La crisis humanitaria y de seguridad en Haití continúa agravándose en medio de la violencia armada, los desplazamientos masivos y las denuncias por violaciones a los derechos humanos cometidas durante operativos de las fuerzas de seguridad, según alertó Amnistía Internacional.
De acuerdo con cifras de la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití (Binuh), entre enero y marzo de este año al menos 1,642 personas murieron y otras 745 resultaron heridas. El informe señala que las pandillas fueron responsables del 27 % de las víctimas, mientras que el 69 % de los muertos y heridos ocurrió durante operaciones de fuerzas de seguridad y sus aliados, dejando entre las víctimas a decenas de civiles, incluidos niños.
La directora para las Américas de Amnistía Internacional, Ana Piquer, afirmó en una entrevista con EFE que Haití permanece sumido en un escenario de violencia extrema, donde las bandas armadas han perpetrado asesinatos, violencia sexual y ataques contra hospitales y escuelas. La situación se agrava debido al control que mantienen las pandillas sobre gran parte de Puerto Príncipe y otras regiones del país.
La crisis también ha provocado el colapso de servicios esenciales. Según organismos internacionales, alrededor de 5.8 millones de haitianos enfrentan niveles críticos de inseguridad alimentaria, mientras que el número de desplazados internos alcanzó 1.4 millones de personas el pasado año, una cifra sin precedentes. Piquer advirtió que los niños figuran entre los más afectados, al ver limitada su infancia por la violencia y la destrucción de centros educativos y sanitarios.
Amnistía Internacional cuestionó además la efectividad de la respuesta internacional frente a la crisis y pidió transparencia sobre el funcionamiento de la nueva Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF), creada por Naciones Unidas en sustitución de la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad (MSS). La organización insistió en que deben definirse claramente las reglas de uso de la fuerza, los mecanismos de supervisión y la rendición de cuentas para evitar nuevos abusos.
La entidad también denunció el uso de drones armados por parte de las fuerzas de seguridad haitianas y sus aliados, señalando que estos operativos han provocado la muerte de cerca de 70 personas entre enero y marzo. Ana Piquer advirtió que estas acciones podrían constituir ejecuciones extrajudiciales y aseguró que el uso de drones está incrementando las violaciones a los derechos humanos en el país caribeño.