Santo Domingo.- El Defensor del Pueblo visitó al director de Residencias Médicas en la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) en el marco de una investigación por filtración y ventas del examen de residencias médicas.

Durante el encuentro, se acordó realizar una investigación, mientras que la universidad llevará a cabo dos indagaciones paralelas para determinar la magnitud de las denuncias presentadas por estudiantes.

Los estudiantes afirman que el examen fue filtrado y vendido, como se expuso en el programa de N Investiga de Nuria Piera.

El director confirmó que se han recibido múltiples denuncias y quejas por parte de estudiantes, quienes han cuestionado varias preguntas del examen, así como su filtración en redes sociales.

Como evidencia, se destacó una comunicación recibida por la institución, en la que un estudiante denunció la filtración del examen tres días después de su aplicación, tanto ante esa oficina como ante la Rectoría de la Universidad Autónoma de Santo Domingo.

El Ministerio Público presentó acusación formal contra el exdirector municipal de Bayahíbe, Enriquillo Luis Brito, y su hijo Enrique José Luis Brito, a quienes vincula con el decomiso de 9,889 kilogramos de cocaína en el Puerto Multimodal Caucedo, ocurrido en diciembre de 2025.

De acuerdo con el expediente, el exfuncionario registró movimientos financieros de alto volumen a través de múltiples cuentas bancarias. En tres cuentas a su nombre movilizó RD$89,086,257.47 en entradas y RD$91,818,671.88 en salidas, además de US$323,207.47 en ingresos y US$236,111.45 en egresos, principalmente mediante depósitos y transferencias.

Asimismo, entre 2018 y 2025, sus cuentas bancarias acumularon movimientos de RD$87,616,479.62 en entradas y RD$81,549,574.96 en salidas, destacándose los años 2022, 2023 y 2024 como los de mayor flujo. Solo en depósitos en efectivo, se registraron RD$51,618,262.27.

El Ministerio Público también señala inconsistencias entre estos montos y los ingresos declarados. Entre 2020 y 2022, Brito reportó entradas en efectivo por RD$10,810,384.57, pero en sus declaraciones juradas solo consignó ingresos por RD$4,186,000.25.

En cuanto a su historial laboral, el expediente indica que percibió salarios de RD$10,000.00 entre 2009 y septiembre de 2016; RD$45,000.00 entre octubre de 2016 y septiembre de 2020; y RD$70,000.00 desde octubre de 2020 hasta septiembre de 2025, cifras que no se corresponden con los montos manejados en el sistema financiero.

Respecto a su hijo, de 29 años, la acusación establece que no registra actividad laboral ni declaraciones de impuestos entre junio de 2003 y octubre de 2025. Sin embargo, presenta movimientos bancarios de RD$33,924,859.82 en entradas y RD$33,447,399.75 en salidas.

Las autoridades también vinculan a Denis Berroa Brito, a quien se le ocupó un cuaderno con anotaciones de operaciones de narcotráfico, gastos y marcas de paquetes de droga. Además, se identificó una cuenta mancomunada entre este y el exdirector municipal, con movimientos de RD$998,244.84 en entradas y RD$248,259.48 en salidas entre abril de 2018 y junio de 2025.

El Ministerio Público sostiene que estos elementos evidencian un presunto esquema de enriquecimiento ilícito vinculado al narcotráfico, por lo que solicitó la apertura a juicio contra los implicados.

Un juez impuso este miércoles prisión preventiva a tres hombres señalados de atacar a tiros con un fusil a un grupo de personas en plena vía pública, en el sector 27 de Febrero del Distrito Nacional, hecho en el que falleció un joven de 19 años.

Los tres señalados de asesinato por las autoridades son Leandro Ovalles Solano, de 28 años; Ademil Reyes Montero, de 23; y Joel González Valverde ("Li" y/o Compañero).

El juez Rigoberto Sena, quien dictó los tres meses de prisión, como medida de coerción, dispuso que sean cumplidos en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, en San Cristóbal.

El joven fallecido en el ataque, ocurrido el día 23 del pasado mes de marzo, es Yeuri Johansel Acosta, quien, según algunas versiones, conocía a sus agresores.

El ataque quedó registrado por videos que se subieron en las redes sociales.

El expediente presentado por el Ministerio Público detalla que los imputados se desplazaban en un vehículo blanco, marca Honda Civic, desde el cual realizaron múltiples disparos con un fusil contra varias personas que se encontraban en la vía pública, impactando mortalmente a Acosta.

El arma utilizada es un fusil marca L71, modelo Reaper, calibre 5.56 x 45 milímetros, con cargador dorado y 28 cápsulas.

Dice tener miedo

Odalis Tanicha Acosta, madre del joven asesinado, dijo temer por su vida y la de otros dos hijos que tiene porque, según afirmó, hay una persona influyente que está detrás de los disparos que realizaron los tres hombres con el fusil.

• "Ellos hablan de un atraco, pero yo quiero saber cuál fue el atraco, dónde está la cámara, el video del atraco", cuestionó la progenitora de la víctima.

Sostuvo que Yeuri Johansel era taxista y mensajero.

La Policía Nacional informó el apresamiento de Miguel Ángel Arias, alias “El Boxeador”, de 29 años, quien era activamente buscado mediante orden de arresto No. 2026-AJ0024150, acusado de ocasionar una herida de bala a un hombre durante un hecho ocurrido en febrero pasado en la carretera de Mendoza.

El arresto fue realizado por miembros de la División de Crímenes y Delitos Contra las Personas (Homicidios), adscritos a la Dirección Regional Santo Domingo Oriental, como parte del seguimiento a un caso de violencia registrado en un centro de diversión de esa demarcación.

De acuerdo con el informe preliminar, el hecho ocurrió en horas de la madrugada del 1 de febrero de 2026, cuando agentes policiales fueron alertados, vía la central de radio (R8), de que en un hospital público de la zona recibía atenciones médicas el joven Bernardardo Espín Valenzuela, de 25 años, quien presentaba una herida por proyectil de arma de fuego en el tobillo derecho, con entrada y salida por el talón.

Según las declaraciones del herido, la agresión se produjo mientras laboraba como personal de seguridad en una discoteca ubicada en la referida vía, momento en que intentó impedir la entrada de Arias, quien portaba un arma de fuego, originándose la situación en la que este realizó el disparo.

Tras labores de investigación e inteligencia, el imputado fue localizado y apresado el pasado 31 de marzo de 2026 en el sector Villa Faro, Santo Domingo Este, ocupándosele una motocicleta marca Haojue, modelo Express, color azul, sin placa.

Las autoridades indicaron que en la escena del hecho fue colectado un proyectil como evidencia. Asimismo, al ser depurado en el Sistema Policial de Consultas Criminológicas (SPCC), se estableció que el detenido figura con un arma de fuego tipo pistola, marca Carandai, calibre 9mm, la cual porta de manera legal.

El detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes.

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia ratificó la condena de 12 años de prisión contra Yokaira Julianny Sosa Asencio, conocida como “Yokairy” o “Irene”, tras ser hallada culpable de integrar una banda dedicada a cometer raptos exprés en el sector María Auxiliadora, en el Distrito Nacional.

El alto tribunal rechazó el recurso de casación presentado por la defensa de la imputada y confirmó la sentencia que ya había sido validada por la Corte de Apelación. La decisión fue adoptada por un tribunal presidido por el magistrado Francisco Jerez Mena.

Con esta ratificación, Sosa Asencio deberá cumplir la pena en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Higüey Mujeres, en la provincia La Altagracia. Además, el fallo fue remitido al juez de la Ejecución de la Pena para el cómputo oficial del tiempo en prisión.

En su decisión, la Suprema Corte desestimó los alegatos de violación de derechos presentados por la defensa. El tribunal indicó que durante el juicio original las pruebas fueron aceptadas sin objeción, por lo que no procede cuestionarlas posteriormente. “No puede alegarse una afectación al derecho de defensa respecto de una actuación previamente consentida”, concluyó.

De acuerdo con el expediente, la condenada formaba parte de una red criminal que utilizaba la aplicación Tinder para atraer a sus víctimas. La mujer contactaba a hombres con supuestos fines románticos o íntimos y, al llegar al lugar acordado, eran interceptados por otros miembros del grupo armado.

Uno de los hechos ocurrió el 7 de octubre de 2022 en la calle Barbarín Mojica, donde dos hombres fueron emboscados por Sosa Asencio, junto a una mujer identificada como “La July”, quien permanece prófuga,  y Enmanuel Antonio Almarante Medrano. Durante el asalto, los atacantes encañonaron a las víctimas, provocando un accidente de tránsito que dejó a uno inconsciente, para luego despojarlos de dinero, celulares y prendas.

Por este mismo caso, en mayo de 2024, Almarante Medrano fue condenado a 15 años de prisión, al ser identificado como el encargado de ejercer la violencia física y amenazar con armas de fuego.