A días para que la tragedia del 8 de abril cumpla su primer mes, se han presentado querellas de nueve víctimas entre los 232 fallecidos y casi 200 heridos que dejó el colapso del techo de la discoteca Jet Set.

Estas instancias son puestas en contra de Antonio Espaillat López, Ana Grecia López y la razón social Inversiones E y L, S.R.L., propietarios del colapsado centro nocturno.

Algunas querellas, también incluyen al Estado dominicano y a la Alcaldía del Distrito Nacional (ADN) como civilmente responsables.

Aunque, desafortunadamente, nada les devolverá a sus parientes, los querellantes solicitan condenas o el pago de sumas que sean determinadas en las conclusiones.

Los primeros en dar el paso fueron los familiares de Virgilio Rafael Aponte Cruz y Rauny Cedano en contra de los dueños del Jet Set.

En la instancia depositada en la Fiscalía del Distrito Nacional y en la Dirección de Persecución del Ministerio Público, figuran además como afectados Moisés Torres Pion y Crisyael Montilla, quienes sufrieron lesiones graves con secuelas físicas y emocionales.

Luego, dos querellas se sumaron por separado por los padres de Melissa Yismel Tejada Sosa, de 26 años y doctora de profesión, y de Gustavo Noel Suero Mella, de 37 años y piloto, a través del abogado Félix Humberto Portes.

Las instancias fueron presentadas por los padres de cada uno.

Yismel era una joven profesional de gran talento y promesa. Graduada en medicina por el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), se encontraba cursando una maestría en estética y nutrición.

Por otro lado, Gustavo era casado y padre de tres hijos de 5, 16 y 17 años, lo describieron muy familiar, solidario y cooperador, de profesión piloto. Viajó a República Dominicana para asistir a una boda y su vida fue interrumpida abruptamente.

La señora Cynthia Mercedes Nadal Porro, madre de Catherine Marie Najri Nadal, una de las víctimas mortales del suceso, se hizo reserva de constituirse en actor civil en contra de otras personas e instituciones públicas o privadas.

Igualmente, pidieron apoderar al juez presidente de los juzgados de instrucción de esa jurisdicción en contra del grupo, a los fines de que se les imponga una medida de coerción consistente en prisión preventiva, para evitar su ocultamiento y evasión de la persecución penal en su contra.

Otra demanda fue presentada el viernes por Juanita Murray Waldron, una madre que perdió en la tragedia a sus hijas, las doctoras Elisa Victoria y Amanda Esther Murray, y su sobrino, Ray Luis Justo Murray.

Este lunes fueron presentadas las últimas querellas hasta el momento.

La primera en representación de los padres de la fallecida María Leonarda Perafán Lorenzo, de 21 años. María era una joven soltera y sin hijos que se formaba en Publicidad y Marketing en la Universidad APEC (UNAPEC). Se caracterizaba por su dedicación y entusiasmo.

La siguiente querella fue interpuesta en representación de un sobreviviente del colapso que sufrió severas lesiones.

Hancel A. Marte, de 33 años es un ingeniero eléctrico con Magíster en Energías Renovables y Eficiencia Energética por el Instituto Europeo de Postgrado en España, y un posgrado en Ciberseguridad por la Universidad de Nebrija. Casado y padre de tres hijos, lleva una vida estable y organizada, sustentada en valores familiares y compromiso social.

La última querella del lunes corresponde a Aracelis Altagracia Santana Marte, de 47 años, también sobreviviente y lesionada en el colapso. Es una mujer divorciada, madre dedicada que reside junto a su hijo, siendo su principal sostén emocional y económico.

Aracelis es profesional del derecho egresada de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), se desempeña como asistente dental.

La falta de casco protector en los conductores de motocicletas continúa siendo un punto de preocupación con las altas tasas de siniestralidad vial, una arbitrariedad detectada en la edición editorial de LD el pasado lunes.

Por ello, la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, afirmó en rueda de prensa que “si los ciudadanos y ciudadanas no cumplimos con las leyes y con lo que demanda para nosotros mismos protegernos, las autoridades están limitadas en su esfuerzo”.

Fue enfática en manifestar que debemos crear conciencia, a través de campañas para que la ciudadanía entienda de responsabilidad, pues “si vamos a utilizar una motocicleta, tenemos que hacerlo tratando de cubrir la prudencia en el tránsito, con el casco, que no podemos manejar en estado de embriaguez, que se sigue haciendo”.

Dijo que no pueden continuar ocurriendo los alarmantes fallecimientos en que se involucra a motoristas, conocido que más del 75% de las víctimas mortales en accidentes de tránsito incluyen a estos conductores.

“Se siguen perdiendo vidas y esto no puede ocurrir. Por eso hemos hablado de que vamos a tener medidas mucho más fuertes en este sentido, las estamos construyendo, no solamente desde el punto de vista legal, sino también desde la parte preventiva, para seguir salvando vidas”, comentó Raful.

A medida que emplean las normativas, la ministra confirmó que se encuentran validando tecnologías de inteligencia artificial para aumentar la cobertura en la fiscalización realizada por agentes de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett).

“Yo espero que antes de finalizar el año podamos ya decir, bueno, estas fueron todas las medidas y ya las estamos concretando para fiscalizar, pero desde el momento ya se está trabajando”, dijo Raful.

La funcionaria también precisó que la cartera que dirige completa tareas de prevención que se extienden a regalos de cascos. Además, la existencia de una “Fuerza de Tarea Vial” donde se reúnen las autoridades del tránsito y la movilidad.

En su reciente editorial, este diario mencionó que “mientras que en la urbe capitaleña su cumplimiento es visible —la mayoría de los conductores lo portan—, en el resto del país la situación es radicalmente distinta: el casco brilla por su ausencia”.

Añadiendo que “esta disparidad no solo es injustificable, sino que refleja una grave inconsistencia en la aplicación de la ley”, puesto que “la seguridad vial no debería ser un privilegio geográfico, sino un derecho garantizado en todo el territorio nacional”.

Atención a deportaciones

En el inicio de su ponencia, Raful comentó los avances que presenta la Dirección General de Migración para cesar la presencia de extranjeros en condición migratoria irregular, destacando que 27,598 nacionales haitianos han sido repatriados en el período enero-abril.

También señaló temas de criminalidad, abordando que la tasa de homicidios permanece en 7.9 por cada 100 mil habitantes, mientras que filtrando solo el mes abril es de 6.1, lo que atribuye a los “esfuerzos para frenar la delincuencia y los conflictos sociales”.

La noche del jueves 24 de abril, un hombre identificado como Marino Yan, alias "Motoconchista", de nacionalidad haitiana, escapó del Centro de Corrección y Rehabilitación CCR-15 Cucama, en La Romana.

Yan había confesado en septiembre de 2024 el asesinato de Bárbara Esther Mercedes Febles, alias "Yovanni", de 53 años. El cuerpo de la mujer fue encontrado el 4 de septiembre en un cañaveral del batey Copey, en la provincia El Seibo, con signos de violación y asfixia. Por este crimen, cumplía prisión preventiva en espera de su juicio de fondo, programado para el próximo lunes 28 de abril.

La denuncia sobre su fuga la realizaron familiares de la víctima. Los mismos manifestaron su profunda preocupación, ya que, a más de 48 horas del escape, las autoridades pertinentes aún no se han pronunciado formalmente sobre el hecho.

Este medio contactó a directivos del CCR-15, quienes confirmaron la fuga del interno Marino Yan durante la noche señalada.

La Policía Nacional informó este viernes que persigue a varios integrantes de una banda implicada en el robo de una caja fuerte que contenía más de 1,550,000 pesos y 124,750 dólares en efectivo, además de pertenencias de alto valor, durante un asalto a una empresa ubicada en el ensanche Naco, Distrito Nacional.

Según una nota de prensa, entre los implicados figuran César Alejandro Cabrera (a) César; Miguel Alejandro de la Rosa (a) Papo, Frandy Junior Tolentino (a) Chico, Frankely Tolentino (a) el Suave, y Rodrigo Santana (a) Monky o el Mono.

La Policía difundió las imágenes de los cinco sospechosos bajo el rótulo "Se busca", con el objetivo de facilitar su localización y captura.

El hecho ocurrió el pasado 31 de marzo, cuando el propietario del negocio fue alertado por una empleada al detectar que la puerta trasera de cristal había sido violentada. Al llegar al lugar, confirmó que desconocidos sustrajeron una caja fuerte con dinero en efectivo, un reloj de oro valorado en 10,000 dólares, documentos personales y legales, varias matrículas de vehículos, una pistola calibre 9mm Parabellum y un pasaporte.

La Policía dijo que desde entonces, personal del Departamento de Investigación de Crímenes y Delitos contra la Propiedad (Robo), realiza las indagatorias correspondientes para identificar a los responsables.

De acuerdo con el informe preliminar, los sospechosos utilizaron varias motocicletas y una yipeta Honda CRV, rentada, para trasladar los bienes robados.

Pide que se entreguen

La Policía hizo un llamado a los supuestos miembros de la banda a que se entreguen por la vía que consideren conveniente, a fin de responder ante la justicia por el hecho que se les imputa.

La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo incautó un edificio de tres niveles valorado en más de 25 millones de pesos, propiedad del regidor de San Pedro de Macorís Walky Cuevas Charles, vinculado a una red internacional de narcotráfico y lavado de activos.

El inmueble, ubicado en el sector México, de la provincia del este, consta de seis apartamentos, con una superficie de 296.6 metros cuadrados y un área de construcción de 660 metros cuadrados. Según una tasación técnica citada por la Procuraduría, su valor estimado asciende a 25,185,000.00 de pesos.

En una comunicación de prensa, el Ministerio Público sostiene que esta propiedad fue adquirida con fondos provenientes del narcotráfico, "como parte de un esquema de lavado de activos establecido por la red criminal". Las autoridades valoraron la cooperación de la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos (DEA).

En la ocupación del inmueble colaboraron la Dirección de Custodia y Administración de Bienes Incautados y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD).

Cuevas Charles, regidor electo por el Bloque Institucional Socialdemócrata (BIS), es vinculado con la organización criminal liderada por Yunior Santos Restrepo, actualmente en prisión preventiva.

La investigación revela que la supuesta red introdujo al sistema económico nacional más de 300 millones de pesos, utilizando empresas fachadas, para adquirir bienes muebles e inmuebles de alto valor y dar apariencia de legalidad a las ganancias ilícitas.

Cuevas Charles habría facilitado la compra de vehículos y propiedades con dinero del narcotráfico, registrándolos a nombre de terceros vinculados a la organización.

Droga vinculada

Durante allanamientos realizados contra la red en septiembre de 2023, las autoridades incautaron 93 paquetes de cocaína, armas de alto calibre, dinero en efectivo y vehículos de lujo, así como otros bienes relacionados con la estructura criminal.

La procuradora de corte Ramona Nova, titular de la Procuraduría Antilavado, manifestó que el órgano "reafirma el compromiso de la gestión de la procuradora Yeni Berenice Reynoso en la lucha contra el crimen organizado y el lavado de activos".

Destacó que continúan con las investigaciones para identificar y procesar a todos los implicados en esta red delictiva. Además, aseveró, que la investigación que realizan es coordinada por los representantes del Ministerio Público José Manuel Calzado y Manuel Santiago Castro Lora, quienes, dijo, trabajan a los fines de presentar las pruebas en contra del acusado.

En septiembre pasado, un juez de la Oficina de Atención Permanente de San Francisco de Macorís dictó medidas de coerción al regidor Walky Cuevas Charles de presentación periódica e impedimento de salida.