Tras una sesión de emergencia convocada para este jueves por los desacuerdos con las autoridades del sector Salud respecto a fijar un nuevo porcentaje para aumentar al salario de los galenos, la Junta Directiva Nacional del Colegio Médico Dominicano (CMD) decidió paralizar todos los servicios de salud a nivel nacional por 96 horas, iniciando el martes 19 de noviembre hasta el viernes 22.

"Anoche tuvimos un encuentro en el Palacio con las autoridades, el tema más acuciante es el tema del reajuste salarial. Nuestra propuesta es de un 70 %, la contrapropuesta del Gobierno fue de 10 %. Duramos dos horas conversando al respecto y el Gobierno fue muy insistente en ese 10 %", detalló Waldo Ariel Suero, presidente del CMD.

Suero explicó que ese 10 % representa unos 6,000 pesos, que, tras los descuentos de ley, se reduce a poco más de 2,000 pesos.

"No vamos a durar 11 meses de diálogo para al final venir con dos mil y pico de pesos", comentó.

De acuerdo con el cardiólogo pediatra, "ha habido una avalancha de disgusto entre los médicos, de inconformidad, se sienten burlados con esta propuesta y la Junta Directiva sesionó con carácter de emergencia, tema único lo del reajuste salarial y la respuesta que nos dio el Gobierno, y resolutamos hacer una huelga nacional por 96 horas, cuatro días, el martes 19, miércoles 20, jueves 21 y viernes 22″.

El llamado a paro incluye todos los hospitales públicos, centros de atención primaria, subcentros de Salud y hospitales de autogestión. Se conservarán las atenciones solo para emergencias y pacientes en estado crítico.

Listos para un año de lucha

El galeno insistió en que el CMD llevará su plan de lucha "hasta las últimas consecuencias", incluso extendiendo las protestas por todo un año.

"Estamos firmes en nuestra posición, nosotros queremos un 70 %, lo reiteramos. Estamos preparados para una lucha larga que se avecina, una lucha muy intensa. Estamos preparados física y mentalmente para durar un año entero en esta lucha. Seguimos abiertos al diálogo, pero sin trucos, no más trucos", concluyó Suero.

El Ministerio de Educación de la República Dominicana (Minerd) informó que más de 600 docentes del sistema educativo dominicano fueron desvinculados por cometer faltas graves, especialmente, por abandono del cargo y recibir remuneraciones sin trabajar.

Del total, 348 maestros solicitaron su cancelación de manera voluntaria y 279 fueron separados de manera forzosa, debido a faltas graves y abandono de sus puestos de trabajo.

Las desvinculaciones se produjeron durante el periodo transcurrido entre los meses de diciembre 2023 y agosto de 2024.

Al referirse a las causas que motivaron los despidos, la Dirección de Recursos Humanos explicó que el 80% por ciento fue por abandono de su puesto de trabajo y el 20% restante está relacionado con otro tipo de indisciplina, entre ellas: violencia, acoso sexual, narcotráfico y falsificación de documentos.

Informó, asimismo, que la mayoría de los actos de indisciplina se registraron en las regionales educativas 10, de Santo Domingo II; 15, de Santo Domingo; 06, de La Vega, y 05, de San Pedro de Macorís.

La investigación evidenció que muchos colaboradores del área docente estaban viviendo fuera del país o realizando otras actividades mientras devengaban salarios entre RD$70,000 y RD$90,000 en el Minerd. Para camuflar su incumplimiento, le pagaban a un sustituto entre RD$6,000 y RD$9,000 al mes.

Las cancelaciones se realizaron luego de una profunda y amplia investigación, que se realizó a través de la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales del Minerd, compuesta por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales, y que contó con la cooperación de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Dirección General de Migración.

Recientemente, la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales del Minerd, realizaron un recorrido por las regionales y distritos educativos para formar a los directores de centro sobre los componentes éticos, disciplinarios y enseñándole, a través de talleres, cuáles son las obligaciones y los deberes del servidor público y cuáles son las consecuencias de no cumplir con esos deberes y cómo funciona la estructura de administración del Estado.

Ismael Ureña Pérez tenía 14 años cuando en el verano de 2024 decidió abandonar la pensión donde estaba concentrado, en el municipio San Luis (SD), persiguiendo el sueño de firmar para la MLB. Le decía a su hermano mayor que no se sentía las piernas, sus ojos se tornaron amarillos y sus orines eran tan rojos como la sangre.

"Mami, me están maltratando", le comentó a su progenitora, Iris Pérez, quien al confirmar la orina le pidió que no regresara a jugar y lo llevó al médico. Allí los análisis confirmaron que se le había aplicado sustancias que se inyectan a los caballos para mejorar el rendimiento. Una información que el adolescente confirmó y que había rehusado contarles a sus padres.

A escasos días de estar hospitalizado, Ismael murió. Pero el drama no terminó en el cementerio. Dos hermanos suyos, que también se entrenaban en la Yordy Cabrera Baseball Academy, han quedado con secuelas, como taquicardia y alteración en la vista.

Sus padres, Inoel Ureña e Iris Pérez, impotentes, pero con escasos recursos, viajaron a Santiago de los Caballeros y contaron el caso al abogado Orlando Aracena Peña, de la Fundación Familia Sin Violencia (Funfasinvi), que decidió asumirlo.

"Estoy aquí porque quiero justicia, porque me mataron mi hijo y yo quiero justicia por mi hijo", se ve decir con la voz entrecortada a Inoel Ureña en un video en Tik Tok subido en la cuenta del abogado Russel Aracena, miembro de la referida ONG. "Porque me le estaban inyectando cosas que yo no le he dado orden que me le inyecten a mi hijo y por eso yo quiero justicia".

La querella

El martes, cinco abogados de Funfasinvi presentaron querella forma en la Fiscalía de Santo Domingo Este contra Yordy Cabrera, expelotero que dirige la academia donde habrían ocurrido los hechos.

Buscan que, de forma inmediata, se le conozca medida de coerción y se le imponga prisión preventiva a Cabrera, de 34 años, quien luego de jugar sus primeras cinco temporadas como infielder (2010-2013), se convirtió en lanzador y trabajó por última vez en la temporada 2022-2023 para los Gigantes del Cibao.

 Acusan al expelotero de violar los artículos 295, 302, 303 del Código Penal Dominicano, además de la Ley de Salud (42-01), que trata sobre los productos farmacéuticos. También los artículos 397 y 412 del Código para Protección de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, además de la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas.

La controversia en torno a la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (OGTIC) sigue creciendo tras las explosivas declaraciones de Marcos Valerio de la Cruz, extrabajador de la entidad, quien asegura haber presenciado y denunciado diversas irregularidades durante su tiempo en la institución.

La respuesta de la OGTIC en redes sociales, donde señalaron que Valerio fue desvinculado por presunto robo y mencionaron ayudas brindadas a su hija con discapacidad, fue eliminada posteriormente, pero desató una ola de críticas sobre el manejo de la situación.

Las denuncias de Valerio: irregularidades internas en la OGTIC
En una entrevista con Somos Pueblo, Valerio detalló una serie de prácticas cuestionables dentro de la OGTIC, enumerando los siguientes puntos:

1. Asignación de labores sin relevancia técnica: Valerio asegura que, aunque fue contratado como auxiliar de servicios generales, su principal tarea consistía en «cargar botellones de agua» a los distintos pisos de la institución, un rol que, según él, no justificaba su presencia en una entidad de tecnología y que luego fue recompensado con un aumento salarial y un título diferente, tras participar en actividades de grabación de otros empleados por órdenes de superiores.

2. Aumento de salario sospechoso: Según Valerio, tras grabar a un compañero como le fue solicitado por Diana Rivas, entonces directora de gabinete, fue ascendido a «técnico en documentación» con un aumento de salario a 50,000 pesos, a pesar de no contar con las cualificaciones técnicas necesarias para el puesto. Valerio describe este ascenso como un intento de mantener su lealtad dentro de la organización.

Ante el pedido de varias figuras políticas, como el actual ministro de Agricultura y el expresidente Hipólito Mejía, de implementar un permiso especial para que los haitianos en situación irregular trabajen en la República Dominicana, varios legisladores oficialistas favorecieron ayer la medida, con el fin de evitar una reducción en la producción agrícola.

El senador del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Dagoberto Rodríguez, apoyó la propuesta, argumentando que la producción de rubros como el café o el arroz "podría colapsar" debido a la falta de mano de obra haitiana.

Rodríguez señaló que, aunque respalda los permisos temporales, estos no deben otorgarse a la ligera. Aseguró que deben ser entregados de manera temporal, con una adecuada regulación legal y con un mandato de responsabilidad para los empresarios que requieran de haitianos en sus labores.

Por su parte, el también oficialista Eugenio Cedeño señaló que el abandono de los dominicanos en trabajos esenciales ha generado una dependencia de la mano de obra haitiana en esos sectores. En este sentido, recomendó promover la formación laboral en algunos sectores y mejorar los salarios para incentivar a los dominicanos a trabajar en áreas como la construcción o la agricultura.

El diputado de La Romana también favoreció los permisos, señalando que "las circunstancias lo imponen", aunque subrayó la necesidad de respetar la Ley de Migración de la República Dominicana.

El senador Guillermo Lama, representante del PRM por la provincia Bahoruco, también compartió la opinión de sus colegas. Afirmó que el impacto de las deportaciones se está sintiendo, por lo que consideró adecuado adoptar nuevos mecanismos que permitan que el trabajo agrícola continúe.

El diputado Miguel Arredondo, también del PRM, expresó que los haitianos en situación irregular que trabajan en el país "deben contar con un permiso temporal para llenar vacíos en los sectores agrícola, agropecuario y de construcción, donde la mano de obra dominicana es más reducida".