarios que no declararon sus bienes tras el cese de sus funciones y estos son: Fernando Manuel Aquilino Rosa Rosa, expresidente; y Magalis Medina Sánchez, exvicepresidenta, precisa el reportaje. Ambos implicados en el entramado de corrupción desvelado por el Ministerio Público mediante la operación Antipulpo.
Instituciones con más omisos
La Lotería Nacional ocupa el primer puesto debido a que allí laboraron 24 exfuncionarios que no transparentaron sus bienes a su salida, en el segundo lugar está Inespre con 23 exservidores públicos. En tercer lugar está Comedores Económicos con 18 funcionarios que fueron destituidos mediante el decreto 387-20 y a la fecha no han rendido un informe de sus patrimonios.
Dos instituciones gubernamentales que comparten el puesto número 4 son el Indesur, y la Comisión Presidencial de Desarrollo Barrial, con 16 exfuncionarios desvinculados en el año 2020 en cada una de las instituciones. En el quinto lugar de las instituciones con más omisos respecto a la declaración jurada en cese de funciones, está el Instituto Agrario Dominicano, con 15 exfuncionarios.
Estos números tienen rostros, por ejemplo, en la Lotería Nacional, una de las instituciones que se ha visto envuelta en varios escándalos, su exsubdirector, o segundo titular, Douglas Escoto Minaya, quien laboró en esa entidad desde el 2011 a su salida, 9 años después no mostró los números a que ascendía su patrimonio.
Este no es el único subadministrador que no ha sacado sus cuentas claras, igual que él hay 22 personas más como: Erikson Taveras Castro, quien ingresó en el 2012; y Genovi Sánchez Popoteur, quien permaneció en el cargo por solo un año. Entre el listado de exfuncionarios de la Lotería que no contabilizaron su patrimonio a su salida de la entidad, está su exadministrador general Manuel Eleuterio Herasme, quien ocupó el cargo desde el 2012.
En el caso de Inespre, la historia se repite, de los 23 exfuncionarios que no declararon su patrimonio, 20 ocupaban el cargo de subdirectores, entre los que figuran: Bienvenido Chico Ventura, quien ocupó ese puesto desde el año 2010.
En este listado figura de igual manera, el exsubdirector ejecutivo, Francisco Alberto Abreu Cáceres, solo por mencionar algunos casos. Una de las entidades que salen a relucir es el Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911. Dalvert Adolfo Polanco Arias, quien fungió como director ejecutivo, a su salida no declaró sus bienes, el cargo que ocupaba lo asumió en el año 2018.
Aseguran régimen de consecuencias es débil
Ni las sanciones, destituciones, ni los expedientes de corrupción han incentivado a los exfuncionarios a declarar su patrimonio, lo que abre una ventana a la corrupción. Fátima Lorenzo, directora ejecutiva de Participación Ciudadana, deploró el incumplimiento a la Ley 311-14.“Si aquí esa ley fuera obligatoria, de que si usted no hace su declaración jurada, usted no puede asumir el cargo, otra cosa sería. Entonces puede ser que a la ley le faltan garras para obligar a todo funcionario a que tenga que hacer su declaración jurada” sostuvo. De su lado, Yulibelys Wandelpool, abogada especialista en Función Pública, recuerda que la no declaración jurada, dentro de los 30 días que establece la ley, da lugar a desvinculación e inhabilitación por cinco años de acuerdo a la Ley de Función Pública.
