La Policía Nacional informó que el joven que falleció en la carretera El Seibo y Hato Mayor ocurrió luego de colisionar con una camioneta y no por un ataque de un agente policial como se había informado.

La víctima fue identificada como Librand Alexander Taveras Montero, de 21 años de edad, y su deceso ocurrió durante la tarde del domingo.

De acuerdo con el vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, Montero ignoró una parada colocada por la institución en la vía de dos carriles, situación que posteriormente provocó el accidente de tránsito.

"Hacemos la precisión, ya que ha circulado que uno de nuestros agentes supuestamente había agredido a un motociclista", expresó Pesqueira.

El vocero de la entidad presentó un audiovisual a los medios de comunicación que muestra el momento cuando Montero cruza frente a la parada en su motocicleta. Después de pasar, se contempló cómo los oficiales se acercaban rápidamente al lugar donde supuestamente sucedió el infortunio. No obstante, el audiovisual tampoco muestra el momento del siniestro.

"No le lanzó nada y aunque no se muestre en las imágenes, ese vehículo que está ahí habría sido el que impactó al joven que cruzó segundos antes por esta intersección o parada. Vamos a esperar otras imágenes que puedan servir para el proceso investigativo", agregó.

Pedido de los comunitarios

Pesqueira explicó que el retén colocado por la Policía Nacional en ese lugar se debió a que residentes de la comunidad de Las Cuchillas, pueblo cercano al lugar donde aconteció el percance, solicitaron el servicio preventivo para tratar de controlar a los vehículos que transitaban a altas velocidades.

"Es bueno precisar que allí se instaló un servicio preventivo ante un pedido de la comunidad que estaba preocupada por las personas que regresaban de los distintos balnearios a alta velocidad", aseveró.

El presidente Luis Abinader confirmó anoche que su gobierno impulsa una serie de correcciones al nuevo Código Penal y que la meta es aprobarlas antes de que la ley empiece a regir.

“Se van a aprobar estos cambios antes del 3 de agosto, que es cuando entra la ley en vigencia”, dijo el mandatario durante una entrevista exclusiva con José Monegro y Edith Febles, miembros del Grupo de Medios Corripio.

Abinader situó el proyecto aprobado como un “punto de partida” que posteriormente, antes de su entrada en vigencia, se prestaba para modificaciones. “El Código se aprobó hace unos once meses después de quince años dando vueltas en el Congreso, y al promulgarse se le fijó una vacatio legis o lo que los abogados llaman la vacación legal de un año, precisamente para corregir cualquier situación antes de que la ley cobrara efecto”, recordó.

Ese plazo es el que ahora corre. Sobre esa base, el Poder Ejecutivo depositó recientemente en el Congreso un texto que, según el mandatario, fue consensuado con las modificaciones, y los legisladores dejaron abierta la puerta hasta el miércoles siguiente para que cualquier otro sector lleve sus sugerencias.

Dentro de los cambios que se promueven, el mandatario dijo se han puesto de acuerdo en aquellos que más ruido han hecho: los temas de expresión y difusión del pensamiento. Sin embargo, aclaró que no es lo único.

El presidente añadió que había otras áreas que también requerían ajustes “en términos de forma y algunas también de fondo”, y que la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo ya había advertido sobre varios de esos puntos, los cuales eran conscientes que debían consensuarlos para modificarlos desde hacía algunos meses atrás.

El presidente no rehuyó la autocrítica por los tiempos. Admitió que la discusión de las correcciones llegó tarde: “En eso hacemos mea culpa”, dijo, y repartió esa responsabilidad tanto el Gobierno como la sociedad civil “debieron sentarse a revisar la norma apenas fue aprobada, y no dejarlo para el tramo final”.

Aun así, defendió que el proceso no se improvisó. Señaló que los contactos con distintos sectores llevaban alrededor de dos meses, que las conversaciones sobre las modificaciones se extendieron unas cinco semanas y que desde hacía unas dos semanas venía hablando directamente con los principales comunicadores del país. En esas modificaciones, aseguró, “todos estamos de acuerdo".

Entre los temas que también trató el mandatario estuvo lo que se ha esparcido como la “Ley mordaza”, es decir, disposiciones que limitan la libertad de expresión. Abinader recordó que en su momento se le puso el mismo calificativo al viejo proyecto de ley de expresión y difusión del pensamiento, una iniciativa que llevaba años pendiente de modificarse.

De aquella otra pieza Abinader recordó que la entregó a la Sociedad Dominicana de Diarios y a un grupo de comunicadores, directores y especialistas, y que el acuerdo salió de ellos sin que él metiera mano: “un consenso donde yo no le puse ni una coma”, repitió. Y de todos modos, dijo, la atacaron y la bautizaron.

Preguntado sobre si al Poder Ejecutivo le interesa una mordaza, el mandatario se defendió llevando el asunto a una ideología personal: “si hay algo que yo estoy preocupado es por la democracia de mi país”, afirmó, y citó como prueba la reforma constitucional que impulsó “para que no venga ningún caudillo a querer establecerse de manera indefinida”.

No obstante, reveló que en las redes él y su familia reciben calumnias a diario y que ha aprendido a convivir con eso “nosotros tenemos que poner una piel de cocodrilo”. A pesar de esto, entiende que prohibirlo, a su juicio, sería peor que aguantarlo.

”Me ayudan las críticas”

Abinader reivindicó incluso a quienes lo cuestionan: “lo que más a mí me ayuda son las críticas”, dijo, las que exponen un problema o denuncian corrupción. La fórmula que ahora se discute, según él, busca un punto medio que proteja a la vez la libre expresión y el honor de las personas, y recalcó su propio interés en el asunto: poder expresarse libremente cuando salga del gobierno, en el 2028.

El presidente insistió en que la controversia actual no estaba en el radar cuando se votó el Código. “Ese código es de hace 15 años, ahí había muchos artículos que nadie los criticó”, señaló, y recordó que durante la aprobación nadie levantó la voz por estos temas: “los puntos calientes de entonces eran otros, los más polémicos de siempre”, señalando por ejemplo las tres causales para la interrupción del embarazo no deseado.

Abinader destacó lo que a su juicio justificó el respaldo amplio que recibió la aprobación. Se aumentaron las penas contra la delincuencia y el crimen organizado, también se elevaron las sanciones contra la corrupción de los funcionarios públicos y a eso sumó los “muchísimos vacíos” que, según él, arrastraba el viejo código y que la nueva pieza vino a llenar, motivo por el cual “casi todo el mundo terminó de acuerdo con ella”.

En lo económico, Abinader defendió el llamado plan anticrisis, que calificó de “progresivo”. Recordó que entre sus medidas se elimina el anticipo mensual para las pymes a partir de enero, se quitó el impuesto a las nuevas empresas, el impuesto sucesoral bajó de 27% a 3% y se retiró el gravamen a los seguros de vida contratados en el exterior.

Aseguró que los aumentos recayeron sobre las empresas que venden más de mil millones y sobre quienes ganan por encima de 400 mil pesos, mientras que los salarios menores tendrán indexación.

Sobre una reforma fiscal integral fue tajante: “Aquí no hay condiciones para hacer una reforma fiscal integral”, repitió. Recordó que le tocó gobernar en medio de la pandemia del Covid-19, luego con la guerra en Ucrania y con la situación en Haití, y que a pesar de esto el país mantiene un crecimiento superior al 4%, solo por debajo de Guyana.

El combustible dio para otra explicación extensa. El presidente negó haberlos subido con fuerza: “nosotros no subimos el combustible”, aseguró, sino que lo movieron un 16% cuando el crudo internacional trepó un 80%.

Reconoció que el subsidio proyectado para todo el año “se agotó en mayo”, y que el país importa cerca del 70% de los líquidos porque la refinería solo procesa un 35%, de modo que esos precios no bajan al mismo ritmo que el petróleo. El mandatario anunció que se publicará “la fórmula” para que la gente la entienda y reiteró que hace dos semanas vienen bajando la gasolina, el gasoil y el gas licuado de petróleo (GLP).

Santo Domingo.– La Alianza Dominicana Contra la Corrupción (ADOCCO) depositó este lunes ante la Cámara de Diputados un documento con propuestas de modificación a varios artículos de la Ley Orgánica No. 74-25, que instituye el Código Penal, con el objetivo de fortalecer la libertad de expresión, la libertad de prensa, la seguridad jurídica y la coherencia constitucional de la normativa.

La organización explicó que las recomendaciones son el resultado de un análisis jurídico de las modificaciones sometidas por el Poder Ejecutivo. Aunque valoró los cambios introducidos en materia de libertad de expresión e interés público, consideró que aún existen disposiciones que pueden perfeccionarse para garantizar un mejor equilibrio entre la protección de los derechos fundamentales y la aplicación del Derecho Penal.

Las propuestas abarcan los artículos 186, 192, 194, 208, 211, 212, 234 y 310. Según ADOCCO, los cambios buscan fortalecer la protección del interés público, garantizar el ejercicio responsable del periodismo de investigación, precisar la responsabilidad penal de las personas jurídicas y asegurar que el Código Penal sea compatible con la Constitución y los tratados internacionales suscritos por el país.

La entidad afirmó que sus planteamientos no buscan eliminar responsabilidades penales ni otorgar privilegios a ningún sector, sino contribuir al perfeccionamiento técnico de la legislación. Asimismo, reiteró su disposición de participar en las mesas de trabajo que convoque el Congreso Nacional y expresó su confianza en que el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, y los legisladores evalúen las propuestas con apertura, en el marco del proceso de revisión del Código Penal.