En medio del prolongado conflicto institucional entre el distrito municipal de Verón–Punta Cana y el Ayuntamiento de Higüey, la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo fijó posición este lunes al otorgar autonomía a las alcaldías para hacer uso y administrar el suelo en estas demarcaciones.
Ramón Antonio Ramírez (Manolito), director de la junta distrital de Verón-Punta Cana, ha librado una dura batalla con el Ministerio de Vivienda y Edificaciones (Mived), al que ha reclamado de forma insistente el respeto a la Ley 368-22 sobre Ordenamiento Territorial, Uso de Suelo y Asentamientos Humanos.
En sentido, Ramírez ha instado al Mived a aplicar la normativa, vigente desde diciembre de 2022, y que otorga a distritos con más de 15,000 habitantes (como Verón, que supera los 138,000), la facultad de crear y operar su propia Oficina de Planeamiento Urbano.
El Ministerio de Vivienda y Edificaciones ha rehusado aceptar las certificaciones de uso de suelo emitidas por la junta distrital, paralizando más de 20 proyectos de inversión en la zona.
Reunión sin acuerdos
Recientemente, Ramírez participó en una reunión en la sede del Mived, en Distrito Nacional, junto al ministro Carlos Bonilla, la alcaldesa de Higüey, Karina Aristy, y el senador Rafael Barón Duluc (Cholitín).
Pese a las expectativas generadas, el encuentro concluyó sin acuerdos concretos, reafirmando el estancamiento institucional que impide avanzar en la regularización de los proyectos urbanísticos en el distrito turístico.
El director distrital de Verón-Punta Cana ha reiterado que no aceptará imposiciones ni firmará arreglos que contradigan el marco normativo vigente. Su postura ha sido respaldada por la Federación Dominicana de Distritos Municipales (Fedodin), que no solo ha expresado su apoyo a Verón–Punta Cana, sino que ha llevado al Mived a los tribunales por presunto incumplimiento sistemático de la Ley 368-22.
La demanda exige una indemnización de 3 mil millones de pesos por los perjuicios ocasionados a los distritos municipales que, como Verón, han visto frenado su desarrollo.
Uso de suelo es facultad de los ayuntamientos
A raíz del conflicto entre estas demarcaciones, este lunes, laConsultoría Jurídica del Poder Ejecutivo emitió un documento donde establece que “hasta tanto no sea emitido el reglamento de aplicación correspondiente, no podrá ejecutarse plenamente lo dispuesto en la Ley 368-22 de Ordenamiento Territorial, particularmente en lo relativo a las competencias de los distritos municipales sobre el uso de suelo”.
En su misiva, dirigida al ministro de Mived, Carlos Bonilla, la Consultoría hace referencia al artículo 199 de la Constitución, así como a la Ley 176-07 sobre el Distrito Nacional y los Municipios, concluyendo que la competencia en materia de uso de suelo recae sobre los ayuntamientos. Disposición que ha sido ratificada por el Tribunal Constitucional en múltiples sentencias.
En relación a la existencia del artículo 24 de la ley 366-22 que contempla como excepciones y le otorga autonomía a los distritos que pasan de 15 mil habitantes, la comunicación aclara que la aplicación de dicho artículo está condicionada a la emisión de un reglamento que detalle, entre otros aspectos, cuáles distritos cumplen con dichos requisitos.
En tal sentido, la comunicación enfatiza que el reglamento será emitido por el Poder Ejecutivo en los próximos días, y hasta entonces, la competencia en materia de uso de suelo sigue siendo exclusiva de las alcaldías.
Tanto el director distrital como los concejales de Verón-Punta Cana han planteado en diversas ocasiones que la negativa del Ministerio de la Vivienda a otorgar “las cartas de no objeción” ha frenado millones de dólares en inversión y ha sembrado inseguridad jurídica en el principal destino turístico de República Dominicana.
