Abogados consultados coincidieron en que los acuerdos alcanzados por víctimas en el caso Jet Set no detienen el proceso penal, pero sí pueden influir en las eventuales condenas, al ser valorados por los jueces como parte de la conducta de los imputados.

En este proceso, que está en la etapa preliminar, el Ministerio Público acusa a los hermanos Maribel y Antonio Espaillat de homicidio involuntario por el colapso del techo de la discoteca el pasado 8 de abril de 2025, donde fallecieron 236 personas y 183 resultaron heridas. El caso, que está en los tribunales desde enero de este año, que comenzó con 120 querellas, y solo en la audiencia del 20 de abril, unas 50 desistieron. 

El jurista Carlos Felipe sostuvo que, aunque el expediente sigue firme, estos movimientos tienen un impacto indirecto en el resultado final.

“Esto favorece a los imputados en cierta medida… porque se ve una actitud de responsabilidad que puede ser valorada al momento de la pena, pero para nada debilita el caso”, explicó.

En esa misma línea, el abogado Jean Pérez afirmó que la salida de querellantes no elimina la responsabilidad penal, aunque sí cambia la dinámica del proceso.

“Los desistimientos pueden reducir la cantidad de actores, pero no eliminan la acusación penal ni la gravedad del hecho”, indicó.

Por su parte, el jurista Ángel Lockward consideró que los acuerdos incluso reflejan un reconocimiento implícito.

“Si hubo acuerdos es porque hay ‘cierta’ culpa, aunque sea en el ámbito civil”, señaló.

 Etapa del proceso y posible impacto en condenas

El caso se encuentra en la fase preliminar o etapa intermedia, donde se define si será enviado a juicio de fondo. En este punto, también se discuten las pruebas y la calificación jurídica, que actualmente se mantiene como homicidio involuntario.

Sobre este aspecto, abogados advierten que el marco legal podría derivar en sanciones limitadas.

“Existe la posibilidad de que sean condenados a dos años… y si ya han cumplido ese tiempo en prisión domiciliaria, sería pena cumplida”, explicó el abogado Carlos Balcácer.

 Retrasos y duración del proceso

En cuanto a la duración del caso, los expertos coinciden en que será prolongado. “Ese proceso durará años y desgastará a las víctimas día por día”, advirtió Carlos Felipe, al referirse a la complejidad del expediente por la cantidad de afectados.

No obstante, otros juristas consideran que, dentro de ese contexto, el proceso avanza dentro de lo esperado.

 “La justicia que buscamos no será esa”

Mientras los abogados analizan el caso desde el plano técnico, algunas víctimas expresan una visión distinta.

Brian Saldaña, quien perdió a su esposa en la tragedia y decidió retirar su querella, aseguró que su decisión estuvo marcada por el desgaste emocional.

“El proceso pinta en una sola dirección… va a durar años y necesito rehacer mi vida”, expresó.

Aunque afirmó que no recibió presión, dejó claro que no siente que se haya hecho justicia:
“La justicia que estamos buscando no será esa”.

También, calificó el proceso como “lento y manipulado”, reflejando una percepción que contrasta con la lectura jurídica. Luego de ofrecernos sus declaraciones, Brian compartió un comunicado a través de sus redes sociales, explicando detalladamente las razones que lo llevaron a desestimar su querella y dejarlo en manos del Ministerio Público.

Peritaje y rumbo del caso

A este escenario se suma la aprobación de un nuevo peritaje técnico, que podría incidir en la determinación de responsabilidades.

“Si ese peritaje contradice al del Ministerio Público, claro que puede cambiar el rumbo del proceso”, afirmó Carlos Felipe.

 Un caso que avanza, pero bajo cuestionamiento

El pasado 20 de abril, 50 querellantes retiraron sus demandas, sumándose a una tendencia de acuerdos que, aunque no detiene el caso, sí está modificando su dinámica.

Entre la visión de los abogados, que sostienen que el proceso sigue firme, y la percepción de algunas víctimas, que cuestionan el alcance de la justicia, el caso Jet Set avanza hacia una etapa decisiva con un debate abierto: no solo sobre culpabilidad, sino sobre qué tipo de justicia se alcanzará.

Familiares, amigos y allegados de Licairis Yalibes Díaz Valenzuela, la joven de 25 años hallada muerta de un disparo en la cabeza en el parque Mirador Sur el pasado 25 de enero, realizaron este martes una protesta pacífica a las afueras del Palacio de Justicia, exigiendo justicia por el crimen.

Durante la manifestación, el abogado de la familia informó que la audiencia de revisión obligatoria de la medida de coerción contra el teniente coronel del Ejército, Samuel Elías Céspedes Valdez, no se llevó a cabo debido a que el Ministerio Público depositó formalmente la acusación en su contra ese mismo día. Explicó que, aunque la Fiscalía actuó dentro del plazo legal de tres meses, existía preocupación en la comunidad de Peralta, Azua, por la demora en la presentación del expediente.

El jurista aseguró que las pruebas recopiladas, incluyendo los resultados de la autopsia, contradicen la versión del imputado, quien alegaba que se trató de un suicidio. “La acusación destruye esa tesis y establece que el disparo no fue realizado por la víctima, sino por el imputado”, afirmó, al tiempo que indicó que ahora se espera la convocatoria de la audiencia preliminar para determinar si el caso es enviado a juicio de fondo.

De su lado, un hermano de la víctima denunció que la familia teme que el caso quede impune, alegando que el imputado estaría utilizando todos los recursos posibles para evadir la justicia. “No nos vamos a cansar hasta lograr justicia para mi hermana. No queremos que este sea un caso más que quede en el olvido”, expresó.

Licairis Díaz Valenzuela, oriunda del municipio Peralta, en la provincia Azua, murió tras recibir un disparo mientras se encontraba dentro del vehículo del oficial, con quien mantenía una relación sentimental. El Ministerio Público ha calificado el hecho como homicidio voluntario, presuntamente ocurrido tras una discusión. El imputado cumple tres meses de prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación Las Parras.

Santo Domingo.– Una pareja de esposos que fue atropellada la madrugada del Viernes Santo en la carretera Azua-San Juan reclama a las autoridades identificar y apresar al conductor responsable, quien huyó del lugar tras el accidente.

Se trata de Carlos Daniel Jerónimo y Nayary Gil, ambos de 29 años, quienes se desplazaban en una motocicleta con destino a Santo Domingo cuando fueron impactados por un vehículo, en un hecho que cambió sus vidas de forma irreversible.

Según relatan, el choque fue de tal magnitud que ambos perdieron la pierna derecha, tras complicaciones médicas que obligaron a su amputación.

Los afectados aseguran que la única evidencia con la que cuentan es un video en el que se observa un carro blanco, que presuntamente los arrolló. Sin embargo, hasta el momento no se ha identificado al conductor ni se ha establecido su paradero.

La pareja también denunció falta de atención por parte de las autoridades, indicando que han tenido que gestionar por cuenta propia documentos y acceso a grabaciones de cámaras de seguridad, enfrentando múltiples dificultades en el proceso.

Nayary Gil, madre de tres menores, expresó que su situación se ha agravado tras el accidente, ya que debido a sus limitaciones físicas y económicas se ha visto obligada a enviar a sus hijos a distintos lugares, al no poder brindarles el cuidado necesario durante su recuperación.

Los esposos hacen un llamado urgente a las autoridades para que se agilicen las investigaciones y se haga justicia en su caso.