El doctor Ernesto Fadul, a quien la Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios (Digemaps) había puesto bajo escrutinio sus prácticas de prescripción, cumplió con las recomendaciones que le hicieron las autoridades.

Un vocero de la familia Fadul dijo a Diario Libre que precisamente ayer se le hizo una segunda inspección sobre la manipulación y dispensación de suplementos y medicamentos, y todo estaba en orden.

La primera investigación, fechada el 9 de abril de 2026, se originó a partir de una denuncia pública y derivó en una inspección al consultorio del doctor, especialmente a las prácticas de prescripción, manipulación y dispensación de suplementos y medicamentos usados para pacientes con Trastorno del Espectro Autista.

Allí, las autoridades comprobaron que productos adquiridos en farmacias privadas eran posteriormente fraccionados, reenvasados y entregados a pacientes sin cumplir con los requisitos mínimos de trazabilidad y control sanitario.

La decisión de la Digemaps

La Digemaps ordenó el cese inmediato de la manipulación, reenvasado y entrega de estos productos, así como la canalización de cualquier donación a través de los mecanismos oficiales del Estado.

"El doctor Fadul aceptó las recomendaciones que le hizo la Digemaps sobre los medicamentos que distribuye gratuitamente y tomó las medidas de lugar como quedó comprobado en la inspección hecha ayer jueves", indicó el vocero.

La Revolución del 24 de abril de 1965 en la República Dominicana marcó un antes y un después en la historia del país, al convertirse en una lucha por restaurar la democracia tras el derrocamiento de Juan Bosch. Bosch había sido el primer presidente elegido democráticamente después de la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo, con un gobierno que impulsó reformas sociales, derechos civiles y una Constitución considerada una de las más avanzadas de la época.

El conflicto estalló cuando militares y civiles, conocidos como constitucionalistas, se levantaron para exigir el regreso de Bosch y la restitución de la Constitución de 1963. El levantamiento inició el 24 de abril en Santo Domingo y rápidamente escaló a una guerra civil.

De un lado estaban los constitucionalistas, liderados por Francisco Caamaño; del otro, los sectores militares conservadores o “leales”, vinculados al gobierno del triunvirato encabezado por Donald Reid Cabral y apoyados por figuras como Elías Wessin y Wessin.

En medio del conflicto, Estados Unidos intervino militarmente con miles de soldados, alegando evitar la expansión del comunismo en el Caribe en el contexto de la Guerra Fría. Posteriormente, la situación derivó en una misión internacional respaldada por la Organización de los Estados Americanos.

La guerra se extendió hasta el 3 de septiembre de 1965, cuando un acuerdo político permitió la instalación de un gobierno provisional encabezado por Héctor García-Godoy.

El proceso culminó con elecciones en 1966, en las que resultó electo Joaquín Balaguer, consolidando el triunfo político de los sectores conservadores. Sin embargo, la Revolución de Abril dejó una huella profunda en la identidad nacional y convirtió a Caamaño en un símbolo de la lucha por la soberanía, la democracia y la justicia social en República Dominicana.

SANTO DOMINGO.– Dos reclusos del Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Najayo, en San Cristóbal, resultaron heridos la noche del jueves durante una trifulca en la que se vieron involucrados cinco privados de libertad, presuntamente por disputas internas.

Los heridos fueron identificados como Delvin Yornanny Santana y Robert Cedeño, quienes fueron trasladados a un centro de salud.

La Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC) informó que el personal de seguridad de Najayo 20 logró controlar el incidente.

La directora del CCR Najayo 20, en San Cristóbal, Yadira de los Santos Valdez, explicó que la riña inició a las 8:20 de la noche.

“Se produjo una pelea entre cinco internos alojados en el módulo M1, nivel 3, y las causas de la misma se encuentran en proceso de investigación, a fin de establecer responsabilidades y tomar las medidas disciplinarias correspondientes”, indicó mediante un comunicado de prensa.

Las autoridades identificaron a los privados de libertad involucrados como Alexander Javier Ventura Castro, Carlos Manuel Flete, Delvin Yornanny Santana, Luis Junior Martínez Lorenzo y Robert Cedeño.

“Ante el hecho, adoptamos las medidas preventivas y de control establecidas en el protocolo de convivencia y seguridad penitenciaria, reubicando y aislando temporalmente a los otros tres internos involucrados en el incidente, así como garantizando la normalidad y el descanso de los privados de libertad en los demás alojamientos del tercer piso del edificio M1”, agregó de los Santos Valdez.

Hoy le toca exponer su réplica a la defensa técnica de José Ángel Gómez Canaán, conocido como Jochi Gómez, uno de los principales imputados en el caso denominado por el Ministerio Público como Camaleón, quien prometió que, cuando le toque exponer, hablará “caiga quien caiga”, en alusión a que revelará nombres de otros presuntos involucrados.

El Ministerio Público reiteró la semana pasada, ante el Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, en sus discursos de réplicas, que la empresa Transcore Latam S.R.L. fue utilizada para ejecutar contratos irregulares con el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant).

El órgano acusador sostiene que Transcore Latam es una empresa controlada por Gómez Canaán, y que, a través de testaferros y socios nominales, habría recibido pagos millonarios del Intrant por servicios inexistentes o sobrevalorados.

Asimismo, el Ministerio Público acusó a la empresa Aurix S.A.S., también vinculada a Gómez, de haber tenido controles remotos sobre la red semafórica del Intrant, situación que habría derivado en el colapso ocurrido en agosto de 2024.

La entidad también la acusa de estafa agravada contra el Estado y de lavado de activos.

El Ministerio Público, en el expediente acusatorio, documentó que la investigación obtuvo pruebas de la existencia de diversas líneas delictivas, incluyendo corrupción administrativa, fraude en contrataciones públicas, estafa contra el Estado, sabotaje a infraestructuras críticas, contrabando, falsificación, delitos de alta tecnología, actos de terrorismo en infraestructura crítica y lavado de activos.

Un informe de inspección emitido por la Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios (Digemaps) reveló una serie de faltas en el consultorio del doctor José Ernesto Fadul, relacionadas con la prescripción y despacho irregular de suplementos a niños con Trastorno del Espectro Autista (TEA).

La intervención, realizada el pasado 6 de marzo de 2026 en el consultorio ubicado en la Plaza Bella Terra, se originó tras una denuncia que alertaba sobre prácticas médicas fuera del marco legal.

Según el certificado de análisis No. DMI26-221, el suplemento etiquetado como «100% Beef Aminos», suministrado en el consultorio, no cumple con la prueba de desintegración exigida por la normativa internacional.

Esto implica que las tabletas no se disuelven adecuadamente, comprometiendo su absorción y eficacia terapéutica.

Asimismo, en las muestras analizadas por el Laboratorio de Evaluación de Productos de Consumo Humano bajo el nombre de «Complejo B + Aminoácido», se determinó que, aunque contenían aminoácidos, no se identificó la presencia de complejo B, a pesar de lo que indicaba su etiquetado.

Clínica Fadul

El organismo regulador constató que el doctor Fadul realizaba labores de consulta, prescripción y dispensación de medicamentos sin contar con la especialidad médica requerida para tratar a pacientes con TEA ni los permisos correspondientes.

En ese sentido, se evidenció el fraccionamiento y re-envasado de medicamentos y suplementos fuera de su presentación original, lo que impide garantizar la trazabilidad y seguridad de los productos
.
De igual modo, el informe señala una violación al Decreto 246-06, que establece que el ejercicio clínico de la medicina es incompatible con la comercialización o despacho de medicamentos dentro de un consultorio.

Muchos de los productos utilizados provenían de donaciones o compras directas (algunas en la Farmacia Jorge) sin contar con registros que permitieran verificar lotes o fechas de vencimiento.

Ante los hechos, Digemaps ha ordenado el cese inmediato de las prácticas de manipulación y re-envasado en el establecimiento.

Además, la institución ha recomendado que el consultorio canalice cualquier donación a través de los mecanismos oficiales del Estado para evitar la circulación de productos falsificados o de origen ilícito.

El informe concluye advirtiendo que el caso se encuentra bajo una investigación administrativa que podría derivar en sanciones severas, tales como multas, la suspensión de habilitaciones o incluso la clausura definitiva del establecimiento.