SANTO DOMIMGO, RED.- El Observatorio Nacional para la Protección del Consumidor –ONPECO-, pidió al Gobierno prohibir la suspensión de los servicios públicos por falta de pagos, como energía, teléfono, cable; y además, solicitar a los bancos flexibilizar los cobros a los clientes, que, por la pandemia COVID-19 han caídos en mora por las condiciones económicas adversas que se han originado.

Altagracia Paulino, presidenta de ONPECO y ex directora de Proconsumidor, dijo que en vista de que la pandemia continua, y el gobierno decidió extender hasta diciembre las medidas compensatorias para el programa “Quédate en casa”; de esa misma forma se debe dar continuidad al Decreto 48-20 del 14 de abril, respecto a medidas en el plano financiero.

Explicó que entre esas medidas figura la eliminación del pago mínimo mensual sobre el balance de la deuda en la tarjeta de crédito y la eliminación de los pagos por mora.

“En el mismo decreto se ordenó al Banco de Reservas bajar la tasa de interés al consumo de tarjeta de crédito al 1% mensual, el Banco Agrícola extendió a 90 días para los vencimientos de pagos parciales y a la Tesorería de la Seguridad Social no aplicar recargo por mora, así como también, la DGII dejó de aplicar la tasa de los acuerdos de pagos y dividió en 4 pagos la liquidación del impuesto anual”, señaló la ex funcionaria.

Entiende que todas las medidas asumidas por el Gobierno anterior, mediante decreto, deben mantenerse en lo que resta del año, debido a que las condiciones no han cambiado, respecto a los ingresos de las familias y las personas.

“El presente Gobierno, atendiendo a la ampliación de las medidas del Decreto 48-20, también debe extender esos meses de gracia de suspensión de pagos al préstamo o tarjeta, y no tratar de cobrar todas las cuotas juntas, en un solo pago”, apuntó.

Dijo que la crisis económica es de todos los grupos sociales, por lo que no es equitativo que el sector financiero, que trabaja con el capital generado con el dinero de sus ahorrantes, deudores e inversionistas, no se sacrifique para aliviar el problema socioeconómico que ha creado la pandemia COVID-19.

Igualmente entiende que la Superintendencia de Bancos y el Banco Central, deben emitir algún tipo de resolución que garantice a las personas que han caído en mora por sus deudas, una renegociación para que estas puedan seguir trabajando, como es el caso de los microempresarios, que están atrapados en deudas, porque simplemente el negocio no está produciendo.

“Una de las medidas financieras dispuestas, fue la de un período de gracia de noventa días para el pago de los préstamos; al parecer cada entidad bancaria la aplicó de modo diferente, unas mantuvieron la cuota, pero le adicionaron al monto y plazo del préstamo, otros solo aumentaron los intereses en el pago mensual, lo que ha impactado adversamente la economía de las familias y las personas, llevándolas a la ruina”, reveló Paulino.

Expresó que existen testimonios de personas que han tratado de renegociar sus deudas y le han dicho que pague lo que debe o pierde el mueble o inmueble puesto en garantía.

“Por ejemplo, si la garantía es un vehículo para transportar turistas, como es el caso de un señor que subió un video en las redes, no le queda de otra que quedar en la calle, porque debe buscar lo que debe, entregar su vehículo en garantía y hasta la vivienda si quedó comprometida, habiendo pagado un elevado monto solo en intereses”, indicó.

Altagracia Paulino recordó que las micro, pequeñas y medianas empresas son el soporte de la economía de los países en crecimiento, las que ha sido muy golpeadas por la pandemia, y en vista de que existen razones de fuerza mayor, imprevistas, lo justo y equitativo es que se dé una oportunidad para que todos los sectores puedan seguir viviendo.

Fuente; Proceso