Madrid.- La ministra de Sanidad de España, Mónica García, respondió este miércoles a la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, que, según publicó el New York Post, solicitó una investigación sobre la muerte de Noelia Castillo: "Que deje de alimentar la agenda ultra internacional metiendo sus narices en cualquier sitio".
En un mensaje publicado en la red social X, la ministra española subrayó que "en Estados Unidos mueren cada año miles de personas sin seguro médico, mientras Trump apoya y ejecuta vulneraciones de derechos humanos entre Gaza e Irán".
"España es un país serio, con un sistema sanitario sólido y un marco de derechos que protege y cuida a todas las personas, también a las que deciden pedir ayuda para morir dignamente en contextos regulados por ley, evaluados por comités clínicos y avalados por los tribunales", añadió la titular del ministerio de Sanidad.
Noelia es la joven española de 25 años con paraplejia que pasó los últimos meses de su vida luchando judicialmente contra su padre, que la quería mantener con vida contra su voluntad, y recibió la eutanasia este jueves en un hospital español.
Con el mensaje en X, García rebatió la solicitud realizada por la Administración Trump para investigar la muerte de Noelia, que accedió a la eutanasia bajo la ley española de derecho a morir.
Según informó el New York Post, funcionarios informaron bajo anonimato que el Departamento de Estado instruyó a la Embajada de EE.UU. en Madrid a recabar información sobre cómo se gestionó el caso y las decisiones que permitieron llevar a cabo el procedimiento.
Washington.- La Administración de Donald Trump ha solicitado una investigación sobre la muerte de Noelia Castillo, una joven española de 25 años que accedió a la eutanasia bajo la ley española de derecho a morir, según el New York Post.
El medio asegura que funcionarios informaron bajo anonimato que el Departamento de Estado instruyó a la Embajada de EE.UU. en Madrid a recabar información sobre cómo se gestionó el caso y las decisiones que permitieron llevar a cabo el procedimiento.
Funcionarios estadounidenses citados por el Post expresaron preocupación por posibles fallas del sistema de protección a personas vulnerables y cuestionaron la aplicación de la ley de eutanasia en casos de sufrimiento no terminal o condiciones psiquiátricas.
Además, indicaron que Noelia Castillo había mostrado "dudas" sobre el procedimiento, pero que estas señales habrían sido ignoradas, generando inquietudes sobre derechos humanos, según el cable diplomático citado por el diario.
Noelia Castillo falleció la semana pasada a los 25 años tras recibir finalmente la eutanasia en Sant Pere de Ribes (Barcelona), después de un largo periplo judicial de más de un año y medio.
A la joven, afectada por una paraplejia, se le concedió la eutanasia en julio de 2024.
Su caso fue validado por la Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña, el comité independiente que analiza y aprueba cada solicitud de muerte asistida siguiendo todos los preceptos que establece la ley de eutanasia.
El presidente de la Fundación Abogados Cristianos, José María Fernández, ha dicho que han mantenido la esperanza “hasta el último momento” de que la joven pudiera cambiar de opinión, algo que no ha ocurrido.
En declaraciones a los periodistas, Fernández ha considerado que el caso es un “fracaso del sistema sanitario”.
Tanto el juzgado que dio luz verde a la eutanasia de la joven como posteriormente el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña concluyeron que a lo largo del proceso judicial no se había constatado la “falta de capacidad” de Noelia a la hora de desestimar su petición de muerte asistida, y que su decisión de solicitarla se había mantenido firme desde abril de 2024.
La Policía Nacional de Haití (PNH) informó este miércoles de enfrentamientos armados con pandilleros en el marco de una "gran operación" en el departamento de Artibonite, situado al norte de Puerto Príncipe y donde el domingo ocurrió la masacre de al menos 70 personas.
Esta operación comenzó el martes y se desarrolla junto con la Fuerza para la Represión de las Pandillas (FSG), dijo la Policía en un comunicado sin precisar qué agentes del ente internacional están desplegados en el terreno, si los nuevos contingentes cuya llegada se preveía este miércoles o las fuerzas remanente de la ya extinta Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad (MSS).
En la localidad de Pierre Payen las fuerzas de seguridad lograron desmantelar cuatro "importantes barricadas erigidas por bandas criminales utilizando grandes rocas y contenedores", en una intervención que incluyó un "intenso" intercambio de disparos en el que "varios delincuentes fueron neutralizados", mientras que otros resultaron heridos y huyeron para esconderse en las montañas donde son rastreados.
Asimismo, en Bois Jour y Ponjou (nombre en criollo haitiano), también en Artibonite, se están librando enfrentamientos entre las fuerzas del orden y las bandas criminales "que habían ocupado estas localidades".
"La determinación de los equipos de la PNH y las FSG obligó a varios delincuentes a huir y esconderse en la zona de Kafou Woje", indicó la Policía.
La llegada del FRG
Estos enfrentamientos se dan a conocer cuando estaba prevista la llegada del primer contingente de la FRG, creada en 2025 por la ONU, aunque al menos hasta el mediodía de este miércoles no había confirmación de este despliegue por parte de las autoridades haitianas.
La Policía ha desplegado esta "gran operación" luego de la masacre de al menos 70 personas el domingo en Artibonite en un ataque del grupo armado 'Gran Grif', como denunció el lunes la ONG Collectif Défenseurs Plus, una cifra que convalidó el representante especial del secretario general de la ONU en Haití, Carlos Ruiz Massieu.
"Esta violencia indiscriminada nos recuerda una vez más la urgencia de reforzar el apoyo a Haití para combatir la lacra de las bandas y las redes que las respaldan", indicó Ruiz en una publicación de X el martes.
En tanto, la Policía informó el lunes de la muerte de al menos 16 personas en los ataques del domingo en Artibonite.
En 2025, al menos 5,915 personas murieron y otras 2,708 resultaron heridas a causa de la violencia de las bandas y las operaciones de las fuerzas de seguridad para combatirlas, de acuerdo con los datos de la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití (Binuh).
Santo Domingo.-El Ministerio Público imputó a un procurador fiscal por la presunta comisión de concusión, soborno, cohecho y lavado de activos, delitos por los que podría enfrentar una condena de hasta 20 años de prisión, conforme a la legislación dominicana.
El imputado, Aurelio Valdez Alcántara, es acusado de gestionar y recibir pagos indebidos a cambio de favorecer procesos judiciales en fase de investigación, según consta en la solicitud de medida de coerción presentada por el órgano acusador.
De acuerdo con el expediente, el funcionario habría recibido US$10,000 de Roberto Canaán, testigo vinculado al caso del Seguro Nacional de Salud (Senasa), denominado “Cobra”. Por este hecho, el Ministerio Público ha solicitado la imposición de 12 meses de prisión preventiva como medida de coerción.
La audiencia será presidida por la jueza de la Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, Ysis Muñiz.
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El Ministerio Público también sostiene que el imputado ejercía presión constante sobre el testigo mediante llamadas telefónicas, incluso fijando plazos para la entrega del dinero y advirtiendo sobre posibles consecuencias legales en caso de incumplimiento.
El arresto se produjo el pasado 27 de marzo de 2026, durante un allanamiento en su residencia, donde las autoridades ejecutaron una entrega vigilada del dinero presuntamente solicitado como soborno.
El caso será conocido el próximo martes 7 de abril, cuando se le conocerá medida de coerción ante la Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, presidida por la jueza Ysis Muñiz. En esta etapa, se determinará si el imputado deberá cumplir prisión preventiva mientras avanza el proceso judicial en su contra.
Valdez Alcántara está imputado de gestionar y recibir US$10,000 de Roberto Canaán, testigo en el caso del Seguro Nacional de Salud (Senasa), denominado “Cobra”. Por este hecho, el Ministerio Público solicita 12 meses de prisión preventiva como medida de coerción.
Según la solicitud de medida de coerción instrumentada por el órgano acusador, el procurador fiscal miembro de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) exigía sobornos a cambio de alterar el curso de procesos en fase de investigación, buscando beneficios económicos directos.
Tipificación legal según el Código Penal dominicano
Concusión
La concusión es un delito cometido por funcionarios públicos que exigen o reciben pagos indebidos. De acuerdo con el Código Penal dominicano, las sanciones incluyen reclusión menor para funcionarios públicos.
En el caso de empleados o dependientes, las penas van de 1 a 2 años de prisión cuando las sumas superan los 60 pesos, y de 3 a 6 meses o de 6 meses a 1 año, dependiendo del monto involucrado.
Soborno
El soborno ocurre cuando un funcionario recibe dádivas o promesas para realizar u omitir actos propios de su cargo.
Las sanciones incluyen degradación cívica, multa equivalente al doble del valor recibido y prisión mínima de seis meses.
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Estas penas también aplican a árbitros o expertos que acepten beneficios para favorecer a una de las partes. El artículo 33 del Código Penal establece que la degradación cívica puede ir acompañada de prisión de hasta cinco años.
Cohecho
El cohecho implica la aceptación de sobornos vinculados a acciones criminales más graves, con sanciones superiores a las del soborno simple.
Ley de Lavado de Activos en República Dominicana
El artículo 2 de la ley establece que el lavado de activos proviene de delitos precedentes como corrupción, narcotráfico, terrorismo, trata de personas y estafa, entre otros.
El artículo 3 dispone que quien convierta, transfiera u oculte bienes provenientes de estos delitos será sancionado con penas de 10 a 20 años de prisión mayor, multas de 200 a 400 salarios mínimos, decomiso de bienes, así como la inhabilitación permanente para ejercer funciones públicas o financieras.
El artículo 4 sanciona a los funcionarios que incumplan con los reportes obligatorios con penas de 3 a 5 años de prisión, multas de 100 a 200 salarios mínimos, así como inhabilitación profesional.
Detalles del caso contenidos en la solicitud de medida de coerción
Según el Ministerio Público, el 13 de marzo de 2026 el imputado sostuvo un encuentro con el testigo Roberto Canaán en el parqueo de un centro comercial ubicado en la intersección de las avenidas Jiménez Moya y 27 de Febrero, en el Distrito Nacional.
Durante la reunión, el testigo abordó el vehículo del imputado, quien habría utilizado información privilegiada para ejercer presión. En ese contexto, Valdez Alcántara presuntamente propuso alterar el proceso judicial a cambio de dinero.
Inicialmente habría exigido US$200,000, suma que luego redujo a US$150,000 tras una negociación. Además, solicitó un reloj Rolex y un vehículo de lujo, específicamente un Mercedes-Benz 350 o 450 de color negro, rechazando opciones más económicas.
El Ministerio Público señala que el imputado mantuvo presión constante mediante llamadas telefónicas. El 18 de marzo de 2026, presuntamente exigió el pago con la frase: “¿Para cuándo está la cosa?”, fijando como fecha límite el 24 de marzo.
Asimismo, habría advertido sobre la posible judicialización del testigo si no cumplía con el pago, condicionando su situación legal.
El 27 de marzo de 2026, las autoridades realizaron un allanamiento en la residencia del procurador fiscal, donde fue arrestado. Durante el operativo se ejecutó una entrega vigilada del dinero presuntamente recibido como soborno.
Santo Domingo.- La Policía Nacional inició este miércoles la distribución de cientos de agentes que serán desplegados en todo el país para reforzar la prevención y garantizar la seguridad ciudadana durante el asueto de Semana Santa 2026.
El acto se realizó en el Coliseo de Boxeo Carlos Teo Cruz, donde jóvenes policías, hombres y mujeres, se concentraron desde tempranas horas listos para ser enviados a puntos estratégicos del territorio nacional.
Los agentes, debidamente uniformados y con su equipaje, integran el contingente que se sumará al Operativo Proteger y Servir Semana Santa 2026, iniciativa que articula esfuerzos entre la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y otros organismos de seguridad del Estado.
Durante la actividad se destacó el compromiso, la disciplina y la vocación de servicio de los nuevos efectivos, quienes asumirán la responsabilidad de fortalecer la presencia policial en carreteras, balnearios, centros turísticos y zonas urbanas de alta movilidad.
Las autoridades indicaron que este despliegue forma parte de una estrategia preventiva orientada a reducir la incidencia delictiva, evitar accidentes y ofrecer respuestas oportunas ante cualquier eventualidad durante el desplazamiento masivo de ciudadanos.
Asimismo, exhortaron a los agentes a desempeñar sus funciones con apego a los protocolos institucionales, respeto a los derechos fundamentales y alto sentido de responsabilidad, recordando que representan el rostro cercano de la institución ante la ciudadanía.
Con esta distribución, la Policía Nacional fortalece su capacidad operativa y reafirma su compromiso de proteger vidas, preservar el orden público y contribuir a que la población disfrute de una Semana Santa segura y en paz.
Santo Domingo.- El presidente Luis Abinader promulgó este miércoles la Ley 13-26, que elimina las candidaturas independientes del sistema electoral dominicano.
La normativa, aprobada por el Congreso Nacional, deroga varios artículos de la Ley 20-23 y establece que las postulaciones a cargos de elección popular estarán reservadas exclusivamente a partidos, agrupaciones y movimientos políticos.
En la legislación dominicana actual, esta figura estaba contemplada en los artículos 156 y 157 de la Ley núm. 20-23, Orgánica de Régimen Electoral.
Las candidaturas independientes se definen como “la nominación para ocupar un cargo electivo cuyo rasgo principal consiste en que la oferta política se presenta sin el concurso, ni principal ni complementario, de un partido político”. , según el Diccionario Electoral, del Instituto Interamericano de Derechos Humanos.
La medida responde a una sentencia del Tribunal Constitucional que declaró inconstitucional el régimen anterior, al considerar desproporcionados los requisitos exigidos.
El texto legal también argumenta que las candidaturas independientes podrían generar conflictos en la organización del sistema político y en aspectos como la suplencia de cargos.
Alrededor de 10 países de América Latina han incorporado en sus legislaciones reglas que permiten candidaturas independientes para distintos niveles de elección, incluyendo presidenciales, municipales, generales y legislativas. Estas disposiciones buscan ampliar las opciones de representación política más allá de los partidos tradicionales.
Santo Domingo. — La Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) anunció la implementación de un esquema de vía única en la circunvalación de Baní. Esta medida es preventiva ante el aumento del flujo vehicular hacia la región Sur durante el asueto de Semana Santa.
El encargado de Comunicaciones de la institución, Rafael Tejeda Baldera, explicó que la disposición contará con el apoyo de la Policía Nacional y la Comisión Militar y Policial. Además, se aplicará de forma intermitente, dependiendo del comportamiento del tránsito.
Según detalló, se busca reducir accidentes provocados por maniobras peligrosas. Especialmente, se quiere evitar los rebases indebidos en zonas donde la señalización horizontal, como las dobles líneas continuas, prohíbe este tipo de acciones.
La medida busca convertir temporalmente la vía en un solo sentido cuando aumente el volumen de vehículos, disminuyendo así el riesgo de choques.
Asimismo, las autoridades informaron que el Domingo de Resurrección se aplicará el operativo en sentido contrario. Durante el denominado “paré de retorno”, la circunvalación de Baní funcionará en dirección Sur–Santo Domingo como vía única. Esto se hará para facilitar el regreso de los viajeros hacia la capital.
“Son actos totalmente inaceptables por la Policía Nacional”, afirmó este martes el presidente Luis Abinader sobre el coronel policial que agredió a una mujer durante un operativo en el sector Los Mina, Santo Domingo Este.
El oficial Fausto Madé Ramírez fue suspendido el lunes pocas horas después de que se hiciera viral un video en redes sociales, golpeando a una joven.
En las imágenes se observa cuando el coronel, portando un arma de alto calibre, lanzó al suelo a una mujer tomándola por el cabello durante el operativo.
El mandatario aseguró que se aplicarán las sanciones correspondientes según la ley y respetando el debido proceso.
“Se tomarán las medidas según el debido proceso. Casos como esos serán sancionados, según lo prevé la ley”, dijo.
La Policía Nacional informó que sus organismos de control interno han iniciado una investigación para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.
“Estamos trabajando para que haya una Policía, como es la inmensa mayoría de ella, de respeto, prudencia y que cuide al ciudadano”, afirmó Abinader.
El jefe del Estado ofreció estas declaraciones durante el lanzamiento del “Operativo Proteger y Servir Semana Santa 2026”, realizado en el Palacio de la Policía Nacional.
Abinader informó que al menos 35,000 efectivos serán desplegados en todo el país durante el asueto de Semana Santa, 25,000 policías y 10,000 militares, esto como parte del dispositivo de seguridad para garantizar la protección de la ciudadanía.
Santo Domingo.- El abogado Valentín Medrano, integrante de la barra de defensa del procurador fiscal Aurelio Valdez Alcántara, aseguró que la acusación por presunto soborno contra su cliente carece de lógica jurídica y presenta lo que calificó como un “entrampe” o provocación ilegal por parte del propio Ministerio Público.
Según la teoría del órgano acusador, Valdez Alcántara habría solicitado inicialmente 200 mil dólares, un vehículo de lujo y un reloj Rolex, reduciendo posteriormente la supuesta exigencia a 150 mil dólares.
En ese contexto, el Ministerio Público sostiene que recibió un adelanto de 10 mil dólares, dinero que habría sido entregado de manera controlada y marcado, lo que permitió su arresto en flagrante delito.
Sin embargo, el abogado Medrano rechazó de forma categórica esa versión y afirmó que su defendido niega los hechos en su totalidad.
Valentín Medrano, abogado del fiscal Aurelio Valdez acusado de soborno.
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“Él niega absolutamente la ocurrencia de esos hechos.No existe tal soborno ni mucho menos una negociación de esa naturaleza”, sostuvo.
Cuestionamientos a la supuesta flagrancia
Uno de los puntos centrales de la defensa gira en torno a la supuesta entrega de dinero marcado.
Medrano aseguró que, en un proceso de este tipo, el Ministerio Público debió informar previamente al juez sobre la realización de una entrega controlada, incluyendo los detalles de los billetes.
“Si usted tiene dinero marcado, si usted va a hacer una entrega controlada, debe informarlo al juez, indicar la numeración de los billetes y las condiciones de la operación. Eso no ocurrió”, argumentó.
El abogado insistió en que no existe evidencia documental que sustente que el dinero estuviera marcado, pese a que el Ministerio Público lo afirma en su narrativa.
“¿Dónde están las marcas de ese dinero? Eso no existe. Eso es falso”, enfatizó en el Programa el sol de la Mañana.
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Asimismo, cuestionó el procedimiento de arresto, señalando que el mismo podría estar viciado si se demuestra que hubo irregularidades en la fase previa de la investigación.
Denuncia de “entrampe” en el proceso
Medrano introdujo como eje de la defensa la figura del “entrampe”, una práctica prohibida en el derecho penal, que consiste en inducir a una persona a cometer un delito que no habría cometido por iniciativa propia.
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“Si hay un entrampe, hay una violación flagrante a la normativa procesal penal, no solo en República Dominicana, sino a nivel mundial”, explicó.
De acuerdo con su planteamiento, el Estado no puede participar en la creación de un delito con el objetivo de sancionarlo posteriormente, ya que eso constituiría una forma de instigación ilegal.
En ese sentido, cuestionó la actuación del Ministerio Público al señalar que, si ya tenía conocimiento de un supuesto delito, debió proceder conforme a la ley sin necesidad de inducir situaciones.
Cronología que genera dudas
El abogado también puso en duda la cronología de los hechos presentada por la acusación. Indicó que el 24 de marzo de 2026 el Ministerio Público ya había solicitado la designación de un juez de instrucción especial, lo que a su juicio demuestra que tenía conocimiento previo de una posible infracción.
“Si ya el 24 tenían conocimiento de un supuesto delito, ¿por qué no procedieron de inmediato? ¿Por qué esperar y montar un escenario?”, cuestionó.
El arresto, según explicó, se produjo el 27 de marzo, tres días después de la designación del juez, lo que según la defensa sugiere una posible planificación previa del operativo.
La figura del testigo
Otro de los argumentos clave de Medrano es que la persona que habría entregado el dinero no tenía la condición de imputado, sino de testigo dentro del proceso principal.
“El propio Ministerio Público había establecido que ese señor era un testigo, no un imputado. Entonces, ¿qué podía ofrecerle mi defendido a cambio de dinero?”, cuestionó.
El abogado insistió en que un testigo no tiene necesidad de pagar sobornos para obtener beneficios procesales, ya que su rol no implica responsabilidad penal directa.
“¿Cuál era el miedo de ese testigo? ¿Qué se le podía exigir para que entregara dinero? No hay lógica en esa teoría”, agregó.
Posibles intereses detrás del caso
Durante sus declaraciones, Medrano también sugirió que el caso podría estar vinculado a intereses mayores relacionados con investigaciones en curso.
Indicó que su defendido participaba en procesos relevantes, lo que, a su entender, podría explicar un intento de desacreditarlo.
“Cuando usted cuestiona a un fiscal que tiene participación en investigaciones importantes, usted impacta todo el proceso”, afirmó.
Sin embargo, no ofreció pruebas concretas sobre esta hipótesis, limitándose a plantearla como una posibilidad dentro del contexto del caso.
Debate sobre la evidencia material
En cuanto a la supuesta ocupación de los 10 mil dólares, el abogado reiteró que su defendido niega haber recibido ese dinero.
Además, cuestionó que, pese a que el Ministerio Público detalla montos y evidencia en la solicitud de medida de coerción, no se presenten elementos claros que respalden la versión del dinero marcado.
“Se habla de dinero, se describen montos, pero no se demuestra la supuesta marcación ni el procedimiento adecuado para una entrega controlada”, indicó.
Un caso que abre debate jurídico
El proceso contra el fiscal Aurelio Valdez Alcántara ha generado un amplio debate en la opinión pública y en el ámbito jurídico, especialmente en torno a los límites de la investigación penal y el uso de técnicas especiales como las entregas controladas.
Para la defensa, el caso representa un ejemplo de violación al debido proceso y de uso indebido de herramientas investigativas.
“Aquí lo que hay que determinar es si se respetaron las reglas del juego. Porque si no se respetaron, todo el proceso se cae”, dijo Medrano.
Solicitud de medida coerción
Ayer jueza de la Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional aplazó el conocimiento de solicitud de medida de coerción en contra del fiscal Aurelio Valdez Alcántara, acusado de pedir soborno.
La magistrada Isis Muñiz tomó la decisión a fin de que los abogados de Valdez Alcántara puedan estudiar el expediente en su contra, por lo que fijó la audiencia para el próximo martes siete del mes de abril.
Un ataque aéreo israelí contra el área de Rihab, en los suburbios del sur de Beirut, causó este lunes la muerte de una persona y dejó 17 heridos, de acuerdo con el Ministerio de Salud de Líbano.
La información fue difundida hoy por el medio Latinu_us, en la cual destaca también, que en un comunicado, el ministerio de Salud señaló que entre los heridos hay 10 libaneses y seis sirios; de ellos, cuatro son niños. Una mujer de nacionalidad keniana también resultó herida.
Israel lanzó este lunes dos ataques aéreos contra los suburbios del sur de Beirut, después de emitir advertencias para instar a los residentes a evacuar el área.
Los combates transfronterizos han continuado a lo largo de la frontera entre Líbano e Israel desde el 2 de marzo, cuando Hizbulá lanzó cohetes hacia Israel por primera vez desde que entró en vigor el acuerdo de cese al fuego entre ambas partes el 27 de noviembre de 2024.
Esto provocó intensos ataques aéreos israelíes contra el sur y el este de Líbano.
