Santo Domingo. – La Superintendencia de Seguros (SIS), bajo la dirección del superintendente Julio César Valentín Jiminián, alcanzó nuevamente la máxima calificación en los indicadores de Transparencia y Gestión Presupuestaria, reafirmando su compromiso con la integridad, la eficiencia y la rendición de cuentas en la administración pública.

Por octava vez consecutiva, la Superintendencia de Seguros obtuvo la más alta puntuación (100 puntos) en el Índice de Transparencia, otorgado por la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), correspondiente al mes de septiembre de 2025.

La institución ha mantenido una evaluación perfecta en materia de transparencia, supervisada y monitoreada por la Dirección de Transparencia Institucional y la DIGEIG.

Este resultado constante refleja un esfuerzo sostenido por garantizar la apertura informativa y el libre acceso a los datos públicos.

A través de su Portal de Transparencia, vinculado a la Oficina de Libre Acceso a la Información (OAI), la entidad pone a disposición de los ciudadanos información actualizada y de fácil acceso sobre su gestión.

De igual forma, este servicio está disponible de manera presencial, facilitando la atención directa a los usuarios.

Además, el Centro de Atención al Usuario de la Superintendencia brinda acompañamiento y respuestas oportunas a quienes solicitan información o requieren orientación sobre los diferentes procesos institucionales.

Liderazgo en Gestión Presupuestaria

Asimismo, la institución obtuvo por tercera vez consecutiva la más alta puntuación en el Indicador de la Gestión Presupuestaria (IGP), correspondiente al tercer trimestre de 2025.

Este resultado reafirma el compromiso de la Superintendencia de Seguros con la transparencia, la eficiencia administrativa y la mejora continua en cada uno de sus procesos, así como con la correcta utilización de los recursos públicos y el cumplimiento de las normas presupuestarias establecidas.

Con estos logros, la SIS consolida su posición como una de las entidades públicas con mejores estándares de desempeño institucional, promoviendo una cultura de transparencia, eficiencia y responsabilidad en beneficio de la ciudadanía y del fortalecimiento del sector asegurador nacional.

Santo Domingo. – El próximo 19 de noviembre, la justicia dominicana conocerá una objeción que busca revertir el polémico archivo de una querella millonaria interpuesta por las entidades ilmex, LTD y Dolwen, LTD en la que se alega abuso de confianza, lavado de activos y asociación de malhechores.

En el epicentro del caso se encuentran figuras empresariales del país y del extramjero, incluyendo a Luis Jose Asilis Elmudesi, Luis J Asilis Cortina, el magnate internacional de nacionalidades jamaiquina y canadiense Michael Anthony Lee Chin y las entidades Grupo Metro, AIC International Investment Limited y Lajun Corporation.

La controversia central no radica solo en la presunta distracción y desvío fraudulento de nueve millones de dólares (US$9,000,000.00) pertenecientes a inversionistas extranjeros, sino en la forma en que fue archivado el expediente por parte del Ministerio Público.

Según la objeción, la fiscal Ivelisse Casado dispuso el archivo definitivo del expediente de manera sorpresiva. Esto ocurrió a pesar de la gravedad de los hechos denunciados.

Lee-Chin es presidente y director general de Portland Holdings Inc., su empresa de inversiones privadas. Posee el 60 % del National Commercial Bank (NCB) Jamaica, adquirido en 2002 y hoy el mayor banco del país. A través de Portland Holdings, mantiene una cartera diversificada con presencia en finanzas, telecomunicaciones, medios, turismo, gestión de residuos y en inversiones en generación eléctrica en República Dominicana.

Los querellantes denuncian que el caso fue cerrado "sin interrogar a nadie ni investigar los hechos denunciados", lo que motivó la acción de objeción que ahora busca reactivar el proceso penal.

El expediente detalla un presunto esquema de captación de fondos de alta complejidad. Los 9 millones de dólares habrían sido entregados a los querellados bajo la supuesta garantía corporativa del Grupo Metro.

La operación se instrumentó mediante "papeles comerciales", un mecanismo que, según la querella, no contaba con la autorización de las autoridades monetarias de la República Dominicana para captar fondos del público. Para asegurar la inversión, se ofreció además la "garantía" de los activos del grupo empresarial y sus empresas vinculadas descritas más arriba.

La querella describe un presunto "contubernio fraudulento" diseñado para vaciar e insolventar las empresas. Se acusa a los implicados de insolventar deliberadamente las entidades integrantes del grupo que servían de garantía, trasladando la propiedad de los activos valiosos a otras sociedades controladas por ellos mismos.

Esta maniobra, según los abogados de las víctimas, no solo buscaba dejar a los inversores extranjeros sin ninguna posibilidad de recuperar su dinero, sino que también configura, por sí misma, el tipo penal de lavado de activos, al intentar ocultar el destino de los fondos y los bienes adquiridos.

Un tribunal deberá ponderar si la decisión de la fiscal Casado de archivar el caso tuvo fundamento legal o si, por el contrario, existen méritos suficientes para reabrir la investigación y llevar a los imputados a juicio.

El resultado de esta objeción pondrá a prueba la confianza en el sistema judicial dominicano frente a crímenes financieros de cuello blanco que involucran a poderosos actores nacionales e internacionales.

Santo Domingo.– La primera dama de la República, Raquel Arbaje, resaltó los avances alcanzados en la reducción del embarazo adolescente en el país, asegurando que desde el año 2019 hasta la fecha la tasa ha disminuido en más de un 20%, como resultado de las políticas impulsadas desde el Gabinete de Niñez y Adolescencia y en coordinación con el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI).

Durante su intervención en el Panel Multisectorial Prevención de la Violencia sobre prevención de la violencia y uniones tempranas, Arbaje señaló que la erradicación del matrimonio infantil fue un paso significativo para el país, pero enfatizó que persiste el desafío de las uniones tempranas, las cuales continúan afectando el desarrollo integral de niñas y adolescentes.

“Estamos trabajando en políticas de uniones tempranas y embarazos en adolescentes. Hemos avanzado, pero aún persiste la práctica de las uniones tempranas, que muchas veces derivan en relaciones de violencia y dependencia”, expresó.

La primera dama compartió además reflexiones sobre el impacto social de las uniones a edades tempranas, señalando que muchas mujeres privadas de libertad reconocen haber cometido delitos en contextos de abuso y relaciones desiguales.

“La gran mayoría me ha dicho que incurrió en crímenes porque se unió temprano, su pareja abusaba de ella y decidió quitarle la vida”, relató Arbaje, al destacar la importancia de abordar el tema desde la prevención y la educación.

Arbaje instó a todos los sectores sociales a sumarse a los esfuerzos por garantizar la protección de la niñez y la adolescencia, enfatizando que esta causa debe trascender intereses políticos o religiosos.

“La vida de un niño la tenemos que defender con el alma. El Estado está para ayudar, pero todos tenemos responsabilidad”, afirmó.

Santo Domingo.– A lo largo de los últimos 25 años, la política dominicana ha estado marcada por una serie de escándalos vinculados al narcotráfico, que han salpicado tanto a dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) como del Partido Revolucionario Moderno (PRM), generando desconfianza en la ciudadanía y cuestionamientos sobre los límites entre poder político y crimen organizado.

Los años del PLD

Durante los 20 años de gobiernos peledeístas, encabezados por los expresidentes Leonel Fernández y Danilo Medina, múltiples casos relacionados con el narcotráfico sacudieron la opinión pública y dejaron una estela de sospechas sobre posibles vínculos entre estructuras del crimen organizado y dirigentes políticos.

Uno de los primeros casos fue el de Óscar Ezequiel Rodríguez Cruz, narcotraficante extraditable que en 2004 emitió un cheque por 500 mil pesos a favor del entonces presidente Leonel Fernández.

A ese episodio se sumó el de Nelson Solano Guzmán, conocido como “El Zar de la Heroína”, quien fue señalado como patrocinador de la campaña presidencial de Fernández y llegó a ser fotografiado junto a él en 2008.

Otro caso emblemático fue el del empresario español Arturo del Tiempo, condenado en España por narcotráfico, considerado cercano al expresidente Fernández y nombrado policía honorífico. Su empresa construyó la Torre Atiemar, un proyecto financiado por Banreservas, cuyo primer picazo encabezó el propio mandatario.

Asimismo, el expediente de Ernesto Quirino Paulino Castillo, condenado por narcotráfico en Estados Unidos, estremeció el panorama político tras sus acusaciones de vínculos con dirigentes del PLD y su reclamo público de una supuesta deuda al expresidente Fernández.

En esa misma etapa surgió el caso de José Figueroa Agosto, considerado el principal capo de drogas del Caribe. Durante años operó libremente en el país y se le atribuyó haber tenido como asistente de seguridad a un alto oficial de la Policía Nacional.

Ya en el gobierno de Danilo Medina, el escándalo más notorio fue el de César Emilio Peralta, alias “El Abusador”, quien fue capturado en Colombia y posteriormente extraditado a Estados Unidos. La periodista Carol Pérez reveló en una entrevista con el capo que éste “se sentía protegido por Danilo Medina” y que había financiado su campaña presidencial.

Los casos del PRM

Aunque el Partido Revolucionario Moderno ha basado su discurso en la transparencia y el combate a la corrupción, varios de sus dirigentes y funcionarios también han sido acusados o condenados por delitos de narcotráfico durante los últimos años.

Uno de los casos más sonados fue el de Yamil Abreu, exdirector municipal de Las Lagunas, Azua, quien fue extraditado a Estados Unidos en 2020 acusado de tener vínculos con el Cartel de Sinaloa, en México. En ese momento era un dirigente activo del PRM y aspiraba nuevamente al cargo municipal.

También el exdiputado Miguel Gutiérrez fue arrestado en Miami en 2021 y condenado en 2024 a 16 años de prisión por traficar cocaína hacia Estados Unidos. Aunque el PRM solicitó sustituirlo en la Cámara de Diputados, no se ha informado que haya sido expulsado, como establecen los estatutos del partido.

En mayo de 2025, fue destituido Fabio Augusto Jorge-Puras, exasesor honorífico para las Zonas Francas, acusado por un jurado federal de distribuir cocaína entre República Dominicana, Colombia y Estados Unidos entre 2019 y 2020.

Otro caso es el de Gaspar Antonio Polanco Virella, exdirector de Servicios Públicos de la Alcaldía del Distrito Nacional, señalado por autoridades estadounidenses como parte de una red internacional de narcotráfico. En octubre de 2025, viajó voluntariamente a Miami para entregarse a las autoridades.

A esta lista se suma Edickson Herrera Silvestre, regidor del PRM por el Distrito Nacional, quien se entregó en mayo tras ser acusado de integrar una red internacional de tráfico de cocaína. Fue suspendido en septiembre por el Consejo de Regidores del cabildo capitalino.

Igualmente figura Rosa Pilarte, exdiputada de Santiago y esposa de Miguel Arturo “Micky” López, también vinculado al crimen organizado. Fue condenada a cinco años de prisión por narcotráfico, lo que le impidió reelegirse en el Congreso.

Finalmente, en el 2021, los esposos Juan Maldonado y Faustina Guerrero Cabrera, dirigentes del PRM en El Seibo, fueron señalados en la Operación Falcón, una amplia investigación de lavado de activos provenientes del narcotráfico. Maldonado fue suspendido como titular de la Dirección General Comunidad Digna.

La Junta Central Electoral (JCE) ratificó su posición a favor del uso del método D’Hondt en el reparto de escaños de las candidaturas plurinominales, posición que asumió, y no ha variado, desde el año 2021, cuando propuso modificaciones a las leyes 33-18, sobre Partidos Políticos, y 15-19, Orgánica del Régimen Electoral.

De esta manera, la JCE reafirma que el actual sistema de representación proporcional por listas es el más adecuado para la elección de diputados.

En esa ocasión, la JCE también sugirió eliminar el voto preferencial, mecanismo actualmente utilizado para escoger diputados, regidores y vocales.

Este planteamiento se recrea apropósito de la propuesta del presidente del Tribunal Superior Electoral (TSE), Ygnacio Pascual Camacho Hidalgo, quien llamó a los partidos políticos, la JCE y otros sectores a revisar el método D’Hondt para buscar una distribución de candidaturas más equitativa entre las organizaciones políticas participantes.

El D’Hondt es una fórmula matemática que distribuye los escaños conforme a los votos obtenidos por cada partido, buscando mantener la proporcionalidad del sistema.

Si una organización política alcanza el 40 % de los votos, debería obtener una cantidad similar de escaños, mientras que una que reciba el 10 % tendría una representación equivalente.

En la práctica, este sistema tiende a beneficiar a los partidos mayoritarios, especialmente en las demarcaciones pequeñas, donde se eligen pocos representantes.

En esos casos, una organización con bajo porcentaje de votos tiene pocas posibilidades de lograr un asiento, por lo que sus sufragios pueden considerarse “desperdiciados”.

En sus argumentaciones, el órgano electoral ilustró que en una circunscripción con tres escaños, un partido necesitaría al menos un 25 % más uno de los votos para asegurar representación. Esto implica que los partidos con menos del 10 % difícilmente logren un puesto.

De las 49 demarcaciones electorales del país, 34 (69.39 %) son pequeñas con menos de cinco escaños, 14 (28.57 %) son medianas, entre cinco y diez, y solo una (2.04 %) es considerada grande, con once escaños.

Como ejemplo, la JCE citó una demarcación plurinominal pequeña, donde solo se escogen 2 candidatos a diputados, de la siguiente manera:

Los escaños fueron adjudicados al Partido B y al Partido D conforme a los resultados. En este caso, los partidos con 31.80% y 29.07% (60.87% en total) de los votos, obtuvieron cada uno el 50% de los escaños, es decir, el 100%.

En cambio, un 39.13% de los votos esparcidos entre las demás organizaciones políticas se consideran “desperdiciados” ya que quedarán sin representación por la poca capacidad de proporcionalidad que ofrece una demarcación pequeña.

Sin embargo, la proporcionalidad se ajusta en un distrito plurinominal grande, de 11 escaños, donde si puede favorecer a entidades minoritarias.

En esta demarcación, se le asignaron 5 escaños al Partido A, 5 escaños al partido B y 1 escaño al Partido F,

En el presente caso el 90.59% de los votos de la demarcación se tradujo en un puesto de elección popular, mientras que quedó sin representación únicamente el 9.41% de los votos.

De igual manera, el porcentaje de votos obtenido por las organizaciones políticas que accedieron al reparto tiene un mayor parecido al porcentaje de escaños que han obtenido.