La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, afirmó que el Gobierno busca garantizar el bienestar, la seguridad y la soberanía del país, ante los cuestionamientos de organizaciones internacionales sobre las nuevas medidas adoptadas contra la migración haitiana.

“Todas las políticas que nosotros apliquemos van en esa dirección y son correctas”, aseguró Peña.

Mientras la vicepresidenta se disponía a retirarse, se produjo un incidente en el que una periodista fue agredida por miembros de su equipo de seguridad, lo que generó un enfrentamiento entre la prensa y los agentes encargados de su custodia.

Posteriormente, la vicemandataria ofreció disculpas a los periodistas, asegurando que desde el Gobierno siempre se ha procurado brindar un trato respetuoso a los miembros de la prensa.

“Yo les pido disculpas, ya que esta no es nuestra línea de conducta, y menos con ustedes, que están haciendo su trabajo”, expresó Peña.

En los primeros cuatro días de aplicación del nuevo protocolo de control migratorio en 33 hospitales públicos del país, la Dirección General de Migración (DGM) reportó la detención de 4,890 ciudadanos haitianos, de los cuales 4,780 estaban indocumentados, lo que representa el 97.7% de los casos. Todos ellos fueron repatriados tras recibir atención médica cuando fue necesario.

Estas acciones se enmarcan dentro del plan de fortalecimiento migratorio anunciado por el gobierno dominicano con el fin de “salvaguardar la paz, la estabilidad y la convivencia pacífica” en el territorio nacional. La política ha sido ejecutada en coordinación con diversas instituciones de seguridad, como el Ejército de República Dominicana (ERD), la Policía Nacional, el CESFRONT, la Armada, la Fuerza Aérea y otras entidades estatales.

Tan solo ayer, durante operativos realizados en distintos puntos del país, incluyendo centros hospitalarios y zonas vulnerables, se detuvieron a 1,373 haitianos en condición migratoria irregular. En paralelo, se repatriaron a 892 extranjeros ilegales a través de los pasos fronterizos de Dajabón, Elías Piña, Jimaní y Pedernales.

En el Gran Santo Domingo fueron detenidas 278 personas, 144 de ellas durante operativos específicos en hospitales. También se realizaron acciones en Santiago (125), Mao/Santiago Rodríguez (82), La Vega (58), Zona Este (342), Barahona (16), Puerto Plata (21), Montecristi (29) y Azua (19).

A esto se suman las detenciones llevadas a cabo por el CESFRONT (67 personas), el ERD (530 personas) y la Policía Nacional (9 personas), quienes operan en conjunto con la DGM.

Durante el inicio del protocolo en centros hospitalarios, también fueron detenidas 48 mujeres embarazadas y 39 parturientas, acompañadas de 48 menores. Todas fueron trasladadas al Centro de Retención de Inmigrantes Indocumentados en Haina, donde se les tomaron los datos biométricos y huellas dactilares. Según la DGM, el trato fue “digno y humanitario”, incluyendo la entrega de alimentos y asistencia médica previa a su repatriación.

Como parte del reforzamiento migratorio, la DGM también intervino la comunidad de Mata Mosquito, en Friusa, Bávaro, donde ejecutó un operativo de verificación en terrenos ocupados ilegalmente por ciudadanos en condición irregular. Más de 500 personas indocumentadas, todas de nacionalidad haitiana, fueron detenidas y trasladadas al centro de Haina para su debido proceso migratorio.

Coordinación y legalidad

Todas las operaciones se ejecutaron bajo los parámetros establecidos por la Ley General de Migración 285-04, y según la DGM, se respetaron las normativas nacionales e internacionales, con especial atención a los derechos de grupos vulnerables como mujeres embarazadas, menores y adultos mayores.

El director general de Migración, vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester, supervisó personalmente el desarrollo del protocolo en el centro de retención de Haina, reiterando que el proceso “busca garantizar el respeto a la dignidad humana, dentro del marco legal”.

Vestidos de blanco y uniforme, se reunieron en la Catedral Primada de América jueces, fiscales, funcionarios del sistema penitenciario, miembros del Instituto Superior Especializado de Formación Penitenciaria y Correccional, así como representantes de la sociedad civil, en conmemoración del cuarto aniversario de la promulgación de la Ley 113-21, la cual rige el Sistema Penitenciario y Correccional de la República Dominicana desde 2021.

La ceremonia religiosa fue un momento de reflexión sobre los avances y retos pendientes en la transformación del sistema penitenciario nacional, con el objetivo de humanizar y modernizar el trato a las personas privadas de libertad, como lo contempla la citada legislación.

Promulgada el 24 de abril del 2021, la Ley 113-21 derogó la Ley No. 224-84 y estableció un marco legal centrado en el respeto a la dignidad humana, la rehabilitación y la reinserción social de los privados de libertad. La norma también introdujo mejoras en la administración del sistema, la profesionalización del personal penitenciario y la implementación de protocolos que buscan fortalecer la atención en salud, educación y condiciones de vida en los centros.

Según datos ofrecidos por el director general de Prisiones, coronel Roberto Hernández Basilio, actualmente hay 24,640 personas privadas de libertad, de las cuales 672 son mujeres. Además, el sistema de adolescentes en conflicto con la ley alberga 312 menores. Estas cifras representan una disminución con respecto al año 2020, cuando se registraban cerca de 27,000 personas en prisión.

"República Dominicana es el único país de Latinoamérica donde ha disminuido la población penitenciaria en el período postpandemia", destacó el coronel.

Uno de los logros resaltados por Hernández Basilio es la creación de pabellones especializados para atención en salud mental, ubicados en recintos como La Victoria, Najayo Mujeres, Najayo Hombres, San Pedro de Macorís y El Pinito en La Vega. Estos espacios atienden a cerca de 370 internos diagnosticados con condiciones psiquiátricas.

Asimismo, el director señaló que la Ley 113-21 ha fortalecido el uso de medidas alternativas a la prisión, a través de la dirección de Medio Libre, permitiendo que más personas puedan cumplir condenas bajo régimen supervisado fuera de los recintos, fomentando su reinserción social.

Por otro lado, el director reconoció que el personal que trabaja en las cárceles enfrenta desafíos importantes, incluyendo casos de maltrato, falta de reconocimiento y condiciones laborales difíciles.

Afirmó que desde la dirección se ha priorizado la capacitación y profesionalización del personal, con una formación de un año a cargo del Instituto Penitenciario, y llamó a dignificar el trabajo de quienes están en contacto diario con personas en situación de vulnerabilidad.

Entre los desafíos mencionados por el coronel Hernández Basilio se encuentran la implementación del reglamento de la Ley 113-21, la creación del estatuto de carrera del servidor penitenciario, así como la apertura de nuevos centros correccionales, entre ellos La Parra, Higüey, Barahona, Pedro Corto (San Juan), entre otros.

Durante la homilía, se hizo un llamado a la responsabilidad colectiva para continuar construyendo un sistema judicial más justo, humano y restaurativo. El párroco citó palabras inspiradas en la enseñanza cristiana:"Tuve hambre y me diste de comer; estuve en la cárcel y me visitaste"—, recordando que la función del sistema penitenciario va más allá del castigo: Se trata de una oportunidad para la transformación humana y la reintegración social", expresó el sacerdote.

La misa concluyó con un mensaje de esperanza y fe en la capacidad de redención del ser humano. La celebración de este aniversario se convirtió no solo en un acto de gratitud por lo logrado, sino también en un compromiso renovado con los principios que inspiran la Ley 113-21.

El presidente Luis Abinader partió la mañana de este viernes, junto a la primera dama, Raquel Arbaje, hacia el Vaticano para asistir a la misa funeral de su santidad el papa Francisco.

El mandatario salió a las 10:00 de la mañana desde la Base Aérea de San Isidro, donde fue despedido por una delegación de altos mandos militares, encabezada por el ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre.

El presidente Abinader y la primera dama llegarán a Roma a altas horas de la noche, de cara a la ceremonia del sábado en la que estarán presentes varios líderes mundiales.

La delegación

También viajan, como parte de la delegación oficial, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, y la asistente del presidente, Mercedes Pichardo.

El mandatario dominicano participará, junto a sus acompañantes, en la misa fúnebre del sumo pontífice, que tendrá lugar en la Plaza de San Pedro este sábado 26 de abril, a las 10:00 de la mañana (horario de Italia). A ellos se sumará el embajador designado ante la Santa Sede, Víctor Suárez.

• La delegación dominicana regresará al país el domingo 27 de abril.

El abogado Francisco Franco Soto, juramentado ya como miembro de la Cámara de Cuentas, fue escogido por los congresistas para optar por el puesto en medio de una litis judicial en la que se procuraba anular el contrato con el cual acordó defender al expresidente de ese organismo, Hugo Francisco Álvarez Pérez (2017-2021), y dos integrantes más de ese organismo acusados de "maquillar auditorías".

Los servicios legales para defender a Álvarez Pérez y a los exmiembros Félix Álvarez Rivera y Carlos Noé Tejada Díaz —investigados en el caso Operación Caracol— fueron contratados con el abogado Franco Soto y otros juristas por un monto superior a los 6 millones de pesos, pagados por la referida institución del Estado.

La Cámara de Cuentas que encabezó Janel Ramírez Sánchez, que sustituyó la de Álvarez Pérez, solicitó hace cuatro años al Tribunal Superior Administrativo (TSA) declarar lesivo al interés público la resolución número DEC-X-2021-001 de ese organismo que contrató la firma de "abogados Inteligencia Legal, S.R.L., representada por la licenciada Jennifer Rodríguez Gómez, y el licenciado Francisco Franco Soto".

Los miembros de la Cámara de Cuentas, que finalizaron su gestión el pasado miércoles, entendían que sus antecesores debían pagar con recursos propios su defensa a las acusaciones de corrupción y no con dinero del Estado.

El 31 de enero del 2023, la Quinta Sala del Tribunal Superior Administrativo dictó una sentencia, en la cual acogió la solicitud de la Cámara de Cuentas y declaró la nulidad de dicha resolución, con la que se contrató a los togados, porque esta se dictó "transgrediendo la normativa".

Sin embargo, la sentencia fue recurrida en casación y la Suprema Corte de Justicia (SCJ) envió el expediente a la Cuarta Sala del Tribunal Superior Administrativo (TSA) por considerar que el fallo que favorecía al organismo fiscalizador tenía "vicio formal referido a la motivación" de su dictamen.

Este último tribunal, la Cuarta Sala del TSA, emitió su sentencia el 26 de diciembre del 2024, pocos días después de que la Cámara de Diputados concluyera las entrevistas a los postulantes a formar parte del órgano de control externo de los recursos públicos.

Esta decisión de este último tribunal fue recurrida nuevamente en marzo pasado, esta vez por la Cámara de Cuentas, ante la SCJ, la que todavía no ha fijado fecha de audiencia.

El recurso pendiente de conocimiento busca invalidar la sentencia de la Cuarta Sala del TSA que mantuvo vigente el contrato de "la entidad Inteligencia Legal, SRL y el señor Francisco Franco Soto, por cumplir con los requisitos legales previstos".

Los jueces de la Cuarta Sala del TSA argumentaron que con la Resolución ADM-2021-X-008, dictada el 1 de noviembre de 2021, la Cámara de Cuentas declaró lesivo el convenio "sin justificar ni motivar cuáles fueron las causas que la conllevaron a revocarlo de forma unilateral".

Los jueces Román A. Berroga Hiciano, presidente; Claudia M. Peña Peña y Cecilia Badía Rosario alegaron, además, que la "Administración no puede perjudicar al administrado a favor de quien se emitió el acto ni a terceros que pudieran resultar afectados".

Alegó también que "violó el derecho de defensa y el principio de seguridad jurídica que favorecen a las partes recurridas, al avocarse a iniciar un proceso de declaración de lesividad sin manifestar cuál fue la contrariedad al derecho y la lesión ocasionada al interés público general que implicara su invalidez".

Defensor de Jean Alain y acusado del caso Coral

Franco Soto formaba parte de la defensa del exprocurador de Jean Alain Rodríguez en el caso de Operación Medusa, que este encabeza, hasta septiembre del 2022, cuando el proceso se encontraba en la etapa preliminar.

En Operación Medusa, según el Ministerio Público, se habría estafado al Estado con más de 6,000 millones de pesos.

Asimismo, Franco Soto fue representante legal del exsubjefe de seguridad del expresidente Danilo Medina, Julio Camilo de los Santos Viola, uno de los principales acusados del caso de corrupción Operación Coral, que involucra a militares y policías y cuya estafa al Estado, según el órgano acusador es de más de 4,000 millones de pesos.

Unos 380 haitianos indocumentados viajarán este viernes a la frontera dominicana con Haití para pasar a su país de manera voluntaria, tras ser desalojados por las autoridades de la comunidad Mata Mosquito, cercana a la turística zona de Bávaro, en la provincia La Altagracia.

La barriada de Mata Mosquito, donde convivían dominicanos y haitianos, fue objeto el martes y el miércoles de la acción de organismos migratorios y militares de República Dominicana, que destruyeron casuchas, la mayoría de ellas compuestas por zinc y madera.

El activista dominicano de derechos humanos Santiago Molina afirmó a EFE que el desalojo se ejecutó sin una orden judicial, aunque destacó que a los desplazados se les permitió salvar todos sus ajuares.

"No se notificó a nadie, de un momento a otro llegaron (autoridades de Migración y militares) a desalojar haitianos y algunos dominicanos de una manera arbitraria, ilegítima, aunque no se produjeron incidentes", dijo.

Explicó que es uno de los organizadores del retorno a Haití de los indocumentados haitianos a través de autobuses que, aseguró, han sido rentados por la Embajada de Haití en Santo Domingo.

Dijo desconocer el destino de otros haitianos desplazados tras la demolición de sus casuchas por máquinas pesadas. Estimó que en lugar residían unas 400 familias.

"Los militares, policías y agentes de migración permanecen en la zona para evitar que vuelvan los asentamientos", precisó.

Apuntó que no es cierto que Mata Mosquito fuese una "cueva de delincuentes" que se diseminó "falsamente" en redes sociales y en otros medios y aseguró que en el lugar convivían "pacíficamente" haitianos y dominicanos.

El 30 de marzo pasado, una organización nacionalista encabezó una marcha al sector de Hoyo de Friusa, contiguo a Mata Mosquito, para denunciar la "masiva" de haitianos indocumentados.

La marcha concluyó con incidentes entre la policía y manifestantes, pues algunas personas intentaron, precisamente, llegar hasta Mata Mosquito y el permiso de las autoridades no lo contemplaba.

Respetan la dignidad

El Gobierno dominicano dio inicio en octubre un amplio operativo de deportación de haitianos indocumentados y el lunes 21 de abril comenzó a detener a las parturientas haitianas que acuden a los hospitales dominicanos, una acción criticada por las Naciones Unidas y Amnistía Internacional, así como por el Gobierno haitiano.

Ante las críticas, el Gobierno dominicano afirmó este jueves, en una rápida respuesta a su homólogo haitiano, que las repatriaciones de ciudadanos de este último país en situación migratoria irregular se llevan a cabo en el marco de la ley.

La Cancillería aseguró que las deportaciones se realizan con apego a los procedimientos establecidos, y responden a la responsabilidad "irrenunciable" del Estado dominicano de preservar el orden público, la estabilidad nacional y la seguridad de sus ciudadanos.

República Dominicana, como país fundador de las Naciones Unidas, comparte los principios universales de respeto a los derechos humanos y la dignidad de todas las personas, sin distinción de nacionalidad, afirmó el Ministerio de Exteriores en un comunicado.

Una comisión de la Cámara de Diputados actualmente estudia un proyecto de ley firmado por 13 congresistas en el que se propone que los estudiantes de nacionalidad haitiana que cursen carreras universitarias o técnicas en instituciones dominicanas, con becas o con recursos propios, estén obligados a retornar a Haití para ejercer su profesión, por un período de entre cuatro y siete años.

De acuerdo con el artículo 16 del proyecto, este compromiso deberá formalizarse mediante un documento firmado por el estudiante antes de completar su formación, sin importar que su condición migratoria esté regulada.

El texto establece que los datos de los estudiantes haitianos beneficiarios de becas serán compartidos con las autoridades de Haití y con los países miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA), con el objetivo de facilitar el cumplimiento de esta obligación.

La pieza dispone que, en caso de que el profesional o técnico haitiano no cumpla con el retorno a su país, se dispondrá su deportación inmediata, así como la prohibición permanente de ingresar al territorio nacional. Además, se iniciará un proceso para exigir el reembolso de los montos correspondientes a las becas otorgadas.

Para "beneficio" de Haití

Según la iniciativa, el objetivo de la ley, en caso de que se apruebe, es garantizar que el conocimiento y la inversión educativa "reviertan en beneficio del pueblo haitiano", particularmente en áreas técnicas y profesionales donde ese país enfrente alguna carencia.

El proyecto no solo aplicaría a quienes reciben becas otorgadas por el Estado dominicano, sino también a los que estudien con financiamiento de organismos internacionales o incluso con sus propios medios.

El proyecto

El proyecto de ley sobre el pacto de nación de políticas públicas con relación a la crisis de Haití fue depositado por el diputado Elías Wessin Chávez, del Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano (PQDC) y firmado por otros 12 legisladores de todos los partidos políticos.

Actualmente, la pieza congresual se encuentra bajo el análisis de la comisión permanente de Relaciones Exteriores o Cooperación Internacional, que dirige el diputado Ignacio Aracena.

En sus argumentos, los autores del proyecto alegan que la crisis en Haití "exige" que los poderes públicos tomen todas las medidas necesarias para elevar su seguridad y su defensa, además de incrementar sus niveles de control y alerta para prevenir riesgos.

Además, aducen que el contexto social y político en Haití ha arrastrado riesgos y peligros "que pueden afectar la paz pública y la estabilidad" en la isla y en la región.

Medidas más fuertes

El proyecto de ley de los 13 diputados se enmarca dentro de las políticas migratorias que ha decidido reforzar el presidente Luis Abinader y en las que se incluyen la deportación de embarazadas y parturientas en condición migratoria irregular. Las medidas comenzaron el pasado lunes.