Con motivo de la festividad de Nuestra Señora de la Altagracia, la Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) expresó en su Carta Pastoral su preocupación por las consecuencias de la corrupción, especialmente cuando priva a los ciudadanos de servicios esenciales.

“Las manos manchadas por la corrupción han negado medicinas y derechos fundamentales a muchos enfermos, afectando gravemente la dignidad humana”, indicaron en el documento titulado “Renovación y compromiso bautismal, desde una perspectiva sinodal”.

Enfatizan que el pecado y la injusticia no tienen solo una dimensión individual, sino también social.

Asimismo, llamaron a que la justicia actúe sin privilegios ni impunidad.

“Que la mano de la justicia, sin privilegios para nadie, sepa sancionar de modo ejemplar a todos según el tamaño del daño causado a la sociedad por la corrupción”, señalan los prelados, destacando la necesidad de que el bien común prevalezca sobre intereses particulares.

Los obispos situaron a la familia en el centro del compromiso bautismal y social. Reconocen que muchas realidades familiares “desgarran el corazón del ser humano”, y evocaron las lágrimas de Jesús ante la tumba de Lázaro para expresar su cercanía a quienes sufren.

En particular, lamentaron “las muertes por la violencia intrafamiliar, la delincuencia y la inseguridad ciudadana; las muertes de tantos jóvenes involucrados en el crimen y las drogas; y las muertes en los accidentes de tránsito”.

El episcopado hizo un llamado firme a la protección de los niños, niñas y adolescentes, denunciando toda forma de violencia y exclusión, y exhortando a la sociedad a asumir una responsabilidad colectiva frente a estas realidades que atentan contra la vida y la esperanza.

Desde una perspectiva sinodal, la carta destaca la importancia de la escucha y el diálogo como caminos para sanar las divisiones sociales.

“El escuchar es fundamental para renovar nuestras relaciones”, afirmaron los obispos, advirtiendo sobre el uso deshumanizante de los medios digitales cuando se emplean para la violencia, el odio o la desinformación.

En contraposición, exhortaron a aprovechar las nuevas tecnologías “para difundir el bien, fomentar el diálogo, proteger a los débiles y promover la verdad”.

El episcopado también recordó que el bautismo es el fundamento de una vida nueva que transforma las relaciones humanas y sociales. “Por el bautismo entramos en una nueva relación con Dios, con los demás y con toda la creación”, afirmaron los obispos, subrayando que esta relación está llamada a vivirse en comunión, participación y corresponsabilidad.

Los pastores de la Iglesia católica advirtieron que la sociedad dominicana vive un contexto marcado por relaciones fracturadas y múltiples formas de violencia.

“Basta con observar los medios informativos para constatar un mundo de relaciones heridas y fragmentadas en todos los niveles”, señalaron, haciendo referencia a la violencia intrafamiliar, la inseguridad ciudadana, la discriminación, la difamación y el descarte de los más vulnerables.

Al referirse al medio ambiente, la CED recuerda que la creación no puede ser vista como propiedad para explotar, sino como un don confiado a la responsabilidad humana. En ese orden, expresa preocupación por la contaminación, la acumulación de basura y la presencia masiva de sargazo en las playas, y promueve decisiones públicas responsables.

Finalmente, los obispos invitaron al pueblo dominicano a renovar su compromiso bautismal a través de una doble actitud: la renuncia a toda forma de mal, violencia y corrupción, y el compromiso de vivir como hermanos, trabajando por una sociedad más justa y solidaria.

“Todos nos hemos bautizado en un solo Espíritu para formar un solo cuerpo”, concluyeron la Carta, alentando a vivir la fe como fuente de esperanza y transformación social.

La dirección ejecutiva del gobernante Partido Revolucionario Moderno (PRM) rechazó ayer cualquier intento de vincular a esa organización con el uso de fondos provenientes de actos ilícitos.

El PRM fijó su posición en una comunicación dirigida al director de Listín Diario, Miguel Franjul, cuyo texto íntegro es el siguiente:

En atención a las facultades que nos otorga la Ley 61-32 sobre Expresión y Difusión del Pensamiento, el Partido Revolucionario Moderno (PRM) puntualiza su postura oficial ante las informaciones publicadas este 19 de enero de 2026 sobre el denominado "Caso Cobra":

1. Rechazo categórico: El PRM rechaza de manera enérgica y categórica cualquier intento de vincular a nuestra organización o nuestras campañas con el uso de fondos provenientes de actos ilícitos.

2. El Gobierno como acusador, no como cómplice: Es imperativo recordar que el actual gobierno del PRM, por instrucción directa del presidente Luis Abinader, ordenó que el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) se constituyera como actor civil en este proceso. A través del Equipo de Recuperación del Patrimonio Público (ERPP), el Estado ha formalizado una querella para asegurar que los responsables no solo enfrenten sanciones penales, sino que devuelvan cada centavo sustraído. Es el Gobierno quien identifica, persigue y demanda el resarcimiento de estos fondos; esto es una señal inequívoca de estar totalmente alejado de estas prácticas.

3. Compromiso real contra la corrupción: Nuestro compromiso con la lucha anticorrupción no es retórico. No toleramos ni toleraremos "desbordamientos éticos". Quien haya fallado a la confianza pública debe enfrentar las consecuencias de sus actos individuales, sin escudarse en banderas políticas que no amparan el delito.

4. Transparencia en el financiamiento: Nuestras campañas se han ejecutado en estricto cumplimiento de la ley. El PRM cuenta con todos los soportes, auditorías privadas e informes financieros entregados oportunamente por la Junta Central Electoral (JCE) y la Cámara de Cuentas. Cualquier alegato de financiamiento irregular es una falsedad que no resiste el escrutinio de los organismos oficiales.

5. Colaboración e independencia judicial:

Reiteramos nuestra total disposición de colaborar con el Ministerio Público en todo lo que requiera para profundizar sus investigaciones. La independencia del Ministerio Público es un logro innegociable de este gobierno; hoy la justicia habla a través de pruebas, no de conveniencias políticas, y confiamos plenamente en que el proceso llegará hasta las últimas consecuencias.

El fortalecimiento de la integridad pública es un camino sin retorno. Solicitamos que esta aclaración sea publicada íntegramente para garantizar el equilibrio informativo y el derecho de la ciudadanía a la verdad.

Atentamente,

Dirección Ejecutiva Partido Revolucionario Moderno (PRM)

La Organización International de Policía Criminal (Interpol) emitió alerta amarilla por la desaparición de la niña, Brianna Genao Rosario, de tres años, quien fue reportada como desaparecida desde hace 19 días.

En el portal web de la entidad fue publicada una foto de la menor, junto a datos de su desaparición, y de sus padres.

Asimismo, la Interpol pide a las personas que tengan alguna información sobre el paradero de Brianna, se comuniquen con la Policía Nacional o la Secretaría General de la Interpol.

De acuerdo a la organización, una notificación amarilla es una alerta policial mundial sobre una persona desaparecida, la cual se publica para localizar a víctimas de rapto por uno de los progenitores, retenciones o desapariciones inexplicadas.

La notificación amarilla también puede utilizarse para ayudar a descubrir la identidad de una persona incapaz de identificarse a sí misma.

“Estas notificaciones son un valioso instrumento para las fuerzas del orden porque pueden aumentar las probabilidades de localizar a una persona desaparecida, especialmente si existe la posibilidad de que viaje de forma voluntaria o involuntaria al extranjero”, explica la Interpol.

FBI se retira de área de búsqueda

Se informó que los técnicos del Buró Federal de Investigaciones (FBI) culminaron su participación en los operativos de búsqueda de Brianna Genao. De igual forma, la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, dijo este lunes que el FBI sigue colaborando en la investigación.

Unidades Caninas del FBI y la Oficina Internacional de Asuntos Antinarcóticos y Procuración de Justicia (INL) de la Embajada de Estados Unidos se integraron en la búsqueda de la menor.

Los técnicos del Buró Federal de Investigaciones (FBI) concluyeron su participación en el operativo de búsqueda de la niña Brianna Genao Rosario, de tres años de edad, desaparecida desde el pasado 31 de diciembre de 2025 en la comunidad de Barrero, municipio de Imbert, provincia Puerto Plata.

La información la ofreció una fuente ligada a la investigación, quien explicó que en las próximas horas los miembros del organismo estadounidenses ofrecerán un informe.

Los miembros del FBI se integraron a las labores la semana pasada, en coordinación con las autoridades dominicanas, y participaron en la búsqueda junto a caninos especializados que fueron traídos al país.

Su última intervención en el operativo se produjo el viernes, cuando las labores tuvieron que ser interrumpidas debido a las condiciones meteorológicas adversas.

Hasta el momento, las autoridades dominicanas no han ofrecido información oficial sobre avances en la investigación ni sobre los aportes específicos realizados por los técnicos del FBI durante su participación en el proceso.

La participación del equipo extranjero ha generado expectativa en la población, quienes mantenían la esperanza de que el apoyo internacional pudiera aportar nuevas pistas que conduzcan a dar con el paradero de la menor.

Además del retiro de los técnicos del FBI, en el lugar se observa una reducida presencia de miembros del Ejército de la República Dominicana (ERD), agentes de la Policía Nacional y socorristas.

Este lunes, en el entorno de la vivienda donde habría desaparecido la niña, se constató  una reducida presencia de agentes policiales custodiando el perímetro.

Desde el 31 de diciembre de 2025, cuando Brianna Genao Rosario fue vista por última vez, se mantiene activa la búsqueda de la menor de edad.

La manifestación del domingo

Durante la movilización, que inició en Barrero y llegó hasta el parque municipal de Navarrete, los manifestantes recorrieron varias calles del sector portando pancartas y elevando oraciones, mientras reiteraban su llamado a que se esclarezca el paradero de la menor, desaparecida desde el pasado 31 de diciembre.

El padre biológico de la niña, Carlos Manuel Genao, expresó el impacto emocional que vive su familia ante la falta de información concreta sobre el caso.

El esquema del pago de sobornos en el Seguro Nacional de Salud (Senasa) fue utilizado entre el 2022 o principios del 2023 para financiar la campaña electoral del gobernante Partido Revolucionario Moderno (PRM), según se desprende de los interrogatorios realizados a tres de los implicados en el caso de supuesta corrupción administrativa.

De acuerdo a las declaraciones, el pago de sobornos contó con dos modalidades: desde finales de 2020 se realizaba a través de transacciones bancarias y desde las fechas antes citadas con pagos en efectivo.

José Pablo Ortiz Giráldez, quien se define como amigo de 30 años de Santiago Hazim, pasado director del Senasa, dijo que entre marzo y abril de 2023, su amigo lo llamó para sostener una reunión en la que le instruyó “reactivar” la entrega de sobornos únicamente por parte de Eduardo Read Estrella para la campaña del PRM.

De acuerdo a él, el esquema fue paralizado en septiembre de 2022 con su vinculación en el caso conocido como “Operación Calamar”, otro esquema de supuesta corrupción administrativa en la que se cobraba sobornos a las bancas de apuestas y loterías. Por ese caso están acusados los exministros Donald Guerrero, José Ramón Peralta y Gonzalo Castillo.

“El doctor Santiago Hazim insistió en varias ocasiones que el dinero de ese negocio no era para otra cosa que no fuera para la campaña electoral”, le dijo José Pablo Ortiz Giráldez en su interrogatorio a los fiscales Alexis Piña Echavarría y Aurelio Valdez, de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción (PEPCA), copia de los cuales tiene este diario.

Expresó, además, que “este nuevo esquema duró un tiempo después de las elecciones presidenciales y congresuales de 2024” y que, contrario al dinero pagado a través de transacciones bancarias, donde recibía el 10% por su “participación como intermediario”, con esas entregas en efectivo nunca recibió su porcentaje acordado, ni supo cuánto dinero le fue entregado.

En su interrogatorio, el amigo de 30 años de Santiago Hazim aseguró, además, que el exdirector de Senasa era “enfático en que todo eso iba para las elecciones y que, por tal razón, no me tocaba nada. Decía que teníamos que ganar las elecciones para mantenernos en el poder y que de esa manera volverían los tiempos de antes”.

Otras de las excusas que supuestamente le daba Santiago Hazim para que no recibiera el 10% de los sobornos es que “había quedado con muchas deudas de la campaña electoral de 2024”.

Ortiz Giraldez dijo que él tomaba el dinero y se lo entregaba directamente en las manos de Santiago Hazim en fundas negras.

“Las entregas se realizaban en distintos lugares, a veces en la calle, otras veces en vehículos de su propiedad, esto es, propiedad de Santiago Hazim, en ocasiones en algún restaurante de la ciudad capital o en un apartamento, alquilado via AirBNB”, señaló en el interrogario Ortiz Giraldez.

Contrario a las declaraciones de Ortiz Giráldez sobre el inicio del pago en efectivo, el empresario Eduardo Read Estrella, otro de los acusados en el caso, le aseguró a Mirna Ortiz, titular de la PEPCA y a Rosa Alba García Vásquez, fiscal de esa entidad, que con la vinculación de José Pablo Ortiz Giráldez en la “Operación Calamar” en septiembre de 2022, lo único que cambió fue la modalidad del pago, pasando de transacciones bancarias a entregas en efectivo.

“En efectivo entregué la suma RD$1,109,010,761.29 aproximadamente desde el mes de septiembre de 2022 hasta el mes de agosto de 2025”, explicó Read Estrella.

Sumado a esto, les dijo que “tres o cuatro meses antes de las elecciones” de 2024, Santiago Hazim le solicitó que le diera 25 millones de pesos “directamente para campaña, pero eso no fue de los contratos, fue de dinero propio, y yo le dije que quería entregarlo personalmente, pero Santiago Hazim dijo que no, que era a él que tenía que entregárselo, pero solo le di 12 millones”.

Asimismo, Cinty Acosta, propietaria de la empresa Nutrimed y quien también admitió haber pagado sobornos, aseguró que con la vinculación de José Pablo Ortiz Giráldez al caso Calamar siguió entregando el dinero, esta vez en efectivo, al exconsultor jurídico de Senasa, Germán Rafael Robles Quiñones, a quien le entregó más de 536 millones de pesos.

“Entonces, pasó a recibir la continuidad del 30% de los pagos en efectivo el señor Germán Robles, quien recibió un total en efectivo por más de RD$536,000,000.00, millones de pesos, él lo retiraba directamente en mi casa, en la Avenida Anacaona o en mi oficina”, explicó, indicando que esto fue durante el período de “finales de 2022 y el año 2023, inclusive”, ya que su contrato fue cancelado en febrero de 2021.

Además, aseguró que entregó a Germán Robles 150,000 mil pesos como aporte a la “campaña de la candidatura a diputado del esposo de Dayelin Ceballos”. Según ella, el propio Robles le hizo la solicitud de pagarle a él los sobornos y de entregarle ese aporte para la campaña. El esposo en cuestión es José Caraballo, pasado regidor y actual diputado por la circunscripción 1 del Distrito Nacional.

El origen

El esquema del pago de sobornos en el Seguro Nacional de Salud (Senasa) inició entre los meses de octubre y noviembre de 2020, con el acercamiento de Santiago Hazim y José Pablo Ortiz Giráldez, a los acusados y testigos en este caso.

De acuerdo a los interrogatorios, Cinty Acosta firmó contrato con Senasa el 5 de octubre de 2020 y entre los meses de febrero y junio 2021, entregó cerca de 100 millones de pesos a Ortiz Giráldez. Mientras que Eduardo Read Estrella pagó su primer soborno en noviembre de 2020.

El pago de los sobornos era de un 30 y 35% de los contratos asignados, según declaraciones dadas a los fiscales, y concluyó en agosto de 2025 con la salida de Santiago Hazim de esa institución pública.

Cuando el esquema era a través de transacciones bancarias, los primeros pagos, dados por Eduardo Read Estrella, en noviembre de 2020, fueron transferidos a las empresas Comercializadora Harif, S.R. L., propiedad de un amigo de Ortiz Giráldez. Luego José Pablo Ortiz creó dos empresas PDSS, Servicios a tu Salud, S.R.L. y OGSS Prestadora de Servicios de Salud, S.R.L., para recibir estos sobornos.

Además de estas empresas hizo transacciones por pago de sobornos a Comercializadora Netofa; Comercializadora Gabao; “todas estas empresas eran de José Pablo Ortiz Giráldez”.

Tras recibir las transacciones, Ortiz Giráldez acudía al Banco de Reservas, cambiaba el 90% en dólares, para ser entregados a Santiago Hazim y el 10% restante eran para él.

El empresario Eduardo Read Estrella, indicó que su entrada en el esquema del pago, fue porque se “ofuscó” en que la salud “primaria entrara” y cuando se dio cuenta de que estaba involucrado en un esquema de corrupción “era demasiado tarde”. Asimismo, expresó que no denunció a Santiago Hazim porque “se vendía que estaba con el poder”.

Al ser cuestionado sobre el cambio de modalidad de estos cobros, aseguró que en septiembre de 2022, el exdirector de Senasa “le hizo pasar a una oficina adjunta a su despacho en Senasa, y me indicó que a los amigos no se abandonan, que siguiera comunicándome con él y realizándole los pagos a él directamente, aunque facturara a nombre de otras empresas no relacionadas a José Pablo Ortiz Giráldez, o que en su defecto le entregara el dinero en efectivo”.

El empresario explicó a Mirna Ortiz que luego de septiembre de 2022 no tuvo “otra alternativa que realizar los pagos en efectivo” a Ortiz Giráldez, por el 30% de los contratos con sus empresas Khersun, Farmacard y Deleste.

Desde noviembre de 2020 hasta agosto de 2025, pagó a José Pablo Ortiz Giráldez por “instrucciones de Santiago Hazim” más de RD$1,621,337,217.15; de estos RD$1,109,010,761.29, fueron en efectivo.

Asimismo, Cinty Acosta, le indicó a los fiscales de la PEPCA, Alexis Piña Echavarría y Aurelio Valdez, que tras la vinculación de Ortiz Giráldez en ese expediente de corrupción administrativa denominado “Operación Calamar” le notificó a este hombre, a través del acto de alguacil “No. 638/2022 de fecha 14 de septiembre de 2022”, que el contrato de servicios que había firmado con él quedaba suspendido hasta que resolvieran sus problemas legales y en ese momento Germán Robles le informa que será él la nueva persona que tiene que darle el dinero en efectivo de los sobornos.

Le dijo a los fiscales que desde diciembre de 2020 hasta 2023 entregó regalos navideños a algunos empleados de Senasa, entre ellos Germán Robles.

En los primeros once meses del 2025, el Estado dominicano recaudó 15,357.2 millones de pesos de solo dos cargos vinculados al turismo: el impuesto a la salida de pasajeros al exterior -una retención aplicada en los aeropuertos del país- y las tarjetas de turismo -una tasa de 10 dólares que pagan los extranjeros no residentes que ingresan sin visa para fines vacacionales-.

Esto representa un aumento de 3.4 % respecto a los 14,851.7 millones de pesos registrados por ambos conceptos hasta noviembre del 2024 y un cumplimiento del 99.1 % en la meta de recaudación trazada en el presupuesto reformulado del Estado, que estimaba 15,503.8 millones de pesos.

Los datos, publicados por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), reflejan el impacto que recibe el fisco directamente de la actividad turística, que atrajo a 7,884,422 pasajeros vía aérea a noviembre pasado, por lo que los ingresos finales serán mayores cuando se compute el impacto de los 976,747 viajeros adicionales que se movilizaron por las terminales aéreas dominicanas en diciembre, lo que permitió cerrar el año con 8,861,169 pasajeros.

Conforme a la entidad recaudadora, el 66.2 % de los montos recaudados durante ese período (10,162.3 millones) provinieron del impuesto a la salida de pasajeros, mientras que el 33.8 % restante (5,195 millones de pesos) provino de las tarjetas de turismo.

Solo en noviembre pasado, el impuesto a la salida de pasajeros alcanzó los 809 millones de pesos, un 12.1 % más que los 721.5 millones en igual período del 2024 (87.5 millones más).

En tanto, las tarjetas de turismo pasaron de 419.9 millones a 476.5 millones de pesos, para un crecimiento del 13.5 % (56.7 millones más).

Esto hizo que, en conjunto, ambos tributos alcanzaran los 1,285.5 millones en noviembre pasado, 144.1 millones más que lo registrado hasta noviembre del 2024 (1,141.4 millones), para un alza de 12.6 %.

Inversión extranjera

A nivel macro, la actividad turística también aporta significativamente al crecimiento económico a través de los flujos de inversión extranjera directa (IED) que atrae el sector.

Hasta el tercer trimestre del 2025, al país habían ingresado de manera acumulada 923.8 millones de dólares en inversión extranjera solo del turismo, según los datos que reposan en el Banco Central de la República Dominicana (BCRD).

De esta manera, el turismo fue el segmento que más aportó a la captación de capital extranjero solo por detrás del sector energético (1,010.7 millones), sumando así el 22.6 % de la inversión extranjera directa acumulada, que totalizó los 4,082.4 millones de dólares hasta septiembre pasado.

La entidad monetaria proyectó que al cierre de 2025 la inversión extranjera directa superaría los 4,800 millones de dólares, con el turismo manteniendo una participación relevante dentro de ese flujo.

De igual forma, el BCRD estimó que durante 2025 el sector turismo aportaría 11,200 millones de dólares en divisas a la economía, un desempeño alcanzable dado el crecimiento sostenido del flujo turístico, con la llegada de 11,676,901 visitantes al cierre del año pasado.

Las autoridades identificaron a uno de los presuntos responsables de la muerte del conductor de transporte público, quien falleció al ser alcanzado por una bala durante un atentado a tiros dirigido contra la subdirectora de Tratamiento del Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Rafey, en Santiago.

Se trata de Juan Carlos Bretón Veras, alias "El Deportado", contra quien fue emitida una orden de arresto.

Según informaron fuentes oficiales vinculadas a la investigación.

El hecho ocurrió en el sector Monterico, del distrito municipal Santiago Oeste, cuando personas encapuchadas, a bordo de una motocicleta en marcha, dispararon contra la yipeta en la que se desplazaba la funcionaria, Laura Ricardo.

• Durante el ataque, una de las balas impactó a Crecencio Nolasco Cruz, quien falleció mientras recibía atenciones médicas en un centro de salud.

Subdirectora resultó ilesa

La subdirectora, que viajaba en una Mitsubishi Montero Sport, color blanco, resultó ilesa, aunque el vehículo presenta al menos siete impactos de bala.

De acuerdo con el informe, el atentado se produjo cuando Ricardo salía de un establecimiento comercial ubicado en la avenida Tamboril, en el referido sector de Monterico.

Las autoridades continúan las investigaciones para identificar y capturar a los demás involucrados en el ataque.