Los conflictos entre la empresa de explotación minera, Barrick Pueblo Viejo, trabajadores y pobladores de las comunidades aledañas han sido recurrentes, desde casi el inicio de sus operaciones en Cotuí, provincia Sánchez Ramírez.

Los reclamos de trabajadores por derechos laborales, el rechazo a la explotación minera, y las denuncias de contaminación ambiental, han sido los temas más recurridos en las luchas que se han generado en torno las actividades de esta empresa.

En octubre del 2010, el Observatorio Social de América Latina en su publicación “Cronología del Conflicto Social”, reseña que trabajadores de la minera canadiense Barrick Gold, en Cotuí, provincia Sánchez Ramírez, en la región norte, realizaron protestas que afectaron a más de 2,000 trabajadores, en reclamo de bonificaciones y respeto a los derechos laborales.

En noviembre de ese mismo año, se escenificaron nuevas protestas en las que 17 personas resultaron heridas al exigir prestaciones laborales para más de 200 empleados que fueron despedidos. Las manifestaciones obligaron a suspender sus labores operativas.

En marzo del 2012, el grupo de activistas SalvaTierra realizó una protesta frente a las oficinas de Barrick y emitió un comunicado expresando su preocupación por lo que calificó como “terrible riesgo ambiental y de salud pública” al que la megaminería con cianuro expone a la población.

En octubre de ese mismo año, el Listín Diario reseñó las protestas escenificadas en las comunidades La Piñita, Tocoa, Paradero, Palo de Cuaba y Monte Negro, donde los manifestantes demandaban de la minera emplear más obreros, revisión del contrato con el Estado, terminación de varias obras y el respeto al medio ambiente. Una persona herida, varios detenidos y diversos disturbios se generaron en las proximidades del hospital Inmaculada Concepción, la Zona Franca y Pueblo Nuevo.

En 2016 también se registraron protestas por el despido de cerca de 40 mineros quienes demandaban un contrato colectivo que regulara sus condiciones de trabajo y el respeto a la libertad de asociación. La empresa se defendió de los reclamos por despidos indicando que esos mineros pusieron en peligro las operaciones y seguridad de la empresa.

En 2021, organizaciones comunitarias protagonizron una extensa lucha contra la pretensión de la empresa minera de instalar una presa de cola en la cuenca del río Ozama.

Estas fechas son una muestra de los conflictos recurrentes que se han sucitado contra la minera por reclamos de comunitarios y trabajadores.

La Barrick Gold Corporation adquirió en 2006 la concesión a 25 años de la mina de Pueblo Viejo con una reserva estimada de 20 millones de onzas de oro. La explotación de la mina, la más grande del país y cuyo proyecto representó la mayor inversión extranjera hasta el momento, comenzó a mediados de 2012.

Renegociación contrato

Un fuerte escaseo entre la minera y el Gobierno dominicano se generó en 2012, a la llegada al Poder del presidente Danilo Medina, quien al asumir el cargo designó una comisión para renegociar el esquema fiscal del acuerdo pactado en 2008. Luego de meses de tensión, en mayo del 2013, el Gobierno anunció que se habia arribado a un acuerdo preliminar para modificar el Contrato Especial de Arrendamiento de Derechos Mineros (CEAM), mediante el cual el Estado dominicano recibiría US$11,600 millones, durante la vida del proyecto.

Nuevas protestas

el pasado miércoles, 9 de enero, un nuevo enfrentamiento se originó entre moradores de varias comunidades y la empresa minera Barrick Gold debido al reasentamiento por la instalación de la presa de Almacenamiento de Relaves en El Naranjo.

Mientras los comunitarios denunciaron que se trató de un desalojo, la empresa indicó que un pequeño grupo de personas habría realizado un bloqueo ilegal de carreteras públicas para servir a sus propios intereses.

En la trifulca resultó herido el sacerdote Johnny, por lo que la Conferencia del Episcopado Dominicano (CED), condenó las agresiones sufridas por miembros de la iglesia católica, la comunidad Arroyo Vuelta y otras del distrito municipal de Zambrana, en el municipio de Cotuí.

Aportes al Estado.

Datos publicados refieren que la actividad minera ha generado al Estado dominicano ingresos tributarios por RD$149,548.9 millones en los últimos 11 años, aporte que en mayor medida realizó la minera Barrick Pueblo.

Desde el ataque que casi le costó la vida, Angelina Rodríguez asegura haber sido abandonada por las autoridades, a pesar de las cicatrices visibles que lleva en su cuerpo como prueba del intento de feminicidio que sufrió.

A más de 15 días del ataque, el agresor sigue libre y la justicia permanece en silencio, denunció la mujer.

El pasado 25 de diciembre, Angelina, de 38 años, vivió un episodio de horror cuando su expareja, Manuel Rafael Hernández, de 26 años, irrumpió en su casa y la atacó brutalmente, hecho ocurrido en el sector Matanzas, en el sur de la provincia Santiago.

El agresor la roció con gasolina y le prendió fuego, causándole quemaduras de primer y segundo grado en distintas partes de su cuerpo.

"Él llegó aquí, me tiró con un colín y cuando lo atajé con una almohada, me dijo: 'No, espérate, yo te traje algo mejor'. Me tiró la gasolina y me prendió con un fósforo", narró Angelina con la voz quebrada.

Además, indicó que Hernández le propinó un golpe con un machete en la espalda antes de huir. Desde entonces, Angelina asegura que no ha recibido respuesta efectiva por parte de las autoridades.

"La última vez me dijeron que fuera a buscar la orden. ¿Será para que yo la lleve cuartel por cuartel o salga yo a buscarlo? Yo no puedo estar saliendo tanto para afuera ni andar tanto en la calle así. Parece que se olvidaron de esto porque nunca más he vuelto a ver nada de policía por aquí. Nadie me ha llamado ni ha venido por aquí", expresó con evidente frustración.

La víctima denuncia sentirse abandonada no solo por la policía, sino también por instituciones como el Ministerio de la Mujer y la Fiscalía de Violencia Intrafamiliar, encargadas de velar por su protección.

"¿Dónde está la justicia? Él vive cerca de aquí y nadie ha ido a buscarlo. ¿Qué están esperando, que termine lo que empezó?", se preguntó indignada.

Un llamado de auxilio

Angelina Rodríguez compartió que, durante los cuatro años que convivió con su agresor, este era extremadamente celoso y controlador.

Al decidir separarse, Hernández mostró un comportamiento violento que culminó en este intento de feminicidio.

Ahora, con cicatrices físicas y emocionales, Angelina pide a las autoridades que actúen antes de que sea demasiado tarde.

"Que me ayuden a hacer justicia, que no me dejen sola. Me he sentido abandonada. Nadie ha venido, ni siquiera para investigar", concluyó entre lágrimas.

Lo que dicen las autoridades

Tras ser consultado sobre el caso de Angelina Rodríguez, el procurador fiscal de Santiago, Osvaldo Bonilla, ofreció una breve declaración al respecto: "Sí, ya investigué. Solo nos falta arrestar".

Sin embargo, a casi un mes del ataque, el agresor, Manuel Rafael Hernández, sigue en libertad, lo que ha generado preocupación y cuestionamientos por parte de la víctima y su familia sobre la efectividad de las acciones judiciales.