Dentro de los anuncios hechos en la presentación del “Plan Integral de Reformas Institucionales”, el mandatario aseguró que para fortalecer la independencia del Ministerio Público, impulsará una reforma constitucional en la que el procurador sea designado por un órgano apartidista.

 “En ese sentido, asumo el compromiso de impulsar una reforma constitucional para convertir el apartidismo como criterio garante de la independencia del Ministerio Público y en un legado institucional duradero”, dijo Abinader.

Asimismo, aseguró que propondrá aumentar las consultas populares vía referendo, además de poner en marcha mecanismos que blinden “el texto constitucional de cualquier intento de convertir las aspiraciones personales en norma constitucional, sin tomar en cuenta la estabilidad democrática e institucional”.

Dentro de las leyes que propuso Abinader están una modificación a la ley de Compras y Contrataciones Públicas para mitigar riesgos en las compras y contrataciones del Estado.

La modificación de la Ley 10-07 que instituye el Sistema Nacional de Control Interno y de la Controlaría General de la República, a fin de que se realicen auditorías internas por lo menos una vez al año a todas las instituciones públicas.

“En este sentido les anuncio la creación de una subdirección antifraude dependiente de la Contraloría General para la realización de inspección permanente en todas las áreas de gobierno”, anunció.

De igual forma, la modificación de la Ley 10-04 de la Cámara de Cuentas, a fin de adecuarla al marco constitucional vigente y otorgarle mayor autonomía presupuestaria y de control.

El mandatario dijo que en los próximos meses apoyará a los legisladores en el proceso de reforma institucional del Congreso para reencauzar la asignación discrecional de fondos públicos, fortaleciendo, de este modo, las labores de representación, fiscalización, control y legislación conferidas por la Constitución “de modo que los llamados ´barrilitos´ sean eliminados de manera definitiva”.

“Estas iniciativas buscan blindar desde el punto de vista legal a las principales instituciones de la democracia dominicana, de manera que a partir de su aprobación podamos decir que el futuro de nuestra República jamás dependerá del capricho o de los intereses de un líder,  o de un partido político concreto”, aseguró el mandatario.

La aprobación de la Ley General de Publicidad Estatal para establecer los criterios en el uso de los recursos que el Gobierno destina a la publicidad y para fiscalizar la transparencia en la contratación de esos servicios.

De igual forma, la creación de una comisión de revisión y reestructuración de programas destinados a la protección y asistencia social, que presentará en 90 días un anteproyecto de ley para crear un organismo que concentre, gestione y supervise todos los programas.

Otros de los proyectos anunciados por Abinader, para ejecutarse mediante decretos son la creación de un portal único de transparencia que recogerá toda la información relativa a la actividad de las instituciones del Gobierno, la aplicación de la Ley General de Libre Acceso a la Información Pública, para que sus disposiciones se conformen al estándar interamericano para que los ciudadanos tengan mayor acceso a la información.

“También con carácter de urgencia se acometerán las acciones que permitan a todos los ciudadanos disponer de toda la información pública relativa al estado de su dinero y sus ayudas, por parte de quienes las reciban”, indicó.

Asimismo la creación de un Gabinete de Transparencia, Prevención y Control del Gasto Público, encabezado Milagros Ortiz Bosch, directora de  Ética e Integridad Gubernamental, con la dirección ejecutiva de Carlos Pimentel, director de Contrataciones Públicas e integrado además por el Ministerio de Hacienda, la Contraloría General de la República, la Tesorería Nacional, la Dirección General de Presupuesto y la Unidad de Análisis Financiero de la República.

En el acto realizado con directores de medios de comunicación y representantes de las instituciones del Estado, Abinader cominicó que de “inmediato” se contratarán un equipo de abogados que acompañen al Ministerio Público en las actuaciones procesales que surgen de la corrupción administrativa.

“Ello no implicará una intromisión del gobierno en la labor del Ministerio Público, sino el cumplimiento de la responsabilidad del Estado respecto a los bienes de todos los dominicanos”, expresó.