Santo Domingo.- El Instituto de Estabilización de Precios (Inespre) iniciará a partir de este domingo 8 la instalación de bodegas móviles en distintos centros penitenciarios del país, como parte de un trabajo interinstitucional coordinado con la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales.

Esta iniciativa busca aliviar la carga económica de los familiares de los privados de libertad, quienes durante los días de visita podrán adquirir productos alimenticios a bajo costo para suplir a sus parientes, así como para las comunidades cercanas a los recintos penitenciarios.

“La instalación de bodegas móviles en las inmediaciones de las cárceles tiene una importancia significativa para los parientes de los internos, quienes, aunque reciben asistencia alimentaria del Estado, siempre esperan llevar otros artículos durante los días de visita”, expresó Roberto Santana, director de Servicios Penitenciarios y Correccionales.

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Además, el programa fortalece el apoyo a los productores nacionales, al integrar sus productos a los canales de comercialización del Inespre.

También se plantea que los productores nacionales que trabajan de la mano con el Inespre suplan con sus cosechas los Comedores Económicos, encargados de suplir alimentos cocidos a los internos.

Santo Domingo.— La Oficina Judicial de Atención Permanente del Distrito Nacional conocerá la solicitud de medida de coerción contra Marcos Antonio Frías García, Juan Ismael Frías García y Dagoberto Cabrera, apresados por su presunta vinculación a un desfalco de aproximadamente RD$40 millones en la empresa Barra Payán, en perjuicio de sus propios hermanos y otros socios.

Según la investigación del Ministerio Público, los imputados, quienes tenían a su cargo la administración del negocio, habrían retenido parte del dinero generado por las ventas durante varios años sin depositarlo en las cuentas de la empresa. Las irregularidades fueron detectadas tras una auditoría que reveló diferencias millonarias entre lo vendido y lo reportado.

Los hechos habrían ocurrido entre 2019 y 2022, provocando un significativo perjuicio económico a la sociedad comercial.

Los tres hombres fueron arrestados el 5 de febrero de 2026, y permanecen bajo custodia a la espera de la decisión del tribunal.

Santo Domingo.- Una auditoría interna de la Contraloría General de la República reveló un amplio conjunto de irregularidades administrativas, financieras y operativas en el Ministerio de la Juventud durante la gestión de Rafael De Jesús Féliz García, confirmando y ampliando denuncias previas sobre becas, ayudas discrecionales, nóminas, contrataciones y uso de fondos públicos.

Hace semanas, N Investiga, programa producido y conducido por Nuria Piera, denunció un esquema de clientelismo político dentro del Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA) y el Ministerio de la Juventud, el cual, según adelantó la investigación, se repetía en otras instituciones. La auditoría interna de la Contraloría explicó que esos señalamientos constituían apenas la punta del iceberg.

La auditoría abarcó el período comprendido entre el primero de septiembre de 2021, tres meses antes de que Rafael De Jesús Féliz García fuera designado titular del Ministerio de la Juventud; y el 31 de junio de 2024. El documento, de 66 páginas y concluido el primero de julio de 2025, identificó 33 hallazgos, varios de ellos catalogados como críticos.

Entre los hallazgos más graves, la auditoría destacó la ausencia total de estados financieros entre 2021 y 2024, lo que impidió evaluar el desempeño financiero y la rendición de cuentas básicas de RD$2,664,679,581 administrados por la institución. De ese monto, se ejecutaron RD$2,267,637,341, sin que el informe precise qué ocurrió con los RD$397,042,040 restantes.

El documento explicó que el presupuesto aprobado para los períodos auditados no guardó coherencia con los Planes Operativos Anuales, presentando inconsistencias cuantitativas entre los rubros presupuestarios y las actividades planificadas.

La auditoría señaló desembolsos por RD$71,787,500 en concepto de “Ayudas Directas” sin políticas, criterios ni metodologías de evaluación, aprobación, montos o duración. El informe expresó que existía una ausencia total de controles, y aclaró que esos montos corresponden únicamente a los casos documentados.

Asimismo, se identificaron anomalías en más de RD$727,645,936 entregados en becas a estudiantes sin documentación mínima, lo que limita verificar la elegibilidad y los criterios de asignación. Estos hallazgos confirmaron denuncias que señalaban que parte de estas ayudas beneficiaban al movimiento político “Jóvenes Unidos por el Cambio”.

La Contraloría documentó la falta de implementación efectiva del Sistema de Información de Gestión Financiera (SIGEF) para el registro oportuno de operaciones. También indicó inobservancias a la Ley No. 10-07 del Sistema Nacional de Control Interno y a las Normas Básicas de Control Interno (NOBACI) de segundo grado, evidenciando debilidades estructurales en los procesos administrativos y financieros.

El informe añadió que el portal de Transparencia Institucional se encontraba incompleto y desactualizado, en incumplimiento de la Ley No. 200-04 de Libre Acceso a la Información Pública.

La auditoría explicó que la nómina pasó de RD$12 millones en 2012 a RD$17 millones en 2023, precisamente el año en que se extraviaron las nóminas del personal fijo, temporal, de seguridad y de período probatorio.

También se identificaron expedientes de empleados con documentación incompleta, sin carta de no objeción del Ministerio de Administración Pública (MAP) y, en algunos casos, sin contrato de trabajo o nombramiento. En un levantamiento de 158 servidores públicos, se detectaron 46 que no fueron vistos, cuatro no identificados y otros con asistencia irregular, lo que abrió la posibilidad de pagos a “botellas” y a un manejo discrecional de RD$634,097,931 en salarios durante el período auditado.

La auditoría agrupó múltiples irregularidades que describen un patrón de descontrol administrativo-operativo, especialmente en contrataciones, logística y resguardo patrimonial. Se detectaron compras fraccionadas para evadir los umbrales de los procesos de contratación, utilizando de manera irregular modalidades menores.

Se fraccionaron cuatro procesos por un total de RD$579,830 para el montaje de stands en la feria de buenas prácticas de extensión y cultura universitaria de la región norte, realizada en agosto, noviembre y diciembre de 2022. Todos los procesos fueron adjudicados a Grupo Belcam SRL, empresa creada en 2015 y propiedad de Leonardo Luis Núñez.

Asimismo, se adjudicaron cuatro comparaciones de precios por un monto total de RD$20,800,000 a la empresa Pink Iguana SRL, representada por Jesús Reynaldo Sánchez Minyety. En lugar de una licitación, los procesos fueron subidos el mismo día, el 25 de noviembre de 2022, cada uno por RD$5,200,000.

El documento indicó que se adjudicaron contratos a empresas con accionistas prohibidos por la Ley de Compras y Contrataciones para la adquisición de tickets de gasolina entre enero y mayo de 2023, por un monto de RD$5 millones, en plena campaña electoral. El proceso fue ganado por Eco Petróleo Dominicana S.A., cuyos accionistas incluyen al entonces diputado del PRM Moisés Ayala, hoy senador de Barahona, y a Martín Robles Morillo, exadministrador general de la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED), destituido el 16 de noviembre pasado.

La auditoría explicó que no existían registros consistentes ni documentación soporte sobre la asignación y uso del combustible, lo que impidió verificar criterios, controles y posibles usos políticos.

La Contraloría señaló que no había registros de entradas y salidas de almacenes, lo que dio cabida a la desaparición de equipos tecnológicos valorados en RD$334,615, que permanecían registrados sin una gestión adecuada para su baja.

El hallazgo relacionó el alto nivel de endeudamiento personal de Rafael Féliz con el desorden detectado en el manejo de deudas institucionales. Se identificaron siete expedientes de pago enviados a deuda pública, cinco de ellos con más de dos años de atraso. Además, se encontraron 13 facturas ya pagadas que continuaban registradas como pendientes.

En las conciliaciones bancarias de cinco cuentas, con un total de RD$1,872,527, se detectaron controles deficientes. De 152 conciliaciones revisadas, 18 no respetaban la separación de funciones, y no existían documentos que probaran la realización de 23 conciliaciones entre septiembre de 2021 y mayo de 2022. La institución tampoco contaba con un sistema automatizado para el control de cuentas por pagar.
N Investiga explicó que continúa a la espera de información adicional solicitada vía Libre Acceso al Ministerio de la Juventud para verificar otros indicios de irregularidades.

La auditoría de la Contraloría concluyó que los hallazgos no corresponden a errores aislados, sino a un patrón sistemático de becas sin expedientes completos, ayudas sin criterios, compras fraccionadas, combustible sin control, nóminas extraviadas, conciliaciones bancarias inexistentes y desaparición de bienes del Estado. Mientras tanto, empleados denunciaron presiones políticas y aportes obligatorios para sostener un movimiento partidario. La investigación planteó que, al manejar más de RD$2,000 millones, la juventud o la falta de experiencia no explican la magnitud de las irregularidades detectadas.

Esta auditoría hecha por la Contraloría espera las réplicas del Ministerio de la Juventud.

El 8 de febrero de 1822 es una fecha crucial en la historia de la isla de La Española. Ese día, el presidente haitiano Jean-Pierre Boyer, líder de Haití desde 1818, culminó una serie de movimientos políticos y militares que llevaron a la entrada de sus tropas en el territorio que hoy conocemos como República Dominicana. Aunque la fecha formal de ingreso al centro de Santo Domingo fue el 9 de febrero de 1822, el 8 marcó la llegada de Boyer y su ejército al área de San Carlos, en las afueras de la ciudad, preparándose para tomar el control después del efímero intento de independencia dominicana iniciado en 1821.

Contexto previo: de colonia española a independencia efímera

Durante siglos, la parte oriental de la isla había sido gobernada por España como la Capitanía General de Santo Domingo. Con el declive del control español en América y las guerras napoleónicas en Europa, surgieron movimientos independentistas. El 1 de diciembre de 1821, un grupo de criollos liderados por José Núñez de Cáceres proclamó la independencia bajo el nombre de Estado Independiente del Haití Español, con la intención de anexarse a la Gran Colombia de Simón Bolívar. Sin embargo, ese nuevo estado no consiguió apoyo internacional ni militar suficiente.

Aprovechando esa debilidad, Jean-Pierre Boyer, quien defendía la idea de una isla “una e indivisible”, decidió intervenir. Con un ejército de cerca de 12,000 soldados, Haití tenía una fuerza muy superior a la pequeña milicia que presentaba el Estado dominicano. En enero de 1822, Boyer comenzó la marcha hacia el este y, tras un breve avance, llegó a Santo Domingo en febrero.

El 9 de febrero de 1822, las tropas haitianas entraron en la ciudad de Santo Domingo. José Núñez de Cáceres entregó las llaves de la ciudad a Boyer en una ceremonia en la que prometió una unificación pacífica, aunque la resistencia y la sorpresa entre los dominicanos fueron evidentes. Con esta acción se inició un periodo de dominación haitiana que duró 22 años, desde 1822 hasta el 27 de febrero de 1844.

Los haitianos reorganizaron el territorio dominicano en dos departamentos administrativos: Ozama (sur) y Cibao (norte), integrándolo a la estructura estatal de Haití. Bajo este nuevo orden, se implementaron cambios profundos en la vida económica, social y cultural de los habitantes del Este.

Una de las medidas más trascendentales desde el punto de vista social fue la abolición de la esclavitud en la parte oriental de la isla. Aunque en el Santo Domingo español el sistema esclavista no había tenido la misma magnitud que en el oeste, esta acción representó un punto de inflexión para muchos afrodescendientes y alteró la dinámica laboral de la sociedad.

Resistencia, tensiones y vida bajo la ocupación

Sin embargo, la ocupación también trajo medidas que provocaron descontento entre los dominicanos. El gobierno haitiano implementó expropiaciones de tierras, intentó restringir tradiciones culturales, impuso el uso del francés en algunas esferas administrativas y sometió a los dominicanos a servicio militar obligatorio. Además, obligó al pago de impuestos para aportar al fisco haitiano, que estaba endeudado por una indemnización que había pagado a Francia por reconocer su independencia.

Este conjunto de políticas generó tensiones crecientes. Aunque algunos sectores especialmente los que habían sido esclavizados, recibieron con alivio la abolición de la esclavitud, muchos dominicanos expresaron su rechazo a la pérdida de autonomía, a las reformas económicas y a la sensación de dominio extranjero. Estas tensiones se tradujeron en pequeños brotes de resistencia y conspiraciones a lo largo de los años.

Con el paso del tiempo, se fortaleció en la parte oriental de la isla el deseo de recuperar la soberanía nacional. En 1838, un grupo de jóvenes patriotas liderado por Juan Pablo Duarte, Francisco del Rosario Sánchez y Matías Ramón Mella fundó la sociedad secreta La Trinitaria, cuyo objetivo era organizar la lucha por la independencia. Esta sociedad fue crucial para articular un movimiento que trascendió generaciones y logró canalizar el rechazo a la ocupación.

La chispa final de la independencia dominicana se encendió el 27 de febrero de 1844, cuando los patriotas proclamaron la separación de Haití y la creación de un Estado soberano llamado República Dominicana. El célebre disparo del trabucazo de Matías Ramón Mella en la Puerta de la Misericordia marcó el inicio de la nueva era nacional, que recuperaba la libertad después de más de dos décadas de dominio extranjero.

La Ocupación Haitiana de febrero de 1822 no fue simplemente una invasión; fue un periodo complejo que transformó profundamente la vida de los habitantes de la parte oriental de La Española. Constituyó un hecho histórico que abolió formalmente la esclavitud, reorganizó la estructura política y económica del territorio, y, sobre todo, forjó el sentimiento de identidad y la determinación que condujeron a la independencia definitiva de la República Dominicana en 1844.

Santo Domingo.- Este sábado se entregaron en el Palacio de la Policía Nacional los tres jóvenes señalados como presuntos implicados en el homicidio de Alexis Castillo, de 37 años, ocurrido la noche del pasado jueves en el sector El Almirante, en Santo Domingo Este.

Las entregas fue realizada de manera voluntaria y con el acompañamiento de Diogenes Ozuna, representante del Comité Dominicano de los Derechos Humanos (CDDH), Jackson Mercedes, representante de los Derechos Humanos de Santo Domingo Este quien actuó como mediador durante el proceso.

Fueron recibidos por el vocero policial, coronel Diego Pesqueira, quien garantizó los derechos de cada uno de los ahora detenidos para fines de investigación.

El primero en entregarse fue José Luis Jiménez Acosta, alias “El Pote”, de 29 años; quien al presentarse ante las autoridades ofreció declaraciones en las que alegó que horas antes del hecho habría sido detenido por miembros de la Dirección Central de Inteligencia (DINTEL) y que, según su versión, fue dejado en libertad tras un supuesto acuerdo económico de 40 mil pesos.

A su vez, indicó además que posteriormente se le habría informado quién lo había denunciado, lo que según su relato derivó en su traslado con un arma blanca.

Más tarde, Jasiel Sánchez de 19 años quien se convirtió en el segundo joven en entregarse, igualmente señalado como presunto implicado en el homicidio.

Finalmente, en horas de la noche, José Ángel Terrero, alias “Amarillo”, 20 años, completó el grupo al entregarse también, quedando todos los señalados bajo custodia.

Los implicados serán puestos a disposición del Ministerio Público, para los fines legales correspondientes.

Será este lunes que la fiscalía de Niños, Niñas y Adolescentes, conocerá la solicitud de medidas de coerción contra los ciudadanos haitianos acusados de matar a un menor de 14 años en Katanga de Los Mina, en Santo Domingo Este.

En la tarde de este sábado el movimiento nacionalista Antigua Orden Dominicana, visitó los familiares de la víctima y dio un «ultimátum» a los haitianos.

Ángelo Vázquez, líder del grupo nacionalista, visitó Los Mina para expresar sus condolencias a los parientes de Nauriel Nizael Medina Pérez, asesinado por dos haitianos.

«Nosotros estamos pidiendo que haya justicia, que sean condenados con la pena máxima. Un ultimátum para que tengan que salir de todos Los Mina los haitianos, porque si ellos no pueden convivir con nosotros tienen que salir de nuestro país», expresó Vásquez.

Vázquez, señaló que la situación con los trabajadores extranjeros cada día se complica más.

Ambos padres del adolescente asesinado a machetazos pidieron que caiga todo el peso de la ley sobre los culpables. Describieron a Nauriel como un muchacho de estudios y «la alegría de la casa».

La Antigua Orden Dominicana dio un plazo de varios días a los haitianos para que salgan de la zona, de lo contrario serán sacados por la organización y los comunitarios.

Crimen motivado por celos

Según los parientes, la víctima de 14 años tuvo una relación sentimental con una joven de 15. Esta también era pareja de uno de los haitianos señalados por el crimen.

«Supuestamente, ella dejó al haitiano, lo suelta en banda para volver con mi hermano, pero ya mi hermano no quería. Entonces el haitiano ve eso, que ella quería estar con mi hermano, le estaba dando seguimiento, lo amenazó; cada vez que lo veía, lo amenazaba», narró Víctor Manuel Medina, hermano de la víctima.

«Los implicados son Jeffrey, de nacionalidad haitiana, y uno llamado Jason, de nacionalidad haitiana, también. Jeffrey es de 16 años y Jason de 30 años. Entonces yo exijo justicia por la muerte de mi hermano, que esa muerte no quede impune», informó Nisaury Rosario, hermana de la víctima.

Explican que atacaron al joven cuando salía de casa de un amigo a menos de un kilómetro de su residencia.

«El que tiene 30 años le cayó atrás y le dio un machetazo; entonces el otro, el que era el exnovio de la muchachita, ese fue el que lo terminó de rematar, que le hizo todo lo que le hizo en su cara», relató Medina, el padre.

Los restos de Nauriel Medina Pérez fueron sepultados la tarde de este viernes en el cementerio de Cristo Rey.