La República Dominicana mostró avances en su capacidad institucional para enfrentar el crimen organizado, pese a un leve aumento en su nivel de criminalidad, según el Índice Global de Crimen Organizado 2025 (Global Organized Crime Index), publicado por la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional (GI-TOC).

El país ocupa el puesto 91 de 193 naciones evaluadas, un ascenso de tres posiciones con respecto al informe anterior, lo que indica un incremento en la incidencia o presencia de estructuras criminales.

El país ocupa el puesto 91 entre 193 naciones evaluadas, con una puntuación de 5.17 en criminalidad —ligeramente superior al 5.08 del promedio mundial— y 4.92 en resiliencia, cifra que mejora respecto al 4.79 obtenido en 2023.

Esto significa que, aunque persisten desafíos vinculados al narcotráfico, la corrupción y el lavado de activos, las instituciones dominicanas muestran una capacidad creciente para prevenir y responder a estas amenazas.

El ranking

Con su mejora en resiliencia, la República Dominicana, aparece así entre los países del hemisferio que fortalecen su institucionalidad frente a un fenómeno global cada vez más sofisticado y transnacional.

En el contexto regional, la República Dominicana se sitúa en la posición 21 de 35 países del continente americano y cuarta en el Caribe, solo detrás de Haití, Jamaica y Trinidad y Tobago.

Su desempeño supera al de naciones con mayor exposición al crimen transnacional como Colombia (2), México (3), Ecuador (5), Honduras (13), Brasil (14), Venezuela (20) y Panamá (21), además de Guatemala (25), Perú (31) y Haití (35).

También se ubica mejor que Argentina (85), Bolivia (94), Costa Rica (58) y Estados Unidos (61), aunque estos últimos registran dinámicas criminales de distinta naturaleza, más centradas en delitos financieros y cibernéticos que en violencia directa.

En el Caribe, la República Dominicana aparece junto a Haití y Jamaica entre los países con mayor exposición al crimen organizado, aunque con niveles de intensidad y control institucional claramente diferenciados.

Cuba, en cambio, figura en una posición más favorable (168), y naciones como Barbados o Trinidad y Tobago se mantienen fuera de los primeros cien lugares del índice.

El informe de GI-TOC advierte que las economías ilícitas globales están socavando la democracia, la soberanía y la estabilidad internacional. "El orden basado en reglas que ha prevalecido durante décadas está siendo explotado por quienes no juegan con esas reglas. Los grupos criminales son algunos de los mayores beneficiarios de este desorden", señala el documento.

En su tercera edición, el índice compara datos de los últimos cinco años y destaca una evolución del crimen transnacional marcada por el auge de las drogas sintéticas, la expansión del narcotráfico de cocaína y la aparición de nuevas formas de criminalidad no violenta, como los delitos financieros, cibernéticos y el comercio de productos falsificados.

"El crimen organizado ya no depende solo de la violencia o la corrupción: se ha incrustado en los sistemas financieros y digitales internacionales", advierte el informe, subrayando que los fraudes y ciberataques generan daños masivos sin necesidad de violencia física.

Santo Domingo. – El presidente Luis Abinader participó en el lanzamiento del Plan Decenal Justicia del Futuro 2034, donde el presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Luis Henry Molina, destacó que su presencia reafirma su compromiso nacional con una justicia centrada en las personas y que fortalece la democracia.

Molina resaltó que desde el 2020 el Poder Judicial ha ejecutado con disciplina el Plan Visión Justicia 20/24, logrando avances históricos como la eliminación de la mora estructural en la Suprema Corte de Justicia tras más de 40 años de retardo, que más del 80% de los tribunales estén al día y que el 100% de los documentos judiciales y trámites inmobiliarios se realicen de manera digital y señaló que el propósito de este
plan es claro: "Eliminar el retardo judicial en el 100% de los tribunales".

Mayor avance mundial

El presidente de la SCJ subrayó que estos resultados son tangibles y reconocidos internacionalmente. Señaló que en octubre la República Dominicana logró el mayor avance mundial en el Índice de Estado de Derecho del World Justice Project, subiendo 11 posiciones a nivel global. Según el Latinobarómetro 2024, la confianza ciudadana en la justicia se ha duplicado desde 2019. “La justicia dominicana no se detuvo, avanzó”, afirmó, destacando que el país consolida su liderazgo regional en materia judicial y demuestra su capacidad y solvencia moral para cumplir sus compromisos institucionales.

El magistrado explicó que el nuevo Plan Justicia del Futuro 2034 marca el inicio de una etapa hacia un sistema judicial más humano, ágil y transparente. Entre sus metas están eliminar el retardo judicial en todos los tribunales, garantizar la transparencia y derribar las barreras que limitan el acceso ciudadano.

Indicó que el plan fue construido con la participación de más de 3,000 personas de distintos sectores nacionales y diseñado bajo la metodología de planificación por escenarios, usada en países como Sudáfrica y Colombia. “En un mundo donde el Estado de Derecho retrocede, la República Dominicana avanza”, concluyó Molina, reafirmando que el futuro de la justicia pertenece a toda la sociedad y debe construirse con integridad, responsabilidad y empatía.

Un acto de madurez democrática, de visión de Estado y de compromiso con el porvenir del país

De su lado, el presidente Abinader destacó que la presentación de este plan no es simplemente un acontecimiento institucional del Poder Judicial; es un acto de madurez democrática, de visión de Estado y de compromiso con el porvenir del país y dijo que representa una apuesta por una justicia que no solo administre leyes, sino que también transforme vidas y fortalezca la confianza ciudadana.

El mandatario explicó que este esfuerzo se encuentra alineado con la estrategia nacional Meta RD 2036, y simboliza la voluntad de construir un país donde el progreso sea estructural, sostenido y respaldado por instituciones sólidas, transparentes y previsibles.

Resaltó los avances recientes del sistema judicial, indicando que la innovación tecnológica y la gestión moderna pueden estar al servicio de una justicia más ágil, eficiente y cercana.

Procesos digitalizados

Entre los logros alcanzados en los últimos años, el presidente destacó la existencia de tribunales más ágiles, procesos digitalizados, mayor transparencia y una ciudadanía que empieza, de nuevo, a creer en su justicia. "Esa transformación no se mide solo en estadísticas. Se mide en vidas: en la madre que ve resuelto un caso que llevaba años detenido; en el joven que obtiene una respuesta rápida y justa; en el emprendedor que confía en que su inversión será protegida por la ley; en cada dominicano que siente que el Estado lo escucha y lo defiende".

“El Gobierno que encabezo ha acompañado este proceso con respeto a la independencia de los poderes del Estado, pero también con la convicción de que no hay desarrollo sin justicia confiable”, afirmó el mandatario, quien definió la modernización judicial como un acto de justicia social.

Y agregó: "Porque sin justicia independiente no hay crecimiento sostenible, ni inversiones seguras, ni democracia duradera. Sin justicia efectiva, el ciudadano común pierde esperanza, y con ello se debilita la cohesión social".

Plan Justicia

El jefe de Estado expresó que el Plan Justicia del Futuro 2034 propone una justicia “moderna, digital, eficiente y humana”, con una proyección a diez años que conecta con los objetivos nacionales de desarrollo y con la aspiración del país de ingresar a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Abinader enfatizó que la modernización del Estado requiere instituciones que rindan cuentas, usen la tecnología como herramienta de equidad y sirvan a las personas, no a los intereses particulares. “Cuando la justicia actúa con integridad, el país camina con confianza. Y cuando la justicia es eficiente, la democracia florece”, sostuvo.

El presidente Abinader concluyó reafirmando el propósito de su Gobierno de acompañar este proceso de transformación institucional: “Una justicia que no solo juzgue, sino que inspire; que no solo resuelva, sino que repare; que no solo sancione, sino que transforme. Porque un país justo no es solo aquel donde se castiga el delito, sino aquel donde se protege la esperanza".

Proceso no surgió de una crisis, sino desde la estabilidad democrática que hoy exhibe RD

El vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), César Dargam, calificó como un acto de liderazgo y visión de país el proceso que dio origen al Plan Decenal del Poder Judicial, Justicia del Futuro 2034. Destacó que, por primera vez, el Poder Judicial convocó a un diálogo participativo, plural y estratégico con más de 35 actores de la vida nacional para anticipar retos y oportunidades que fortalecerán la convivencia democrática y la confianza en las instituciones.

Dargam subrayó que este proceso no surgió de una crisis, sino desde la estabilidad democrática que exhibe la República Dominicana. Señaló que esto permite que el mundo mire al país con admiración y valoró el ejercicio como una muestra de madurez institucional y propósito compartido. Afirmó que planificar el futuro desde la estabilidad es un logro que reafirma la capacidad colectiva de pensar y actuar con visión de país.

El acto se celebró en el Auditorio Monseñor Amancio Escapa de la Casa San Pablo. Asistieron autoridades del sector justicia, representantes de organismos internacionales y de la sociedad civil. Entre ellos estuvieron Napoleón Estévez Lavandier, presidente del Tribunal Constitucional; Ricardo De Los Santos, presidente del Senado; el senador del Distrito Nacional, Omar Fernández; el diputado Tobías Crespo; y la jueza de la SCJ, Nancy Salcedo Fernández.

El ministro de Energía y Minas, Joel Santos, resaltó la rápida respuesta técnica que permitió restablecer el servicio eléctrico nacional en tiempo razonable, tras la avería que causó un apagón nacional. Y adelantó que se tomarán las medidas de lugar para que no vuelva a suceder.

“Luego del evento no se generó ningún otro incidente en el sistema, lo que nos permitió avanzar rápidamente en el proceso de restablecimiento. Tomando en cuenta la complejidad del sistema, logramos completar el restablecimiento en un tiempo bastante rápido, siguiendo todos los protocolos establecidos”, explicó.

Y agregó: “La rápida restauración del servicio muestra también un sistema robusto y maduro que asegura resiliencia frente a estas situaciones”.

En rueda de prensa, el funcionario destacó la importancia de las plantas hidroeléctricas durante el proceso de recuperación, al señalar que fueron esenciales para reactivar el sistema.

“Las hidroeléctricas jugaron un papel fundamental, ya que proporcionaron la energía inicial necesaria para crear tensión en las líneas de transmisión y permitir la entrada gradual del resto de las unidades generadoras”, indicó.

El ministro Santos detalló que el proceso de reconexión debe hacerse de forma técnica y ordenada para garantizar la estabilidad del sistema.

“No es posible encender todas las plantas al mismo tiempo: debe seguirse una secuencia precisa que asegure la estabilidad y evite un nuevo apagón. Aun así, logramos restablecer la generación total a las 2:20 de la madrugada”, apuntó.

Rol de ETED

Durante el proceso de restablecimiento del servicio eléctrico, el ministro Joel Santos destacó el papel decisivo de la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED) y de las Empresas Distribuidoras de Electricidad (EDEs), cuya labor conjunta fue fundamental para la recuperación total del sistema.

“La ETED asumió un rol protagónico en la revisión y normalización de las líneas de transmisión, restableciendo la estabilidad y sincronización del sistema interconectado, mientras que las EDEs desempeñaron una función clave en la coordinación del cierre de los circuitos y la reposición gradual del servicio a los usuarios. Esta articulación técnica y operativa entre las instituciones del sector permitió una recuperación ordenada, segura y eficiente, garantizando que la energía llegara nuevamente a los hogares y a la actividad productiva del país en el menor tiempo posible”, indicó.

Santos informó, además, que el Comité de Fallas del Organismo Coordinador se reunió y analizó la secuencia de hechos de la eventualidad ocurrida ayer, con el propósito de profundizar en las investigaciones técnicas, determinar las causas exactas del evento y fortalecer los protocolos de prevención. La próxima reunión está pautada para el viernes.

“Esperaremos los resultados de la investigación técnica, que será rigurosa y objetiva. Lo importante es aprender de este evento y reforzar las medidas para evitar que algo similar vuelva a ocurrir”, subrayó el funcionario.

La Policía Nacional, a través de la Dirección Central de Investigación (DICRIM), informó que fue identificado el cuarto integrante del grupo armado que atacó a tiros a una patrulla policial el pasado 6 de noviembre de 2025 en el sector Los Girasoles III, del Distrito Nacional.

Se trata de Anyelo Omar Puello, alias “Anyelo El Fantasma”, un exconvicto de alta peligrosidad, señalado como miembro activo de una estructura criminal organizada, vinculada a múltiples hechos delictivos en la capital y en otras provincias del país.

De acuerdo con las investigaciones, “Anyelo El Fantasma” formó parte del grupo que abrió fuego con armas de alto calibre contra los agentes que realizaban labores preventivas en la zona, antes de abandonar el vehículo en el que se desplazaban: una jeepeta Toyota 4Runner SR5 4WD, blanca, placa G-448566, año 2013.

Durante la inspección técnica realizada por la Policía Científica, dentro del vehículo fueron ocupadas armas de fuego, pertrechos militares, chalecos antibalas, municiones para fusil, inhibidores de señal, teléfonos celulares y otras evidencias vinculadas a la estructura criminal.

En el lugar del enfrentamiento se colectaron, además, 17 casquillos calibre 9 mm y 15 casquillos calibre 5.56 mm, los cuales forman parte del proceso de análisis balístico.

La Policía Nacional mantiene activa la búsqueda y localización del prófugo, quien se encuentra fuertemente armado; por lo tanto, exhorta a la ciudadanía a no intentar detenerlo y, en su lugar, ofrecer cualquier información que contribuya a su captura a través de los números (809) 682-2151, extensiones 2435, 2437 y 2441, o la Flota Policial: (809) 613-1501.

Santo Domingo.- Oficiales de la Direccion Nacional de Control de Drogas (DNCD) y miembros del Ministerio Público, como parte de las labores de intervención para llevar más seguridad a la provincia de San Cristóbal, ejecutaron 10 allanamientos y múltiples intervenciones, acciones conjuntas contra el microtráfico, donde ocuparon drogas, armas y dinero en efectivo.

Los equipos operativos de esa demarcación, coordinados por fiscales y apoyados por las secciones de Haina, Palenque y Nigua, tras realizar labores de inteligencia, intervinieron los barrios de Jeringa, Las Flores, La Metalúrgica, Hato Dama, la calle 2da y la principal, calle Central, Caminito de Mucha Agua, en Cambita Garabitos, entre otros sectores.

Como resultado de estas acciones, las autoridades lograron sacar de las calles, 2, 124 gramos presumiblemente cocaína, 313 de marihuana y 24 porciones de de un material rocoso presuntamente crack, equivalente a 6.4 gramos, RD $8,595 pesos, 06 celulares y una radio de comunicación.

Además se confiscaron 02 pistolas calibre 9 milímetros, con sus cargadores y varias cápsulas, una escopeta calibre 12 con un cartucho, varias carteras tipo mariconeras, tijeras, fundas y otras evidencias, para el empaque de porciones de sustancias narcóticas.

“La Fuerza de Tarea Conjunta, ejecuta en San Cristóbal, amplios operativos de prevención y control, dentro de las nuevas estrategias de fortalecimiento de la seguridad, la convivencia pacífica y el orden público”.

Los detenidos serán sometidos a la justicia en las próximas horas, por violacion a la ley 50-88, sobre drogas y sustancias controladas, mientras el Ministerio Público y la DNCD siguen intensificando sus labores conjuntas para atacar y erradicar el tráfico de estupefacientes.