Los recursos de inconstitucionalidad, el rechazo de diversos sectores y las protestas contra algunos artículos del nuevo Código Penal obligaron ayer al Congreso a abrir una revisión de la ley apenas un año después de aprobarla y a días de su entrada en vigencia, con la posibilidad incluso de aplazar su aplicación mientras se introducen las correcciones.

El giro quedó oficializado ayer, cuando el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, compareció junto a los voceros de todos los partidos para anunciar la apertura de un proceso de recepción de propuestas que permita corregir los artículos más cuestionados de la legislación.

La decisión, según aseguraron, fue acordada por consenso con todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso y comunicada previamente al presidente del Senado, Ricardo de los Santos.

La estrategia de los diputados ocurre en medio de un revuelo contra algunos puntos del nuevo Código Penal que, desde antes de aplicarse, ya está ensombrecido por protestas, rechazos de gremios y varios recursos judiciales que se dirimen en el Tribunal Constitucional por el supuesto choque de la ley con la Carta Magna.

Sin embargo, Pacheco dijo que la decisión de revisar algunos artículos de la ley no responde a las protestas recientes ni a presiones externas, sino a la necesidad de "perfeccionar" un Código Penal cargado de críticas.

Aunque Pacheco no especificó los artículos que serían cambiados, el Congreso y el Gobierno han sido atacados recientemente por puntos de la ley ligados a la libertad de expresión, la difamación y el ejercicio médico en el país.

A pesar de que restan pocos días para que el Código Penal entre en vigencia, Pacheco sostuvo que todavía hay tiempo para introducir los cambios que sean necesarios durante la actual legislatura, prevista para concluir el 26 de julio.

En ese sentido, tampoco descartó que el presidente Luis Abinader convoque una legislatura extraordinaria si el Congreso necesita más tiempo para completar las modificaciones, ni cerró la posibilidad de posponer la entrada en vigor de la ley.

Aunque ahora el texto legal es atacado, el presidente de la Cámara defendió el contenido del nuevo Código Penal al afirmar que representa "una reforma histórica" que incorpora más de 70 nuevos tipos penales como el crimen organizado, la corrupción, el sicariato, las estafas piramidales, los ataques con ácido del diablo, entre otros.

No obstante, admitió que una reforma de esa magnitud puede ser perfeccionada y sostuvo que el Congreso tiene la responsabilidad de evaluar las observaciones que distintos sectores plantearon desde que la pieza fue promulgada.

Pacheco insistió en que el propósito "no es reabrir completamente" la discusión del Código Penal, sino concentrarse en los artículos que han generado mayores cuestionamientos.

El proceso

La recepción de propuestas para el Código Penal se ejecutará hasta el 15 de julio y en la sesión de este miércoles se presentará un proyecto de ley con las sugerencias de algunos diputados.

Después del 15 de julio, los legisladores estudiarán los planteamientos y se abocarán a aprobar las modificaciones.

Todo el proceso está respaldado por los partidos de oposición, que expresaron estar de acuerdo con la ronda de revisiones.

Redacción.- La Policía Nacional (PN), en coordinación con el Ministerio Público, amplia las investigaciones con relacionadas con la muerte por heridas de arma de fuego de un hombre de 33 años, durante un hecho ocurrido la tarde de ayer en un auto-adornos, ubicado en el sector Manganagua, del Distrito Nacional.

La víctima fue identificada como Richard Feliz Santos, alias «Richón» o «El Guardia», de 33 años, quien falleció a causa de múltiples heridas de bala ocasionadas por uno de dos individuos que se desplazaban en una motocicleta y que huyeron del lugar tras cometer el hecho.

Como parte del proceso investigativo, miembros de la Policía Científica realizaron el levantamiento de evidencias balísticas y se analizan imágenes captadas por cámaras de videovigilancia, con el objetivo de identificar y localizar a los responsables.

En tanto que los investigadores, en coordinación con el Ministerio Público, han entrevistado unas diez personas, incluyendo familiares. Paralelamente se realizan levantamientos de cámaras de la zona.

La institución del orden informó que el hoy occiso figuraba en los archivos policiales con antecedentes por hechos delictivos y reiteró que las investigaciones continúan hasta esclarecer el caso y someter a los responsables ante la justicia.

Santo Domingo.– Un tribunal de Elías Piña condenó a 15 años de prisión a Francisco Ubrí Basilio, tras hallarlo culpable de causar la muerte de su pareja sentimental, Rosa Sail, durante un hecho ocurrido en marzo de 2025 en el municipio Comendador.

El condenado, quien fue arrestado en flagrante delito, recibió la sentencia luego de que el Ministerio Público demostrara su responsabilidad penal en el homicidio.

La acusación fue sustentada por la fiscal Angelina Valdez Cabrera y el fiscalizador José Santos, quienes solicitaron la pena de 15 años de prisión tras establecer en el juicio que el procesado violó las disposiciones de los artículos 295 y 304 del Código Penal Dominicano.

De acuerdo con el expediente acusatorio, el crimen ocurrió el 18 de marzo de 2025 en la vivienda que la pareja compartía en la calle Principal, de la sección La Patilla, en el municipio Comendador. La discusión se originó cuando la víctima reclamó al agresor por la venta de una vaca de su propiedad.

En medio del altercado, Ubrí Basilio tomó un arma blanca, descrita como un cuchillo tipo sierra, y apuñaló a la mujer en ocho ocasiones, delante del hijo de ambos, un niño de 11 años. El menor salió corriendo en busca de ayuda a la vivienda de su hermana, mientras su madre fue trasladada a un centro de salud, donde posteriormente falleció a causa de las heridas.

El procesado fue arrestado en el lugar de los hechos en posesión del arma que, según las investigaciones, utilizó para cometer el crimen.

La sentencia fue dictada por el Tribunal Colegiado del Distrito Judicial de Elías Piña, integrado por los jueces Edward Augusto Gerónimo Sánchez, quien lo preside, Blaury Luciano Ferreras y Sauly D. González del Rosario. El condenado deberá cumplir la pena en el Centro de Corrección y Rehabilitación de Elías Piña.

A casi un mes de la desaparición de Johanna Lisbeth Contreras, de quien se desconoce su paradero desde el pasado 10 de junio, su madre, Israelina Contreras, pidió este martes a las autoridades reactivar su búsqueda.

Con gran pesar, la señora exhortó a las instituciones competentes a concentrar los esfuerzos en establecer el lugar donde se encuentra el cuerpo de la joven de 22 años, luego de que el principal sospechoso del caso presuntamente admitiera ante las autoridades haberla matado y lanzado al mar.

Según la madre de la joven, el militar del Ejército de República Dominicana, Gersón Sánchez Durán, fue la última persona que estuvo con Johanna, madre de un niño de cuatro años.

Cronología del caso

Según explicó Israelina Contreras, Johanna fue vista por última vez el miércoles 10 de junio, cuando abordó un vehículo junto al militar en el sector La Ciénega, del Distrito Nacional, donde ambos residían.

No obstante, aclaró que entre su hija y el imputado no existía una relación sentimental.

"El vivía aquí en el barrio, pero yo nunca lo había visto. Ellos no tenían ninguna relación. Él estaba enamorado de ella, pero ella nunca le correspondió", aseguró.

Durante la entrevista, la madre afirmó que otras jóvenes del sector le manifestaron que el hombre acostumbraba invitarlas al mismo lugar donde, presuntamente, llevó a Johanna. Sin embargo, señaló que muchas no han querido declarar ante las autoridades por temor.

En ese sentido, indicó que, de acuerdo con las declaraciones atribuidas al imputado, este habría llevado a la joven a una playa ubicada antes del peaje de la autopista Las Américas.

La madre también sostuvo que el militar estuvo involucrado anteriormente en otro proceso judicial por la muerte de una persona vinculada a su misma institución castrense.

"Me parece que le correspondían 10 años y nada más hizo dos. Gracias a la persona que lo ayudó a que él saliera en libertad antes de tiempo, hoy está pasando el caso de mi hija", lamentó.

República Dominicana llegó a julio de 2026 con varios frentes abiertos. El costo de la canasta básica escalando; gasolinerías que amenazan con dejar de aceptar tarjetas (anunciaron tregua de 30 días); médicos en paro por un proceso judicial; la reforma policial muy cuestionada por la muerte del joven Darlin Mercado Reyes; ajustes impositivos tramitados con urgencia que han llevado tensión al sector empresarial por la ley de residuos sólidos y el plan anticrisis; una reforma laboral que no termina de cerrarse; y un nuevo Código Penal que levanta objeciones que podrían llegar al Tribunal Constitucional.

A ese complejo cuadro se suma el incremento de la canasta básica y el ambiente físico incómodo: calor intenso que se espere que se mantenga por al menos los próximos dos meses, finamente afectado por las partículas de polvo del Sahara que incrementan la sensación térmica y de humedad y dispara las alergias. Un ambiente que a cualquiera le pone los nervios de punta.

El malestar empezó a escucharse fuera de las mesas de negociación. La noche del lunes 6 de julio, residentes de sectores del Distrito Nacional como Bella Vista, El Renacimiento, Naco y Arroyo Hondo se sumaron a cacerolazos convocados a través de redes sociales, en protesta contra el alto costo de la vida, los impuestos, los precios de los combustibles y los excesos policiales. Videos e imágenes compartidos por comunitarios mostraron a personas en balcones, aceras y frentes de viviendas haciendo sonar ollas y calderos como señal de rechazo.

Costo de la canasta básica

Ningún tema sube más temperatura que la inflación y el sentimiento de que el dinero que entra al bolsillo sirve para menos. Según el Banco Central, la inflación interanual se situó en 5.35 % en mayo de 2026, por encima del límite superior del rango meta de 4.0 % ± 1.0 %. En términos mensuales, el Índice de Precios al Consumidor aumentó 0.31 %, mientras que la inflación acumulada en los primeros cinco meses del año llegó a 1.50 %.

En la medición interanual más reciente, los rubros que más pesan sobre la inflación son alimentos y bebidas no alcohólicas, con una variación de 6.56 % y una incidencia de 1.69 puntos porcentuales; transporte, con 7.47 % y 1.29 puntos; restaurantes y hoteles, con 7.65 % y 0.72 puntos; y bienes y servicios diversos, con 6.22 % y 0.68 puntos. Es decir, el encarecimiento se siente sobre todo en comer, moverse, consumir servicios cotidianos y comer fuera de casa.

Conflicto en gasolinerías

El caso más reciente es el conflicto entre las empresas que gestionan los equipos de verifone y la Asociación Nacional de Detallistas de Gasolinas (Anadegas), que acordaron este martes un plazo de 30 días para buscar una salida a las demandas del gremio, luego de que este amenazara con dejar de aceptar pagos con tarjetas en estaciones de combustibles por las comisiones que cobran las empresas propietarias de los verifones. La reunión fue encabezada por el ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo "Yayo" Sanz Lovatón, junto al titular de Anadegas, Juan Elías Pérez, y representantes públicos y del comercio, pero sin la presencia de las empresas de verifones.

Según Anadegas, las comisiones cobradas por los manejadores de tarjetas oscilan entre 1.95 % y 2.50 %. El gremio sostiene que, con márgenes regulados de aproximadamente RD$23.75 por galón en el diésel regular y RD$27.07 en las gasolinas, el costo financiero por comisión puede representar entre RD$6.59 y RD$8.45 por galón, equivalente a entre 25 % y 36 % del margen bruto, dependiendo del combustible y de la tasa negociada.

Medidas anunciadas

El plan Anticrisis fue presentado como un conjunto de medidas para proteger a las familias, apoyar a las mipymes, fortalecer las finanzas públicas y preservar la estabilidad económica. Entre sus componentes figuran aumento del monto exento del Impuesto Sobre la Renta, ampliación de beneficios por gastos educativos, reducción o eliminación de anticipos para micro y pequeñas empresas, apoyo al sector agropecuario y mecanismos para regularización tributaria.

Pero el paquete también introdujo cambios sensibles para contribuyentes de mayor escala. El Senado aprobó de urgencia, el 17 de junio, el proyecto de Ley de Medidas Pro-Crecimiento Económico, Simplificación Fiscal y Mitigación de la Crisis Internacional. Entre sus disposiciones transitorias, el proyecto establece que, para los períodos fiscales 2026, 2027 y 2028, los contribuyentes con ingresos desde RD$1,000 millones deberán pagar 30 % sobre su renta gravable.

El Gobierno ha insistido en presentar la Ley 30-26 como una herramienta de simplificación y alivio en áreas específicas. Hacienda aclaró, por ejemplo, que la norma no crea impuestos sobre suscripciones personales a plataformas digitales y que la retención reducida de 27 % a 15 % aplica a determinados pagos de empresas dominicanas a proveedores extranjeros por licencias de software, regalías, publicidad digital y almacenamiento en la nube. Aun así, la velocidad del trámite y la sensibilidad fiscal del año han alimentado la percepción de que el sector productivo está recibiendo varios golpes regulatorios al mismo tiempo.

RELACIONADAS

Negocios

"Golpe de bolsón": Conep cuestiona nueva reforma a la ley de residuos sólidos

Negocios

"No se entiende este accionar": el Conep cuestiona modificaciones a ley de residuos sólidos

Impuestos por manejo de residuos sólidos

A finales de junio, el Congreso aceleró una modificación que aumenta de RD$675,000 a RD$3,000,000 el pago anual que podrían hacer grandes empresas por concepto de residuos sólidos. El proyecto fue aprobado en el Senado en una misma sesión, declarado de urgencia, conocido en dos lecturas consecutivas y sancionado sin ser enviado previamente a comisión, lo que generó cuestionamientos por la falta de análisis técnico.

Reforma laboral

La iniciativa fue defendida por sectores que entienden necesario corregir cargas desproporcionadas sobre mipymes y fortalecer el financiamiento de la gestión de residuos, pero el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), Asonahores y la Asociación de Industrias de la República Dominicana advirtieron sobre el riesgo de aprobar leyes de alto impacto con trámite acelerado y sin suficiente estudio.

El malestar empresarial también se extiende a la reforma laboral. El Conep y Copardom enviaron una carta al presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, en la que expresaron preocupación por el proyecto que modifica el Código de Trabajo y pidieron un encuentro para discutir observaciones.

Ambas entidades sostienen que el texto en discusión deja fuera acuerdos alcanzados en el diálogo tripartito, incorpora disposiciones que requieren revisión adicional y omite aspectos relevantes para la modernización, competitividad y eficiencia del mercado laboral.

La pieza, además, ha sufrido retrasos. El proyecto fue aprobado en primera lectura el 20 de mayo, luego fue sacado temporalmente de agenda y volvió a comisión por observaciones técnicas. En ese julepe, la reforma laboral lleva más de un año dando vueltas en el Congreso y, si no se aprueba antes del cierre de la legislatura de julio, podría perimir.

El malestar médico

En paralelo, el Colegio Médico Dominicano (CMD) llevó la tensión gremial al sistema de salud. El gremio ratificó un paro nacional de 24 horas para este martes 7 de julio, en protesta por el arresto del cirujano buco maxilofacial William Almánzar y su asistente clínico en La Vega.

El CMD dijo que suspenderá servicios electivos, aunque mantendría atención en emergencias, unidades de cuidados intensivos y pacientes hospitalizados. A los involucrados se les dictó garantía económica como medida de coerción y es acusado intrusismo y malas prácticas odontológicas que lesionaron a una mujer.

• El paro también conecta con otra discusión mayor: el nuevo Código Penal. El CMD ha advertido que algunas disposiciones de la Ley 74-25 podrían fomentar una "medicina defensiva", al aumentar la vulnerabilidad penal de los profesionales de la salud frente a resultados adversos derivados de actos médicos.

En respuesta, una propuesta legislativa busca modificar el artículo 112 para establecer que la muerte de un paciente o una complicación médica, por sí solas, no basten para atribuir responsabilidad penal a un profesional de la salud.

Reforma policial pendiente

El Código Penal, que sustituye una legislación de más de un siglo, no solo enfrenta críticas desde el sector salud. Los periodistas han denunciado que tal como está la ley que pronto entrará en vigencia también sancionará la investigación periodística y la denuncia social al no establecer de manera clara qué es difamación.

La agenda de seguridad pública agrega otro foco de presión. La muerte de Darlin Mercado Reyes durante una intervención policial en la cañada de Guajimía, en Herrera, volvió a sacudir la confianza en la Policía Nacional y reactivó el debate sobre la reforma policial. El proyecto de Ley Orgánica de la Policía Nacional está a punto de perimir en el Senado si no se aprueba antes del 26 de julio, tras siete meses bajo estudio en una comisión especial.

La reforma policial pendiente incluye, entre otros puntos, que la salud mental de los agentes deje de ser solo un requisito de ingreso y pase a ser evaluada durante toda la carrera. El artículo 177 del proyecto plantea monitoreos de salud mental al menos cada dos años, además de seguimiento especial cuando un policía haga uso de la fuerza o participe en hechos traumáticos asociados al servicio.