A menos de 24 horas para que entre en vigor la restricción de giro a la izquierda en tres intersecciones clave de la avenida Lope de Vega, en el Distrito Nacional, el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) comenzó este sábado a colocar las señalizaciones de la prohibición.

En horas de la mañana, miembros del Intrant empezaron a instalar los letreros con los avisos viales que dan inicio a la medida contemplada en el programa "RD se mueve", en las intersecciones Padre Fantino Falco, Gustavo Mejía Ricart y Max Henríquez Ureña.

Asimismo, colocaron nuevos letreros que indican las vías alternas recomendadas por el Intrant para acceder a las calles antes mencionadas.

El ministro de Administración Pública, Sigmund Freund, aclaró que la resolución 15-2025 de la Junta Central Electoral (JCE) no modifica la distribución de los fondos públicos asignados a los partidos, sino la posición en la boleta electoral y el criterio para determinar el porcentaje de votos obtenidos por las organizaciones políticas.

El funcionario explicó que la resolución, basada en un fallo del Tribunal Superior Electoral (TSE), establece que se sumarán todos los votos válidos de los partidos en cada elección, desde las congresuales hasta las presidenciales, para determinar el porcentaje obtenido por el partido y, en base a esto, definir su posición en la boleta electoral.

Antes de esta disposición, solo se tomaba en cuenta el mayor porcentaje obtenido en una de las elecciones. Con este cambio, partidos que tenían un porcentaje menor pasaron a tener uno más alto, y viceversa. Por tanto, los fondos públicos que correspondían a algunos partidos aumentaron, y su posición en la boleta subió.

De acuerdo con Freund, esta decisión indirectamente beneficiará a algunos partidos cuya posición cambió. Sin embargo, el objetivo de la resolución era reorganizar la boleta electoral.

Estas declaraciones fueron ofrecidas durante el acto de graduación del Diplomado Especializado en Administración Electoral, impartido por la JCE a miembros de partidos y organizaciones políticas.

Fallo del TSE

El TSE falló a favor de un recurso interpuesto por los partidos Alianza País (AlPaís), País Posible (PP) y Dominicanos por el Cambio (DxC), alegando que la anterior distribución violaba principios constitucionales y aplicaba criterios restrictivos, contrarios al principio de igualdad.

Tras el dictamen del tribunal, la JCE emitió la citada resolución, la cual mejoró la posición en la boleta de los partidos que interpusieron el recurso.

Las bandas armadas que operan con creciente impunidad en Haití han tomado el control de la zona de Lascahobas, a apenas 40 minutos del paso fronterizo de El Carrizal, en la provincia Elías Piña, generando una nueva ola de violencia que mantiene en vilo a comunidades haitianas y dominicanas.

En lo que testigos describen como una "demostración de poder", miembros de estas pandillas atacaron a la Brigada de Vigilancia de Áreas Protegidas de Haití (BSAP), una unidad especializada en la protección del medioambiente que ha derivado en un grupo paramilitar.

Los criminales irrumpieron en la comunidad de Lascahobas, cercana a Belladère, y se apropiaron de vehículos oficiales, obligando a los agentes a huir en condiciones inciertas.

• Sin embargo, la brutalidad no terminó con la retirada.

• Hartazgo internacional

  El presidente Luis Abinader expresó este ayer que existe un "hartazgo" en la comunidad internacional respecto a la crisis haitiana, luego de años de inestabilidad. "En realidad hay un hartazo de la comunidad internacional con Haití", fueron las palabras exactas con las que se refirió al tema.

  En el marco de su reunión con el expresidente Leonel Fernández, Abinader señaló que este sentimiento es compartido por distintos gobiernos, quienes lo han manifestado tanto en foros multilaterales como en reuniones bilaterales con el Estado dominicano, a raíz de los múltiples esfuerzos realizados sin resultados palpables.

  "En realidad, cada vez que conversamos, ya sea en foros como este, de manera multilateral con diferentes países, como cuando lo hacemos de manera bilateral con los diferentes gobiernos, están cansados del tema de Haití, de tanto tiempo, con tanta inestabilidad", dijo.

  En ese sentido, aseguró que el país continuará insistiendo en la necesidad de una mayor responsabilidad internacional frente a la situación.

  "Todos los países pueden cansarse de Haití, menos República Dominicana, y nosotros tenemos que insistir con el tema haitiano, y seguiremos insistiendo", manifestó.

La Policía Nacional informó el apresamiento de seis motociclistas que figuran en un video difundido en redes sociales, agrediendo con piedras y cascos protectores a un vehículo en marcha en la avenida John F. Kennedy, del Distrito Nacional.

La nota dice que los cristales del vehículo fueron rotos y que el caso está bajo investigación.

Los detenidos son los haitianos Osner Ministre y Jules Wildy, y los dominicanos Johandiel Encarnación Acosta, Francisco Mercedes Cruceta, Jan Frank Martínez Vicente y Jean Carlos Patrocinio Solís.

El vehículo agredido es un Toyota Raize E Full, color blanco, año 2024, cuyo conductor, un ciudadano de 30 años, resultó ileso del hecho. “La identidad de la víctima se hace reserva por el momento.

Tras la difusión del video en una página de Instagram, los agentes policiales adscritos al Departamento Distrito Nacional Uno (C-1), logrando ubicar y apresar a los seis implicados en un operativo focalizado, dice la nota policial.

Los detenidos serán puestos a disposición del Ministerio Público, al tiempo que se trabaja para esclarecer los motivos que originaron esta acción violenta.

La exdirectora del Seguro Nacional de Salud (Senasa), doctora Altagracia Guzmán Marcelino, y el antropólogo social Bernardo Matías, exgerente de Salud de la institución, advirtieron sobre la situación financiera que atraviesa esa ARS, particularmente en el régimen subsidiado.

Una de las razones se debe, según señalaron, a que el 72% del gasto del régimen subsidiado se va a la red privada, lo que para Matías indica “un proceso de privatización del régimen subsidiado”, porque los beneficios no van a los hospitales de la red pública. La red privada cobra tarifas superiores a las del régimen subsidiado.

Ambos fueron funcionarios de Senasa por más de diez años y ofrecieron una entrevista al programa El Día, dirigido por Edith Febles, donde presentaron el libro "Senasa: 20 años de historia", que aborda la evolución y desafíos enfrentados por la entidad desde su creación bajo la Ley 87-01.

Según explicaron, en el último informe financiero de Senasa muestra un déficit en el régimen subsidiado de 3,300 millones de pesos, pero a eso hay que agregarle 2,100 millones que inyectó el Poder Ejecutivo que suman 5,400 millones de pesos.

Matías entiende que asumir el camino de inyectarle recursos a Senasa es muy equivocado y que sigue la tendencia en los próximos cinco años el déficit será 20 mil millones de pesos y va camino a lo que fue el Instituto Dominicano de Seguros Sociales.

Propone mejorar el sistema de auditoria, porque a su juicio, “de seguro que en ese gasto hay fraudes en el medio, sí, pero eso se detecta con un buen sistema de auditoria”.

“Senasa en este momento no está en quiebra en términos legales, en término del patrimonio, pero la tendencia es que si no se abordan con responsabilidad las raíces de los problemas va a terminar en quiebra”, explicó Bernardo Matías .

Otro dato que agregó Matías fue la caída de las utilidades acumuladas, los recursos que quedan después de cumplir las responsabilidades pago y costos, que en Senasa en 2023 eran 2,953 millones y en 2024 bajó a 947 millones de utilidades, y enero de este año baja a 844 millones, es decir en tres años las utilidades han bajado 2,105 millones.

Aunque el libro sale a luz en momentos en que distintos sectores cuestionan la situación financiera del Senasa, la doctora Guzmán Marcelino, quien también fue ministra de Salud Pública, dijo que la idea surgió hace más de una década y que trabajaron en el texto desde 2021.

La doctora propone hacer un diagnóstico a la ARS para que su misión de garantizar salud a la población permanezca.

“Esta gestión de Gobierno tiene que adentrarse a hacer un diagnóstico. ¿Qué está pasando en Senasa? Para que ese instrumento de este país para el aseguramiento en salud permanezca, porque de seguir… porque quien partidarizó este tema fue el Presidente de la República”, dijo.

Recordó que en 2010 esa ARS presentó una situación financiera que ameritó tomar acciones inmediatas.

Dijo esperar que ese instrumento que es Senasa, de políticas sociales permanezca, que eso fue lo que el legislador aprobó como ese instrumento del Estado.

Ante la pregunta del periodista German Marte, de quién se beneficia de esta situación, respondió: “Él dice (Matías) que el 72% se va a la red privada, tú mismo va a responderte la pregunta, quien gana es el sector privado con el debilitamiento de Senasa, pero pierde la población en términos de gasto de bolsillo”.

Guzmán Marcelino, sin embargo, reconoce que a su gestión también le afectó la debilidad de la red pública de salud.

“Ante la incapacidad de la red pública para garantizar cobertura de salud de calidad, Senasa tiene que garantizar protección a sus afiliados, y ante esa incapacidad, procede a contratar la red privada. La ley le da opción a Senasa de contratar la red privada en los lugares donde no exista la red pública”, por lo que en 2005 hicieron contratos con patronatos como el Oncológico Heriberto Peter, posteriormente con Cedimat y con la Plaza de la Salud.

Dice que al margen del centro que sea, esa es la protección al que no puede negar, pero no debe ser la regla.

Ahí está la mano de la protección de la gente que no puede pagar, al margen del centro que sea, pero deben ser casos excepcionales, no debe ser la regla.

Entienden que asumir el camino de inyectarle recursos a Senasa es un camino muy equivocado. "Ese es el camino del IDSS. Si Senasa sigue la tendencia en el año 2030, su déficit será 20 mil millones de pesos. Hay que ir a los problemas estructurales que tiene ver con las tarifas, con la carga de enfermedades que tiene esa cartera, y que tu tiene que redefinir política y estrategia" .

En solo medio año, al menos 82 personas han muerto durante enfrentamientos con la Policía Nacional en los denominados intercambios de disparos, una cifra que ya casi duplica las 55 registradas en el mismo período del año pasado, según un levantamiento realizado por Diario Libre a partir de reportes oficiales y regionales.

Solo en el mes de junio se reportaron 16 muertes bajo esta modalidad, que continúa generando preocupación por el uso excesivo de la fuerza letal y las presuntas irregularidades, así como la falta de transparencia en muchos de estos operativos.

En mayo, la Policía notificó 15 fallecimientos en circunstancias similares. Enero y abril se posicionaron como los meses más letales hasta la fecha, con 17 muertes cada uno, seguidos de febrero y marzo, consolidando una tendencia que ha puesto bajo escrutinio el accionar de las autoridades policiales.

Casos recientes

Uno de los casos más recientes ocurrió el pasado 28 de junio, cuando Alfredo Tavárez, alias "el Fay", cayó abatido durante un allanamiento en el sector Pueblo Nuevo, en Mao, provincia Valverde.

La Policía Nacional informó que Tavárez enfrentó a tiros a los agentes, quienes "se vieron en la necesidad de repeler dicha agresión".

La institución también detalló que el joven tenía antecedentes por robo y microtráfico.

Días antes, el 23 de junio, también murieron Ángelo Acevedo Cabrera conocido como "Locón" y Marco de Jesús Campos, quienes eran buscados por su implicación en múltiples atracos agravados.

La ministra de Interior y Policía Faride Raful advirtió que estará en cada una de las audiencias por la querella que interpuso por difamación e injuria, mientras que Ángel Martínez, a quien acusa, se quejó de que se le persigue judicialmente en varias jurisdicciones a la vez, cuando solo puede estar en un solo lugar.

Raful sostuvo que no delegará el reclamo ante la justicia de que se le repare por el daño a su dignidad como persona.

“Voy a estar presente en cada una de las audiencias sin delegación que no sea simplemente la de mi abogado porque creo que la defensa, la dignidad humana de las personas no se pueden delegar”, afirmó la funcionaria al salir de la primera audiencia por su querella y que correspondió a la solicitud de medida de coerción que hace el Ministerio Público (MP) contra Martínez.

La solicitud fue aplazada para el lunes, día en el que se conocerá la demanda que hizo la funcionaria contra la también comunicadora Ingrid Jorge (la Torita), pero por separado y con otro juez.

Martínez, quien tiene varias querellas en su contra, se quejó que debía estar en el día de ayer en otra audiencia en Mao y pidió al Ministerio Público que se ponga de acuerdo porque no puede estar en todas a la vez.

El llamado “el detective Ángel” dijo que se pierde el tiempo con él, porque es un “anciano” y sin recursos, por lo que no posee los 50 millones de pesos que la funcionaria pide por los daños y perjuicios que alega se le causó con un supuesto video de su vida privada.

Es un “mentiroso”

El abogado de Faride Raful sostuvo que Martínez abusó de los medios que tiene contra la persona de la funcionaria, por lo que eso “no se negocia” y deberá responder ante la justicia. “Él dice que es un anciano, dijo que tiene problemas cardíacos, que vaya al médico”, le recomendó Miguel Valerio.

Sostuvo que Martínez “canta como gallo, pero corre como gallina”. En tanto que el representante legal de Martínez cuestionó lo que consideró “un interés marcado de la Procuraduría” en la demanda de la ministra de Interior y Policía, dándole un “tratamiento diferenciado”.

El MP pide, como medida de coerción contra el youtuber en este caso, una garantía económica de dos millones de pesos en efectivo, impedimento de salida del país y presentación periódica.