Santo Domingo, R. D.- La Tesorería Nacional (TN) puso en vigencia el Compromiso Estratégico de Integridad y Prevención de la Corrupción Administrativa para cargos de Alto Nivel para la adhesión a los trabajos de implementación del Sistema Nacional de Integridad de la República Dominicana que realiza la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEI) en el Sector Público, al emitir la resolución número TN-05.

Luis Rafael Delgado Sánchez, Tesorero Nacional, firmó junto a funcionarios de la institución el documento y aseguró que el mismo está estructurado en componentes y pilares para conformar una base sólida del marco ético dentro de la entidad que dirige.

“Para quien suscribe y el equipo de la alta gerencia implica asumir nuestro compromiso de un modelo de integridad institucional y prevención de la corrupción administrativa coherente con la visión del Presidente Luis Abinader”, indicó el funcionario.

El documento establece que los cargos de alto nivel y sus equipos de gerencias en el desempeño de sus funciones mantendrán un estricto apego a los valores éticos apegado a los principios fundamentales de la administración pública.

También insta a asumir una cultura de integridad y establece que el objetivo es mitigar los riesgos políticos y económicos de incumplimiento normativo y de corrupción administrativa asociados al ejercicio de funcionarios con cargos de alto nivel y sus equipos de gerencia.

“Este compromiso es de mucho valor para la institución y para todos nosotros, es una guía de compromiso ético y moral sumamente importante, para que la institución siga cada vez más apegada a esos principios que estamos asumiendo, que estamos ahorrando y que estamos firmando”, agregó el Tesorero Nacional, Luis Rafael Delgado Sánchez.

Los componentes del compromiso asumidos por los funcionarios de la TN con la firma del referido documento son Prevención de la Corrupción Administrativa, Política de Gestión de Riesgos Conductuales, Política de Integridad, Controles Internos, Externos, Auditorías, Canales de Denuncias, Capacitación y Comunicación.    

La actividad de la firma del Compromiso Estratégico de Integridad y Prevención de la Corrupción Administrativa para cargos de Alto Nivel fue organizado por la Comisión de Integridad Gubernamental y Cumplimiento Normativo de la Tesorería Nacional.

El presidente Luis Abinader agotó una agenda de trabajo este domingo en la provincia Duarte, donde encabezó la inauguración del remozado Hospital Municipal de Villa Rivas, dos edificios de oficinas gubernamentales, un polideportivo en el sector Pueblo Nuevo, y sostuvo un encuentro-almuerzo con jóvenes emprendedores, universitarios y representantes de la sociedad civil.

El mandatario inauguró en el municipio de San Francisco de Macorís dos edificios gubernamentales, con el objetivo de beneficiar a los ciudadanos al acercar los servicios públicos, mejorar la eficiencia administrativa, facilitar el acceso a trámites, reducir tiempos de espera, como parte del plan de descentralización y modernización de los servicios públicos.

Las nuevas instalaciones también permitirán unificar múltiples dependencias estatales en espacios adecuados y evitar que los ciudadanos tengan que desplazarse a otras ciudades.

Al pronunciar algunas palabras, el jefe de Estado aseguró que su gobierno seguirá trabajando con eficiencia y transparencia y que para la provincia Duarte se construyen obras de mucho impacto que la consolidaran como una gran ciudad.

El mandatario señaló de igual modo, que serán obras necesarias y a favor de toda la población de la provincia y sus municipios.

Comisión de Apoyo

De su lado, el director de la Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Provincial, Ángel de la Cruz definió al presidente Abinader como un hombre que ha ido transformando la provincia Duarte con las obras que está construyendo.

De la Cruz enumeró algunas de las obras que el mandatario ha ejecutado, entre estas: las estaciones de policías en Las Taranas, la de Hostos, Sabana Grande de Hostos, Arenoso, La Bomba de Yahiba, Villa Rivas, El Abanico, Las Guaranas y Vista del Valle.

También el Puente Ugamba, Club Olimpia, Fortaleza Duarte y la construcción del proyecto habitacional Santa Ana.

El primer edificio albergará diversas instituciones públicas, entre ellas el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), el Ministerio de Vivienda y Edificaciones (MIVED), el INABIE, el Ministerio de Trabajo y la Dirección General de Pasaportes.

El segundo edificio será la nueva sede del ministerio de la Juventud, el Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911, así como del Instituto de Estabilización de Precios (INESPRE).

Ambos edificios fueron construidos con criterios de funcionalidad y sostenibilidad por la Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Provincial.

Hospital Municipal

Más adelante, la agenda del mandatario continuó con la inauguración del remozado y ampliado Hospital Municipal Alicia de Legendre, en el municipio de Villa Rivas, obra que beneficiará a más de 33 mil habitantes.

El director del Servicio Nacional de Salud (SNS), Mario Lama, resaltó los avances alcanzados en materia de salud bajo la actual gestión. Señaló que esta inauguración se enmarca dentro del proceso de transformación del sistema sanitario nacional.

Lama explicó que en la región Nordeste, donde se encuentran 22 hospitales, ya han sido intervenidos 17 centros de salud, de los cuales 15 han sido entregados completamente renovados.

De su lado, la gobernadora Ana Xiomara Cortés destacó que la inauguración del hospital representa mucho más que la entrega de una obra que simboliza el cierre de una larga etapa de espera y olvido para los residentes de Villa Riva.

Multiuso

Luego, el jefe de Estado inauguró el moderno Multiuso Club Máximo Gómez en el sector Pueblo Nuevo del municipio de San Francisco de Macorís, como parte de su compromiso con el impulso al deporte y la inclusión comunitaria. La obra tuvo una inversión superior a los RD$75 millones.

La nueva instalación deportiva beneficiará directamente a cientos de jóvenes y atletas de la zona, quienes ahora contarán con un espacio adecuado para la práctica de disciplinas como baloncesto, voleibol y otras actividades recreativas.

Al pronunciar las palabras centrales del acto, el ministro de Deportes, Kelvin Cruz dijo que esta obra fue una demanda de más de 40 años, asegurando que este gobierno tiene a la juventud como prioridad.

Sostuvo que el presidente Abinader cree en el poder del deporte como herramienta de transformación social. "Por eso invierte en instalaciones dignas para que nuestros jóvenes tengan mejores oportunidades".

El polideportivo cuenta con una cancha techada, gradas, vestidores, baños, sistema de iluminación LED y una estructura preparada para eventos tanto deportivos como comunitarios. La obra fue ejecutada por el Ministerio de Deportes con apoyo del Ministerio de Obras Públicas.

Vecinos y líderes comunitarios del sector Pueblo Nuevo celebraron la entrega del recinto, que llevaba años siendo una demanda de la población local. La instalación también será utilizada por clubes deportivos y centros educativos de la zona.

Más de 300 Jóvenes

Finalmente el jefe de Estado sostuvo un almuerzo-encuentro con más de 300 jóvenes estudiantes de distintos centros educativos y universidades de la provincia Duarte, con el objetivo de escucharlos directamente, conocer sus inquietudes y reafirmar el compromiso del Gobierno con la juventud dominicana.

Durante el encuentro, el mandatario explicó que esta iniciativa forma parte de un plan piloto que se pretende replicar en otras provincias del país, con el fin de fortalecer el contacto directo entre el Gobierno y la juventud.

El jefe de Estado señaló que la misión de su gestión es crear oportunidades reales para los jóvenes, tanto en el ámbito educativo como en el laboral, fomentando el emprendimiento y el desarrollo de empleos de calidad. Destacó además el crecimiento económico y la diversificación que ha experimentado la provincia, lo cual se refleja en la instalación de nuevas marcas nacionales en San Francisco de Macorís.

En cuanto a educación, anunció la pronta apertura del Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP) en la provincia, así como la expansión de su oferta formativa a través del Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA) y otras instituciones técnicas.

Asimismo, informó sobre la descongestión de la extensión local de la UASD con la apertura de un nuevo centro en Cotuí, lo que permitirá mejorar las condiciones académicas en la región.

Acompañaron al presidente, el ministro de Salud, Víctor Atallah; los directores del INDRHI, Olmedo Caba; de Pasaportes, Lorenzo David Ramírez; de Inespre, David Herrera; de la Digesett, Pascual Cruz Méndez; regional de Salud Nordeste, Rafael de Jesús Rodríguez y del Hospital Alicia de Legendre, Ricardo Matos.

También, los subdirectores, general del INTRANT, Daniel Canela; de Desarrollo Barrial, Ramón Díaz; el senador de la provincia Duarte, Franklin Romero y vicealdesa de San Francisco de Macorís, Rosa Estela García.

El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) y su director ejecutivo, Milton Morrison, presentaron el pasado viernes 4 de julio de 2025 una querella penal con constitución en actor civil contra la empresa Dekolor, S.R.L.

Esta querella presentada ante la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) también incluye al presidente de la organización, Rogelio Oruña y su gerente general Sandra Oruña.

La acción penal detalla una supuesta trama de intentos de soborno —con sumas ofrecidas de hasta un millón de dólares estadounidenses y RD$3,000,000.00 mensuales—, amenazas personales, presión institucional y entrega de dinero en efectivo a funcionarios clave del Intrant.

Según detalla la institución en una nota de prensa, el objetivo de estos actos era obtener la prórroga de un contrato estatal vencido que había sido adjudicado a Dekolor para la instalación y operación del sistema integral de emisión y renovación de licencias de conducir en todo el país.

El contrato, suscrito originalmente en enero de 2020 por un periodo de cinco años, incluía la administración de 21 centros de atención, provisión de personal y equipos, así como la operación tecnológica completa del sistema de licencias. "A pesar de haber sido modificado en tres ocasiones mediante adendas no aprobadas por el Consejo del Intrant, la empresa procuraba extender su vigencia sin pasar por un proceso competitivo, presionando de forma ilegal a la actual dirección institucional", señala el referido comunicado.

Intrant dijo que los hechos imputados se califican como soborno conforme a la Ley núm. 448-06, asociación de malhechores, lavado de activos según la Ley número 155-17, estafa contra el Estado, y chantaje/extorsión electrónica, con base en el Código Penal y la Ley núm. 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.

“La querella —respaldada por informes técnicos internos y de la Contraloría General, evidencias documentales y testimonios— subraya la existencia de una estructura criminal articulada con el fin de manipular decisiones administrativas y apropiarse indebidamente de fondos públicos. Además, se refiere a otros posibles actores involucrados cuya participación deberá ser depurada por el órgano persecutor”, señala el Intrant en el comunicado de prensa.

Dos jóvenes de 18 y 19 años de edad, que la Policía identifica como "reconocidos atracadores", murieron durante un enfrentamiento a tiros supuestamente por inconformidad en la repartición de los bienes obtenidos durante un atraco.

Se trata de Edwin Collado, de 18 años, conocido también como Eguin y Estiben Candelario Brioso, de 19, ambos residentes en San Cristóbal.

De acuerdo con la Policía, los dos hombres se desplazaban a bordo de la motocicleta marca XPRESS, azul chasis LC6PCJBJ9R0027269, en compañía de dos personas, más en proceso de identificar, a bordo de otra motocicleta marca AX100, también azul, de datos ignorados, cuando se enfrascaron en una discusión.

La Policía dice que eran atracadores

Los jóvenes, según la Policía, habían hecho un atraco en la avenida 6 de Noviembre, próximo al lugar conocido como El Viajero y cerca de las 10:20 de la noche comenzaron a discutir por desacuerdo por la repartición de los bienes sustraídos y fue en ese momento cuando dos de los cuatros hombres dispararon a Edwin Collado y a Estiben Candelario Brioso y huyeron en una motocicleta.

La Policía informó que los dos jóvenes fueron heridos uno en el brazo izquierdo y en las axilas y muñeca y el otro en el costado derecho y el brazo izquierdo. Uno de los jóvenes tenía un chaleco antibalas, negro un Pasa Montaña en la cabeza y otro en la mano izquierda.

Edwin Collado residía en la calle principal del sector de Jeringa, en San Cristóbal y Estiben Candelario Brioso, en la Madre Vieja Norte, barrio La Piña en San Cristóbal.

Un testigo informó a la Policía que observó a los dos occisos junto a dos persona más discutiendo y luego escuchó varios disparos. Posteriormente vio a los jóvenes tirados en el suelo y los otros dos aun no identificados emprendieron la huida a bordo de un motor.

El ministro de Turismo, David Collado, anunció este domingo que el Gobierno ejecutará un ambicioso proyecto de remozamiento en la playa de Boca Chica, con una inversión superior a los 600 millones de pesos.

El funcionario hizo el anuncio durante un acto en el balneario, donde también prometió la reconstrucción del malecón de Andrés, la parroquia San Miguel, así como de los parques Plaza de los Caracoles, Parque Infantil y Parque Central, cuyas licitaciones ya están publicadas en el portal de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP).

"Que a nadie le quepa duda que la palabra empeñada… va a ser quebrantada. Esas son ilusiones de algunas personas, esos son chismes de alcantarilla. Yo cumplo lo que digo", dijo Collado, al responder a las críticas sobre el cumplimiento de sus compromisos.

Renovación

El funcionario garantizó que los comerciantes tradicionales de la playa no serán desplazados durante el proceso de renovación. "Ningún vendedor o vendedora que ha estado aquí por años va a ser removido.

En ningún proyecto que hemos realizado hemos removido a nadie. En ninguno se le ha quitado la caseta a alguien para dársela a un dirigente del partido. Yo no creo en eso", afirmó.

Además, prometió que las nuevas casetas incluirán electrodomésticos como estufas y neveras, provistos por el Estado. Los vendedores también serán capacitados por el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (Infotep) y podrán acceder a préstamos para mejorar sus operaciones.

Durante el acto, Collado firmó y entregó un documento escrito con sus compromisos, acompañado por diputados y regidores de la zona. También informó que los trabajos de asfaltado de las calles comenzarán tan pronto el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillado (Inapa) concluya las obras en curso en la zona.

El expresidente de la República y presidente del partido Fuerza del Pueblo (FP), Leonel Fernández, volvió a referirse este sábado a la presunta crisis que atraviesa el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) y la atribuyó al clientelismo político.

Sostuvo que el partido de Gobierno afilió a ciudadanos para ganar votos en las pasadas elecciones.

"Eso fue lo que ocurrió, se utilizó el programa con fines electorales y clientelistas y ahora resulta que no encuentras los fondos para atenderlo", expresó. Además, sugirió que haya transparencia con este servicio para aclarar la situación.

De su lado, el diputado José Horacio Rodríguez y presidente del partido Opción Democrática denunció el mal uso que, a su juicio, se le está dando al seguro de salud, lo que conlleva a su detrimento.

Hizo un llamado a que se fortalezca el seguro de salud y denunció que su descuido puede ser una estrategia para seguir garantizando que los seguros privados se sigan lucrando.

"Nosotros sí creemos en la importancia de lo público para garantizar servicios de salud a nivel universal a toda la población dominicana y para lograr ese objetivo hay que fortalecer el SeNaSa", agregó.

Responsabilizó a las malas decisiones políticas que se haya dispuesto el servicio sin garantizar que hubiera fondos suficientes. "Esa es la mala política que hay que enterrar en el país", dijo.

Al respecto también se pronunció Johny Pujols, secretario general del Partido de la Liberación Dominica (PLD), quien afirma que es urgente que se le asignen los fondos necesarios al servicio de salud para garantizar los servicios que brinda, además del pago a las prestadoras de servicio y a los médicos.

También, sugirió a la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril) que presente los estados financieros de la institución, "porque es información pública, y todos los ciudadanos, ustedes (periodistas) que hacen opinión pública, tienen el derecho de saber y el Gobierno tiene el deber de ponerla a disposición de la ciudadanía", agregó.

Estas declaraciones fueron ofrecidas tras la ceremonia de graduación del Diplomado de Administración Electoral para miembros de partidos y organizaciones políticas, el cual fue impartido por la Junta Central Electoral (JCE).

¿Crisis?

El miércoles 25 de junio, durante una rueda de prensa, representantes de la Fuerza del Pueblo denunciaron una supuesta crisis económica y de gobernanza en la que estaría inmerso el Senasa, señalando también que –según informes de la Sisalril- la morosidad ha escalado alarmantemente, pasando del 0.97 % en 2020 a 46.02 % en 2023, manteniéndose en torno al 44 % en 2024.

Asimismo, indicaron que la mala gestión ha provocado fallas en servicios, demoras en autorizaciones y atrasos en los pagos a prestadores privados

Mientras que, el presidente Luis Abinader negó el déficit y argumentó que el servicio de salud "no está enfrentando una crisis financiera" y que solo requiere "un aporte extra del Estado" para mantener su operatividad.

Un tribunal del Distrito Nacional impuso medidas de coerción consistentes en garantía económica, presentación periódica e impedimento de salida del país a ocho personas imputadas por su presunta vinculación con una red criminal dedicada al fraude bancario y al robo de identidad, la cual operaba desde el municipio Bonao, provincia Monseñor Nouel.

El Ministerio Público había solicitado prisión preventiva, argumentando que los acusados no ofrecían garantías suficientes de presentarse al proceso ni contaban con el arraigo necesario para descartar el peligro de fuga.

Sin embargo, el juez Rigoberto Sena, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, estableció una garantía económica mediante contratos de RD$3,000,000 para Freddery García Ortiz, señalado como cabecilla de la red y propietario de la empresa Decoral Muebles y Más, S.R.L., y RD$2,000,000 para su pareja, María Carolina Durán Tavárez.

Asimismo, dispuso una garantía económica de:

• RD$1,000,000 para George Charlie Abreu Tejada
• RD$500,000 para Jonathan Darío Pichardo y Raúl Ortiz Arias
• RD$200,000 para Tatiana Elizabeth Sosa Reyes y Alba Nidia Altagracia Gomera Lagares
• RD$150,000 para Wilton Rafael Gutiérrez (alias Chango)

A solicitud del Ministerio Público, el juez declaró el caso como complejo, otorgando un plazo de 12 meses para que se concluya la investigación y se presente la acusación formal, según establece un comunicado de prensa de la Procuraduría General de la República.

Durante la audiencia, los fiscales Carlos Vidal, encargado del Departamento de Litigación Inicial, y Gabriela Gómez Garrido, del Departamento Investigativo de Propiedad Industrial, Derecho de Autor y Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, presentaron cerca de 100 elementos de prueba que sustentan la acusación.

Las evidencias documentan la estructura de la red, su modus operandi y los resultados obtenidos a través del fraude.

Transferencias ilícitas

La investigación se originó tras reclamaciones de clientes de una entidad financiera, lo que llevó a una operación conjunta del Ministerio Público y la Dirección de Policía Cibernética (Dicat).

Se logró identificar a los integrantes de la red, quienes accedieron ilegalmente a perfiles de clientes, realizaron transferencias ilícitas a cuentas controladas por los imputados y retiraron los fondos mediante cajeros automáticos y ventanillas bancarias.

El operativo fue coordinado por la Fiscalía del Distrito Nacional y la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, con apoyo de más de 200 agentes del Dicat y 40 fiscales, quienes ejecutaron 34 allanamientos simultáneos. Durante los mismos se incautaron dispositivos electrónicos, documentos de identidad, libretas bancarias y otras evidencias relevantes.

Además, se ocuparon sustancias controladas, vehículos y se procedió a la incautación de varios inmuebles adquiridos con los fondos obtenidos mediante actividades ilícitas.

El Ministerio Público calificó jurídicamente los hechos como violaciones a los artículos 265 y 266 del Código Penal, los artículos 6, 14, 15 y 17 de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, y a la Ley No. 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.

La Fiscalía considera que se trata de una red criminal estructurada y peligrosa, y continúa con la investigación para identificar a otros posibles implicados.