El gobernador mexicano del oficialismo acusado de nexos con el narcotráfico por Estados Unidos, Rubén Rocha Moya, anunció sorpresivamente este viernes que deja el cargo de manera provisional para facilitar las investigaciones de la fiscalía general mexicana.
El gobernante del estado de Sinaloa (noroeste), que es cercano al expresidente izquierdista Andrés Manuel López Obrador, tachó de "falsas y dolosas" las acusaciones de la fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, que pidió su captura con fines de extradición.
"Informo al pueblo de Sinaloa que hoy presenté ante el Congreso del Estado la solicitud de licencia (separación) temporal al cargo de gobernador", dijo en un anuncio difundido en un video en YouTube poco antes de medianoche.
Estados Unidos transmitió al gobierno mexicano la solicitud para que Rocha Moya sea detenido junto con otros nueve políticos del oficialismo.
Uno de ellos es Juan de Dios Gámez, alcalde de Culiacán – capital de Sinaloa -, quien también comunicó que dejaba el cargo.
La fiscalía estadounidense acusa al gobernador y a los otros nueve políticos de haberse asociado con el cártel de Sinaloa "para distribuir enormes cantidades de narcóticos en Estados Unidos".
La separación del cargo de estos dos funcionarios allana el camino para que sean investigados, toda vez que por sus cargos gozaban de fuero y se requería un procedimiento legislativo de desafuero para ser llamados por las autoridades.
Las renuncias se conocen unas horas después de que la fiscalía general mexicana señalara que no hay pruebas para detenerlos, y de que la presidenta Claudia Sheinbaum dijera que su gobierno no aceptará intervenciones de gobiernos extranjeros.
-Presuntos nexos con capos-
Hace casi dos años, cuando fue detenido en Estados Unidos Ismael "Mayo" Zambada, uno de los jefes del cartel de Sinaloa, el nombre de Rocha Moya se vio envuelto en el caso.
Desde una cárcel estadounidense, el capo denunció que había sido engañado y "secuestrado" por los hijos de su exsocio criminal Joaquín "Chapo" Guzmán, que lo convocaron a una supuesta reunión encabezada por Rocha Moya, para limar asperezas entre los políticos de Sinaloa.
El gobernador salió pronto a rechazar todo nexo con narcotraficantes y argumentó que el día de la presunta reunión estaba en Estados Unidos.
"No tenemos complicidad con nadie", sostuvo en ese entonces Rocha Moya.
La fiscalía general mexicana es la encargada de analizar actualmente la solicitud de Washington.
Pero este viernes anunció que al momento no hay suficientes pruebas en contra de los acusados y dijo que pedirá a Estados Unidos más elementos.
"No hay ninguna referencia, no hay ningún motivo, no hay ningún fundamento, no hay ninguna evidencia que nos permita apreciar el por qué de la urgencia de la detención provisional", dijo en rueda de prensa la tarde del viernes Raúl Jiménez, del área de asuntos internacionales de la fiscalía general.
-Sheinbaum rechaza intervenciones-
La denuncia contra Rocha Moya ha sacudido al gobierno de Sheinbaum y su partido izquierdista Morena, pues es la primera vez que un gobernador o un senador en funciones son acusados judicialmente de estar vinculados al tráfico de drogas.
El jueves, la presidenta Claudia Sheinbaum rechazó tajantemente las acusaciones y pidió a Estados Unidos presentar pruebas "irrefutables".
La tarde del viernes, en un evento público en el sureño estado de Chiapas, la mandataria advirtió además que no permitirá que gobiernos extranjeros violen la soberanía mexicana, aunque sin referirse explícitamente a Estados Unidos o a este caso.
"Ningún gobierno extranjero puede entrar en nuestro territorio. Porque aquí habemos mexicanas y mexicanos que defendemos la patria. Por eso, cualquier gobierno extranjero se topa con principios", subrayó.
El caso Rocha Moya estalla cuando el presidente estadounidense, Donald Trump, exige a México resultados en la lucha contra el narcotráfico. Y cuando ambos países y Canadá revisan el tratado de libre comercio de Norteamérica, el T-MEC.
