El Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional se reservó para el 15 de junio el fallo de la audiencia preliminar que se sigue contra los empresarios Antonio y Maribel Espaillat, acusados de homicidio involuntario contra las 236 víctimas mortales del Jet Set.

Diversas emociones producto de una misma causa: las declaraciones de Maribel Espaillat.

Maribel, quien es acusada junto a su hermano Antonio de homicidio involuntario en perjuicio de los 236 fallecidos por el derrumbe del techo del Jet Set, narró entre lágrimas ante el tribunal su experiencia bajo los escombros la trágica noche del 8 de abril del 2025.

«Mi hermano me llama que estaba en Las Vegas, Nevada, y me pregunta: «¿Y qué pasó en el Jet Set?» «Yo le digo, yo no sé, Antonio, pero yo creo que aquí se cayó el techo porque yo estoy debajo de los escombros», narró Maribel Espaillat, acusada en el Jet Set.

El Ministerio Público establece que, en momentos de la tragedia, la gerente del club nocturno pidió a un colaborador buscar su cartera con dinero. La versión de Espaillat es que pidió buscar herramientas para ayudar en el rescate.

Juez define si el caso pasa a juicio de fondo

«Se la pedía un camarero que me la fuera a buscar para sacar la llave de mi carro y mis documentos, para sacar el gato de mi carro, para sacar a mi esposo», aseguró Espaillat.

Cerró su defensa material ante el Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, con un clamor de justicia.

«Lo lamento, me duele el alma y pido fortaleza para todas las familias», concluyó la acusada.

Cerrados los debates de la audiencia preliminar, el juez Raymundo Mejía indicó que el peritaje de la defensa sería presentado. Esto ocurriría en un posible juicio de fondo.

«No hay ninguna necesidad de un peritaje de la defensa, primero porque las causas por las que colapsó el Jet Set están claramente establecidas, segundo porque la propia defensa en el tribunal se acogió a los hechos planteados por el Ministerio Público», manifestó Wilson Camacho, procurador adjunto del Ministerio Público.  .

«El peritaje se discutirá en el juicio de fondo, no hay que temer», comentó Laura Acosta, abogada querellante.

Los abogados insisten en que se cambie la calificación jurídica a homicidio voluntario, para obtener mayores condenas contra los empresarios.

«Porque, y esta es la pregunta, si la Suprema Corte de Justicia ha reconocido el dolo eventual como una posibilidad en el homicidio voluntario, ¿se rechazaría en este caso?», cuestionó Yan Carlos Martínez, abogado querellante.

Durante la lectura del fallo, el juez dirá a cuál calificación jurídica acogerá y cuáles pruebas se aportarían al juicio de fondo.

Será el próximo 15 de junio cuando el juez Raymundo Mejía dé a conocer su decisión. En esa fecha determinará si envía o no a juicio de fondo a Antonio y Maribel Espaillat.

Santo Domingo. – En el proceso judicial por el colapso de la discoteca Jet Set, la abogada Laura Acosta sostuvo ante el tribunal que las pruebas presentadas apuntan a la posible existencia de un grupo económico vinculado a varias empresas presuntamente relacionadas con el manejo financiero del establecimiento.

Durante su intervención, Acosta afirmó que en la llamada “prueba 40” se evidencia una lista de compras de equipos de aire a través de la empresa Difusor Hemisferio, sin que —según indicó— aparezca de forma clara el pago correspondiente por parte de AIL, lo que a su juicio refleja movimientos financieros irregulares entre compañías vinculadas.

La jurista sostuvo que estas operaciones podrían formar parte de una estructura empresarial utilizada para manejar pagos en efectivo y realizar transacciones entre distintas entidades “por la izquierda”, lo que, según planteó, amerita ser investigado bajo la figura de lavado de activos.

Acosta también cuestionó el uso de varias empresas en las operaciones financieras relacionadas al caso, señalando que existirían pagos y contrataciones realizados a través de terceros, incluyendo remodelaciones y servicios, lo que —según dijo— refuerza la hipótesis de una red empresarial compleja.

Asimismo, la abogada solicitó al tribunal el levantamiento del velo corporativo y la intervención de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) para la entrega de documentación que permita esclarecer las relaciones financieras entre las sociedades mencionadas.

Finalmente, reiteró que el análisis del caso debe centrarse en la estructura económica detrás de las operaciones, más allá de las responsabilidades individuales, a fin de determinar la posible existencia de un esquema corporativo irregular.

Santo Domingo.– Una mujer acudió este viernes a la redacción del periódico De Último Minuto para denunciar supuestas dificultades en la realización de estudios médicos clave en un caso de presunto abuso sexual que involucra a varias menores de edad en el sector Villa Consuelo, en el Distrito Nacional.

La denunciante, identificada como Rocío Rosa Arias, expresó su preocupación ante la posibilidad de que el principal sospechoso del caso, su tío. Francis de Jesús David Rosas, pueda ser puesto en libertad debido a la falta de resultados de dos análisis clínicos requeridos como parte del proceso investigativo.

Según explicó, los estudios pendientes incluyen pruebas para detectar infecciones y otros exámenes especializados que, de acuerdo con su testimonio, no han podido realizarse en algunos centros de salud debido a la corta edad de las niñas involucradas. Entre las menores afectadas, indicó, se encuentran niñas de entre dos y trece años.

Arias señaló que ha intentado gestionar los análisis en distintos centros médicos, pero afirma que en algunos casos le han indicado que deben ser realizados por especialistas o bajo condiciones específicas que, asegura, no están a su alcance económico.

La mujer manifestó temor por la seguridad de las menores, ya que, según dijo, todos residen en una misma vivienda familiar dividida en varias áreas. Asimismo, indicó que el caso ya fue denunciado ante las autoridades correspondientes, quienes mantienen bajo custodia al presunto implicado mientras avanza el proceso.

En ese sentido, hizo un llamado a las autoridades de salud y judiciales para que se agilicen los procedimientos necesarios que permitan completar el expediente con las pruebas requeridas, a fin de evitar posibles vacíos en el proceso.

El caso ha generado preocupación en la comunidad, donde residentes han expresado inquietud ante la gravedad de las acusaciones y la necesidad de garantizar protección a las menores involucradas, así como el debido proceso.

Hasta el momento, las autoridades no han ofrecido una versión oficial sobre las denuncias relacionadas con la realización de los estudios médicos pendientes.

Para cualquier información adicional sobre este caso, la denunciante indicó que puede ser contactada a través de 829-265-9906.