Un informe reseña alegadas irregularidades en el mantenimiento de los planteles escolares durante el 2022 a 2024, lo que generó un déficit de más de 4,500 millones de pesos al Ministerio de Educación, dirigido en ese entonces por Ángel Hernández, quien se quejó ante la Contraloría por la falta de información para poder tomar medidas contra los responsables.

El documento, fechado en febrero de 2025, presenta un desglose cronológico de los desembolsos realizados por año, múltiples violaciones a la Ley de Compras y Contrataciones, y una acumulación de deudas atribuida a la gestión de la Dirección General de Mantenimiento de Infraestructura Escolar (Dgmie).

La Dgmie era encabezada por Fernando Hiram Taveras, quien en marzo de 2025 fue designado viceministro de Mantenimiento Vial del Ministerio de Obras Públicas mediante el decreto 109-25, firmado por el presidente Luis Abinader.

Según el informe, para la quinta jornada de mantenimiento correctivo se transfirieron, en el 2022, unos 3,400 millones de pesos, mientras que, para la sexta, en el 2023, se desembolsaron 3,000 millones de pesos.

Sin embargo, el mal manejo acumulado generó un déficit de 4,588 millones de pesos en mayo de 2024. La inversión total en los centros fue de 10,988 millones de pesos.

El documento sale a la luz pública tres días después de que el actual ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, solicitara a la Contraloría General de la República un equipo para auditar los programas de mantenimiento correctivos durante los años anteriores.

La cronología

Todo comenzó en mayo del 2024, en San Cristóbal, donde, tras un acercamiento de un ingeniero para reclamarle por los pagos de un distrito educativo, el titular del Minerd solicitó aclaraciones a la Dgmie, así como un análisis a la Dirección Financiera y una auditoría especial realizada por la Dirección de Fiscalización, según reseña el informe.

El primer análisis financiero reveló que ya se habían tramitado pagos por 6,953.5 millones de pesos. A esto se sumaban expedientes en proceso de pago por 661 millones de pesos, elevando el déficit a 1,214.5 millones de pesos.

Además, se identificaron presupuestos en elaboración por 1,188.6 millones de pesos y 463 centros educativos con obras en ejecución, cuyo costo estimado ascendía a 1,790.8 millones de pesos. En conjunto, el déficit total proyectado alcanzaba los 4,193.9 millones de pesos.

Las causas del desbalance, de acuerdo con el informe, fueron: trabajos ejecutados sin respetar los montos inicialmente establecidos y falta de planificación presupuestaria con anticipación.

Además, la Dgmie asumió el control de los trabajos, escogió sus propios contratistas y dividió las obras para ajustar los montos al umbral permitido para las justas descentralizadas, violando así la Ley 340-06 y la Resolución 02-2019, que otorga autonomía a las juntas descentralizadas en la gestión de fondos.

En su defensa, la Dgmie atribuyó el fallo a la autonomía que tienen las juntas descentralizadas en la administración del presupuesto, lo que resultó contradictorio frente a los hallazgos de la auditoría.

Mientras tanto, la auditoría especial realizada por la Dirección de Fiscalización, el 22 de mayo de 2024, destapó más presuntas irregularidades: desviación de fondos y deficiencia administrativa, debido a la falta de coordinación entre esa dependencia, el Viceministerio de Descentralización y los distritos.

También se detectaron instalaciones eléctricas y sanitarias incompletas, baja calidad de materiales, falta de supervisión —ya que la Dgmie no garantizó el cumplimiento de los estándares de calidad—, empleados del Minerd actuando como contratistas y trabajos inconclusos.

El informe señala que, el 7 de junio de 2024, se inició otra auditoría a los mantenimientos correctivos realizados entre el 1 de enero de 2023 y el 31 de mayo de 2024.

El primer informe de esa experticia, enfocado en la Regional 16 de Cotuí, fue presentado el 12 de agosto. En el mismo se ratificaron las anomalías en la Dgmie.

Pero, inconforme, el titular del Minerd solicitó más detalles, en los que se muestren los trabajos no ejecutados, los contratistas responsables y los documentos que validen los fallos, para así poder aplicar las medidas correctivas.

"El informe confirmó irregularidades, pero sin la información suficiente para que el Minerd pudiera tomar decisiones informadas y aplicar sanciones", señala el reporte.

En 15 de octubre del 2024, se presentó un informe definitivo, en el que se certificó, nuevamente, las infracciones, pero el Minerd insistió que la evaluación debía revelar a los funcionarios responsables, pese a que, en la relación de la instalación de aulas móviles, se verificaron pagos por 112.5 millones de pesos.

En ese sentido, Educación instruyó un proceso de fiscalización interna en los centros con cuentas por pagar, cuyas deudas pendientes rondaban, a diciembre del 2024, unos 2,594 millones de pesos.

Más adelante, ese monto fue pagado en dos fases: un avance del 40 y el 60 % cuando se verificaron que los trabajos en los planteles estaban completos.

Los montos adicionales transferidos ascienden a 3,482 millones de pesos, una primera partida de 887.7 millones en agosto, y dos partidas en diciembre de 2,415.9 millones y 178 millones de pesos, lo que, sumado a los 6,400 millones iniciales, arrojan un total transferido de 9,882 millones de pesos.

A febrero del 2025, se habían realizado 1,923 pagos como avance del 40 %. De esos 947 fueron confirmados como entregados. Además, se completaron el 60 % de 131 centros, luego que el Departamento de Verificación validara su cumplimiento.

Y, para el 17 de febrero, una semana antes de Hernández ser reemplazado por De Camps como ministro de Educación, había cuentas por pagar por 1,106 millones de pesos, correspondientes a nuevos expedientes tramitados por la Dirección de Infraestructura, cuyos fondos no habían sido transferidos a los distritos educativos.

SANTO DOMINGO.– El juez José Manuel Arias, de la Ejecución de la Pena del Departamento Judicial de San Cristóbal, vuelve a colocarse en el centro de la polémica tras autorizar un permiso laboral al exembajador del Consejo Nacional de Fronteras, Donni Mayobanex Santana Cuevas, condenado a 20 años de prisión por incesto contra su hijastra menor de edad.

Arias es el mismo magistrado que en su momento favoreció con la libertad anticipada a José Eduardo Ciprián Lebrón, alias Chuki, condenado a 10 años por su implicación en el atentado contra el expelotero David Ortiz. Ciprián Lebrón fue liberado a mitad de su condena y hace apenas dos semanas fue ultimado en un ataque a tiros en Herrera, municipio Santo Domingo Oeste, donde murieron también otros dos hombres y uno resultó herido.

En el caso de Santana Cuevas, el juez Arias le otorgó permiso para trabajar como profesor en la Escuela Nacional del Colegio de Abogados (CARD), con la modalidad de prisión domiciliaria durante fines de semana y días feriados. La solicitud fue avalada por el vicepresidente del CARD, Juan Pérez Roa, quien fungió como garante laboral del condenado.

Los abogados defensores de Santana Cuevas en esta solicitud fueron José Fernando Pérez Vólquez, Manuela Ramírez Orozco y Valentín Medrano Peña, quienes lograron convencer al tribunal de que el exfuncionario podía desempeñarse en labores docentes.

El exembajador fue sentenciado en 2019 a 20 años de prisión por violar a su hijastra desde los 11 hasta los 14 años, una condena que posteriormente fue ratificada por la Suprema Corte de Justicia.

La coincidencia de decisiones judiciales a cargo del juez Arias ha generado cuestionamientos en sectores de la opinión pública, que consideran que estos fallos envían señales contradictorias en la lucha contra la impunidad y la protección de las víctimas.

MAO, Valverde.– La Diócesis de Mao-Montecristi informó este martes la suspensión del sacerdote Alejandro Anselmo Peña Sánchez, tras recibir una denuncia de presunto abuso contra dos hermanas menores de edad. La medida tiene como propósito permitir el inicio de una investigación interna y colaborar con los organismos correspondientes para el esclarecimiento del caso.

En un comunicado oficial, la Diócesis explicó que la decisión busca garantizar la transparencia y la justicia:

“Hacemos de conocimiento que el sacerdote Alejandro Anselmo Peña Sánchez ha sido suspendido del ejercicio público de su ministerio, para fines de investigación, ante la denuncia y/o acusación de la cual ha sido objeto”, señala el documento.

Compromiso con las víctimas

La Iglesia Católica en esta jurisdicción diocesana manifestó su compromiso de ofrecer asistencia espiritual y psicológica a las presuntas víctimas, al tiempo de orientarles sobre los procedimientos legales y de acompañamiento que deben seguir en un caso de esta naturaleza.

La institución religiosa reiteró que mantiene una política de “cero tolerancia” frente a cualquier tipo de abuso y recordó las palabras del Papa Francisco: “En la Iglesia no hay lugar para el abuso ni para encubrirlo”.

Proceso de investigación

Con la suspensión, el sacerdote Peña Sánchez queda apartado de toda labor pastoral y de la administración de sacramentos mientras se desarrollan las indagatorias. La Diócesis aseguró que actuará en coordinación con las autoridades competentes, reafirmando que este tipo de denuncias deben recibir atención inmediata y sin encubrimiento.

Contexto y antecedentes

En los últimos años, la Iglesia Católica en la República Dominicana ha enfrentado varios señalamientos relacionados con casos de abuso sexual, lo que ha llevado a la Conferencia del Episcopado Dominicano a reforzar sus protocolos de prevención y actuación. Dichos lineamientos incluyen la suspensión inmediata de clérigos acusados, la colaboración con la justicia ordinaria y el acompañamiento a las víctimas.

Organismos de derechos humanos y colectivos de protección a la niñez han resaltado la importancia de que estas investigaciones se realicen con celeridad y transparencia.

Próximos pasos

La Diócesis de Mao-Montecristi llamó a la comunidad a mantener la prudencia mientras avanza la investigación y reiteró su disposición de colaborar plenamente con el Ministerio Público.

El Tribunal de Ejecución de la Pena de San Cristóbal concedió un permiso laboral al exdirector del Consejo Nacional de Frontera, Donni Mayobanex Santana Cuevas, condenado a 20 años de prisión por violación sexual de su hijastra menor de edad.

La resolución, emitida por el magistrado José Manuel Arias, el pasado 6 de junio, autoriza la salida temporal de Santana Cuevas del Centro de Privación de Libertad de Azua (CPL Km. 15), para impartir clase en la "Escuela Nacional del Colegio de Abogados (CARD)" y cumplirá la totalidad de su condena el 4 de junio de 2038.

Condiciones impuestas y advertencias del tribunal

El tribunal estableció una serie de condiciones estrictas para el reo, como arresto domiciliario, donde deberá permanecer en su residencia los fines de semana y días feriados.

Comunicarse semanalmente con el tribunal para informar su ubicación y presentarse una vez al mes a firmar un libro de control, y tiene prohibido usar redes sociales para hablar de su caso; debe mantener un "bajo perfil" y, de manera explícita, no puede molestar a la parte querellante ni a sus familiares.

El tribunal advirtió que el incumplimiento de cualquiera de estas condiciones resultaría en la revocación del permiso y en una orden de captura inmediata.

El juez exhortó a Santana Cuevas a "aprovechar esta segunda oportunidad" para reinsertarse de manera positiva en la sociedad.

La resolución establece que el condenado cumplirá la totalidad de su pena el 4 de junio de 2038, aunque podrá solicitar la libertad condicional a partir de 2028.

Durante la audiencia, los abogados de Santana, Moisés Medina, Manuela Ramírez Orozco y Valentín Medrano Peña, argumentaron que su cliente "cumple con las condiciones exigidas" para el beneficio.

Sin embargo, el Ministerio Público y la parte querellante, representada por el abogado Junior Alcántara de la Oficina de Servicio Nacional de Representación Legal de los Derechos de la Víctima (Relevic), se opusieron firmemente a la medida.

Donni Santana fue sentenciado a 20 años de prisión por el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional el 12 de noviembre de 2019.

La sentencia fue confirmada por la Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional el 14 de diciembre de 2020.

 Donni Santana fue destituido como director del Consejo Nacional de Frontera el 14 de mayo de 2020.

Según la acusación del Ministerio Público, Santana abusó sexualmente de su hijastra desde que ella tenía 11 años, aprovechando la ausencia de la madre de la menor.

El mensaje de prueba del Sistema Nacional de Alertas, difundido este martes por la red móvil de Claro y recibido en teléfonos Android del Gran Santo Domingo, Santiago y San Juan de la Maguana, llegó con omisión general de tildes en su redacción.

El aviso, rotulado como "Alerta presidencial", informaba que se trataba de una prueba técnica del sistema para futuras notificaciones de emergencias y seguridad pública. En el texto, palabras que debieron acentuarse como pública, técnica, móvil, Policía y Público aparecieron sin tilde.

Reacciones en redes

Usuarios en redes sociales advirtieron la falta de tildes, cuestionando la corrección de un mensaje oficial que aspira a transmitir seriedad y confianza. Otros atribuyeron la omisión a posibles limitaciones del formato de difusión masiva entre redes y dispositivos.

En fase de prueba

• Aunque se trató de una prueba técnica, el detalle expuso un punto a corregir antes de la operación plena.

Objetivo del sistema

De acuerdo con el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), el Sistema Nacional de Alertas busca preservar vidas y bienes materiales al mantener informada a la ciudadanía antes, durante y después de una emergencia. La República Dominicana se coloca así en línea con estándares internacionales en materia de prevención, mitigación y respuesta ante desastres.

La alerta emitida este martes constituye el primer ejercicio público de este sistema, que a futuro se convertirá en una herramienta clave de comunicación en momentos críticos para la seguridad de la población.

Santo Domingo.– La primera dama de la República, Raquel Arbaje, compartió en una entrevista en el programa Esta Noche Mariasela cuáles son sus planes una vez termine el período presidencial de su esposo, Luis Abinader, en el año 2028.

Con su estilo característico, sincero y cercano, Arbaje confesó que lo primero que hará será dedicarse a descansar, luego de años de responsabilidades y compromisos asumidos desde la función pública.

“Saber que te vas a levantar al día siguiente y que tú no tienes que pensar que si hay sequía, que si se llenaron las presas, que si no hay alguien en la calle”, expresó al describir la tranquilidad que anhela recuperar.

No obstante, la primera dama dejó abierta la posibilidad de incursionar en proyectos personales tras ese período de pausa. “Ya después se verá. Uno tiene sus cosas privadas, quizás haga anécdotas de una”, adelantó entre risas.

Durante su gestión como primera dama, Raquel Arbaje ha sido reconocida por impulsar iniciativas en favor de la niñez, la educación y la salud mental, además de su activa participación en causas sociales.

Sus declaraciones reflejan una mirada hacia el futuro marcada por el deseo de equilibrio entre vida personal y servicio social, mientras la opinión pública ya especula sobre los proyectos que podría desarrollar después del 2028.