La directora de Ética e Integridad Gubernamental (Degeig), Milagros Ortiz Bosch, reaccionó a la desconexión que recibieron los dispositivos semafóricos del Distrito Nacional que ocasionó, durante la última semana de agosto, un desorden por el en taponamiento de las principales avenidas.

Ante esto, Ortiz Bosch mostró su rechazo al contrato realizado por el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) con la empresa Transcore Latam SRL, encargada de gestionar el sistema de control al tráfico y la red semafórica del Gran Santo Domingo.

Ya que, según manifestó, no favorece que acuerdos suspendidos se mantengan activos en las instituciones públicas.

“Yo quería hablar solamente sobre el tema del Senado. Entonces solo diré una palabra y me voy de una vez: No me gustan los contratos que se suspenden y se siguen cumpliendo”, dijo Bosch al terminar su participación en una actividad desarrollada en el Senado de la República.

La posición de la funcionaria se debe a que el mismo convenio, que beneficiaría con más de mil trescientos millones de pesos a la compañía internacional por brindarle al Intrant “mejorías” a la red semafórica del país, fue suspendido el 30 de octubre de 2023 por la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) tras el hallazgo de “indicios de irregularidades en el proceso de licitación”.

Esto, Las publicaciones de los medios de comunicación y la continuidad de acusaciones por desarrollar un proceso de licitación con “irregularidades” provocaron que el exdirector del Intrant, Hugo Beras, solicitara una licencia sin disfrute de sueldo.

A pesar de que Beras defendió antes de su salida, que en esa coyuntura fue expuesta como temporal, el concurso público, asegurando su transparencia y ejecución apegada a la Ley 340-06 de Compras y Contrataciones Públicas.

Presidente del Senado

Al igual que Bosch, el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, deploró el caos vivido en días pasados por los capitaleños en el parque vehicular del polígono central y solicitó a los organismos estatales establecer consecuencias para los culpables.

“Entiendo que los órganos correspondientes deben dar seguimiento y una respuesta a esa situación que afecto a la ciudadanía, con consecuencias para quienes no cumplieran… y si fue un atentado, para que también paguen las consecuencias”, dijo De los Santos, quien acompañaba a la titular de la Digeig.

Intrant

La compañía procedió el pasado 27 de agosto a reemplazar dispositivos y reguladores semafóricos sin la debida autorización. Estos trabajos, realizados sin el consentimiento previo del Intrant, constituyeron una violación a los acuerdos institucionales establecidos.

Al detectar esta situación, el Intrant notificó de inmediato a Transcore sobre este incumplimiento.

Sin embargo, en lugar de rectificar y cumplir con lo pactado, Transcore cesó todos sus servicios al Intrant a las 10:44 p.m. del mismo 27 de agosto, notificando su decisión a través de un chat interno entre sus técnicos principales y funcionarios del instituto.

Lo que culminó en un desastre, con el desorden vial de 55 intersecciones de la urbe y un silencio por parte del Intrant que permaneció durante tres días.

Medidas adoptadas:

1. Rescindir de manera inmediata el contrato relacionado con la contratación de servicios de modernización, ampliación y gestión del sistema, del centro de control de tráfico y la red semafórica del gran Santo Domingo suscrito con la empresa Transcore Latam SRL, firmado el 19 de junio del 2023, así como cualquier otro derivado del mismo, con todas las consecuencias legales pertinentes.

2. Mantener y fortalecer el control del sistema semafórico nacional bajo la administración directa del Estado dominicano, a través del Intrant.

3. Solicitar una investigación al Ministerio Público sobre los acontecimientos expuestos en esta declaración a fin de determinar responsabilidades que correspondan. Como pueden ver debido a lo delicado de la situación que manejamos por varios días, nuestro silencio correspondió a las acciones estratégicas para devolver al Estado lo que le pertenece al Estado”.

El Ministerio Público solicitó la imposición de prisión preventiva en contra del conductor del camión que el pasado domingo le provocó la muerte a seis personas y heridas a más de 40 que compartían en un negocio de la sección Bastida, del distrito municipal Villarpando, del municipio Las Yayas en Azua.

La solicitud de la prisión preventiva fue depositada por la Oficina del Fiscalizador ante el Juzgado de Paz Ordinario de Las Yayas de Viajama contra el imputado Ángel Encarnación Bautista, quien enfrenta cargos preliminares por manejo temerario, exceso de velocidad, golpes y heridas involuntarios que causan lesiones permanentes y golpes y heridas involuntarios que causan la muerte.

La audiencia para el conocimiento de la medida de coerción fue fijada para este miércoles, 4 de septiembre, a partir de las 10:00 de la mañana, en las salas del Juzgado de Paz de Azua, donde el Ministerio Público estará representado por el licenciado Juan Diego Ramírez Galván.

En relación al caso, el Ministerio Público precisó que Encarnación Bautista, quien es comerciante en la provincia San Juan, se desplazaba por el lugar a exceso de velocidad y de forma imprudente, temeraria y negligente, con inobservancia, inadvertencia y torpeza, y, sin tomar las precauciones debidas, en un vehículo de motor, color rojo, tipo carga, marca Daihatsu.

El hecho ocurrió alrededor de la una y 50 minutos de la madrugada del pasado domingo 1 de septiembre, cuando el imputado se desplazaba por el tramo carretero San Juan-Azua, específicamente, frente a un colmadón de dicho municipio, en dirección oeste-este, cargado de aguacates.

El imputado impactó y atropelló con el camión a la multitud, resultando muertos José René Guzmán Guzmán, Génesis Arias Alcántara, Elvin Guzmán Rodríguez, Deury Ferreras Matos, Yohennys Soriano Méndez y Jhon Deivy Geraldo Matos tras presentar, la mayoría, traumas contusos craneoencefálicos y faciales severos, mientras que más de 40 resultaron con golpes y heridas o daños físicos con lesiones.

En la instancia, el Ministerio Público enfatizó que contra Encarnación Bautista debe imponerse la prisión preventiva por ser la medida más idónea, ya que no ofrece garantías para presentarse a los actos del procedimiento y someterse a los mismos, en razón de que no cuenta con el arraigo suficiente para descartar el peligro de fuga.

En ese mismo sentido, reiteró que en su caso está latente el peligro de fuga, ya que se dio a la fuga después del accidente, y, al enterarse de la persecución en su contra, procedió a entregarse, además de que los hechos que se les atribuyen conllevan la imposición de penas privativa.

También, justifica la imposición de la medida al establecer que ha exhibido comportamientos similares en otros casos que serán expuestos ante el tribunal.

El órgano del sistema de justicia, también, sostiene que el imputado conduce con temeridad y violando todos los preceptos legales, propio de la materia, depreciando toda la seguridad del ciudadano y la observancia que debe tomar en consideración, tras establecer que en el Sistema de Investigación Criminal (SIC) aparece con 28 infracciones por violación a la Ley 63-17 sobre Tránsito Vial.

El Ministerio Público destacó que cuenta con diferentes evidencias para establecer la vinculación de Encarnación Bautista con el caso al que le ha otorgado la calificación jurídica provisional de violación a los artículos 220, 264, 268, 302, 303, numerales 3, 4 y 5; 304, numeral 2, y 311, de dicha Ley 63-17.

Dos hombres fueron arrestados por separado por agentes de la Policía Nacional, luego de que fueran señalados como los autores de un asalto a mano armada perpetrado en una comunidad de la provincia de San Juan.

Luiyi Mateo, alias Chómpiras, de 38 años, y Magno Gabriel Viola alias Gabi, de 27 años, fueron apresados en cumplimiento de las órdenes de arresto 1195 y 2024, dijo la uniformada en una nota.

Los detenidos habrían despojado a una pareja de su cartera, que contenía la suma de 10,000 pesos, la matrícula de su motocicleta y su cédula, en un hecho ocurrido en el sector Los Montones, provincia de San Juan.

El informe preliminar indica que “Chómpiras” y “Gabi” interceptaron a el hombre y la mujer cuando ingresaban a un hotel, los encañonaron y los despojaron de sus pertenencias.

Durante la entrevista con los oficiales investigadores, Luiyi (’Chómpiras') confesó haber participado en el hecho y señaló que el arma de fuego utilizada en el asalto se la entregó a una señora, quien hizo lo propio con la Policía.

La pistola es marca Taurus, calibre 9mm, con numeración limada, negra y plateada, junto con su cargador y dos cápsulas.

Los detenidos, junto con lo ocupado, fueron puestos a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes.

Si se revisa la división territorial de la República Dominicana con base en los datos del X Censo Nacional de Población y Vivienda (2022), el 62.59 % de las demarcaciones municipales no cumpliría con los requerimientos mínimos de población para ostentar su categoría político-administrativa actual.

El tamaño de los gobiernos locales del país es un tema que tiene tanto defensores como detractores, debido a que para algunos sectores representa una forma de garantizar los servicios de la población de forma especializada; y para otros, solo se trata de puestos para abultar la nómina estatal.

Antes del 2007, el sistema jurídico dominicano no contemplaba un mínimo poblacional para la segregación de territorios locales. Estaba vigente la Ley 3455 del 1952, que establecía que la creación, supresión, consolidación o modificación de municipios, así como sus límites y su designación, se dispondrían por ley. Un mandato similar estaba establecido para los distritos municipales.

A partir del 2007, con la Ley 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios, se estableció un mínimo de 15,000 habitantes para la creación de un nuevo municipio y de 10,000 para un distrito municipal, en un país de casi 11 millones de habitantes.

Actualmente, los 48,448 kilómetros cuadrados del país están divididos en 158 municipios y 235 distritos municipales, cada uno con un presupuesto particular y autonomía administrativa. De estos, solo cuatro municipios se crearon bajo la nueva ley.

Al consultar los datos del X Censo Nacional de Población y Vivienda, se verificó que 74 de los ayuntamientos del país, es decir el 46.87 %, tienen una población por debajo de 15,000 habitantes.

Si se evalúa esta condición en los distritos municipales, el 73.19 % tampoco tendría los requerimientos para constituir una entidad municipal. Unos 172 de los 235 distritos municipales reconocidos oficialmente se encuentran por debajo de los 10,000 residentes.

A pesar de que la Ley 176-07 ha sido una especie de filtro, entre los pocos territorios nacidos bajo dicha legislación, algunos violaron la ley desde su fundación.

Está el caso del municipio de Baitoa en Santiago, creado en 2013. Las disposiciones legales no fueron obstáculo para que se dividiera este territorio sin contar con al menos 15,000 habitantes. De acuerdo con el censo de población del 2010, tenía para ese entonces una población de 11,778 personas, fuera del mínimo de ley.

Carga presupuestaria

Diferentes sectores han criticado el impacto que tiene en las finanzas nacionales la creación indiscriminada de demarcaciones locales. Para tener una idea, de 2003 a 2006 se constituyeron 117 nuevos territorios, es decir, que en tres años se segregó prácticamente el tercio de las divisiones que existen en la actualidad.

El municipalista Waldys Taveras explica que es un problema que deberían atender las autoridades, pero no hay voluntad política para tomar cartas en el asunto.

Las 246 demarcaciones municipales que no llegan a tener el mínimo de población que se requeriría en la actualidad, representan una carga para el Estado de unos 4,500 millones de pesos anuales.

Las transferencias ordinarias del Gobierno Central para estas administraciones ascendieron a 4,588,339,463 pesos solo en el 2023.

De esta cantidad, 1,965,335,728 pesos fueron otorgados a los 74 municipios analizados para esta historia, mientras que 2,623,003,734 fueron depositados a solo 172 distritos municipales.

Diario Libre tuvo acceso al proyecto de transferencias ordinarias del Presupuesto General del Estado de 2025, y para esta partida el Poder Ejecutivo destinaría solo a 74 municipios unos 2,100,955,194 pesos.

"El anarquismo de la división territorial de la República Dominicana solamente tiene razón de ser en la apetencia de la clase política dominicana de tener espacio de elección, y eso también de buscar consideraciones de voto", dice Taveras.

Expresa que el marco jurídico dominicano contempla la posibilidad de expulsión de territorios y que eso ya ha tenido resultados favorables en otros países, pero el clientelismo político no daría cabida a una decisión de esta categoría.

Defiende la división

En rechazo a la posición de Taveras, la Federación Dominicana de Municipios (Fedomu) no cree que se deban quitar facultades ya otorgadas a los gobiernos locales.

"Lo ideal es ser muy cuidadosos con las divisiones territoriales, ya que podrían provocar un fraccionamiento excesivo del territorio, pero no somos partidarios de que se vulneren derechos ya otorgados a favor de los municipios ya creados", subraya.

Fedomu propone que se coloquen candados para evitar que se continúe el fraccionamiento y la elevación de territorios sin que se dé cumplimiento a los requisitos que establece la Ley 176-07.

De igual forma, la Federación Dominicana de Distritos Municipales (Fedodim) establece que la segregación de territorios municipales ha servido para llevar la inversión pública a los lugares de más carencia.

"La existencia de distritos municipales ha sido altamente favorable. Lo primero es que hemos democratizado el presupuesto y que espacios que no tenían ningún tipo de desarrollo urbano hoy evidencian un gran crecimiento", manifiesta a Diario Libre el director ejecutivo de la institución, Pedro Richardson.

Indica que "por muchos años", las únicas inversiones que llegaban a esos territorios eran las que hacían los distritos municipales en las autoridades locales.

Sugiere que una de las razones de la creación de distritos municipales, por ejemplo, fue la falta de servicios por parte del municipio a las zonas rurales. "Son esas deficiencias las que hacen que la gente quiera convertirse en un gobierno local", asevera.