Las autoridades penitenciarias de la República Dominicana y de Puerto Rico coincidieron en que la población carcelaria triplica los índices de trastornos psíquicos en comparación con los ciudadanos de la libre comunidad.
Mientras en Puerto Rico y Estados Unidos la prevalencia de afecciones de salud mental en las prisiones oscila entre el 60% y el 70%, en la República Dominicana la cifra alcanza un alarmante 80% de la población reclusa.
Así lo revelaron el subsecretario del Departamento de Corrección y Rehabilitación de Puerto Rico, Alex Joel Torres Guzmán y el director de la Oficina Nacional de Apoyo a la Reforma Penitenciaria (ONAPREP) y de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC), Roberto Santana, tras sostener un conversatorio con los periodistas que cubren la fuente judicial.
Torres Guzmán, quien asistió en representación del secretario de Corrección puertorriqueño, Francisco Antonio Quiñones Rivera, detalló que las patologías predominantes son la depresión, la ansiedad crónica y el uso problemático de sustancias (este último representando el 43% de los casos en la vecina isla), seguidas en menor escala por cuadros de psicosis y alteraciones de la percepción.
"La ausencia de luz natural y el enfrentarse a la pérdida de la libertad de por vida destruyen el estado de ánimo. El porcentaje de afecciones psíquicas en la calle ronda entre el 15% y el 25%; en las cárceles esa realidad se triplica", explicó el funcionario boricua.
Por su parte, Roberto Santana atribuyó el elevado 80% de incidencia en República Dominicana al cuello de botella judicial que mantiene bajo estrés crónico a los internos.
De los 25,000 presos que registra el sistema dominicano, unos 16,000 se encuentran en condición de preventivos. "Hablamos de personas con una profunda rebeldía y desesperación; les dictan tres meses de prisión preventiva y terminan pasando dos años encerrados sin haber sido juzgados", argumentó.
Durante el encuentro, Torres Guzmán resaltó la hermandad institucional de ambos países a partir de sus cartas magnas.
Detalló que mientras el artículo 6 (Sección 19) de la Constitución de Puerto Rico consagra la "rehabilitación moral y social", el artículo 40 (Numeral 16) de la Constitución de la República Dominicana ordena la "reeducación y reinserción" del individuo.
"Salvar a un solo interno no es rescatar un número; es salvar a una familia, sanar a una comunidad, y garantizar un policía, un fiscal o un abogado menos en las calles persiguiendo el delito", reflexionó el subsecretario tras recordar la frase de una interna de Najayo que le conmovió profundamente: "Aquí somos una oruga convertida en mariposa; en las artes se respira libertad".
El funcionario de la vecina isla expuso las herramientas que han permitido a Puerto Rico despresurizar sus recintos, logrando tener apenas 7,300 reclusos en celdas físicas de una población correccional total de 14,000 personas. El resto cumple sus procesos bajo programas comunitarios de probatoria o supervisión electrónica.
Entre los programas más exitosos compartidos con las autoridades dominicanas destacan Centro de Artes y Estudios Universitarios, espacio donde los confinados cursan maestrías, doctorados y carreras de Derecho dentro del penal.
Teatro Correccional, dirigido desde hace 25 años por la primera actriz Elendilla, este programa utiliza a los propios internos de sentencias altas para realizar obras de prevención en escuelas públicas y privadas. A la fecha, han impactado a más de 250,000 jóvenes con testimonios crudos frente a la música popular que idealiza la delincuencia.
Paternidad a Distancia, impartido a través de la Fundación Felisa Rincón de Gautier, capacita a los reclusos para ejercer su rol de padres de manera humana y afectiva a pesar de las limitaciones de las rejas.
Programa REDES y Brigadas Municipales, los reclusos realizan labores de recogida de desechos sólidos que impactan a 9,000 familias puertorriqueñas, así como mantenimiento de áreas verdes y reparación de climatización en escuelas. Dependiendo del nivel del programa, los internos devengan desde incentivos comunitarios hasta el salario mínimo federal, permitiéndoles mantener económicamente a sus familias desde la prisión.
Junta de Libertad Bajo Palabra y CRNO: Para internos con penas elevadas (como asesinatos con condenas de 99 años), el sistema permite que al cumplir el 75% de la sentencia mínima (25 años) y demostrar un ajuste psicológico óptimo, puedan extinguir el resto de la pena trabajando en la comunidad bajo rastreo satelital.
Un freno al hacinamiento
El doctor Julio Santana, rector de la Universidad Albizu, dijo que la tasa de encarcelamiento de América (que promedia los 581 presos por cada 100,000 habitantes, frente a los apenas 80 por cada 100,000 que registra Europa) hace urgente una reforma estructural de las penas de menor gravedad.
"Con personas hacinadas durmiendo en el suelo no se puede aplicar ningún programa de derechos humanos ni de educación. No puedes hablarle a un hombre de reinserción si lo tienes en condiciones infrahumanas", concluyó Julio Santana, ponderando el instrumento de evaluación y clasificación clínica diseñado por la psicóloga dominicana Sandra, el cual fue elogiado por la delegación de Puerto Rico como un referente científico para la región.
Plan piloto
El plan se desarrollará bajo una modalidad mixta, ya que se estructurarán plataformas digitales para que el personal dominicano reciba de forma remota los módulos avanzados en tratamientos basados en evidencia y técnicas de desescalada emocional.
Se contempla el envío programado de especialistas puertorriqueños a los recintos dominicanos, así como misiones de técnicos y psicólogos criollos a Puerto Rico para recibir adiestramientos prácticos directamente en las instituciones correccionales de la vecina isla.
Torres Guzmán enfatizó que el núcleo de la reforma que se busca consolidar en la República Dominicana radica en la fase de ingreso del privado de libertad.
En el modelo puertorriqueño, cada recluso que entra al sistema es sometido de inmediato a una rigurosa evaluación clínica, tanto física como psicológica.
"El tratamiento efectivo comienza desde el primer día. Si no identificamos qué llevó a esa persona a cometer el delito, si sufre de impulsividad o si tiene un uso problemático de sustancias, es imposible diseñar una terapia de prevención de recaídas.
La reforma dominicana ya está dando pasos firmes para adoptar esta evaluación diagnóstica obligatoria", apuntó el subsecretario.
