Durante los últimos días, en Santo Domingo y en Santiago, instituciones públicas, autoridades locales, universidades y expertos internacionales nos sentamos a dialogar sobre algo que suele mencionarse poco y decidirse tarde: cómo lograr que el Estado funcione mejor para la gente.
Junto a la experiencia de la e-Governance Academy de Estonia, no hablamos de modelos importados ni de soluciones mágicas, sino de un desafío común: convertir la capacidad estatal, la coordinación institucional y el uso responsable de la tecnología en herramientas reales para garantizar derechos, generar confianza y fortalecer la democracia.
Hay países que reforman el Estado cuando la crisis los obliga. Otros lo hacen cuando comprenden, a tiempo, que la eficiencia no es solo una exigencia técnica, sino un deber ético.
La República Dominicana se encuentra hoy ante esa disyuntiva: seguir administrando derechos con estructuras que no siempre responden, o asumir con seriedad el desafío de que el Estado aprenda a funcionar mejor para la gente.
Durante años hemos concentrado el debate público en la creación de normas, reformas legales y nuevas instituciones. Sin embargo, la experiencia cotidiana de los ciudadanos revela que el principal problema no es la falta de derechos reconocidos, sino la dificultad para ejercerlos.
El Informe Nacional del Defensor del Pueblo es claro: una parte significativa de las reclamaciones ciudadanas no surge porque el Estado diga “no”, sino porque no responde, se descoordina o guarda silencio. Ese silencio administrativo —invisible pero persistente— erosiona la confianza y debilita la democracia.
Un Estado que reconoce derechos pero no los hace efectivos falla en su función más elemental. No se trata de un debate ideológico, sino de un problema de capacidad. La ineficiencia pública no es neutra: afecta más a quienes tienen menos recursos, menos tiempo y menos redes para insistir.
Por eso, el desorden administrativo se convierte en desigualdad, y la falta de coordinación termina siendo una forma silenciosa de exclusión.
La Constitución dominicana consagra el Estado social y democrático de derecho, y con ello impone una obligación clara: que la administración pública actúe con eficacia, razonabilidad y orientación al interés general.
Cuando los procedimientos se eternizan, cuando las instituciones no se hablan entre sí o cuando la respuesta nunca llega, no estamos ante simples fallas operativas, sino ante una fractura entre el mandato constitucional y la realidad vivida por la gente.
La seguridad jurídica
En este contexto, la seguridad jurídica no puede reducirse a la estabilidad de las leyes. La seguridad jurídica también se construye en la práctica cotidiana: en saber que un trámite tendrá respuesta, que una decisión será coherente y que el Estado actuará de manera previsible. El silencio del Estado también viola derechos, porque convierte la incertidumbre en regla y la arbitrariedad en costumbre.
La experiencia internacional confirma que los Estados que funcionan mejor no son necesariamente los más grandes ni los más ricos, sino los que han logrado ordenar sus procesos y alinear su tecnología con una visión institucional clara.
Estonia es un ejemplo ilustrativo, no como modelo a copiar, sino como aprendizaje: con 13 ministerios y la totalidad de sus servicios públicos en línea, demostró que la digitalización solo funciona cuando existe un Estado previamente ordenado. La tecnología no sustituyó al Estado; lo disciplinó.
Pero ningún Estado aprende solo. La transformación institucional no se decreta ni se descarga de una plataforma digital. Se construye formando una cultura pública distinta, donde quienes ejercen poder entienden que cada trámite administra una dignidad y que cada decisión tiene consecuencias humanas.
- En ese sentido, la universidad ocupa un lugar central: es allí donde se forma la conciencia con la que mañana se ejercerá la autoridad pública.
Un Estado no se reforma únicamente cambiando leyes o incorporando tecnología. Se transforma cuando una generación aprende que gobernar no es mandar más, sino responder mejor. Si esa conciencia no se forma, el Estado repetirá sus errores; si se forma, el Estado aprende a funcionar.
Al final, el debate es sencillo y profundo a la vez. El Estado que funciona no es el que promete más, sino el que cumple mejor. Y cumplir mejor no es solo una cuestión de eficiencia administrativa: es una manera concreta de respetar la dignidad humana, fortalecer la confianza y sostener la democracia en el tiempo.
