Una solicitud de auditoría realizada por el Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) a la Cámara de Cuentas, en enero del 2019, degeneró en diferencias entre ambas partes al impedir el experticio y dar paso a que el caso fuera remitido al Ministerio Público.

La situación se registra porque según el organismo fiscalizador del Estado, el gremio de abogados que en principio hizo el requerimiento, luego se resistía a colaborar para realizar la auditoría.

En una carta fechada el 11 de agosto del presente año, el presidente de la Cámara de Cuentas, Hugo Francisco Alvarez Pérez, comunicó a la Procuraduría General de la República que ese gremio está sujeto al control externo gubernamental a su cargo.

Refirió que el pleno del organismo aprobó una auditoría financiera por el periodo comprendido entre el 1ro de enero del 2016 y 31 de diciembre del 2018, y que el 2 de mayo del 2019 remitieron comunicación solicitando colaboración e informando las credenciales de los auditores que realizarían la función fiscalizadora en la entidad.

“A pesar de las comunicaciones cursadas y de haber transcurrido más de 12 meses de la reunión de fecha 15 de mayo del 2019 sostenida con el equipo de auditores en la cual la entidad solicitó un plazo de 3 semanas para habilitar un espacio físico para nuestros profesionales, hasta la fecha no se nos ha notificado la habilitación del espacio prometido”, aduce Álvarez Pérez.

Asegura que el CARD se ha negado a recibir las comunicaciones relativas al inicio de los trabajos fiscalizadores. Que el gremio comunicó el 6 de agosto del 2020 que no cuentan con un lugar para los auditores y que informarían cuando tengan disponibilidad.

“Sobre dicha postura tomada por el CARD, es necesario precisar que la rendición de cuentas es una obligación para todas aquellas entidades que obtengan recursos del Estado y que en caso de inobservancia, es el Estado el que tiene que exigir su ejecución”, se advierte.

Sin embargo, el presidente del Colegio de Abogados, Miguel Surún, calificó como una campaña sucia y una difamación el que se trate de decir que se resisten a ser auditados.

Destaca que fueron ellos quienes solicitaron el experticio y que actualmente están con las cuentas embargadas.

“Ellos fueron y nosotros les explicamos que nos habíamos mudado y que nos dieran tiempo, pero el deseo era de hacer daño”, especificó.

Sostuvo que resulta ilógico solicitar una auditoría y que luego se trate de argumentar temor y resistencia.

Surún dijo que el gremio contrató una firma privada para que auditaran al colegio y los resultados están ahí. “Estamos dispuestos a que nos auditen, no tenemos inconvenientes, pues fue el Colegio que lo solicitó”, aseguró.

Salir del gobierno ha abierto una ruta hacia los tribunales para funcionarios de los partidos de la Liberación Dominicana (PLD) y Revolucionario Dominicano (PRD), organizaciones políticas que han gobernado en la República Dominicana en los últimos 20 años y que tras agotar sus gestiones ha sido acusados de corrupción.

El PLD, tras agotar su primer gobierno presidido por Leonel Fernández, en el 1996-2000, tocó las puertas de los tribunales y de la cárcel, al ser involucrado un grupo de exfuncionarios en el denominado caso del Programa Eventual Mínimo de Empleos (Peme).

Se trató de Diandino Peña, Haivanjoe Ng Cortiñas, Simón Lizardo, Luis Incháusti, Noé Camacho, Grecia Peguero y León Antonio López Mata, imputados en un supuesto desfalco contra el Estado por RD$1,438 millones. El grupo fue procesado en el gobierno del entonces perredeísta Hipólito Mejía.

El caso se ventiló por varios años en los tribunales, pero en febrero de 2007, en el segundo período de Fernández, la Fiscalía del Distrito Nacional retiró la acusación contra Peña, Lizardo, Ng Cortiñas y Camacho Ovalle. La mantuvo para Inchausti, Peguero y López Mata, y meses más tarde la retiró.