A medida que se acerca el 16 de agosto, fecha establecida para el cambio en la dirección del país, y el gabinete del presidente electo Luis Abinader toma forma, se incrementan tanto las presiones de grupos de la sociedad civil para garantizar las “medidas del cambio” como el desfile de personas hacia Hotel Nicolás de Ovando en la Zona Colonial como una forma de gestionar su cuota de poder.
Una vez la Junta Central Electoral (JCE) dio a Abinader y al Partido Revolucionario Moderno (PRM) como vencedores en la contienda electoral del 5 de julio, la sociedad civil empezó a trazar una ola de pautas sobre cuál figura debe ir en x o y dependencia, ante la advertencia de que si “en enero no hay un preso, marchamos”.
Miriam Germán Brito es la predilecta para ocupar la Procuraduría General de la República, ya ha sido uno de los señalamientos de algunas entidades como Participación Ciudadana (PC), movimiento que también sugirió al futuro mandatario un protocolo para la fusión y eliminación de algunas instituciones estatales.
Mientras que Diversidad Dominicana (Diverdom), Derechos Vigente (FDV), Código Humano y un grupo de abogados sugirieron a la jueza Katia Miguelina Jiménez, del Tribunal Constitucional, para dirigir la Procuraduría. Se le suma a esto, la propuesta de la Coalición por un Ministerio Público independiente, entidad que envió una carta al presidente electo para que designe José Alejandro Vargas, actual juez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, como procurador.
La propuesta de PC
El protocolo que emitió Participación Ciudadana para eliminación o fusión de instituciones del Estado consiste en un procedimiento de modo que garantice la transparencia del proceso y evite controversias basadas en falta de datos o desinformaciones.
Para el proceso del cierre de las entidades obsoletas, piden elaborar un inventario de todos los bienes muebles e inmuebles de esas entidades, elaborar una relación completa de la nómina de empleados, según cargos, sueldos, antigüedad, pertenencia a la carrera administrativa o especial, según el caso, y los derechos laborales pendientes de ejecutar.
Asimismo, plantean que la comisión de ética gubernamental verifique esos procedimientos, entre otros puntos.