Estados Unidos anunció este jueves un endurecimiento de su política de visados para América Latina y el Caribe, como parte de una estrategia de seguridad nacional que busca limitar la influencia de actores considerados adversarios en la región.
La medida, comunicada por el Departamento de Estado, ya ha sido aplicada a 26 personas en distintos países del hemisferio, aunque hasta el momento no se han revelado sus identidades ni nacionalidades. Según la entidad, la decisión responde a la necesidad de proteger los intereses estratégicos de Washington.
A través de un mensaje oficial, el Departamento de Estado indicó que las restricciones están dirigidas a individuos que apoyen o colaboren con actores que el gobierno estadounidense considera contrarios a sus intereses. La política forma parte de las directrices establecidas en la Estrategia de Seguridad Nacional.
El nuevo enfoque amplía una normativa existente y permite negar el ingreso a Estados Unidos a ciudadanos que, actuando en nombre de gobiernos, empresas o agentes vinculados a estos adversarios, participen en actividades que afecten la seguridad regional, la estabilidad democrática o los intereses económicos estadounidenses.
Además, las sanciones no se limitan únicamente a los señalados, sino que también pueden extenderse a sus familiares directos, quienes generalmente quedarían impedidos de ingresar a territorio estadounidense.
Entre las acciones que podrían derivar en estas restricciones figuran facilitar el control de recursos estratégicos por parte de potencias extranjeras, obstaculizar iniciativas de seguridad o participar en operaciones de influencia que busquen desestabilizar a países de la región.
El Departamento de Estado aseguró que continuará aplicando este tipo de medidas como parte de su política exterior, subrayando que utilizará los mecanismos disponibles para reforzar su presencia en el hemisferio y salvaguardar sus intereses de seguridad.