Sectores de la sociedad se han unido a la marcha pacífica que encabezan campesinos de Sánchez Ramírez en contra de la construcción de una presa de cola de parte de la empresa minera Barrick Gold, en el Naranjal en Cotuí.

Religiosos católicos, líderes políticos de oposición y miembros de la sociedad civil acompañan al pueblo que camina en viacrucis a pie por la carretera que lleva hasta la multinacional canadiense en la provincia.

Uno de ellos es el padre Rogelio Cruz, quien aseveró que la función de la Iglesia y otras personalidades en esta lucha ha de ser de acompañamiento a los campesinos, que son quienes deben liderar la lucha y tienen el protagonismo.

Virginia Antares, excandidata presidencial por el partido Opción Democrática, habla sobre los impactos de una presa de cola para el subsuelo y los recursos hídricos. Indicó que el gobierno debe proveer información y desmilitarizar las comunidades.

“Están sufriendo la contaminación y ahora verse en el riesgo de perder sus tierras con la intención de la mina de ampliar y hacer una presa de cola”, expresó.

Sostuvo que estas presas de desechos tienen el riesgo de desbordarse, dañando consigo los recursos hídricos y el subsuelo. 

“Información clara para las comunidades, al pueblo dominicano y diálogo; no se puede dialogar militarizados”, dijo en alusión al armamentismo visible en las comunidades afectadas por la construcción de la presa.

Roque Espaillat (El cobrador), excandidato presidencial, se unió a la proclama del pueblo manifestando que la minera extranjera busca apropiarse del oro que le pertenece al pueblo.

“El oro es del pueblo dominicano; esta es una empresa extranjera que quiere desplazar campesinos que han vivido durante décadas y creen que pagando un puñado de monedas le pagan décadas de vida”, resaltó.

Fernando Peña, del Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y representante de la comunidad en la comisión mediadora del diálogo, expresó que lo que busca la Barrick es “quedarse con las manos libres” sin compromiso.

En un ambiente tenso, representantes del Consejo Nacional para la Niñez y Adolescencia (Conani) se presentó en la casa donde residía Mailyn Arianny Martínez, la mujer asesinada por su expareja en La Vega. La entidad fue acompañada de un fiscal y un fuerte contingente policiales.

El objetivo es asegurar la custodia de los tres menores, hijos de Martínez, quien fue ultimada a tiros, junto a su madre, por el segundo teniente de la Policía, Juan Luis Jiménez, quien está prófugo.

A pesar de la oposición de amigos y familiares que intentaron evitar la separación de los niños de sus parientes, Conani procedió a trasladar a los menores a un centro de protección. Según una fuente policial, la acción se llevó a cabo para garantizar la integridad física de los niños, dado que el asesino de su madre y abuela aún se encuentra prófugo y armado, lo que representa un grave riesgo para la familia.

José Luis Marte, padre de Mailyn Arianny Martínez, la joven asesinada, expresó su descontento ante las autoridades. Marte enfatizó que la Policía debería proteger a los menores y redoblar esfuerzos para capturar al autor de los asesinatos de ésta y su madre Marisela Rodríguez.

La situación se tornó más dramática cuando Jenny Toribio, testigo del suceso, relató que los agentes, acompañados por el fiscal Pedro Veloz, irrumpieron en medio de rezos en la residencia del padre de una de las víctimas y procedieron a sacar a los niños, trasladándolos en un vehículo oficial hacia una zona segura.

A cinco días del trágico suceso, el segundo teniente de la Policía aún no ha sido detenido. Las familias de las víctimas siguen atemorizados y dicen estar desprotegidos ante la amenaza del hombre que les ha causado tanto dolor.

El Ministerio de Educación (Minerd) y la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) aún no han llegado a un acuerdo sobre los incentivos que se otorgarán a los maestros en base a su calificación en la evaluación de desempeño docente (EDD).

El desacuerdo se debe a que el gremio magisterial desea mantener la escala actual, que otorga un incentivo del 17% a los docentes con resultados "mejorables", es decir, aquellos que obtienen una calificación de 60 a 69 puntos, según indicó Eduardo Hidalgo, presidente de la ADP.

Comentó que el Minerd busca excluir a los docentes mejorables de la escala de aumento por desempeño y reiteró que los docentes con esta calificación siempre han recibido incentivos.

Asimismo, comentó que este grupo de docentes no es deficiente, como se ha intentado hacer ver, y destacó que aquellos que no aprobaron la evaluación no recibirán ninguna recompensa.

Tras finalizar su reunión de este lunes con el ministerio, Hidalgo manifestó que salieron con "las manos vacías", por la falta de consenso en este tema. Además, señaló que en el encuentro estaba previsto la participación del ministro Ángel Hernández, quien no asistió.

Hidalgo señaló que, si se llega a un consenso, la evaluación podrá llevarse a cabo este año, por ello, aprovechó para hacer un llamado al diálogo con el ministro para resolver esta situación.

Esta disputa por la escala de evaluación lleva más de seis meses. Incluso, en julio del año pasado, el magisterio realizó una protesta ante la negativa del ministerio de mantener esa escala.

El presidente Luis Abinader anunció que a partir del mes de agosto la Dirección General de Pasaportes estará en condiciones de emitir por primera vez el pasaporte electrónico, una demanda de diez años.

Abinader hizo el anuncio durante LA Semanal con la Prensa luego de que el director de Pasaportes, Lorenzo David Ramírez Uribe, explicara los pasos que dio la institución para lograr la adjudicación del consorcio de empresas que tiene a cargo proceso de adquisición e implementación de la nueva infraestructura de pasaporte biométrico.

Ramírez Uribe indicó que de las 25 empresas nacionales e internacionales que manifestaron interés en participar del proceso de contratación pública fue adjudicada en diciembre pasado el consorcio franco americano Emit, compuesto por las empresas Entrust (americana), Midas (dominicana) y Thales (francesa).

El titular de Pasaportes dijo que el proceso de contratación se ejecutó bajo los estándares de calidad y transparencia atendiendo a las recomendaciones de la Dirección General de Contrataciones Públicas y las disposiciones y principios establecidos en la Ley 340-06, además dijo que contaron con la colaboración de la Unidad Burocracia Cero, integrada por el Ministerio de Administración Pública (MAP), el Consejo Nacional de Competitividad (CNC) y la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (OGTIC), así como de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).

Abinader había emitido dos decretos para logar el pasaporte electrónico

Hace seis meses, el presidente Luis Abinader había declarado de seguridad nacional la contratación, diseño y emisión del pasaporte electrónico en la República Dominicana, una tecnología que ya se usa en más de 150 países.

Abinader encomendó a la Dirección General Pasaportes (DGP) el uso de las herramientas legales, así como el uso de mecanismos ágiles y abreviados para la implementación del pasaporte electrónico en el país a través del decreto 282-23.

No fue el primer intento para dotar al país del pasaporte electrónico. El pasado 4 de junio de 2023, la titular anterior en Pasaportes, Digna Reynoso, había prometido este documento de viaje para febrero de este año y fue destituida cinco días después.

El primer director de Pasaporte de la gestión de Abinader, Néstor Julio Cruz Pichardo, fue el primero en tratar este proyecto con la contratación de un asesor internacional para que oriente a las autoridades sobre la ejecución de esa tecnología en 2021. En 2022, Abinader emitió el decreto 438-22, a través del cual ordenaba a doce instituciones a que coordinen con la DGP para elaborar un plan de acción al respecto.

En medio del escándalo por la escasez de libretas, Cruz Pichardo fue destituido el 23 de enero de 2023.

La Policía Nacional, a través de la Subdirección de Investigación (DICRIM) en La Vega, emitió este domingo la orden de búsqueda y captura del segundo teniente Juan Luis Jiménez Adames, de 41 años, por ser el presunto autor de un doble homicidio dirigido a dos mujeres el pasado sábado.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, el hecho ocurrido ayer en el sector Los Robles, donde murieron Marisela Rodríguez Marte, de 51 años, y Meylin Ariany Marte Rodríguez, de 26, expareja del prófugo.

Además, en medio del hecho, Jiménez Adames ocasionó heridas por arma de fuego a Franklin Ruiz Inoa, de 41 años, quien se encontraba en el lugar.

El reporte indica que Jiménez Adames huyó de la escena en un vehículo marca Daihatsu Move, el cual fue encontrado posteriormente abandonado en un solar baldío en Villa Altagracia.

La policía científica recolectó evidencias en la escena del crimen, incluyendo casquillos calibre 9mm y dispositivos electrónicos. Además, se están analizando grabaciones de cámaras de seguridad para determinar los detalles del suceso.

El cuerpo del orden informó que trabaja de manera diligente junto al Ministerio Público para capturar al implicado y someterlo a la justicia. Asimismo, reiteró el compromiso de la institución de garantizar la seguridad ciudadana y que ningún hecho quedará impune.

La institución solicitó, a través de una nota de prensa, a la ciudadanía que, en caso de tener información sobre el paradero del señalado, se comunique de manera confidencial al número a los teléfonos (809)-682-2151 extensiones 2485, 2453, 2442, 2439, 2170, 2437 y 2435.