Apresan a mujer que intentó viajar con cuatro paquetes de cocaína desde aeropuerto dominicano

Las autoridades informaron este viernes sobre la detención de una mujer de nacionalidad croata durante un operativo de interdicción realizado en el Aeropuerto Internacional de Las Américas Dr. José Francisco Peña Gómez (AILA). La detenida pretendía viajar a España con dos maletas, que al ser verificadas presentaron imágenes distorsionadas en su interior.

Según explica una nota de prensa emitida por la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), los agentes, siguiendo instrucciones del fiscal, procedieron a inspeccionar los equipajes y descubrieron un doble fondo en ambos. En su interior se hallaron cuatro paquetes, presumiblemente de cocaína, envueltos en fundas negras con material engomado.

Paquetes enviados al Inacif

  • El operativo fue llevado a cabo por miembros de la DNCD, el Ministerio Público y el Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil (Cesac).
  • Las autoridades informaron que los paquetes incautados fueron enviados bajo cadena de custodia al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para los análisis correspondientes.
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Detector utilizado por las autoridades que dio positivo a la presencia de cocaína en los equipajes inspeccionados. (FOTOGRAFÍA CEDIDA POR LA DNCD)

El Ministerio Público y la DNCD continúan con las investigaciones para determinar si existen otros implicados en la frustrada operación de narcotráfico. Mientras tanto, la detenida será sometida a la justicia en las próximas horas, por violación a la Ley 50-88 sobre drogas y sustancias controladas.

El otro lado de la violencia: mujeres señaladas por matar a sus parejas

Aunque los feminicidios son el rostro más frecuente de la violencia intrafamiliar en República Dominicana, en los últimos meses se ha hecho visible un fenómeno menos estudiado, pero en crecimiento. Se trata de cuando la persona señalada como responsable de la muerte de su pareja o expareja es una mujer.

Entre arrestos recientes, audiencias y sentencias ya firmes, los expedientes en los que se documentan muertes de hombres a manos de mujeres evidencian patrones que se repiten como discusiones domésticas, relaciones tensas, celos, el uso de armas blancas o, en casos más extremos, ataques con gasolina.

El caso más reciente ocurrió el 13 de noviembre en Sosúa, Puerto Plata, donde una mujer fue detenida tras propinar una estocada en el pecho a su expareja, Jonathan Martínez, de 34 años, quien falleció en el acto.

Unos días antes, el 8 de noviembre, en el sector Villa Cerro de Higüey, fue apresada otra fémina identificada como Yordania Rijo Lague, señalada como responsable de la muerte de su pareja, Bryand Montero Cedano. El informe preliminar indica que ambos iniciaron una discusión cuando la víctima llegó a la vivienda en estado de embriaguez.

En septiembre, Nahidelys Montes de la Cruz fue sometida a investigación luego de quitarle la vida a su pareja al propinarle una estocada en el tórax durante una discusión ocurrida en el sector Palmarejo Villa Linda de Pantoja, municipio Los Alcarrizos.

Dicen querella no fue recibida

Familiares del joven exigieron justicia y aseguraron que la mujer mantenía una conducta conflictiva, marcada por episodios de celos y violencia. También denunciaron que, al intentar presentar una querella ante las autoridades locales, esta no fue recibida porque la madre de la víctima no contaba con representación legal.

La cronología de los casos también incluye lo ocurrido el 8 de junio en el sector Getsemaní de San Francisco de Macorís, donde Jorge Rodríguez, de 35 años, falleció tras recibir una herida de arma blanca a manos presuntamente de su pareja, Lisbeth Jiménez García, de 26 años, quien fue arrestada.

Ese mismo mes, siete días antes, en el municipio de Sabana de la Mar provincia Hato Mayor, fue detenida Ángela María Collin Tejeda, conocida como "Johanna", acusada de haber causado la muerte de su cónyuge, Sebastián Johnson Núñez, de 29 años, quien falleció a causa de una herida penetrante en el tórax.

Condenas severas a las homicidas

A la par de estos hechos aún en investigación, en los tribunales se han dictado condenas severas por homicidios cometidos por mujeres contra hombres.

En febrero de este año, el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional condenó a 30 años de prisión a Mairelys Francheska Guzmán por quemar a su pareja, Alejandro Valera Rodríguez, durante una discusión ocurrida en marzo de 2024.

El expediente detalla un historial de tensiones, amenazas enviadas por WhatsApp y destrucción de dispositivos electrónicos pertenecientes a la víctima.

En julio, el Primer Tribunal Colegiado de Santo Domingo Este impuso una condena de 20 años a Amancia Castillo Mota por matar de varias estocadas a Franklin Alexander Guzmán en un hecho registrado en Boca Chica. Aunque el incidente ocurrió en 2023, el proceso judicial concluyó este año con una sentencia firme.

Si bien estos casos representan una proporción muy pequeña frente al universo de violencia de pareja —donde la mayoría de las víctimas son mujeres— la cercanía temporal de estos sucesos, sumada a la severidad de algunas condenas, ha despertado debate sobre las dinámicas de violencia dentro de las relaciones afectivas, especialmente cuando los hechos ocurren en contextos de tensión acumulada o con episodios previos de agresividad mutua.

Camacho confía en que corte revocará libertad a policías implicados en caso de La Barranquita

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El director de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camachoespera que la Corte de Apelación revoque las medidas no privativas de libertad impuestas a siete agentes de la Policía Nacional a quienes les imputan matar a cinco ciudadanos en La Barranquita, y que disponga para todos prisión preventiva.

Camacho explicó que el Ministerio Público decidió recurrir la decisión del tribunal de primera instancia, porque considera que las evidencias demuestran la participación conjunta de todos los agentes en lo que el órgano persecutor considera una ejecución extrajudicial.

El funcionario afirma que todos los procesados deben recibir la misma sanción.

"Esperamos que la corte corrija esa situación. Todos los que participaron, tal como demostró el Ministerio Público, deben tener la misma medida de coerción", dijo el magistrado al referirse al recurso de apelación presentado.

El tribunal aplazó para el viernes 16 de enero del 2026 la audiencia en la que se conocerá la apelación, debido a que no todos los imputados habían sido formalmente notificados del recurso, un paso necesario para garantizar el debido proceso.

Camacho se refirió al tema tras dictar una conferencia en el marco de la Mesa Legislativa sobre los desafíos de la Nueva Responsabilidad Penal de las Empresas en la República Dominicana, organizada por la Asociación de Comerciantes e Industriales (ACIS).

La actividad fue realizada en el Edificio Empresarial de Santiago.

La medida

La jueza Yerixa Cabral, de la Oficina Judicial de Atención Permanente de Santiago, impuso tres meses de prisión preventiva a cuatro agentes de la Policía Nacional y dictó medidas menos severas contra otros siete por su presunta implicación en la muerte a tiros de cinco hombres durante un operativo policial en el sector La Barranquita, al suroeste de la ciudad.

Los agentes que cumplirán prisión preventiva son: el raso José Octavio Jiménez Peña, el sargento mayor Sócrates Fidel Féliz Féliz, el sargento Hairo Mateo Morillo y el cabo Yohandy Encarnación. Fueron enviados al Centro de Operaciones Especiales de Manoguayabo, en el municipio Santo Domingo Oeste, provincia Santo Domingo.

Nueva Delhi sigue respirando humo tóxico mientras los niveles de contaminación aumentan

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Los niveles de contaminación en Nueva Delhi ascendieron hasta alcanzar un Índice de Calidad del Aire (AQI) de 393 puntos, según el Consejo Central de Control de la Contaminación (CPCB, por sus siglas en inglés), acercándose a las cotas que justificarían la adopción de la fase más estricta de medidas antipolución en la ciudad.

Según la escala utilizada por el CPCB, a las 12:00 horas de este miércoles (6:30 GMT), el índice AQI se elevaba en Nueva Delhi hasta los 393 puntos, en niveles que la India cataloga como "muy dañinos" para la salud.

El AQI calculado por las autoridades indias tiene en cuenta la concentración de ocho elementos contaminantes en sus diferentes estaciones de medición.

Si los niveles superan los 450 puntos, las autoridades indias autorizan la puesta en funcionamiento de las medidas correspondientes a la cuarta fase del Plan de Respuesta Gradual contra la Contaminación (GRAP), que establecen fuertes limitaciones en el sistema educativo, al tráfico, en centros de trabajo públicos y en actividades de construcción en la capital. Este año todavía no se ha activado dicha etapa.

El pasado martes, la ciudad activó la fase III del GRAP, aunque por el momento esta no ha conseguido que disminuyan los niveles de polución en la capital india.

Según la plataforma suiza IQAir, que mide los niveles de contaminación en vivo en todo el mundo con una escala diferente a india, Nueva Delhi es este miércoles la ciudad más contaminada del mundo, seguida de la paquistaní Lahore y de Tashkent.

La concentración de partículas PM2.5, las más dañinas para la salud, en el aire se situaba al mediodía por encima de los 250 microgramos por metro cúbico, superando más de cincuenta veces los niveles recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Cada invierno, las condiciones meteorológicas, las celebraciones en las que se emplea pirotecnia de manera festiva, las emisiones de vehículos e industrias cercanas a Nueva Delhi y la quema de rastrojos en los estados vecinos a la capital provocan picos de contaminación en esta enorme ciudad de más de treinta millones de habitantes.

Detienen a hombre ligado a cartel por asesinato de alcalde mexicano

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Ciudad de México.- El secretario de Seguridad Pública de México, Omar García Harfuch, confirmó este miércoles que el asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo, está vinculado al Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) al anunciar la detención de uno de los presuntos "autores intelectuales" del crimen que ha provocado una ola de indignación en el país.

En una conferencia de prensa, el funcionario detalló que han identificado y detenido a Jorge Armando ‘N’ como presunto autor intelectual del homicidio ocurrido en la celebraciones del Día de Muertos en ese municipio del estado de Michoacán (oeste), y lo vinculó a un grupo delictivo de la zona relacionado con el CJNG.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) también explicó que tras labores de inteligencia, revisión de cámaras de videovigilancia, entrevistas y análisis tecnológicos se pudo reconstruir la secuencia del ataque.

Autores intelectuales

Como resultado, detenido Jorge Armando ‘N’, quien según Harfuch “identificado como uno de los autores intelectuales y uno de los líderes de la célula delictiva que planearon el homicidio de Carlos Manzo”.

“Esta detención representa un paso clave para desarticular la estructura criminal responsable de este ataque”, indicó, a la vez que reiteró que “no habrá impunidad” en la operación para desmantelar por completo a la célula continuará.

Asimismo, informó que dos de los implicados en el crimen, identificados como Fernando Josué ‘N’ y Ramiro ‘N’, aparecieron muertos el pasado 10 de noviembre sobre la carretera Uruapan, Paracho, en el estado de Michoacán (oeste de México), quienes acompañaron al agresor Víctor Manuel ‘N’, abatido en el lugar de los hechos.

García Harfuch precisó que los análisis a los dispositivos permitieron confirmar la participación del CJNG en la planeación y ejecución del crimen.

Seguimiento al alcalde

Según las indagatorias, los teléfonos revelaron un grupo de mensajería donde se coordinó en tiempo real la agresión.

“Se ordenó a los miembros colocarse en distintos puntos para dar seguimiento al alcalde y compartir su ruta y horarios”, citó el funcionario.

Añadió que “Ramiro se encontraba en el lugar para coordinar los movimientos” y que un sujeto identificado como ‘El Licenciado’ emitía instrucciones directas para llevar a cabo la ejecución, incluso presionando a los sicarios para disparar sin importar si Manzo estaba acompañado.

Los mensajes también mostraron videos del sitio minutos antes y después del ataque, indicaciones para borrar conversaciones, coordinar rutas de escape y recoger a los participantes.

García Harfuch confirmó también que la célula delictiva a la que pertenecían el detenido y las personas que hallaron muertas está vinculada con una facción afín al CJNG “(está) confirmado”.

Asimismo, señaló que Grecia Quiroz, viuda de Manzo y actual presidenta municipal de Uruapan cuenta con seguridad proporcionada por la Secretaría de la Defensa Nacional, además de que existe un despliegue de las Fuerzas Armadas en todo el estado.

El asesinato de Manzo ha generado numerosas protestas tanto en Michoacán como en el resto de México, en medio de la violencia por el crimen organizado en varias regiones de México.

Migrantes caen en trampa para deportación al creer que estaban en una corte de audiencia de rutina

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(Associated Press).- La abogada del gobierno sabía lo que iba a pasar mientras se encontraba de pie en la sala del tribunal y enviaba un mensaje de texto a un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) que esperaba en un pasillo a pocos metros de distancia.

“No puedo con esto”, dijo la abogada en un mensaje de texto mientras revisaba su lista de casos. “Esto es una carga emocional nueva”.

“Lo entiendo”, respondió el agente. “Espero que nos encontremos nuevamente en mejores circunstancias”.

A poca distancia, un cubano que había vivido en Estados Unidos durante años, salió de un ascensor y entró en la sala del tribunal donde la abogada del gobierno lo esperaba para lo que el hombre creía que era una audiencia de rutina.

El hombre hacía lo que le exigía la ley y acudió acompañado de su esposa, quien es residente legal, y su bebé de 7 meses de edad.

Fue entonces que la abogada presentó rápidamente una moción para desestimar la solicitud de asilo del hombre, y que un juez concedió, lo que lo hizo elegible para una “deportación expedita”. Al salir del juzgado, el hombre se vio rodeado por agentes de inmigración vestidos de civil que lo habían estado vigilando. Se produjo un forcejeo y desde el pasillo podían escucharse los gritos de la esposa mientras la abogada pasaba al siguiente caso.

El agente respondió cuatro minutos después: “Lo tenemos”.

Escenas similares de arrestos en juzgados se repiten en todo Estados Unidos como parte de una reforma de los tribunales de inmigración bajo el mandato del presidente Donald Trump, a medida que se ejecuta su agenda de deportaciones a gran escala con tácticas inusualmente agresivas.

La promesa de campaña de Trump de endurecer las restricciones migratorias fue una de las principales razones por las que ganó un segundo mandato. Ahora que los estadounidenses han visto cómo se implementa el plan, hay indicios de que muchos piensan que se ha excedido. Alrededor del 57% de los adultos desaprueba la gestión de Trump en materia de inmigración, según una encuesta realizada este mes por The Associated Press-Centro NORC para la Investigación de Asuntos Públicos.

A lo largo de varios meses, periodistas de The Associated Press observaron procedimientos judiciales de inmigración en 21 ciudades. Las audiencias terminaron repetidamente con los casos siendo desestimados por parte del gobierno, permitiendo que agentes federales vestidos de civil realizaran arrestos en los pasillos de los juzgados en estrecha coordinación con los abogados del Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus iniciales en inglés).

The Associated Press tuvo acceso a capturas de pantalla de mensajes de texto de un funcionario del gobierno quien, por temor a represalias, las proporcionó bajo condición de anonimato. Los mensajes ofrecen una perspectiva poco común de cómo los 75 tribunales de inmigración del país dictan resoluciones como si estuvieran en una línea de ensamblaje, y la manera en que, para muchas personas, los juzgados se han convertido en una trampa para las deportaciones.

Arrestos en los juzgados se coordinan con antelación
En un sistema judicial con un retraso de aproximadamente 3,8 millones de casos de asilo, las familias se han visto separadas, trastocando su vida. El debido proceso queda, al parecer, en un segundo plano.

“Cuando los estadounidenses se imaginan un tribunal, tienen algunas expectativas fundamentales” de justicia, dignidad e imparcialidad, dijo Ashley Tabaddor, exjueza de inmigración en Los Ángeles y expresidenta de la National Association of Immigration Judges.

“Eso es lo que define a un tribunal —no una sala con un estrado o una persona con toga”, agregó. “Pero lo que tenemos aquí es una visión completamente opuesta”.

En los últimos nueve meses, el gobierno de Trump ha despedido a casi 90 jueces de inmigración que los aliados del presidente consideraban demasiado indulgentes, ordenó a agentes enmascarados esposar a inmigrantes en audiencias de asilo a puerta cerrada, y envió memorandos en los que giró instrucciones a los jueces de acatar las directrices.

A diferencia de los tribunales federales, donde existen reglas estrictas de procedimiento y los jueces tienen cargos vitalicios, el Departamento de Justicia administra los tribunales de inmigración, y su titular puede destituir a los jueces con mayor facilidad.

Nueve funcionarios actuales hablaron bajo condición de anonimato por temor a represalias. La mayoría de ellos expresaron profundas dudas sobre castigar a personas que habían cumplido con las reglas y se habían presentado a sus audiencias.

“Como abogado del gobierno, mi deber es hacer cumplir la ley y proteger el interés público —no asegurar la deportación o detención de forma predeterminada”, escribió un abogado del gobierno a la Asociación Estadounidense de Abogados en busca de orientación profesional.

Pero no es así como los casos se están desarrollando en la mayoría de los casos.

Video | Delincuente encapuchado atraca joyería en San Juan tras hacerse pasar por cliente

San Juan de la Maguana.– Un delincuente encapuchado atracó a punta de pistola una joyería ubicada en la calle Domingo Rodríguez esquina Duarte, en el centro de la ciudad, en un hecho que quedó grabado en la cámara de vigilancia del establecimiento.

Según el video de seguridad, el individuo entró al local simulando ser un cliente y pidió ver algunas prendas. Mientras el propietario le mostraba una de ellas, el sujeto sacó una pistola y le apuntó directamente, exigiéndole que entregara todas las joyas que tenía a su alcance.

El dueño del negocio, obligado por la amenaza, le entregó varias prendas, tras lo cual el asaltante lo forzó a acostarse boca abajo en el piso para evitar que diera la alarma.
El atraco tuvo una duración aproximada de 2 minutos y 45 segundos, tiempo en el que el delincuente actuó con calma antes de huir con rumbo desconocido.

El hecho ha generado gran preocupación entre comerciantes y residentes del área, quienes piden a las autoridades reforzar la vigilancia ante el incremento de robos y asaltos en la zona.

La Policía investiga el caso y revisa el video para tratar de identificar al responsable.

Miembros de la Policía y Fuerzas Armadas podrán tener relaciones homosexuales sin ser sancionados

El Tribunal Constitucional (TC) eliminó el artículo 210 de ley 285, que crea el Código de Justicia de la Policía Nacional, y el artículo 260 de la Ley 3483, que crea el Código de Justicia de las Fuerzas Armadas, y que estipulaban prisión de dos meses a dos años para los miembros de esas instituciones que sostuvieran relaciones sexuales con personas del mismo sexo.

Ambos artículos, de leyes creadas en 1966 y 1953, definían “la sodomía” como el concúbito entre personas de un mismo sexo y poseían sanciones, cuando se trate de oficiales, “de pena de seis meses a dos años de prisión correccional”, y pena de prisión correccional de dos a seis meses, cuando sean alistados. Además de que eran castigados, “cuando se trate de un Oficial, con la pena de seis meses a un año de prisión correccional”.

El Tribunal Constitucional consideró que ambos artículos son “ostensiblemente inconstitucionales, al comprobar que violan el principio de razonabilidad, discriminan de manera injustificada a las personas por su orientación sexual, afectan la intimidad, el libre desarrollo de la personalidad y el derecho al trabajo de las personas que forman parte de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, por lo cual ordena su expulsión del ordenamiento jurídico.”

“Declara no conformes con la Constitución el artículo 210 de la Ley núm. 285, del veintinueve (29) de junio de mil novecientos sesenta y seis (1966), que crea el Código de Justicia de la Policía Nacional, y el artículo 260 de la Ley núm. 3483, del trece (13) de febrero de mil novecientos cincuenta y tres (1953), que crea el Código de Justicia de las Fuerzas Armadas, y, por tanto, los expulsa del ordenamiento jurídico”, estableció en la sentencia TC/1225/25 del 18 de noviembre de 2025.

El tribunal tomó esta decisión al acoger una acción de inconstitucionalidad interpuesta por Anderson Javiel Dirocie de León y Patricia M. Santana Nina, quienes establecieron que ambos artículos violaban los artículos 39, 62.1, 62.2, 62.5, 138, 253, 256 de la Constitución dominicana, de los artículos 2.1 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y de los artículos 1.1 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).

“En primer lugar, las normas atacadas únicamente castigan el acceso carnal cuando se realiza entre personas de un mismo sexo. En cambio, no se sanciona la misma conducta cuando de tener lugar entre dos personas de sexo opuesto. En consecuencia, el único criterio utilizado por el legislador para efectuar el tratamiento diferenciado es la orientación sexual de los intervinientes en el acto, la cual, de verificarse que son de sexo opuesto y, por ende, no heterosexuales, como socialmente resulta deseable conforme a la norma de género establecida, el acto resultará pasible de sanción”, decían en su escrito.

Opret informa que retraso en línea 2 del Metro se debe a “procesos constructivos” del transporte

La Oficina para el Reordenamiento del Transporte (Opret) informó que desde las 7:30 de la mañana y debido a “los procesos constructivos que se están realizando en la Línea 2C se ha registrado una avería en el cambia vía, que afecta exclusivamente la llegada y salida de trenes a la estación María Montez, ubicada en el km 9 de la autopista Duarte y perteneciente a la Línea 2 del Metro”.

A pesar de esto, usuarios de las diferentes redes sociales aseguran que la falla se ha registrado alrededor de las 6:30 de la mañana en varias paradas de esta línea.

De igual forma, la Opret indicó que se ha habilitado un servicio alternativo con los “autobuses del Corredor de la Núñez y autobuses de la OMSA, operando en ambos sentidos entre María Montez y Pedro Francisco Bonó”.

“El resto de las estaciones de la Línea 2 opera con normalidad y la Línea 1 no presenta afectaciones. Pedimos disculpas por los inconvenientes que esto pueda causar y agradecemos su comprensión”, informó la entidad en un comunicado.

Diversos videos que han llegado a esta redacción muestran las largas filas en las diferentes estaciones y las personas asegurando que tenían una hora en el transporte sin llegar a su destino. 

La línea 2 del Metro de Santo Domingo, conecta la Concepción Bona en Santo Domingo Este con la estación María Montez en el kilómetro 9 de la autopista Duarte. Mientras que la línea 2C conectará el Kilómetro 9 con la entrada de Los Alcarrizos.

Ethian Vásquez, alias "Baby", está acusado de narcotráfico en Puerto Rico desde el 2023

Esteffani (Ethian) José Vásquez Amarante, alias Baby, el dominicano solicitado en extradición por narcotráfico y lavado de activos, está acusado por esos delitos desde el 7 de septiembre del 2023 en un tribunal del Distrito de Puerto Rico, fecha en la que también se ordenó su arresto en esa isla, según los documentos depositados en la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y la Procuraduría General de la República.

Vásquez Amarante se acogió este martes al proceso simplificado de extradición al decidir irse de manera voluntaria a enfrentar los cargos en su contra.

Las autoridades estadounidenses lo imputan de distribuir cinco kilos de cocaína, con "el conocimiento y la causa razonable para creer que dicha sustancia sería importada ilegalmente a los Estados Unidos", según el expediente acusatorio.

La droga se la habría vendido a un agente federal encubierto. Los delitos de narcotráfico son de carácter federal en Estados Unidos.

Vásquez Amarante insiste en que "es inocente" y su abogado, Ricardo Sánchez, dice que se gana la vida como comerciante.

Sánchez también atribuye el origen de la persecución a su cliente a una conversación en su teléfono que, a su entender, no lo involucran a tema de lavado y al narcotráfico.

Esperará decreto en cárcel de La Romana

Los jueces de la Segunda Sala de la SCJ, María Garabito, Fran Soto y Francisco Ortega, dispusieron que, mientras se expide el decreto presidencial que ordena la entrega de Vásquez a las autoridades estadounidenses, este sea recluido en el centro correccional CCR La Romana, provincia donde viven sus familiares.

El Ministerio Público, representado por Osvaldo Bonilla y Elvira Rodríguez, así como la abogada de Estados Unidos Analdis Alcántara, habían pedido que se le dictara coerción en Najayo Hombres, en la provincia San Cristóbal.

Ricardo Sánchez, uno de los representantes legales de Vásquez, se opuso a que fuera enviado a Najayo y solicitó a los jueces que se le impusiera la coerción en La Romana.

"Los cargos formulados contra Vásquez-Amarante son castigados por las leyes de los Estados Unidos con penas privativas de libertad superiores a un año o penas más severas y están amparados por el artículo 2 del Tratado de Extradición", añade la acusación.

La SCJ emitió el 9 de junio del 2025 la orden de arresto del requerido en extradición, detención que se ejecutó cinco meses después, debido a que el Ministerio Público solicitó fijación de audiencia a la SCJ para que se le conociera medida de coerción el 7 de noviembre de este año, según las documentaciones.

Empleado público

En la nómina de junio de la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de La Romana (Coaarom), Vásquez Amarante aparece como empleado con un salario de 40,000 pesos.