La promesa de ciudad segura, de modernización y servicios de primera necesidad garantizados, ha pasado a la historia en el proyecto habitacional Ciudad Juan Bosch, en Santo Domingo Este, causando indignación en sus residentes.

Desde hace varios años, la preocupación por la contaminación del agua que le sirven ha afectado a los vecinos de esta ciudad.

A lo que se suman, un transporte ineficiente, apagones constantes, falta de señal telefónica y un sistema de drenaje inservible.

Esas son parte de las preocupaciones que viven a diario quienes, con el sueño de un lugar mejor, se instalaron en este proyecto habitacional.

“Esa agua cada día llega más sucia, como con lodo. Es imposible bañarse con eso porque fácilmente nos puede dar alergia o una enfermedad en la piel”, dijo Ignacia Gutiérrez, residente en uno de los apartamentos de la ciudad, afirmando que para higienizarse debe comprar botellones de agua.

De igual manera, Patria Moreta resaltó que en ocasiones el agua se va para llegar aún más sucia y contaminada con residuos tóxicos de las tuberías.

“Ya yo no sé qué hacer porque cuando está por arreglarse el agua se la llevan y sale más sucia y con un mal olor como a agua posada”, dijo con descontento.

Dolor de cabeza

El agua, que debería ser un servicio beneficio para la ciudadanía, se ha convertido en el dolor de cabeza de quienes día tras día se ven afectados por la contaminación que este líquido trae consigo sin tener respuesta por parte de la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD).

Agua con señas de tuberías sucias, residuos de tierra, hedor y un notable descuido en el manejo de la purificación, es lo que, aseguran, viven los residentes de Ciudad Juan Bosch con el líquido que llega a sus hogares.

Poca seguridad

Hace unos años los vecinos se encontraban felices por el monitoreo de vigilancia policial constante, pero esa tranquilidad terminó y lo que debería ser una zona segura se convirtió en un abandono por parte de las autoridades.

Policías en bicicletas, camionetas, drones y policías aéreos, eran las medidas de utilidad para garantizar la seguridad en la preciada ciudad que tiene una población de unos 32,515 habitantes, según un documento titulado "El ejercicio de priorización de territorios (y sus áreas de influencia) para la localización de los Centros Ciudad Mujer (CCM)", elaborado por el Gobierno de la República Dominicana, basándose en datos del censo del Sistema Único de Beneficiarios (Siuben).

“Cuando yo me mudé hace unos 6 años, aquí pasaba la policía cada 10 minutos o menos; en la noche activaban los drones, los policías aéreos y salían unos en camionetas. Durante el día era en bicicleta y todo estaba tranquilo, pero ya Ciudad Juan Bosch a ellos (se refiere a la Policía Nacional) no les importa”, comentó José Moreno.

Moreno se encontraba de visita en el sector al momento de ser entrevistado. Dijo que dejó de ser residente, ya que debido a la inseguridad partió a otro sector.

La ciudad que debería ser protegida por la Policía Nacional se encuentra dejada a su suerte, causando temor por parte de los residentes, dijo.

Apagones constantes

Más de 6 horas de apagones y tarifas de luz por las nubes es otra de las quejas de los moradores de Ciudad Juan Bosch, quienes se mudaron a este lugar con el deseo de tener energía eléctrica 24 horas como les fue prometido.

Indignados por las promesas incumplidas y la ineficacia de la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (Edeeste), los ciudadanos dijeron sentirse engañados y decepcionados de este proyecto inmobiliario.

“Yo me mudé aquí con el deseo de contar con luz todos los días y así no tener que comprar inversor y pasar noches sin luz, pero veo que eso que prometieron de energía 27/7 era mentira porque esa luz se va el día entero y llega en la noche para estar como un arbolito”, mencionó Maribel Rodríguez, quien reside en la ciudad desde hace más de 6 años.

El llamado arbolito (luz intermitente) se hace presente en esta ciudad y los llamados de atención a las autoridades no faltan; pero estas parecen hacer caso omiso a los reclamos

Sin señal telefónica

La señal telefónica en Ciudad Juan Bosch es escasa, pues desde los balcones de los apartamentos es donde la comunicación se hace posible, manteniendo desconectados a los residentes.

Mónica Valdez dijo que al entrar a su habitación en su residencia en el cuarto piso, la señal de internet o telefónica es nula. En ocasiones, se ve precisada a salir a la sala o cocina para comunicarse con su familia.

“No me puedo acostar en mi cama mientras uso el celular porque no tengo señal. Quité el internet de mi casa porque no funcionaba y el poner paquetico es peor porque hasta en la galería me he tenido que parar para tener internet y a veces ni así”, afirmó.

Transporte ineficiente

El método de transporte que se maneja dentro de la ciudad es la Operadora Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA), la cual desde hace más de un año ha generado reclamos y quejas por parte de los usuarios, debido al deterioro del servicio y las largas horas de espera en las paradas.

"Yo estoy harta de tanto que nos hacen esperar en las paradas. Uno dura hasta una hora en horas pico y es cuando deberían enviar más autobuses, pero será que ellos toman esas horas para descansar", explicó Rubén Mateo, quien todos los días hace uso del servicio y en horas de la mañana se dilata su trayecto al trabajo por la tardanza del bus.

Carrocería deteriorada, asientos sucios y en ocasiones despegados, falta de acondicionador de aire y ventanas clausuradas, son algunos de los deterioros por los que se quejan quienes cada día utilizan el transporte OMSA que sale de Ciudad Juan Bosch a la avenida San Vicente de Paul.

Cada una de estas problemáticas que afectan esta ciudad se ha presentado recurrentemente y ha causado incomodidad y angustia a las familias.

El procurador adjunto Wilson Camacho calificó como “una burla” a las víctimas dejar en libertad, mediante una garantía económica, a los imputados por el desplome del Jet Set, un caso con 235 muertos y 180 heridos.

El procurador adjunto Wilson Camacho anunció que el Ministerio Público apelará las medidas de coerción impuestas la madrugada de este jueves a los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, imputados de cometer homicidio involuntario y golpes y heridas involuntarias en perjuicio de las 236 personas muertas y las más de 180 heridas del desplome del techo de la discoteca Jet Set ocurrido el pasado 8 de abril.

El titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público calificó “como una burla a las víctimas” la decisión de la jueza Fátima Veloz, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, quien favoreció a los imputados con una garantía económica, presentación periódica e impedimento de salida del país. El caso fue declarado complejo.

“Creemos que el tribunal no ha valorado en su justa dimensión los hechos”, dijo Camacho.

“Creemos que el tribunal no valoró correctamente la magnitud del daño que han traído para la sociedad dominicana los hechos pero, sobre todo, el daño que significa para 235 personas que murieron, más de 180 personas que resultaron heridas y más de 130 niños que quedaron huérfanos como consecuencia de esta conducta y como consecuencia del comportamiento de Antonio y Maribel Espaillat que pusieron sobre el interés de las personas que ahí estaban, las que acudían normalmente a esa discoteca, su interés económico”, agregó.

El equipo del Ministerio Público presentó más de 130 elementos de prueba con los que sustentaron la solicitud de prisión preventiva contra Antonio Espaillat y arresto domiciliario contra su hermana Maribel Espaillat.

La jueza Veloz ratificó la calificación jurídica presentada por el Ministerio Público, que les atribuye la violación de los artículos 319 y 320 del Código Penal Dominicano, los cuales tipifican y sancionan el homicidio involuntario y las lesiones causadas por imprudencia o negligencia.

La investigación

La investigación determinó que los propietarios del Jet Set sobrecargaron la estructura del techo de la discoteca mediante la instalación de climatización de gran volumen, incluyendo seis aires acondicionados de 15 y 20 toneladas cada uno, y tinacos de agua, todo ello sin realizar ningún estudio que garantizara la capacidad de la estructura para soportar dicho peso.

Los fiscales establecieron que Antonio y Maribel Espaillat recurrieron a soluciones paliativas inadecuadas, siempre con la intención de ahorrar recursos, a pesar de tener conocimiento directo y constante de los problemas graves del techo, mediante reportes visuales, fotografías, videos y comunicaciones de sus propios empleados.

Para la fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, “deja un profundo sabor a injusticia, la medida de coerción dictada por la jueza Fátima Veloz, de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, para los propietarios de la discoteca Jet Set, acusados de homicidio involuntario.

La jueza impuso a los hermanos Antonio y Maribel Espaillat una garantía económica de 50 millones de pesos, presentación periódica e impedimento de salida, como medida de coerción.

Ante esta decisión, adoptada la madrugada de este jueves, la fiscal Rosalba Ramos expresó su inconformidad, por entender que esto pone en entredicho la esperanza de justicia de cientos de familias, de una tragedia que dejó 235 muertos y más de 100 heridos.

La magistrada Ramos entiende que no puede haber paz, mientras la impunidad tenga más peso que el dolor colectivo.

“La decisión de la magistrada Fátima Veloz deja un profundo sabor a injusticia, especialmente frente a una investigación exhaustiva y bien fundamentada por parte del Ministerio Público, que buscaba hacer valer la ley en nombre de las 235 víctimas mortales, más de 100 heridos y 130 huérfanos que dejó la tragedia del Jet Set. Esta decisión no solo hiere la memoria de quienes ya no están, sino que también pone en entredicho la esperanza de cientos de familias que claman por justicia. No puede haber paz mientras la impunidad tenga más peso que el dolor colectivo” expresó Ramos en su cuenta de X.

El Ministerio Público apelará

También el magistrado Wilson Camacho, director de Persecución del Ministerio Público, calificó como una “burla a las víctimas” la decisión de la Jueza Veloz de dejar a los imputados en libertad, por considerar que el tribunal no valoró los hechos en su justa dimensión.

En consecuencia, el Ministerio Público va a apelar las medidas de coerción.

“Creemos que el tribunal no valoró correctamente la magnitud del daño que han traído para la sociedad dominicana los hechos; pero, sobre todo, el daño que significa para 235 personas que murieron, más de 180 personas que resultaron heridas y más de 130 niños que quedaron huérfanos como consecuencia de esta conducta y como consecuencia del comportamiento de Antonio y Maribel Espaillat que pusieron sobre el interés de las personas que ahí estaban, las que acudían normalmente a esa discoteca, su interés económico”, puntualizó.

La familia Espaillat emitió el jueves un comunicado en el que aseguró que más de 40 "acuerdos de compensación económica y apoyo humano" fueron firmados con los heridos y los familiares de los fallecidos en el desplome del techo de la discoteca Jet Set.

"Se han suscrito, sin publicidad ni condicionamiento alguno, más de 40 acuerdos de compensación económica y apoyo humano, legalizados ante notario, con familiares de fallecidos, personas lesionadas y músicos afectados", leía parte del referido documento.

Asimismo, en el comunicado se indica que se hizo público los presupuestos que depositó la defensa de los imputados en la investigación de la tragedia que dejó a 236 muertos y 180 heridos, Antonio y Maribel Espaillat.

En esos presupuestos califica como una "conducta solidaria" por parte de Antonio y Maribel el haber suscrito los mencionados acuerdos, sin esperar el desenlace del proceso de investigación y legal.

¿QUIENES FIRMARON EL ACUERDO?

En este documento también se enumera las víctimas y familiares de los fallecidos en el colapso del Jet Set que, hasta el momento de publicación de esta noticia, han firmado un acuerdo de compensación con la empresa Inversiones E y L, S. R. L., compañía propietaria del Jet Set.

De manera similar estos acuerdos, según lo establecido en los presupuestos, fueron firmados entre el 2 de mayo y 12 de junio de este año.

Los firmantes identificados son Simeón Mueses, Yira Hernández Martínez, Epifania López Sánchez, Aura Rosario Soriano, Winelys Medina Marte, Ronny Darinel Taveras Minaya, Kelvin Sterling Peralta Delgado, Luz María Divina Peralta Delgado, Miguel Antonio Brito, Kirssy Guillermina Pérez Cruz de Álvarez y Ramon de Jesús Álvarez Guerrero.

También Johanna Franceli Pérez Hernández, Luis Alberto Saavedra Alvarado, Luis Javier Saavedra Martín, Yanitza Carolina Marín de Saavedra, Fredzaid del Carmen Tovar Santana, Jhoana García Reyes, Rosa Irania García Reyes, Neury Elizabeth Lora Morel, Francisca Mariñez Rosario

Elpidio Marilez Ramírez, Jhonelyn Manuel Mariñez Mojica, Jianny Cesarina Mariñez Mojina y Juana Francisca Mojica.

Igualmente firmaron acuerdos Ángel Alberto Franco Fuentes, Anibal Arodi Albuerme Rosa, Deivis Alberti Antigua Paulino, Esdras Hernández Segura, Carlos Ubiera Payano, Jordy Ramírez Matos, Juan Luis Gómez Espinal, Junior Radhaméz Sánchez Pérez, Manuel de Jesús Tatis, Martín José Encarnación Pineda, Misael Abreu Cruz y Máximo Leonardo Núñez Díaz.

Lo mismo hicieron Raúl Andrés Castro Valerio, Teosaris Miguel Báez Polanco, Teófilo Blas Dimil Reyes Céspedes, Félix Fernando Soto Rodríguez y Zulinka Yadhira Pérez Lizardo.

Estos acuerdos fueron firmados en disposición de descargo por lo sucedido en la tragedia del Jet Set y como garantía económica correspondiente al de pago por daños físicos, psicológicos y gastos médicos por los afectados.

A partir del primero de julio entra en vigencia el nuevo horario de entrada y salida, escalonado, dispuesto por el Gobierno para mejorar el tránsito en el Gran Santo Domingo.

El Ministerio de Administración Pública (MAP) establece los nuevos horarios escalonados para las instituciones públicas divididos en dos grupos el A y el B, de la siguiente manera:

Grupo A: los empleados entrarán a las 7:00 am para salir a las 3:00 de la tarde.

Mientras que el Grupo B tendrán un horario 7:30 am – 3:30 pm.

“Instituciones que reciben más de 2,000 visitas al mes en atención al ciudadano deberán establecer dos turnos, uno de 7:00 AM a 2:00 PM y otro de 2:00 a 9:00 P.M.

La disposición está contenida en número 008962, que indica que las instituciones públicas, con presencia en el gran Santo Domingo, deberán asignar el 70% de su personal en uno de los dos horarios antes señalados.

Mientras que “el treinta por ciento (30%) restante podrá permanecer en su horario regular actual o como la institución correspondiente disponga”.

La medida establece que las instituciones que sobrepasen las dos mil visitas al mes, “en atención al ciudadano deberán establecer dos turnos, el primero iniciando a las 7:00 a.m., y finalizando a las 2:00 p.m., y el segundo turno iniciando a las 2:00 p.m., y finalizando a las 9:00 p.m.”

La circular establece que cada institución deberá distribuir su personal en esos horarios, según sus necesidades operativas, de forma que garantice la operatividad y la calidad en el servicio.

Turno rotativo y personal de salud

En el caso de las instituciones que tienen turnos rotativos, o sea que trabajan 24 horas todos los días, como son los hospitales y centros de emergencias, deberán mantener su esquema habitual, “adaptando sus áreas administrativas al escalonamiento donde sea posible”.

Las empresas tienen hasta el 30 de este mes para notificarle al MAP los ajustes de horarios que hagan en su personal, a través de las direcciones de recursos humanos de estas.

Bajo medidas de seguridad y por separado, fueron llevados a la sala de audiencia Maribel Espaillat y Antonio Espaillat, para el conocimiento de medida de coerción por el caso de la discoteca Jet Set.

A las 11:43 de la mañana los hermanos Espaillat entraron a la sala de audiencias del primer tribunal colegiado en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, donde se le conocerá la coerción.

El Ministerio Público pide prisión domiciliara para la encartada; mientras que para su hermano, Antonio Espaillat, solicitan 18 meses de cárcel.

En el lugar, también se presentaron algunos sobrevivientes de la tragedia ocurrida el ocho de abril, que dejó un saldo de 236 personas muertas y más de 180 fallecidos.

Los hermanos Espaillat fueron arrestados el jueves 12 de junio a las 5:16 de la tarde por el titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho.