El Tribunal Constitucional (TC) eliminó el artículo 210 de ley 285, que crea el Código de Justicia de la Policía Nacional, y el artículo 260 de la Ley 3483, que crea el Código de Justicia de las Fuerzas Armadas, y que estipulaban prisión de dos meses a dos años para los miembros de esas instituciones que sostuvieran relaciones sexuales con personas del mismo sexo.

Ambos artículos, de leyes creadas en 1966 y 1953, definían “la sodomía” como el concúbito entre personas de un mismo sexo y poseían sanciones, cuando se trate de oficiales, “de pena de seis meses a dos años de prisión correccional”, y pena de prisión correccional de dos a seis meses, cuando sean alistados. Además de que eran castigados, “cuando se trate de un Oficial, con la pena de seis meses a un año de prisión correccional”.

El Tribunal Constitucional consideró que ambos artículos son “ostensiblemente inconstitucionales, al comprobar que violan el principio de razonabilidad, discriminan de manera injustificada a las personas por su orientación sexual, afectan la intimidad, el libre desarrollo de la personalidad y el derecho al trabajo de las personas que forman parte de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, por lo cual ordena su expulsión del ordenamiento jurídico.”

“Declara no conformes con la Constitución el artículo 210 de la Ley núm. 285, del veintinueve (29) de junio de mil novecientos sesenta y seis (1966), que crea el Código de Justicia de la Policía Nacional, y el artículo 260 de la Ley núm. 3483, del trece (13) de febrero de mil novecientos cincuenta y tres (1953), que crea el Código de Justicia de las Fuerzas Armadas, y, por tanto, los expulsa del ordenamiento jurídico”, estableció en la sentencia TC/1225/25 del 18 de noviembre de 2025.

El tribunal tomó esta decisión al acoger una acción de inconstitucionalidad interpuesta por Anderson Javiel Dirocie de León y Patricia M. Santana Nina, quienes establecieron que ambos artículos violaban los artículos 39, 62.1, 62.2, 62.5, 138, 253, 256 de la Constitución dominicana, de los artículos 2.1 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y de los artículos 1.1 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).

“En primer lugar, las normas atacadas únicamente castigan el acceso carnal cuando se realiza entre personas de un mismo sexo. En cambio, no se sanciona la misma conducta cuando de tener lugar entre dos personas de sexo opuesto. En consecuencia, el único criterio utilizado por el legislador para efectuar el tratamiento diferenciado es la orientación sexual de los intervinientes en el acto, la cual, de verificarse que son de sexo opuesto y, por ende, no heterosexuales, como socialmente resulta deseable conforme a la norma de género establecida, el acto resultará pasible de sanción”, decían en su escrito.

La Oficina para el Reordenamiento del Transporte (Opret) informó que desde las 7:30 de la mañana y debido a “los procesos constructivos que se están realizando en la Línea 2C se ha registrado una avería en el cambia vía, que afecta exclusivamente la llegada y salida de trenes a la estación María Montez, ubicada en el km 9 de la autopista Duarte y perteneciente a la Línea 2 del Metro”.

A pesar de esto, usuarios de las diferentes redes sociales aseguran que la falla se ha registrado alrededor de las 6:30 de la mañana en varias paradas de esta línea.

De igual forma, la Opret indicó que se ha habilitado un servicio alternativo con los “autobuses del Corredor de la Núñez y autobuses de la OMSA, operando en ambos sentidos entre María Montez y Pedro Francisco Bonó”.

“El resto de las estaciones de la Línea 2 opera con normalidad y la Línea 1 no presenta afectaciones. Pedimos disculpas por los inconvenientes que esto pueda causar y agradecemos su comprensión”, informó la entidad en un comunicado.

Diversos videos que han llegado a esta redacción muestran las largas filas en las diferentes estaciones y las personas asegurando que tenían una hora en el transporte sin llegar a su destino. 

La línea 2 del Metro de Santo Domingo, conecta la Concepción Bona en Santo Domingo Este con la estación María Montez en el kilómetro 9 de la autopista Duarte. Mientras que la línea 2C conectará el Kilómetro 9 con la entrada de Los Alcarrizos.

Murió la tarde de este martes el coronel de la Policía Nacional Lucilo Francisco Vargas, quien resultó afectado durante un incendio que redujo a cenizas un destacamento en la comunidad Sabaneta en la provincia Santiago Rodríguez.

Diego Pesqueira, vocero de la entidad, dijo que el oficial tenía quemaduras en un 98 % de su cuerpo y que se hizo todo lo posible por salvarlo en el centro médico donde fue llevado. Su deceso se produjo en la Unidad de Quemados del Hospital Luis Eduardo Aybar (Morgan), Distrito Nacional.

"Lamentamos mucho su muerte. Estaba vivo por obra y gracia de Dios", acotó al ser consultado.

La Dirección General de la Policía Nacional y su director general, mayor general, Ramón Antonio Guzmán Peralta, lamentan profundamente el fallecimiento del coronel Lucilo Francisco Vargas, comandante de la dotación policial de Santiago Rodríguez, tras recibir graves quemaduras durante un incendio ocurrido en horas de la madrugada en el cuartel policial del municipio de Sabaneta, dijo luego la entidad en una nota institucional.

El coronel Vargas resultó con quemaduras cuando el destacamento se incendió la madrugada del este martes. Tenía más de 38 años años de servicio en la institución. Estaba casado con la señora Sandra Mercedes Echavarría Peralta, con quien procreó a sus dos hijos Ana Julissa Francisco Echavarría y Emmanuel de Jesús Francisco Echavarría.

La Policía ofrece a los parientes del fallecido "su acompañamiento y solidaridad en este difícil momento".

Fuentes oficiales indicaron más temprano que miembros del Ejército y del Cuerpo de Bomberos auxiliaron al oficial y trabajaron para controlar el fuego, rescatar a los detenidos y evitar una tragedia mayor.

Un hombre de 34 años fue detenido luego de que una investigación de la Policía Nacional estableciera que simuló su propio secuestro para exigir a sus padres una recompensa de 1,985,000 pesos, según el informe oficial de la institución.

El caso se inició cuando José Rafael Valdez, padre del supuesto secuestrado, acudió a la División de Investigación de Verón–Punta Cana, provincia La Altagracia, tras recibir mensajes desde el teléfono de su hijo, Richard Alexánder Valdez, donde le informaban que lo mantenían cautivo y que debía pagar casi dos millones de pesos para su liberación.

En los textos se advertía que, de no entregar el dinero, lo matarían o le amputarían una mano.

Los supuestos captores enviaron también fotografías en las que Richard aparecía con cinta en la boca, manos atadas y de rodillas, imágenes que luego se confirmó fueron montadas para sostener el falso secuestro.

Localizado caminando libremente

Tras un trabajo en conjunto entre el Ministerio Público, el Dicrim y las demás autoridades, se realizó un proceso de geolocalización y un operativo conjunto de Antisecuestros, Inteligencia Sensitiva y la Subdirección Regional de Investigaciones, donde las autoridades ubicaron un vehículo relacionado al caso en un condominio de Bávaro.

 Allí, en el segundo nivel de un edificio, los agentes encontraron a Richard caminando libremente, sin ninguna atadura, descartando de inmediato que estuviera secuestrado.

En el lugar también fue detenido José Ramón Sepúlveda Guzmán (Yossep), quien habría tomado las fotografías utilizadas para simular la escena del secuestro en la tina de un baño y enviarlas al padre del supuesto cautivo.

Confesó que necesitaba dinero para pagar deudas

Al ser cuestionado, Richard confesó que él mismo escribió los mensajes amenazantes y coordinó todo el plan, alegando que enfrentaba numerosas deudas económicas y buscaba obtener el dinero para saldarlas.

Relató que desde la tarde se ocultó en la residencia de su amigo Yossep, desde donde mantuvo la comunicación con sus familiares para sostener la farsa.

Tanto Richard Alexánder Valdez como José Ramón Sepúlveda quedaron detenidos.

Oficiales de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. (CBP) de San Juan, Puerto Rico, incautaron 530 kilogramos (1,168 libras) de cocaína durante tres interdicciones a bordo de un buque de carga que llegó de la República Dominicana el 11 de noviembre.

A través de una nota de prensa publicada este martes, se indicó que los narcóticos, con un valor estimado en la calle de más de 10 millones de dólares, estaban ocultos en compartimentos de chasis modificados y bolsas de lona escondidas dentro de la carga paletizada.

Las incautaciones se produjeron a bordo del buque M/V Lyktos, que llegó a San Juan procedente de Santo Domingo. A su llegada, agentes del Equipo de Control de Contrabando Antiterrorista de la CBP realizaron una evaluación de integridad rutinaria. Durante las inspecciones de contenedores, los agentes detectaron irregularidades en varios chasis, lo que dio lugar a una investigación más exhaustiva.

“Los contrabandistas adaptan continuamente sus métodos, pero nuestros equipos se mantienen firmes. Gracias a la tecnología de punta, la ayuda de nuestros perros y la experiencia de nuestros oficiales, estamos deteniendo drogas peligrosas en nuestra frontera caribeña antes de que lleguen a nuestras comunidades”, declaró Roberto Vaquero, director de operaciones de campo de la Oficina de Campo de San Juan.

De acuerdo al informe, los agentes de la CBP emplearon una estrategia de control por capas, combinando inteligencia, tecnología de detección, equipos caninos altamente entrenados y otras capacidades para contrarrestar las técnicas de contrabando cada vez más sofisticadas utilizadas por las organizaciones criminales transnacionales.

La CBP confiscó los narcóticos, y la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional se hizo cargo del contrabando para su posterior investigación.