¿Qué tienen en común las EDE y el Senasa? Son empresas públicas y, por consiguiente, tienen un mal de origen. Las empresas distribuidoras de electricidad (las EDE) y la ARS pública, Servicio Nacional de Salud (Senasa), sufren del mismo problema: para cubrir sus pérdidas, el Estado puede usar el monopolio de la fuerza y obtener recursos de los contribuyentes.

El Estado buscará la forma de financiarlas: con impuestos, deuda pública o con creación de dinero. Por tanto, las empresas públicas no son administradas como entidades dirigidas a maximizar los recursos escasos de la sociedad; lo que ofrecen al público puede ser en cantidad ilimitada y a costos superiores al precio de mercado.

El comportamiento de quienes administran las empresas públicas suele ser político; no está dirigido por fundamentos económicos. En un momento puede llegar a la empresa pública una administración que tenga la intención de cambiar su forma de operar. Pero la intención no será duradera, porque la naturaleza, el defecto de origen, siempre se impone.

La economía, como ciencia que es, no trata de juicios de valor, sino de realidades. En consecuencia, los economistas tienen una responsabilidad con la sociedad: educar. En la medida en que el Gobierno trata de aumentar su participación e intervención en la economía, el economista se torna más relevante para, desde los principios económicos, advertir sobre las consecuencias de esas intervenciones, por mejor intencionadas que estas sean.

Estos párrafos están acompañados de un gráfico que muestra la siniestralidad de las ARS públicas (Senasa representa el 97 %, casi la totalidad) y la de las ARS privadas. El promedio mostrado presenta dos mundos: uno, en el que las pérdidas son cuidadas, porque se traducirían en una disminución y deterioro del servicio, que afectarían a los afiliados; y otro, el del Senasa, en el que se asumen riesgos porque el Gobierno los cubre con impuestos o deuda.

El gráfico pudo haber sido el de las pérdidas de energía de las empresas distribuidoras de electricidad, las EDE; cuyas pérdidas son cubiertas con impuestos y deuda pública.

El caso del Senasa es complejo en cuanto al establecimiento del precio o tarifa per cápita. Es un precio regulado, determinado por resoluciones que aplican al sistema de seguridad social. Como todos los precios controlados, establece distorsiones de oferta y demanda de servicios. La Ley 87-01, en consecuencia, amerita una modificación dirigida a eliminar distorsiones.

Aún y cuando se actualice la cápita para el sistema contributivo, para cumplir con lo establecido por la legislación, la naturaleza del sistema seguirá mostrando las distorsiones que posee. Y en cuanto al Senasa, por su mal de origen, continuará con el comportamiento de quienes saben que su tendencia a asumir mayores riesgos en la administración de sus servicios será cubierta con dinero del ciudadano. Porque siempre, a expensas del bolsillo del contribuyente, las empresas públicas no quiebran.

Una colaboración del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (Crees).